Antonio Elías*
El primer gobierno nacional de la izquierda en Uruguay apenas ha cumplido la mitad de su gestión. Aunque parecería un tiempo demasiado breve para adelantar un balance de sus realizaciones, en estos dos años y medio transcurridos desde el 1 de marzo de 2005, el gobierno del Frente Amplio ha tomado decisiones que son determinantes para la dirección que tomará el proceso de cambios en el país.
Varias de ellas se apartan de las aspiraciones y decisiones programáticas históricas de la izquierda uruguaya. Este rumbo del gobierno del Frente Amplio es producto de una dinámica interna de relaciones de clase y luchas que se han desarrollado en el país; de las circunstancias y condiciones de su situación regional, especialmente con sus dos grandes vecinos Brasil y Argentina; como también de la ofensiva del imperialismo para asignarle a Uruguay un lugar y un papel en su política hacia el Sur.
El Frente Amplio es una de las más antiguas fuerzas de izquierda de las que hoy gobiernan en América Latina. En las casi cuatro décadas de su existencia, la izquierda ha impulsado y participado en la construcción de organización popular. Es en ésta, y en la conciencia madurada, donde podrían definirse las posibilidades de disputar la orientación del proceso, posibilidades que están ligadas también a los avances en la independencia y soberanía de los demás pueblos latinoamericanos.
El Frente Amplio: una izquierda con historia
En distintos países de América Latina se observa al Frente Amplio de Uruguay como un interesante modelo organizativo de la diversidad política, eficaz para avanzar en procesos electorales y gobernar, y que ha podido perdurar por 36 años en muy distintas circunstancias y coyunturas políticas. Se presta atención primordialmente a los mecanismos organizativos de la coalición de partidos (formas de representación interna, métodos para tomar decisiones, procedimientos para definir sus candidatos a cargos públicos) que permiten unidad de acción y al mismo tiempo preservación de la identidad de cada partido que lo integra. Esta es sin duda una experiencia acumulada muy valiosa.
Sin embargo, lo que ha hecho perdurar al Frente Amplio no es solo, ni principalmente, una “ingeniería” de organización política, sino su construcción a partir de definiciones políticas, voluntad de lucha, y centralidad de la ética en la construcción de una pertenencia común. La identidad frenteamplista no surge de una sumatoria de partidos, se construye en la doble naturaleza del FA, como coalición de fuerzas políticas y como movimiento organizado en Comités de Base -integrados por militantes independientes y miembros de las fuerzas políticas- que forman parte de la dirección orgánica del FA, que deciden e inciden sobre sus decisiones y rumbos.
El 5 de febrero de 1971, el Frente Amplio nace como una organización política que, mayoritariamente, se plantea trascender los aspectos puramente electorales.. Decía en 1972 el General Líber Seregni, su presidente:
“La
razón de ser, el porqué y el para qué de nuestro Frente Amplio, está en
realizar una tarea histórica fundamental: cumplir el proceso revolucionario de
nuestro país. En transformar las viejas estructuras económicas, políticas y
sociales de nuestro país hoy caducas y crear las nuevas que corresponden a la
instancia que nuestro pueblo debe vivir. Y es sí, un verdadero, un auténtico
proceso revolucionario, porque el que nuestro Frente se propone es no sólo el
cambio profundo de las estructuras, sino la sustitución de las clases en el
poder. Desplazar del poder a la
oligarquía y llevar el pueblo a gobernar”[1]
La unidad política[2] se concretó en momentos de intensas luchas populares contra una reestructuración capitalista que implicaba el desmantelamiento del Estado de bienestar que había desarrollado el batllismo.[3] Desde 1968, las clases dominantes y sus partidos fueron imponiendo medidas represivas crecientes, que son el prolegómeno del golpe militar. La unidad política de la izquierda era expresión de un proyecto histórico y una estrategia de acumulación de fuerzas del movimiento popular que se forjó desde la década de los cincuenta, en la que destacan la unidad obrero-estudiantil en torno a la Reforma Universitaria (1958), el Congreso del Pueblo (1965), la concreción de la unidad del movimiento sindical en la Convención Nacional de Trabajadores (1966), proceso iniciado dos años antes. El programa de liberación nacional, antiimperialista y antioligárquico aprobado en el Congreso del Pueblo, que incluía entre sus principales medidas la ruptura con el FMI, la reforma agraria y la nacionalización del comercio exterior y la banca, fue adoptado como propio por la CNT y con pequeñas variantes por el Frente Amplio.
En noviembre de 1971 el FA participó en las elecciones nacionales, obteniendo un 18 por ciento de los votos (mayor que la previa votación, sumada, de todos los partidos de izquierda). Dos años después de su fundación fue dado el golpe de Estado. En los siguientes 12 años de su existencia, bajo dictadura, tuvo a sus principales dirigentes en la cárcel (Líber Seregni por casi 10 años), asesinados, en el exilio o la clandestinidad, y sus partidos más grandes ilegalizados. Todavía con decenas de miles de sus militantes presos, en el exilio o proscritos, participó con el registro de uno de sus partidos no ilegalizados en la elección restringida de “transición”, de noviembre de1984, en la que obtuvo 21 por ciento de los votos, mayor que el de 1971. Esto pudo ocurrir precisamente porque no era una coalición con fines electorales, sino una organización con definiciones de cambio profundas, con una poderosa fortaleza ética que le permitió resistir, luchar y avanzar.
En marzo de 1989 se escindió, junto con el Partido Demócrata Cristiano, el Partido por el Gobierno del Pueblo –que no había sido ilegalizado y canalizó la mayoría de los votos frenteamplistas en las elecciones de 1984- cuya posición ideológica, programática y de política de alianzas estaba en la antípoda de lo que sostenía, hasta ese momento, el Frente Amplio. En las elecciones de noviembre de ese mismo año de 1989, el FA mantuvo el 21 por ciento en el ámbito nacional, pero conquistó la capital, Montevideo, con 34 por ciento de los votos departamentales. La izquierda comenzaba a gobernar, por primera vez, sobre la mitad de la población del país.[4]
En febrero de 1990, Tabaré Vázquez asume como Intendente de Montevideo. Unos días después, asume la Presidencia de la República Luis Alberto Lacalle, del Partido Nacional, quien promoverá las medidas de shock neoliberales impuestas en América Latina.
Coinciden, en esos primeros años de la década de 1990, el primer gobierno de la izquierda; una intensa movilización popular contra las políticas neoliberales del gobierno nacional, que en 1992 logra por referéndum derogar parcialmente la ley de privatizaciones aprobada por los partidos tradicionales; y en ese mismo año de 1992 se produce la ruptura del Partido Comunista uruguayo –el de mayor peso orgánico en el FA- en el contexto de la crisis del “socialismo real”.[5] Estos tres fenómenos tendrán gran incidencia en las definiciones políticas del Frente Amplio y en su vida orgánica, en el contexto de una ofensiva ideológica neoliberal que influyó en la intelectualidad, el mundo académico y en sectores de izquierda.
En su primer gobierno municipal el FA impulsa una importante experiencia, democratizadora y participativa a través de la creación de los Consejos Vecinales que, sumados a los Centros Comunales Zonales -descentralización y desconcentración administrativa- y a una gestión relativamente eficiente, le da una creciente legitimidad.[6] El FA demuestra que puede y sabe gobernar, lo que le abre un nuevo horizonte de crecimiento electoral: conquistar el gobierno nacional para revertir la ofensiva neoliberal.
En esa dirección, el Frente Amplio desarrolló una política de alianzas hacia las elecciones de 1994 buscando las “mayorías para los cambios”, que se concreta en ese año bajo la denominación Encuentro Progresista (EP). Éste se define por “la construcción de una sociedad democrática, progresista y solidaria, que impulse un desarrollo socialmente justo y económicamente autosostenido, en el marco del sistema democrático y representativo. La promoción de un desarrollo social apuntalado en las políticas públicas como en una dinámica articuladora de la sociedad y la economía”.[7] El FA-EP proclama a Tabaré Vázquez como candidato a la Presidencia de la República y a Rodolfo Nin Novoa[8] a la Vicepresidencia. En esa elección se obtiene el 30.6 por ciento de la votación, en una relación de paridad en tercios con los partidos Nacional y Colorado, apenas insuficiente para alcanzar el triunfo por mayoría relativa.
El objetivo electoral ocupa una importancia cada vez mayor en las definiciones políticas del FA, y aumenta el predominio de su condición de coalición sobre la de movimiento. La política de alianzas induce a la centralización de las decisiones en la negociación entre partidos, dentro y fuera del FA; y a una menor intervención de las bases en las definiciones programáticas y en la práctica política, que fue morigerándose para acercar a sectores políticos más moderados.
En 1996 la derecha promueve una reforma electoral para bloquear un posible triunfo de la izquierda por mayoría relativa, introduciendo el requisito de mayoría absoluta y doble vuelta electoral (balotaje), así como la separación en el tiempo de la elección nacional y las departamentales. En el FA existían fuertes controversias acerca de la postura a adoptar respecto a esta reforma, lo que lleva a la renuncia del General (r) Líber Seregni, quien presidía el FA desde su fundación. La reforma es apoyada por el propio Seregni[9] y algunos sectores políticos del FA, pese al rechazo de la mayoría de sus partidos.[10]
En las elecciones de 1999, en la segunda vuelta, el FA-EP pierde con 44.5 por ciento de los votos ante Jorge Batlle. Prominente representante de la derecha colorada, Batlle es designado el candidato único de los dos partidos tradicionales y otros partidos menores. La histórica oposición partidaria entre blancos y colorados, que desde el siglo XIX forjó al Uruguay republicano y moldeó su complejo sistema electoral en el siglo XX, fue superada para derrotar a los candidatos del FA-EP, Vázquez y Nin Novoa. El hecho es novedoso en términos político-electorales, aunque la clase dominante actúa fusionada y con pocas fisuras desde la década de los setenta.
