Los
cuestionamientos más notorios al proyecto de Presupuesto del
gobierno se refieren a excesos en el gasto y proceden de la oposición
política. Pero la iniciativa también recibe palos desde
el otro costado, y con argumentos opuestos: la Red de Economistas de
Izquierda (Rediu) cree necesario asignar más fondos a la
protección social, la salud, la educación, la vivienda
y la infraestructura.
Antonio Elías, integrante de la
Red de Economistas de Izquierda (Rediu), dijo a la diaria que esas
erogaciones podrían financiarse con detracciones a las
exportaciones agropecuarias, impuestos a la tierra subexplotada y
aumentos en los tributos a las rentas de capital y al patrimonio.
Además, consideró excesivo el gasto de defensa, el pago
de intereses de deuda, los salarios de los cargos de confianza y el
aumento del de los ministros.
El proyecto a estudio del
Parlamento (ver nota en página 4) "tiene tres objetivos
fundamentales: cumplir con el servicio de la deuda pública,
mantener cierto equilibrio fiscal y crear mejores condiciones para
atraer inversiones extranjeras", dijo Elías.
El
experto sostuvo que el segundo capítulo de la iniciativa
supone una "flexibilización laboral del sector público
contraria al desarrollo de un servicio civil de carrera independiente
de los gobiernos de turno". La propuesta "viola los
derechos de los trabajadores estipulados en la Ley de Negociación
Colectiva", opinó.
Para Elías, el proyecto
no le devuelve "al Estado su papel como actor fundamental del
proceso económico". "Para los que aspiramos a un
desarrollo productivo con justicia social, el presupuesto debe
enfatizar en un aspecto estructural fundamental: transformar el
Estado y elevar su capacidad de intervención en la economía,
tanto en lo productivo como en lo redistributivo",
manifestó.
La Rediu entiende que el Estado debe hacerle
frente al "poder económico que se expresa
fundamentalmente en el mercado", el cual "por su propia
lógica no atiende las demandas de los que carecen de capacidad
de pago", alienta "la concentración de la riqueza"
y abre "un drenaje permanente de recursos materiales y humanos
de nuestra economía hacia los países centrales".
El
gobierno debe "impulsar la redistribución del ingreso y
de la riqueza", pues se trata de un "objetivo esencial"
de la izquierda, "al igual que la reducción de la pobreza
y la indigencia", dijo Elías.
Para llevar a la
práctica las políticas de desarrollo productivo,
agregó, "el Estado debe nutrirse con la más
amplia, dinámica y creativa participación social",
proceso en el que los trabajadores son la "fuerza motriz y
garantía de las transformaciones democráticas". El
técnico también lamentó que el espacio fiscal
determine el presupuesto y el programa de gobierno, y no "como
debería ser": establecer "primero el programa"
y luego discutir "cómo financiarlo".
Reparto
de torta
Elías
interpretó que el gasto previsto para el quinquenio debió
haber sido mayor para "los organismos responsables de
implementar políticas de protección e integración
social, que permitan ampliar los sistemas de atención a la
nutrición, la salud, la educación y la
vivienda".
Además, reclamó que debió
crearse un fondo "para subsidiar políticas que garanticen
el acceso de la población de bajos ingresos a los bienes y
servicios básicos", algo que "debería
complementarse con un aumento de los ingresos más bajos: el
salario mínimo nacional y del servicio doméstico, la
jubilación mínima y la pensión a la vejez".
Al
mismo tiempo, debió preverse "un importante crecimiento
de la inversión pública en áreas estratégicas",
como infraestructura, energía, transporte ferroviario,
educación "en todos los niveles" e investigación
científica.
También lamentó que no se
redujeran las asignaciones al Ministerio de Defensa Nacional, al pago
de intereses de deuda, a cargos de confianza y al sueldo de los
ministros.
Elías negó que el aumento del gasto
cause inestabilidad macroeconómica. Según él, se
lo puede financiar "adecuadamente mediante una política
de ingresos redistributiva". En esa línea, las
"principales fuentes" deberían ser las detracciones
a las exportaciones de carne y otros productos agropecuarios e
impuestos progresivos a la tierra subexplotada, de acuerdo con la
nueva Ley de Ordenamiento Territorial; el aumento de los impuestos a
la renta del capital y al patrimonio de las personas físicas,
y el aumento del canon que pagan las empresas instaladas en zonas
francas. La atribución de un presupuesto educativo equivalente
a 6% del Producto Interno Bruto (PIB), aseguró, es totalmente
sustentable.
Se trata de "definir adecuadamente las
prioridades nacionales y buscarles el financiamiento". Limitar
el presupuesto educativo a 4,5% del PIB indica, para la Rediu, que
"las prioridades son otras". RD
Elías opinó que el proyecto de alianzas entre socios públicos y privados impulsado por el gobierno para financiar obras de infraestructura "no sería una privatización en el sentido estricto", aunque sí "un paso más en el proceso de mercantilización de la sociedad y el Estado en servicios y ámbitos que eran exclusivamente públicos". "Es probable" que el plan refleje un cambio de posición del Frente Amplio, dijo. De todos modos, concluyó, la coalición "ha cambiado tanto y tan rápido que ya casi no quedan puntos de referencia válidos".
"En las últimas décadas la economía latinoamericana en general y la uruguaya en particular han sufrido un proceso de primarización son cada vez más extractivas que industriales-, extroversión -cada vez producen más para el mercado externo que para el interno-, extranjerización -empresas y tierras son compradas y/o arrendadas por empresas transnacionalesy mercantilización -el mercado sustituye crecientemente el lugar del Estado-", sostuvo Elías.