Con la mira puesta en el 2004, el Frente Amplio seguirá buscando ampliar sus alianzas políticas. En su IV Congreso (2001) plantea “el acuerdo social por el desarrollo humano y el crecimiento económico”, una formulación muy alejada de las definiciones que dieron vida a la unidad de izquierda en 1971.
En el año 2002 estalla en el país la mayor crisis económica de la historia de Uruguay, pocos meses después de la de Argentina., corolario de toda una década anterior de un modelo extrovertido, mercadocéntrico y excluyente que generó crecimiento con exclusión social. Una catástrofe nacional que transforma radicalmente a la sociedad uruguaya, como se verá posteriormente. Y que anticipa la posibilidad de derrotar electoralmente a los partidos tradicionales, que son responsables de la misma. En diciembre de ese mismo año es constituida la Nueva Mayoría, con la alianza del EP-FA y el Nuevo Espacio, este último integrado por algunos de los escindidos en 1989. A esta alianza se sumarán algunos nuevos desprendimientos de los partidos tradicionales. En diciembre de 2003, el Frente Amplio realiza un Congreso Extraordinario en el que aprueba su programa de gobierno.
El 31 de octubre de 2004, Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Novoa, candidatos a Presidente y Vicepresidente por el Frente Amplio-Encuentro Progresista-Nueva Mayoría, ganan las elecciones en primera vuelta con 50.7 por ciento de los votos. En esa misma jornada electoral es conquistada la mayoría absoluta en las Cámaras de Senadores y Diputados. En mayo de 2005, en las elecciones departamentales, el FA-EP-NM gana ocho Intendencias Municipales[11], incluida la de Montevideo, las de mayor población (75 por ciento del total) e importancia económica. La aplastante victoria electoral habilita la posibilidad de realizar cambios significativos en el marco legal y potenciar la gestión de los distintos niveles de gobierno.
Es el primer triunfo nacional del Frente Amplio, así lo celebran los militantes que a lo largo de más de medio siglo se plantearon la estrategia de unidad social y política de la izquierda, y que la construyeron en las más duras circunstancias. Pero lo que se refleja en esas elecciones no es solamente el crecimiento de las posiciones políticas e ideológicas de izquierda, sino que también es resultado de un desdibujamiento programático del FA, con un corrimiento hacia el centro del espectro político, que recoge adhesiones electorales en el marco del debilitamiento del “sentido común neoliberal”. No hubo alianzas electorales con partidos de derecha, pero sí se incorporaron dirigentes identificados con esas posiciones. Es así que el 1 de marzo de 2005 accede al gobierno una coalición en la que varias fuerzas políticas son moderadamente opositoras al modelo neoliberal, entre ellas algunas que pertenecen al FA. Pocos meses después, el 19 de noviembre de 2005, todas estas fuerzas en coalición ingresan formalmente al Frente Amplio.
La crisis de 2002, la deuda social, y el
programa de gobierno del Frente Amplio
La crisis de 1999-2002 fue la mayor crisis económica de los últimos 100 años, condensación de la “larga marcha” neoliberal iniciada a principios de los setenta. Tuvo como causas fundamentales las devaluaciones de sus principales socios comerciales y la incapacidad de la conducción económica del gobierno colorado presidido por Jorge Batlle para adaptarse a la nueva situación regional. Se deterioraron las finanzas públicas, aumentó el “riesgo-país”, se debilitó el sistema bancario y se perdió la confianza en la banca oficial.
Luego de la maxidevaluación de Brasil (enero de 1999), Uruguay no modificó su política cambiaria por lo que se produjo una fuerte pérdida de competitividad bilateral con dicho país; se redujo, a su vez, la demanda argentina como consecuencia de un fuerte proceso de recesión (cayó 17 por ciento el PBI). La crisis se agravó y alcanzó su punto máximo en 2002 luego de la profundización de la crisis argentina (fines de 2001).
En 2002 se produjo una formidable
fuga de capitales. Fue retirado el 46 por ciento de los depósitos en dólares
del sistema bancario; los depósitos de no residentes cayeron 65 por ciento y
los de residentes casi 30 por ciento. El costo fiscal de la crisis bancaria por
la asistencia gubernamental a
instituciones privadas afectadas por la “corrida” de depósitos fue muy elevado
(unos 2 mil millones de dólares, equivalentes a un 11 por ciento del PBI de
2002); se destinaron, además, 800 millones de dólares a capitalizar una
institución pública: el Banco Hipotecario. Como consecuencia de los
persistentes déficit fiscales, y de su financiamiento con endeudamiento en
moneda extranjera (títulos públicos y préstamos de organismos financieros
multilaterales), la deuda bruta del sector público se triplicó, pasando de 33.9
por ciento del PBI en 1998 a 92.8 en 2002.
La crisis determinó un pronunciado deterioro de las principales variables
macroeconómicas: Ingreso Bruto Nacional (-19.7), PBI (-17.5), consumo (-20.2),
inversión (-50.9), exportaciones (-19.8), importaciones (-37.3), inflación
acumulada (31.7), déficit fiscal promedio (4.3). Se produjo como consecuencia
un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población y, al igual que
en crisis anteriores, la expulsión de sus ciudadanos (emigraron 69 mil
uruguayos entre 2000 y 2002[12])
surge como una “válvula de escape”.
La reactivación iniciada en 2003 se basa en una mejora sustancial de la competitividad externa como consecuencia de la pronunciada devaluación del 2002, la baja inflación posterior y la apreciación de la moneda de los socios comerciales de la región y de Europa. El canje de la deuda externa pública (mayo 2003) que alejó el default (postergando los pagos por amortizaciones y aumentando los costos por intereses) sustentó una estabilización de las variables macroeconómicas y una relativa recuperación de la confianza en el sistema financiero: cayeron el “riesgo país” y la tasa de interés, crecieron los depósitos bancarios. Comenzó en 2004 un nuevo proceso de fortalecimiento de la moneda nacional que afecta la competitividad del precio de las exportaciones y favorece las importaciones, con su consiguiente efecto negativo sobre el mercado interno (la competitividad global del país cayó 13 por ciento entre enero de 2004 y enero de 2005).
Sin embargo, pese a que hubo una rápida recuperación macroeconómica, los efectos de la crisis del 2002, sumados al deterioro de las condiciones de vida de las mayorías populares en décadas anteriores, produjeron un abrupto crecimiento de la indigencia, la pobreza y la exclusión social, en guarismos desconocidos en la historia de un país que se caracterizó por tener niveles de ingreso e índices de distribución mejores que la mayoría de los países de la región. Se creó una gigantesca deuda social[13]: 41 por ciento de la población es vulnerable social y económicamente en 2004; esto es más grave ya que afecta fundamentalmente al 61 por ciento de los menores de 18 años; en tanto que son pobres sólo el 10 por ciento de las personas en la tercera edad y el 38 por ciento de los adultos.[14] Esta transformación sociodemográfica anuncia, en pocos años más, un país totalmente distinto, en términos sociales y culturales, al que existió por más de medio siglo y fue la referencia de las definiciones programáticas y políticas de la izquierda.
Estudios realizados demuestran, a su vez, que: “El aumento de la desigualdad obedece principalmente al mal desempeño del mercado de trabajo en los noventa. Tanto el aumento del desempleo como el aumento de la desigualdad salarial se trasladó a los hogares [...] La situación del mercado de trabajo es un factor explicativo central de la evolución de la desigualdad de los hogares y, por tanto, de la pobreza.”[15] Según demuestra un estudio del Instituto de Economía de la Universidad de la República: “Durante la recesión 1999-2003 se deteriora la calidad del empleo por el aumento del subempleo y del empleo no registrado, que acompañan el aumento del desempleo, de la emigración, de la pobreza y de la exclusión”.[16] Hay indicadores rotundos: a) el salario real se redujo 23 por ciento de 1998 a 2004; b) el desempleo creció de 10.1 por ciento en 1998 a 16.9 en 2003, si bien descendió en 2004 a 12.1 por ciento; c) los ocupados con problemas de empleo pasaron de 20.3 por ciento a 44.6 entre 1998 y 2003; d) continuó aumentando la brecha entre el producto por habitante y el salario real; el crecimiento del PBI en 2003 y 2004 no se reflejó en el salario real, que se redujo 12.4 por ciento y 0.4 por ciento, respectivamente. El 40 por ciento de la población económicamente activa no tiene cobertura de seguridad social, considerando los trabajadores que deberían ser cotizantes del Banco de Previsión Social y no lo son, así como los desempleados que no cobran la prestación del seguro de desempleo.[17] Como se ha señalado claramente:
“todo el andamiaje de
servicios sociales que dispone el país está pensado para una sociedad cuyas
formas de inclusión social se estructuraban en el pilar del empleo […] las
estructuras institucionales no estaban preparadas para absorber, en la escala
que hoy tiene, fenómenos que antes no eran relevantes, tales como la
desintegración familiar, el hambre concentrada en focos de población de la
periferia, el desempleo persistente, la saturación de los servicios de salud
pública, los niveles de pobreza e indigencia de los niños, entre otros.”[18]
La situación descrita es resultado de un modelo económico que desmanteló el sistema productivo (en particular al sector manufacturero, con bajos niveles de inversión, retraso tecnológico, pérdida de mercados externos, desaparición y desestructuración de empresas y productores) y ubicó en el centro del proceso al sistema financiero, que atendió cuidadosamente el pago de la deuda aceptando los condicionamientos que acompañan cada nuevo préstamo o refinanciación, dejando de lado las funciones del Estado que atendían los aspectos referidos a la justicia social y la equidad; y que debilitó la capacidad estatal a través de ajustes y desajustes fiscales permanentes, desregulación de mercados, la privatización parcial de empresas estatales, así como el entramado clientelista y los niveles de corrupción de aquellos sectores del bloque en el poder que realizan sus intereses a través del Estado.
A diferencia de la cercana crisis argentina de diciembre de 2001, en Uruguay los estallidos sociales fueron contenidos, ofreciéndose la perspectiva de un cambio profundo para las mayorías populares con un triunfo de la izquierda en las elecciones nacionales de 2004. Ese fue el espíritu del IV Congreso Extraordinario del Frente Amplio, realizado en diciembre de 2003, en el que se discutieron y aprobaron los “Grandes Lineamientos Programáticos para el Gobierno 2005-2010”.
En este congreso se jerarquiza la inserción internacional del país
-como consecuencia de la crisis
económica que evidenció la dependencia comercial regional- y las políticas de
ciencia y tecnología por la importancia de la innovación en el desarrollo económico.
En la resolución final se reafirma el “compromiso con la construcción de un
Uruguay en el que se respeten todos los Derechos Humanos” y se plantean cinco grandes áreas. Social: los principales beneficiaros
serán “los sectores más afectados por la aplicación sistemática e insensible
del actual modelo económico -la niñez y adolescencia, las mujeres jefas de
hogar, personas con discapacidad y los ancianos”; Productiva: “se volverá a concebir el trabajo, además de valor
social, como un derecho fundamental de las personas […] un papel activo y
orientador del Estado […] una profunda reforma del sistema financiero y
tributario buscando orientar la inversión hacia sectores productivos a
priorizar.”; Inteligente: “capaz de
acoger y convertir en innovación social los desarrollos científicos y
tecnológicos”, para su desarrollo “es básica la defensa y reasignación de
recursos a favor del sistema público de educación.”; Democrático: “un Estado transparente, eficaz y eficiente, conducido
con honradez, en donde se respeten los derechos ciudadanos, se combata frontal
e inclaudicablemente la corrupción y donde se extiendan y profundicen los
niveles de descentralización”; Integrado:
“hacia la región, América Latina y el mundo, jugando un rol político
fundamental y respaldado por décadas de políticas exteriores con amplios apoyos
de todas las fuerzas políticas”.[19]
Cuando Tabaré Vázquez asumió la presidencia, dijo que gobernaría con “dos Biblias”: por un lado, la Constitución de la República y, por el otro, el Programa del Frente Amplio, texto abierto a múltiples lecturas dependiendo de la correlación de fuerzas internas y de las necesidades de los sectores.
Debe destacarse que el período
electoral no generó modificaciones en las variables económicas y financieras.
No hubo aumento del “riesgo país” ni fuga de capitales. El probable triunfo de
un gobierno progresista no generó temores en el mercado financiero. Aunque se
mantuvo la extrema debilidad del sistema financiero, los depósitos en su
inmensa mayoría siguieron siendo a corto plazo y en moneda extranjera. En
agosto de 2004, pocos meses antes de la elección del 31 de octubre, en las
oficinas centrales del BID, en Washington,
Tabaré Vázquez anunció anticipadamente la designación de Danilo Astori
como su futuro Ministro de Economía, y comprometió la asunción “responsable
de los compromisos internacionales de
Uruguay”.
La central sindical única PIT-CNT[20] planteó, poco antes de la asunción del nuevo gobierno: “Estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político y social que pasa por la generación de mejores condiciones para la disputa con la hegemonía de las clases dominantes. La conquista de un gobierno progresista es un jalón fundamental en el proceso de lucha [...] para desarrollar todas las tareas democráticas que aún tiene planteada nuestra clase como contenido y tránsito, a su vez, hacia la sociedad sin explotados y explotadores”.[21]
El primer gobierno nacional de la izquierda
El primero de marzo de 2005 accede al gobierno, no al poder, una fuerza política policlasista que incluye en su base social a sectores importantes de trabajadores[22] -fundamentalmente los que han estado organizados- y a capas medias y sectores menores de la burguesía nacional que se han afiliado a una propuesta gradualista de humanización del capitalismo. Es una alianza de intereses socioeconómicos contrapuestos, políticamente heterogénea, y que expresa un corrimiento ideológico hacia el centro.
Las nuevas autoridades fueron electas bajo un programa esencialmente igual al del Frente Amplio, relativamente laxo, como ya se dijo. El discurso preelectoral escondió la existencia, en su interior, de concepciones político-ideológicas y estrategias de desarrollo sustancialmente diferentes. El objetivo de obtener el triunfo electoral hizo que se silenciaran las discrepancias, que se expresaron posteriormente: primero, en las pugnas por las designaciones en el gabinete ministerial, en general, y en el equipo económico, en particular; segundo, en las fuertes discrepancias respecto al tratamiento del endeudamiento interno del sector productivo, fundamentalmente el agropecuario, y la política de inserción internacional, principalmente en relación al Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones con Estados Unidos (ratificado) y al Tratado de Libre Comercio con ese país (rechazado).
El nuevo gobierno generó expectativas diversas sobre los cambios que iban a realizarse, tanto por la existencia de distintas lecturas acerca de lo que significaba su propuesta programática como, fundamentalmente, del papel y función asignada a la participación del movimiento popular en el diseño e implementación de las políticas públicas estratégicas y de su gestión.
Para muchos, no se pretendía ir más allá de avanzar hacia un “capitalismo en serio”, acompañado de “un plato de comida para todos”. La interpretación de lo que es un “capitalismo en serio” se expresaría en políticas macroeconómicas similares a las que llevara a cabo el gobierno de Jorge Batlle luego de la devaluación de 2002, y las que desde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial privilegian el pago de la deuda, más cercanas a la continuidad del modelo neoliberal que a una ruptura con él. El “plato de comida”, por su parte, se atendería a través de un Plan de Emergencia hacia la población más excluida; que no obstante su validez para enfrentar situaciones de urgencia, es absolutamente insuficiente para revertir estructuralmente la exclusión. Esta concepción, predominante en el área económica del gobierno, apuesta a la captación de la inversión privada extranjera que sería decisiva para un proceso de crecimiento que, supuestamente, sustentaría los proyectos de interés social; propuesta que se identifica a sí misma con las orientaciones de los gobiernos de Brasil y Chile.
Existen otras posturas, como las del PIT-CNT, organizaciones sociales, algunos partidos y militantes de base del FA, que apostaban a cambios importantes en la forma de organización del proceso económico, jerarquizando el papel del Estado, de los trabajadores y la sociedad en la aplicación de una estrategia de desarrollo productivo con énfasis en el fomento de la producción nacional, las pequeñas y medianas empresas y el cooperativismo[23], que dé prioridad al pago de la deuda social sobre la deuda externa, y a la inversión nacional en detrimento de las megainversiones extranjeras que implicarán una neocolonización del país.
Mientras que, para la primera postura, el Estado –en su incidencia directa en tanto productor de bienes y servicios públicos, como en su papel regulador de la economía- genera distorsiones en la asignación de factores y en la posibilidad de fomentar el ahorro y la inversión; para los trabajadores, en cambio, el Estado es la única institución que los puede representar y que puede actuar en defensa de sus intereses frente al capital, a la vez que dispone de la capacidad para implementar un modelo alternativo.
La paradoja es que el gobierno instrumentó una serie de medidas laborales progresistas[24] que han permitido el crecimiento del movimiento sindical y un fortalecimiento relativo del trabajo frente al capital, pero uno de los principales obstáculos que enfrenta el equipo económico para implementar sus políticas de liberalización es justamente ese movimiento sindical autónomo y con independencia de clase. El cual, en su congreso de 2006 resolvió: actuar con sus fuerzas “para generar las condiciones sociales y políticas para que se implemente un nuevo modelo económico, que haga posible el Uruguay Productivo con justicia social y profundización democrática, ya que las actuales reglas de juego económicas y las políticas de ellas derivadas impiden concretar una salida nacional, popular y democrática.”.[25]
Existe, también, cierto nivel de contradicción al interior del gobierno entre la política económica y las políticas sociales. Pero en la práctica las segundas están subordinadas a las primeras, incluso el “buque insignia” que es el Plan de Asistencia Nacional a la Emergencia Social (PANES), el cual es gestionado por el Ministerio de Desarrollo Social (creado en 2005, prácticamente sin presupuesto operativo ni recursos humanos suficientes). Más allá del apoyo relativo de otros ministerios del área social y del apoyo de militantes voluntarios, se vio enfrentado a enormes dificultades para ponerse en marcha, entre ellas las limitaciones de recursos. Pese a su carácter fundamentalmente asistencialista, en varias de sus acciones se ven reflejadas aspiraciones populares y aspectos de un programa de izquierda.
La consigna del PANES[26] era
erradicar el “Uruguay sumergido en la pobreza extrema” y el Ingreso Ciudadano
fue su cara más visible. A través de él, unos 90 mil hogares recibieron unos
1,300 pesos mensuales (52 dólares, ajustado cada cuatro meses) a lo largo de
estos años. Actualmente, unas 330 mil personas integran el PANES, de las cuales
el 75 por ciento son menores de 30 años; y el 60 por ciento de los hogares
subsidiados está a cargo de mujeres solas. Con un presupuesto de 212 millones
de dólares en dos años, el PANES incluyó además siete programas de asistencia
social.
En el Plan Alimentario, al 2007 se han incluido 66 mil hogares, que gastan 20 millones de dólares anuales a través de una tarjeta que permite comprar alimentos y artículos de higiene pero prohíbe el alcohol, los cigarrillos y las bebidas refrescantes. Los créditos van desde 300 pesos (12 dólares) a familias con un hijo, hasta 800 pesos (32 dólares) cuando se tiene más de cuatro niños en el hogar. En el marco del Trabajo por Uruguay se sortearon trabajos zafrales de cinco meses de duración; la mayoría fue por convenios con organismos estatales, de dos años; se crearon 10,748 puestos de trabajo. En el programa Rutas de Salida, que ofrece capacitación, talleres de oficios y tareas comunitarias a los beneficiarios del PANES, participaron 1,400 beneficiarios.
La falta de monitoreo de las contrapartidas fue su flanco más débil: no se pudo controlar que cada beneficiario del Ingreso Ciudadano cumpliera con los controles médicos de su familia, ni con la asistencia a la educación pública de sus niños, como lo establecía la ley. Cuando el PANES finalice, el 31 de diciembre de 2007, también lo harán la mayoría de sus programas: Rutas de Salida, Trabajo por Uruguay, la Tarjeta Alimentaria. El último Ingreso Ciudadano se cobrará en diciembre de 2007. En 2008 comenzará a funcionar el “Plan de Equidad”, que antes de nacer ya tropezó con sus primeros inconvenientes: las metas previstas para 2008 naufragaron luego de que los recursos asignados en la Rendición de Cuentas se redujeran a más de la mitad: de los 148 millones de dólares pedidos por el Mides, sólo recibirá 70 millones.
La distribución del Ingreso Ciudadano ha generado un impacto positivo (pese a polémicas en torno a su concepción de atender un problema estructural en forma asistencialista como si fuera una emergencia coyuntural): la indigencia se redujo de 4.7 por ciento en 2004, 3.4 por ciento en 2005, a 1.9 por ciento en 2006. La pobreza se redujo de 41 por ciento en 2004 a 33.4 por ciento en 2006. Es preocupante, sin embargo, que no hayan existido mejoras en la distribución del ingreso, en contradicción con el postulado básico de la izquierda de impulsar su redistribución positiva: de 2005 a 2006, el 20 por ciento más pobre aumentó su participación en el ingreso nacional de 4.8 a 5.1 por ciento, pero el 20 por ciento más rico aumentó su participación de 49.6 a 50.7 por ciento; para el conjunto de la población, la concentración del ingreso aumentó levemente: el índice de Gini pasó de 0.441 a 0.447.[27]
Han existido contradicciones con los organismos de la enseñanza –fuertemente limitados por razones presupuestales– ante el probable incumplimiento del objetivo programático del FA de asignar el 4.5 por ciento del PBI a la educación. También existen diferencias con el Ministerio de Salud Pública, que debió reducir el alcance de la reforma del sistema de salud y postergar su puesta en práctica hasta la segunda mitad del período de gobierno, por la falta de recursos. Desde que inicia el gobierno, estas posturas están en contradicción latente, pero sin mayores estridencias.
Esas contradicciones se reflejan en los organismos de dirección del FA, y se expresan nuevas contradicciones respecto a la relación entre el gobierno, la fuerza política y las bases militantes. Los que proponen una profunda reorganización de la economía y la sociedad son una minoría en su representación institucional, pero en temas puntuales referidos a derechos humanos, intervenciones militares, tratados comerciales y de inversión, entre otros, se ha logrado instalar debates y mayorías circunstanciales que incidieron en el cambio de algunas decisiones del gobierno: uno de los casos más notorios es el rechazo a la firma de un TLC con los Estados Unidos. Empero, en la mayoría de los temas no se ha podido modificar las decisiones adoptadas o que tienen respaldo del equipo económico pues, por un lado, el gobierno del FA no ha creado espacios de participación efectivos y, por otro, aún existen cierta autocensura y confusión entre los frenteamplistas respecto al significado e impacto de realizar críticas a “nuestro” gobierno.
En la dualidad del discurso gubernamental, se invocan las acciones sociales -aunque se las financie en forma más que insuficiente- para reforzar o atraer la adhesión de los sectores populares y de quienes se asumen de izquierda; se invocan las acciones económicas para mostrar confiabilidad ante empresarios.[28] Aunque ésta, en los hechos, es la identidad determinante.
El gobierno del Frente Amplio, porque en rigor así lo es desde que todos sus aliados electorales integran la organización, no se refiere a sí mismo como gobierno “de izquierda” sino “progresista”. En este sentido, reafirma una opción para captar por el centro político.
La conducción económica marca la agenda del
gobierno
Durante los dos primeros años, la agenda del gobierno estuvo marcada por los objetivos macroeconómicos, que se transformaron en el fiel de la balanza de las decisiones de todas las políticas públicas, en la medida en que la búsqueda del equilibrio fiscal (ortodoxia económica) y el elevado superávit fiscal primario (exigencia de los acreedores) generan una restricción presupuestal muy dura.
Implícitamente, el diagnóstico del gobierno establece que el modelo fue mal implementado por las anteriores administraciones; por lo tanto, la estrategia es aplicar “correctamente” el modelo, que privilegia la creación de condiciones -estabilidad macroeconómica y de las reglas de juego- para atraer a los inversores, fundamentalmente extranjeros. Sin embargo, no existió una sola explicación pública del gobierno del FA acerca de por qué no hubo inversiones extranjeras significativas en el período 1990-1998, cuando el país tuvo un fuerte crecimiento del producto, cierta estabilidad macroeconómica y cumplimiento de las reglas de juego impuestas por las IFIS, que por ello le habían otorgado el “investment grade”. Quizás se asumía la misma respuesta que habían dado los gobiernos anteriores: no hubo inversiones debido a la “inestabilidad” legal provocada por el uso de instrumentos de democracia directa por parte -entre otros- de la propia fuerza política que hoy gobierna.
Ante los organismos internacionales, el viceministro de Economía afirmó que las reformas estructurales, impulsadas por anteriores gobiernos y rechazadas por la ciudadanía, ahora podrán realizarse: “está abierto el campo para seguir haciendo reformas”[29], porque las impulsará un gobierno progresista.
Buena parte de las reformas estructurales que impulsa el gobierno apuntan principalmente a profundizar las modificaciones institucionales de “segunda generación”, buscando eliminar la “interferencia” de la política en la economía. Entre ellas destacan las que propugnan por la autonomía del Banco Central, así como la inversión privada en asociación con las empresas públicas, que pasarían a ser regidas por el derecho privado (con la consiguiente pérdida de garantías para los trabajadores), y la eliminación de monopolios públicos. En septiembre de 2005, luego de la primera auditoría del fmi, se amplió el acuerdo para abrir paso a ese proceso. Si bien es cierto que no es lo mismo asociar una empresa pública que privatizarla, dichas asociaciones implican ceder partes significativas del mercado interno al capital foráneo. Con el Banco Mundial (BM) se comprometen, también, las reformas de las Cajas de Jubilaciones bancaria, militar y policial. Por otra parte, la reforma constitucional que deja exclusivamente en manos del Estado la propiedad del agua de superficie y subterránea y sus respectivos servicios –aprobada con más de 60 por ciento de los votos en un referéndum que se llevó a cabo al mismo tiempo que las elecciones nacionales de octubre de 2004- fue sometida a un decreto interpretativo, por el cual se eliminó su carácter retroactivo para que una empresa privada continuara la explotación del líquido en el Departamento de Maldonado.[30]
La idea-fuerza central del equipo económico, de que las inversiones extranjeras generan empleo y con ello la reducción de la pobreza, le permite actuar con premura cuando cualquier otro integrante del gobierno impulsa posiciones no coincidentes con los lineamientos señalados. En particular, se cuestionan las medidas que, a criterio del equipo económico, puedan afectar la credibilidad del país ante el capital extranjero. Al respecto, el ministro de Economía declaró: “Para hacer algo en serio por los uruguayos que viven en la indigencia es que necesitamos hacer los acuerdos con el FMI, alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es de izquierda”.[31]
Las únicas
propuestas económicas diferentes, dentro del gobierno, son las del ministro de
Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica, orientadas básicamente a tres
problemas: la reducción del precio de algunos alimentos, la suspensión de las
ejecuciones por endeudamiento a productores agropecuarios y el atraso cambiario. Ninguna de esas
propuestas puntuales tiene la entidad de una propuesta económica alternativa a
la ortodoxia dominante. Por otra parte, las reiteradas afirmaciones de Mujica
acerca de que su posición se inscribe en la ética de la responsabilidad, lo
llevan a relativizar, o dejar simplemente de lado, posiciones de principios en
función de su lealtad al presidente o de hipotéticos beneficios para el país.
La
impagable deuda pública y el acuerdo con el FMI
En junio de 2005, el Ministro de Economía, Danilo Astori, y el Presidente del Banco Central, Wálter Cancela, firmaron el acuerdo con el FMI que compromete el pago de la deuda externa.
La deuda bruta total del sector público es de 13,428 millones de dólares, mayor que el 100 por ciento del PBI de 2004, y los compromisos de pago totales (amortizaciones más intereses) significan un 150 por ciento del mismo. La deuda externa es una parte sustancial de la deuda pública. El FMI, el BM y el BID concentran el 82 por ciento de esa deuda pública externa. Un 45 por ciento de ella está pactado a tasa variable, en momentos en los que aumenta la tasa de interés internacional. En estos cinco años de gobierno (2005-2010) se concentran el pago de 49 por ciento de las amortizaciones y de 43 por ciento de los intereses, de los compromisos que se pagarán en los próximos 30 años. En los dos primeros años, los intereses de la deuda son anualmente una quinta parte de los ingresos del Gobierno Central, equivalente a las remuneraciones anuales de todos sus empleados.
El fin que justifica los medios es lograr que la deuda sea igual o menor que el 60 por ciento del PBI (aunque se reconozca que aumentará en valor absoluto), para volver a acceder al investment grade, lo que supuestamente permitiría obtener créditos y captar inversiones extranjeras en mejores condiciones.
La política fiscal acordada con el FMI tiene el objetivo de obtener un
superávit primario de magnitud inédita (3.5 por ciento en 2005; 3.7 en 2006; 4
por ciento en 2007), pues destina 25 por ciento de los ingresos para pagar los
intereses de la deuda. Más aún: el gobierno planteó que, de haber mayores
ingresos que los previstos, éstos se utilizarán para amortizar la deuda.
Las necesidades de financiamiento del sector público, que devienen de la opción por la reducción de la deuda con el FMI, implican obtener financiamiento por encima de los 2 mil millones de dólares anuales, a efectos de cumplir con los vencimientos de deuda, cubrir el déficit fiscal y, en menor medida, recomponer el nivel de reservas internacionales.
El manejo del tipo de cambio, con la sobrevaluación de la moneda nacional como instrumento para alcanzar las metas de inflación, atenta contra el desarrollo del país productivo, en la medida en que afecta la competitividad-precio de la producción nacional.[32] Esto generó el razonable rechazo del sector productivo, y el apoyo de los importadores y del sector financiero.
Debe destacarse que el acuerdo con el FMI tiene una duración de tres años, lo cual implica una voluntad expresa del gobierno de comprometerse en forma duradera, quizás para dar claras señales de confiabilidad a los potenciales inversores; fijar un techo difícilmente modificable a las demandas sociales; evitar los costos asociados a las negociaciones, que van desde las pujas al interior del gobierno hasta los potenciales conflictos con los trabajadores organizados. En esa misma línea de razonamiento se ubicaría el hecho de que Danilo Astori es el único ministro que tendría garantizada la permanencia por cinco años.
Como consecuencia de lo anterior, y no obstante que, al asumir, el gobierno afirmó su vocación participativa y se comprometió a abrir espacios para la inclusión y la participación de las fuerzas representativas de la sociedad en la elaboración de un proyecto de país consensuado[33], el primer presupuesto del gobierno progresista no fue participativo ni priorizó las necesidades sociales. Primero se asignaron las partidas para los acreedores internacionales (3 mil millones para pago de deuda externa, sin negociar quitas). Lo que quedó se distribuyó, entre cuatro paredes, asignando 200 millones de dólares para el Plan de Emergencia y una severa restricción para los salarios de los empleados públicos, el monto de las pasividades, las inversiones en infraestructura vial, edilicia y equipamiento para los servicios básicos que brinda el Estado.
Los egresos del Gobierno Central, que el
Estado podría utilizar para satisfacer dichas necesidades, se han reducido
significativamente en el período de crisis, pasando de 5,168 millones de
dólares en 1999, a 3,083 millones en 2004 (un ajuste de 33 por ciento
aproximadamente). El aumento previsto para el quinquenio ascendería a unos 500
millones de dólares, lo que explica que esta política presupuestal pueda ser
calificada como de restricción fiscal permanente.
Ello es muy significativo en un
país con un importante sector público, tanto por la existencia de empresas del
Estado que no fueron privatizadas, gracias a la resistencia popular que utilizó
los mecanismos de democracia directa contemplados en la Constitución, como por
el mantenimiento de sistemas de salud, educación pública y seguridad social que
atienden a un sector muy importante de la población. En ese sentido, el
presupuesto público adquiere un importante significado en la atención de las
necesidades sociales.
En mayo de 2005, el equipo económico ofreció su propia interpretación de la decisión programática del Frente Amplio de destinar el 4.5 por ciento del presupuesto para la educación: “[…] la meta del 4.5 por ciento del PBI no es todo gasto fiscal. Es lo que la sociedad debe apuntar a gastar en educación”.[34] Más tarde se afirmó que solamente se podría llegar a 3.5 por ciento del PBI al final del quinquenio y que faltarían, por lo tanto, 160 millones de dólares. Las críticas desde el sector educativo y de otros sectores populares fueron contundentes. El 29 de agosto, el Presidente de la República habría ordenado[35] la presentación de un presupuesto que cumpliera con el objetivo programático y emblemático de 4.5 por ciento. La contrapartida de lo anterior sería una nueva reducción de las ya escasas asignaciones presupuestales de otros organismos, con el fin de mantener los topes de egresos acordados con el FMI.
Esto afectó en particular a los funcionarios del Estado, cuyo poder adquisitivo era 19 por ciento menor en 2004 que en 2001, y que en 2005 tuvieron un incremento real de sólo 0.6 por ciento más una partida fija. El aumento en las partidas asignadas no cubre siquiera las necesidades del emblemático PANES. La ministra de Desarrollo Social pidió 50 millones de dólares más en 2006 para reforzar el rubro salarial y 60 millones en materia de gastos de funcionamiento, que no fueron atendidos.
En el proceso de aprobación de la Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, correspondiente al ejercicio 2006, se presentaron fuertes diferencias entre la mayoría de la bancada parlamentaria del FA y el equipo económico acerca de la ampliación de las partidas presupuestales para la educación, situación que tuvo que ser dirimida directamente por el presidente de la República.[36] Esto es el colofón de un largo proceso de controversias, que condujo a frenar una ley que otorga mayor autonomía al Banco Central, a mejoras significativas en leyes que favorecen al movimiento sindical, y a introducir algunas modificaciones, aunque insuficientes, a la reforma tributaria.
Entre
la reconquista de derechos laborales y la frustración del “Compromiso Nacional”
Con el nuevo gobierno se ha intentado detener y hacer retroceder el proceso de flexibilización y desregulación del mercado laboral impulsado por el neoliberalismo, en lo que participaron el Ministerio de Trabajo, el de Interior, la bancada parlamentaria, entre otros. Este ha sido uno de los pocos –pero importante- espacios de participación e inclusión de las fuerzas representativas de la sociedad promovidos por el gobierno frenteamplista.
La nueva política de derechos laborales se expresó, entre otros aspectos, en: las convocatorias a los Consejos de Salarios[37], ampliados a los trabajadores del Gobierno Central y del sector rural; las señales emitidas contra los despidos injustificados; la derogación del Decreto[38] que permitía el desalojo por la policía, sin intervención judicial, de empresas ocupadas por sus trabajadores; y la Ley de Libertades Sindicales.
La convocatoria a los Consejos de Salarios fue un hito muy importante en los procedimientos, aunque morigerado por una pauta salarial[39] extremadamente baja en relación con las pérdidas del poder adquisitivo tras la crisis del 2002, de entre 20 y 25 por ciento dependiendo del sector. El crecimiento salarial fue de 4.6 por ciento en 2005 (frente a un aumento del PBI de 12.3 por ciento en 2004); y de 4.5 en 2006 (frente a un crecimiento del PBI de 6.6 por ciento en 2005).
El trámite de protección y fomento de la actividad sindical fue muy controvertido. Primero se aprobó en la Cámara de Diputados un proyecto de Ley de Fueros Sindicales,[40] que preveía la creación de un Registro de Infractores a la Libertad Sindical y establecía que las empresas que ingresaran a él, por violar la normativa, no podrían mantener contratos ni participar en licitaciones convocadas por el Estado. Las presiones de las Cámaras empresariales sobre el gobierno para que no se aprobara dicha ley hizo que éste creara un ámbito cuatripartito (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, empresarios y trabajadores) para discutir su contenido. La Ley de Libertades Sindicales que finalmente fue aprobada en el Senado y luego ratificada en Diputados eliminó esos alcances, pero incluyó aspectos que fueron cuestionados por el movimiento sindical.[41]
El mantenimiento de dicha ley quedó condicionada a la obtención de ciertos resultados económicos, no bien definidos, cuando el Vicepresidente de la República afirmó: “Si esta Ley tuviera efectos perniciosos sobre la marcha de la economía en su conjunto, estaríamos dispuestos a revisarla.”.[42] Dicha frase alumbra una diferencia cardinal en las facultades que reclama para sí el gobierno, entre una ley nacional, revocable o modificable cuando el Poder Legislativo lo crea conveniente, y el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones con los Estados Unidos, cuyo contenido y duración excede la voluntad unilateral del gobierno uruguayo.
Lo alcanzado en el fortalecimiento de los derechos de los trabajadores se reflejó positivamente en un crecimiento muy importante del número de sindicatos y de trabajadores sindicalizados.
En el marco de la agudización de la pugna entre el trabajo y el capital por la aprobación de los Consejos de Salarios, en mayo de 2005 –un mes antes de que se firmara el acuerdo con el FMI- el gobierno convoca a un “Compromiso Nacional”[43] para generar un espacio de acuerdos entre trabajadores y empresarios –buscado por los primeros, aceptado por los segundos- que diera sustento y estabilidad al proyecto del gobierno.
Éste era un desafío para el movimiento sindical, que intentaba ampliar sus ámbitos de incidencia a la vez que pretendía mantener su tradicional independencia respecto a las fuerzas políticas y al gobierno, en un espacio de negociación donde sus recursos técnicos eran muy inferiores a los del gobierno y los empresarios.
Los resultados de ese intercambio fueron prácticamente nulos, mostrando los límites de un proceso de participación “constreñido y acotado” a lo que se negoció y acordó con los organismos multilaterales de crédito. No se logró ningún acuerdo operativo, salvo lo referido al número de comisiones y los días de reunión. El gobierno se ha negado terminantemente a discutir la estrategia de desarrollo, ha emitido documentos que reiteran su enfoque ortodoxo de la macroeconomía, y no ha dado respuesta a los documentos, con propuestas, presentados por trabajadores y empresarios. Para superar esa situación, un alto dirigente del PIT-CNT, Juan Castillo, planteaba: “Necesitamos y reclamamos que el gobierno involucre al conjunto de nuestro pueblo y de las organizaciones sociales, fundamentalmente de los trabajadores, en un proceso político de cambios. Si no, no habrá cambios”.[44]
A finales
del año 2006 se votó una nueva
ley que protege a los trabajadores de las situaciones de informalidad y
sobreexplotación en la tercerización de tareas, entre otras, las de servicios
de mantenimiento y seguridad. Con la nueva ley, las empresas que subcontratan
servicios con terceros se hacen responsables subsidiarios, evitando así que
pretendan declarar insolvencia y evadan las obligaciones laborales o
provisionales, o para rebajar sustantivamente el salario y hacer más rigurosas
las condiciones laborales de los trabajadores. Las Cámaras empresariales se han
opuesto fuertemente a esta ley al punto de romper el diálogo con el gobierno en
varias oportunidades.
Reforma
tributaria: una opción por el capital
El 1º de julio de 2007 entró en vigencia una reforma tributaria (Ley 18083) que profundiza la concepción predominante en el país desde hace décadas: financiar los egresos del Estado con base en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA)[45] y del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) que grava los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos.[46] Con esta reforma se aumenta la carga sobre el trabajo y se disminuye la carga sobre el capital.[47]
Pese a que ha sido presentada como una reforma progresiva porque mejoraría la distribución del ingreso, en definitiva es una reforma regresiva.[48] La reforma adopta el criterio de que “paga más el que cobra más” (que la hace parecer progresiva), pero no paga más el que tiene más.[49] La carga fiscal recae sobre las mal llamadas “rentas del trabajo”, pese a que la participación de los salarios y pasividades en el Ingreso Nacional Disponible disminuyó del 44.2 por ciento en el año 2000 a 30.1 por ciento en el 2006.
El total de impuestos directos aumenta por la carga sobre los trabajadores, asalariados y pasivos, que casi se duplica; la disminución de los impuestos indirectos y de las ganancias de los capitalistas es compensada fundamentalmente por lo que pagan los trabajadores y pasivos y, en menor medida, por una baja en la recaudación impositiva. Si los capitalistas logran apropiarse de las reducciones en el monto de impuestos indirectos, todos los costos de esta reforma serían pagados por los trabajadores y pasivos que ganan un poco más.
El efecto perverso de esta reforma es que contrapone los intereses de los
trabajadores: entre los que ganan muy poco, y los que por su capacidad
organizativa y su lucha, preparación o tipo de actividad han logrado ingresos
salariales mayores, lógica que se traslada también a los pasivos. Siguen sin
pagar Impuesto a las Retribuciones Personales quienes tienen ingresos muy bajos
(que tendrán un pequeño gasto menor con la mínima reducción del IVA). Pero el
mínimo imponible se aplica a partir de un ingreso equivalente a la cuarta parte
de la canasta familiar (2.5 salarios mínimos, 320 dólares), se gravan las
prestaciones, no se consideran los ingresos del núcleo familiar, ni tiene
deducciones adecuadas por diferencia en número de dependientes o situación
familiar. En sentido contrario, se contemplan exoneraciones impositivas a las empresas.
Afecta la “equidad horizontal” porque es un sistema dual: al capital se le
fijan tasas menores (las rentas del capital se gravan con una tasa fija de 12
por ciento, pero de 7 por ciento sobre utilidades y dividendos, y 3 por ciento
sobre los depósitos bancarios en pesos a más de un año), mientras que a los
trabajadores se les aplican tasas mayores y progresionales (de un mínimo de 10
por ciento hasta 25 por ciento).
La reforma aprobada no es lo que históricamente propició la izquierda, la
cual postuló que los impuestos indirectos son injustos y regresivos; que un
sistema tributario equitativo tiene que asentarse en los impuestos directos,
aplicarse a la renta neta de las personas -cuando supere las cifras necesarias
para el sustento familiar– y al capital, considerando los “gastos necesarios
para producir y conservar la renta”. De ese modo se intentaba respetar las
diferentes situaciones que se producen en la economía y que existen en la
sociedad.[50]
En la elección de los impuestos se ha privilegiado la técnica tributaria -simplificación, racionalización y suficiencia- en desmedro de la equidad. Con su pretendida neutralidad técnica, la ortodoxia económica privilegia “los negocios” a las necesidades sociales. Esa es una opción ética, política e ideológica, no científica. El argumento de que por la globalización y la movilidad de los capitales éstos tienen que ser beneficiados tributariamente, mientras que los trabajadores (que no logren emigrar) tienen que soportar la mayor carga, desconoce también que Uruguay es un país de emigrantes, es una nación expulsora de su fuerza de trabajo. La fragmentación de las familias es uno de los costos que nos hace pagar la ortodoxia económica.
El entrañable compañero Hugo Cores cuestionó en profundidad esta reforma “dual” que privilegia al capital sobre el trabajo:
“La
temeraria invasión en el terreno de los valores éticos que propone el MEF no
parece surgir de habilitaciones estatutarias ni constitucionales. [...] La
propuesta de abdicar de la justicia social y doblegarse ante las reglas del
juego de la globalización capitalista no es una determinación técnica ni el
cumplimiento de una ley de la naturaleza. Es una decisión cargada de
contenidos, políticos y éticos. [...] Obreros y empleados que tendrán que
soportar el grueso de la carga impositiva porque, a diferencia del capital
huidizo, carecen de volatilidad, están amarrados al piso y nadie, en la tierra,
en esta dulce tierra, estaría delineando un sistema tributario sustentado en
los principios de la justicia social. De consagrarse la propuesta que
criticamos, sería un avance. Pero no un avance de la izquierda. Sería una
victoria de los que siempre han sostenido que la justicia tributaria no era
posible.”[51]
La
extranjerización de la tierra y las agroindustrias
El proceso de extranjerización y concentración de la propiedad de los recursos naturales y de una parte sustantiva de las agroindustrias exportadoras irrumpió aceleradamente y con una magnitud sin precedentes en Uruguay, un país esencialmente ganadero (productor y exportador de carne vacuna, lácteos, pieles, cueros y lana, que representaron el 46 por ciento de las exportaciones de 2006), y con una importante producción agrícola (exporta principalmente arroz, malta y soya, con un muy bajo proceso de industrialización).
Según un estudio oficial, entre el 1
de enero de 2000 y el 30 de junio de 2006 se hicieron 14,148 operaciones de
compraventa de tierras de uso agropecuario en 16 de los 19 departamentos del país (no abarca Canelones,
Maldonado y Montevideo); la superficie vendida fue de 3.9 millones de
hectáreas, la cuarta parte de la superficie agropecuaria del país.[52] La
tercera parte de esas ventas se realizó durante el gobierno progresista (2005 y
primer semestre de 2006).
Distintos sindicatos (frigoríficos, curtidores,
vestimenta, y otros) han advertido que el ingreso masivo de capitales
extranjeros deteriora las relaciones laborales, se reduce el trabajo (menos
cueros para procesar por exportación de materia prima), se despuebla el campo,
se deterioran suelos y acuíferos.
Celebrado por el gobierno como llegada de inversiones extranjeras, en realidad no son “inversiones” pues en la mayoría de los casos son compras de empresas ya existentes, y ha favorecido la concentración de la propiedad. Frente a este fenómeno que compromete el proyecto productivo y democrático de país, el Estado es prescindente pues lo considera “negocios entre privados”. Asunto por demás grave, pues forma parte de la “reconquista” de América Latina como proveedora de recursos naturales.
La inserción internacional
La inserción internacional del gobierno uruguayo ha oscilado contradictoriamente entre, por un lado, una concepción más principista, latinoamericanista, más congruente con las definiciones antiimperialistas del Frente Amplio, defendida con obstáculos por la Cancillería y apoyada por algunos partidos y bases del FA así como por las organizaciones sociales; y, por otro, una concepción de alineación con el gran capital internacional, las IFIS y Estados Unidos, defendida desde el equipo económico y apoyada por el bloque de poder en Uruguay.
El ministro de Economía propuso e impulsó la realización de tratados de libre comercio con Estados Unidos y con China[53], en sentido contrario al programa del FA[54], a los acuerdos con el Mercosur[55] y, fundamentalmente, contra el objetivo de un país productivo con justicia social. Abrir la economía nacional a la libre competencia con Estados Unidos y China es decretar la desaparición de la industria nacional, que no podrá competir con el primero por razones tecnológicas, con el segundo por razones de precios y con ambos por razones de escala; para quedar sólo como una economía básicamente productora y exportadora de bienes primarios con muy poco valor agregado (carne, arroz, soya, celulosa, minerales, etc.).
Los límites del Mercosur
La
inserción internacional del gobierno del FA no puede analizarse al margen de
las fuertes limitaciones del Mercosur. Éstas dieron pie a que se plantearan
nuevas formas de inserción internacional que son contrarias a la tradicional
postura latinoamericanista del FA, y que se amplificaran los cantos de sirena
de los Estados Unidos a favor de los TLC.
Las críticas al Mercosur de quienes optan por los TLC, primordialmente con Estados Unidos, eluden que al interior del acuerdo regional, con matices y diferencias en cada país, se desarrollaron las políticas que intentan una profundización del proceso de globalización que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado. Entre estas políticas se destacan:
- La prioridad que otorgaron los
gobiernos al comercio como mecanismo fundamental de integración;
- Una exagerada confianza en los
resultados de la liberalización
comercial y el regionalismo abierto;
- La persistencia de barreras al
comercio entre los miembros (arancelarias, como el doble arancel a los insumos
importados, y para-arancelarias);
- La inexistencia de un mercado
ampliado efectivo impide que los pequeños países puedan atraer inversiones con
escalas de producción para participar en
el mercado regional;
- No se han resuelto las grandes
asimetrías existentes, más aún se agravaron como consecuencia, entre otros
aspectos, de políticas cambiarias contradictorias en la región;
- La división del trabajo regional no
incluye la complementación productiva;
- No existe un sistema de
financiamiento regional con costos diferenciales para promover inversiones en
complementación productiva;
- No se avanzó en la coordinación de políticas macroeconómicas;
- La estructura institucional es
frágil e insuficiente para resolver los múltiples problemas de la integración;
- La alianza estratégica entre Brasil
y Argentina sigue siendo el sostén del Mercosur, pero estos países mantienen
paralelamente un espacio de acuerdos bilaterales (automotores y sustitución del dólar en los intercambios
comerciales entre sí);
- La incapacidad de incidir en la
resolución del conflicto entre Argentina y Uruguay por la instalación de
plantas de celulosa que incluye aspectos jurídicos (posible violación de
tratados) y ambientales (eventuales impactos negativos);
- La falta de capacidad y/o voluntad
de los socios para avanzar en la consolidación y profundización del proyecto de
integración;
- Las posiciones divergentes entre
sus miembros respecto a la realización de acuerdos con Estados Unidos.
Los Tratados con Estados Unidos
Después de varios meses de debates entre los más diversos actores sociales y políticos, y de declaraciones gubernamentales contradictorias, el presidente Tabaré Vázquez decidió en septiembre de 2006 –tras fuertes resistencias de intelectuales, organizaciones sociales y al interior del propio FA- no firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. De haberse firmado habría generado una ruptura con el Mercosur que, además de los efectos políticos en las relaciones con otros gobiernos progresistas, habría significado perder los beneficios arancelarios del acuerdo regional.
Pese a esta positiva decisión presidencial, está vigente el Tratado de Protección Recíproca de Inversiones (TPRI) con Estados Unidos. Éste fue firmado por el presidente Jorge Batlle el 25 de octubre de 2004 –seis días antes de la elección nacional-, y se enmarca en la Ley de Promoción Comercial de Estados Unidos del año 2002, que formaba parte de su estrategia para la concreción del ALCA. El presidente Batlle envió el Tratado a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Senadores el día 22 de febrero de 2005, integrada ya en esa fecha con la composición resultante de las elecciones del 31 de octubre del 2004, es decir: con la mayoría absoluta del FA-EP-NM. El Tratado fue ratificado por el Parlamento y confirmado por las Cancillerías de Uruguay y Estados Unidos en los días de la Cumbre de las Américas de diciembre de 2005, en Mar del Plata, en la que naufragó momentáneamente el ALCA. Debe decirse que este Tratado no contradice ningún compromiso multilateral asumido por Uruguay.
El TPRI implicará muchos de los efectos perniciosos del TLC que finalmente no se firmó con Estados Unidos: favorece a las transnacionales y al capital financiero y afecta bienes, servicios, regulaciones comerciales, propiedad intelectual, normas laborales y ambientales; riesgos de pérdida de mercados para los productores uruguayos, y una competencia devastadora de las empresas transnacionales en el sector de los servicios.
En el Preámbulo se alude en
forma constante al empleo que generarían estas inversiones, aunque el Tratado
no establece requisitos de empleo nacional. Es lo mismo que ocurre con la
empresa finlandesa Botnia[56], que
no sólo utilizará muy poco personal cuando la planta funcione, sino que,
además, en la construcción de la planta contrató un número significativo de
trabajadores metalúrgicos del Este europeo, aduciendo que no existe personal
calificado en Uruguay para este tipo de obra.
La definición de inversión de este Tratado es la más amplia que haya acordado Uruguay en algún tratado internacional[57], en una multiplicidad de formas que puede adoptar[58]; agrega la definición de “inversión cubierta”, que protege a todas las inversiones norteamericanas –las ya existentes y las que podrían llegar-; la de “pre-inversión”, que protege también la contratación de técnicos, elaboración de informes, entre otros, lo que impide al Estado uruguayo reconsiderar una decisión, incluidos los proyectos de inversión, que pueden ser objeto de reclamo ante una posible controversia. Los artículos Tercero y Cuarto definen los dos principios sobre los que se basan los derechos de los inversores: a) el de “trato nacional” a las inversiones que se hagan, así como a las ya existentes; b) el de “nación más favorecida”, que implica otorgarles a los inversores y a las “inversiones cubiertas” norteamericanas el mismo trato que se les otorga a los países miembros del Mercosur.
Con la prohibición expresa de los requisitos de desempeño, Uruguay no puede exigir ningún contenido nacional en la producción, insumos o exportaciones; ni una relación adecuada entre importaciones y exportaciones, venta de la producción en el mercado local, orientación de las exportaciones, transferencia tecnológica o aumento y capacitación de la plantilla de empleados. Esa prohibición hace imposible que se fijen objetivos de desarrollo productivo y social, como ser: creación de fuentes de trabajo; destinar parte de la nueva riqueza a la inversión productiva (no se establece ninguna disposición que diferencie la inversión productiva -y los beneficios a concederle- del capital especulativo); realizar transferencia tecnológica y científica; capacitación de trabajadores uruguayos; fortalecer la proyección exportadora del país. Específicamente se encuentra prohibido un requisito exportador. El concepto exageradamente amplio de inversión, el trato nacional y de nación más favorecida concedido a las inversiones de Estados Unidos, así como la inexistencia de requisitos de desempeño, afectarán el uso del sistema de compras públicas como instrumento para el fomento de la actividad productiva nacional y la generación de empleo.
Un punto particularmente cuestionable es el Artículo 17 del Tratado, que prevé la posibilidad de que Estados Unidos niegue los beneficios de este acuerdo a cualquier empresa uruguaya integrada con capital de un país con el cual Estados Unidos no mantenga relaciones diplomáticas. Esto implicaría a emprendimientos que incluyan no sólo a Cuba sino también a la República Bolivariana de Venezuela, que realiza inversiones importantes en el país, y cuya integración como miembro pleno al Mercosur ha sido ratificada por el parlamento uruguayo (además del argentino).[59] Esto no sólo tiene dimensiones económicas sino que también, y fundamentalmente, tiene graves connotaciones éticas y de soberanía. En el Tratado se establece, además, que para la resolución de controversias se debe acudir en última instancia a la CIADI, Comisión Arbitral del Banco Mundial cuyo desempeño a favor de los intereses imperialistas es ampliamente conocido, además de costoso. Ambos asuntos fueron maquillados pero no solucionados.[60]
En enero de 2007 se firmó el TIFA (Trade and Investment Frame Agreement), un acuerdo de buenas intenciones tendiente a la ampliación del comercio binacional que no incluye el nivel de compromiso vinculante de los TLC, solución intermedia que el equipo económico encontró para potenciar su acercamiento con el gobierno de Estados Unidos y para crear condiciones para rediscutir en el futuro un Tratado de Libre Comercio.
Las
relaciones con Venezuela y el Alba son parte de la disputa
Las relaciones
con la República Bolivariana de Venezuela, al igual que con los países miembros
o cercanos al Alba, han estado sujetas a controversias al interior del
gobierno, como lógica contrapartida del camino al TLC con Estados Unidos.
El tema adquirió mayor trascendencia pública en julio de 2007, cuando el ministro de Economía invadió las funciones de la Cancillería: primero, con la convocatoria a un encuentro de Ministros de Economía y Finanzas excluyendo a Bolivia, Ecuador y Venezuela[61]; segundo, con un ataque contra el presidente Hugo Chávez[62], mandatario de un país amigo, que está en proceso de integración plena al Mercosur, aprobada ya por el Parlamento uruguayo, y precisamente en el momento en que Uruguay ocupa la presidencia pro tempore del Mercosur.
Esas actitudes no son nuevas y se explicarían fundamentalmente por dos razones. La primera, contextual, es la existencia de una "delgada línea roja" entre las funciones de los ministerios de Economía y de Relaciones Exteriores en los procesos de integración. La segunda se refiere a la existencia de una disputa entre dos modelos de país, que se dirime en buena medida en el tipo de inserción económica internacional.[63]
No pueden desconocerse, además, los apoyos que Venezuela ha otorgado a Uruguay, como las inversiones de su Banco de Desarrollo (Bandes) que adquirió una cooperativa de crédito en riesgo de quiebra (Cofac), los generosos acuerdos comerciales con la empresa estatal de combustibles (ANCAP) para el abastecimiento de petróleo, las inversiones en Alcoholes de Uruguay (Alur)[64] y los apoyos al Plan de Emergencia. Sin olvidar otros programas o proyectos de colaboración, como en la remodelación del Hospital de Clínicas (universitario), y con las unidades productivas recuperadas por los trabajadores: FUNSA (neumáticos y conexos), la curtiembre Midobers, y la instalación de un horno de vidrio con los ex trabajadores de Cristalerías del Uruguay. La postura de Astori respecto a las relaciones con Venezuela no coincide con la del presidente Vázquez, al igual que lo ocurrido con el tratado de libre comercio con Estados Unidos y, más recientemente, con la aprobación de la participación de Uruguay en el Banco del Sur.
Detrás de los cuestionamientos de Astori al Mercosur por las asimetrías entre los socios, al modelo económico argentino, y las acusaciones contra Venezuela, se esconde una decisión mayor: la determinación de alejarse de los procesos de integración y unidad latinoamericanas para asociarse con Estados Unidos. La ofensiva del ministro de Economía, respaldada por los funcionarios estadounidenses de turno[65], ha sido resistida en múltiples ámbitos, destacadamente por el canciller Reinaldo Gargano, quien ha jugado un papel relevante a favor de los intereses nacionales y la integración regional.
En este cuadro de contradicciones en la inserción internacional de Uruguay se inscribe la decisión gubernamental, ratificada por el Parlamento, de mantener el envío de tropas a Haití en la MINUSTAH, que había comenzado con el gobierno de Jorge Batlle. Asimismo, la participación en operaciones conjuntas con la Marina de Estados Unidos en las maniobras de UNITAS. Contrarias a las posturas antiimperialistas históricas del FA, estas medidas han sido rechazadas por algunos de sus dirigentes y partidos[66], por varias organizaciones sociales, así como por pequeños grupos políticos de izquierda ahora no pertenecientes al FA.
El
eje de la disputa
Como resultado de sus políticas, Danilo Astori recibió, en 2005, el premio al mejor ministro de Economía del mundo, por parte de la revista The Banker, del grupo británico Financial Times. Un galardón similar al recibido en 2004 por Isaac Alfie cuando ocupaba ese cargo en el gobierno de Jorge Batlle.
La búsqueda de los equilibrios macroeconómicos de corto plazo, que orienta la toma de decisiones en política económica, demuestra la falta de voluntad, o la incapacidad, para construir una estrategia de desarrollo. Aun con su opción por los “negocios”, durante este gobierno los empresarios del sector productivo han sido afectados por la inflación en dólares y el atraso cambiario. En contrapartida, los grandes comerciantes y los sectores importador y financiero, ligados al capital transnacional, son los principales beneficiarios; mantienen la hegemonía; y francamente y sin tapujos han dado su apoyo total al proyecto económico de este gobierno, que facilita la neocolonización de la economía nacional.
Ante esta situación es imprescindible aumentar la capacidad de gobierno, la calidad y precisión del proyecto, evitando caer en las tres grandes falsificaciones de la izquierda: el voluntarismo (aquello que, porque “tiene que ser”, “puede serlo y ya”); el revisionismo (que reviste de sabiduría su renuncia a los verdaderos ideales y erige la necesaria paciencia histórica en abandono definitivo, proclamando que “lo que no puede ser ya” es porque “no tiene que ser”), y el travestismo (que sustituye las auténticas reivindicaciones por otras más fáciles o que tienen mayor aceptación).[67] El desafío es construir una alternativa popular con horizonte socialista evitando tanto los desvíos de ruta que propone la ortodoxia económica, que alejan la posibilidad de cumplir los objetivos históricos de la fuerza política que accedió al gobierno, como los atajos de los que pretenden tomar medidas distributivas puntuales sin modificar la base estructural de la economía.
Los pasos dados por el nuevo gobierno en asuntos sentidos por la izquierda y contemplados como compromisos en el programa de gobierno del FA de 2003 (como los derechos de los trabajadores, el Plan de Emergencia y derechos humanos), han tenido un positivo impacto sobre la población.
Otros temas emblemáticos, como la educación, no han tenido el impulso ni los recursos presupuestales esperados. E, incluso, el anteproyecto de Ley de Reforma Educativa elaborado por el Ministerio de Educación y Cultura es rechazado por los gremios de la enseñanza, que reclaman niveles de autonomía respecto al poder político similares a los de la Universidad de la República.
La reforma que apunta a la creación de un Sistema Integrado de Salud cuenta con el respaldo explícito del movimiento sindical y de todo el Frente Amplio, ante la transformación de la salud en una mercancía que profundizó la fragmentación social (según el nivel de ingresos es el tipo de atención: hospitales públicos, mutualistas, o empresas privadas). Empero, existen críticas, muchas de ellas bien fundadas. Si bien se ha cumplido la primera parte de la reforma, que otorga asistencia a 30 mil funcionarios públicos y a los hijos menores de 18 años de los trabajadores del sector privado, se le cuestiona que en su diseño y elaboración no han participado los trabajadores organizados (contemplado en la comprometida “transformación democrática del Estado”); que su financiamiento se realiza aumentando el aporte de los trabajadores (3 por ciento los que tienen hijos, 1.5 por ciento los restantes) en tanto no aumenta el aporte patronal; y que se fortalecen principalmente las mutualistas[68], a las que se afilian masivamente los nuevos beneficiaros del financiamiento gubernamental y no al sistema de salud público, al que no se transfieren esos recursos.
La reforma del Estado, que fue denominada “la madre de todas las reformas”, no es parte del debate público, languidece sin ningún tipo de resultados visibles y sin que se hayan abierto espacios de participación efectiva para los trabajadores.
En un país que después de tres décadas no saldó la traumática experiencia de la dictadura cívico-militar, la búsqueda de verdad y justicia fue una de las principales banderas de la izquierda, y uno de los primeros compromisos del presidente Tabaré Vázquez. El nombramiento como Ministra de Defensa de una emblemática luchadora por los derechos humanos, la abogada Azucena Berruti, fue el inicio de un conjunto de acciones, parciales pero significativas, que conquistaron una importante adhesión en la población más allá de los votantes del FA-EP-NM: la búsqueda de desaparecidos presuntamente enterrados en predios militares[69]; la investigación y detención de algunos oficiales de las fuerzas armadas por su participación en acciones represivas (asesinatos, desapariciones, vuelos de la muerte) llevadas a cabo en Argentina y Paraguay en el marco de la Operación Cóndor; y el muy significativo enjuiciamiento y encarcelamiento, por decisión del Poder Judicial, del ex presidente golpista Juan María Bordaberry y de su Canciller Juan Carlos Blanco. También se han concretado algunas acciones de reparación moral[70] y material a víctimas de la represión, como la pensión legal a ex presos políticos y la ley de restitución de honor y derechos a militares democráticos degradados durante la dictadura.
Varias de estas acciones se hicieron bajo los mínimos resquicios legales contemplados como excepciones en la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.[71] El gobierno y un sector de los parlamentarios frenteamplistas se han negado a promover la derogación de esta ley. Nuevamente son las organizaciones sociales las que convocan a la democracia directa, para eliminar este tumor en la democracia declarando su nulidad.[72]
Inexplicablemente, en el segundo año de gobierno, el Poder Ejecutivo hizo suya la propuesta de ley de Reconciliación elaborada por el ultraderechista Daniel García Pintos, que bajo la lógica de los “dos demonios” equipara a las víctimas del terrorismo de Estado con los policías muertos en acciones armadas. Dicho proyecto de ley es rechazado por la central sindical de forma categórica, que lo considera una “aberración” desde el punto de vista jurídico, político y ético.[73] Los organismos de derechos humanos han reivindicado el concepto sostenido por las Naciones Unidas de reparación integral a las víctimas del terrorismo de Estado, que además de la reparación monetaria, incluye, en primer lugar, la reparación de justicia y el derecho al conocimiento de los hechos. Resulta incomprensible, hasta ahora, el móvil que indujo al presidente Vázquez a dar un paso que ha sido objeto del rechazo explícito de un importante sector de la izquierda, incluida la Mesa Política del FA. Existe, en cambio, coincidencia en que no se trata de un acto irreflexivo y tiene, por tanto, una enorme trascendencia política.
Ciertas demandas de gran importancia social y cultural han tenido distintos cursos por otros factores ideológicos y políticos, cuyo análisis exhaustivo excede las posibilidades de este trabajo. Debe mencionarse que el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, que incluye la demanda de despenalización del aborto, fue promovido por diputadas frenteamplistas para su discusión parlamentaria. No sólo obtuvo el rechazo de varios parlamentarios del FA, sino que el presidente de la República anunció que vetaría la ley en caso de aprobarse en el Parlamento. Los movimientos de mujeres, con apoyos con apoyos de otras organizaciones sociales, mantienen la campaña a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Se trata de un nuevo escenario de sinceramiento de valores conservadores y tradicionales en la sociedad y en el centroizquierda, que no habían tenido oportunidad de exhibirse anteriormente. En este mismo sentido es visible el debilitamiento de la laicidad que caracterizó a la sociedad y al Estado uruguayos a lo largo de casi todo el siglo XX.
Las posibilidades de disputa por el proyecto de izquierda
Transcurrida ya la mitad de este primer gobierno nacional del FA, la dirección del proceso de cambio dependerá de cómo se procesen las contradicciones entre los diferentes sujetos y tendencias que se expresan en el gobierno y en la fuerza política, así como la influencia que tenga la acción sindical y de masas en esas definiciones.
La expresión de las discrepancias con la orientación económica y sus implicaciones ha sido insuficiente, de lenta manifestación, pues está constreñida por una serie de factores.
En primer lugar, el Frente Amplio ha quedado subsumido a las decisiones gubernamentales desde el momento mismo en que se designaron a los principales dirigentes de los partidos para encabezar los ministerios, incluido el Presidente del FA, Jorge Brovetto, que ocupa la cartera de Educación y Cultura (la única excepción es el Ministerio de Industria, asignado a un empresario vinculado al Partido Colorado). En esa decisión presidencial pudo haber primado el criterio de la representatividad y el equilibrio entre los partidos del FA, así como la configuración de un gabinete eminentemente político para impulsar el programa de gobierno. Sin embargo, esto produjo dos efectos inmediatos: uno, el debilitamiento de la vida política y orgánica del FA, en lo que incide, por añadidura, la salida de un número elevado de cuadros hacia las nuevas funciones de gobierno nacional y de las Intendencias; el otro, la conversión de la Mesa Política del FA en réplica del Poder Ejecutivo, comprometiendo la autonomía relativa de la organización política.
De igual manera, la relación directa que el presidente de la República mantiene con quienes encabezan la representación de cada partido del FA en el Parlamento (“cabezas de lista”), si bien puede favorecer la fluidez de la comunicación entre ambos poderes del Estado, sustrae a la fuerza política sus facultades para decidir los contenidos de la representación política. Efecto adicional de este vínculo es la diferenciación que produce entre los partidos con representación parlamentaria propia y los que no la tienen (aunque aportaron sus votos al FA), pero que en tanto integrantes de la coalición son miembros de la dirección del FA en su Mesa Política y Plenario Nacional.
Con estos cambios político-institucionales, no sólo se acentúa el predominio de la coalición sobre el movimiento, sino que tiende a cambiar la forma de existencia de la coalición misma: los criterios y procedimientos que hicieron perdurable la unidad política están siendo sustituidos, en la práctica, por criterios y métodos que son propios del elitismo político, consustancial a los partidos tradicionales. Justificados en la eficacia, se depositan las decisiones en un reducido número de altos funcionarios gubernamentales y de parlamentarios, a nombre de un proyecto colectivo de cambio que sólo puede ser concretado con participación popular.
Lenta pero sostenidamente, las bases del FA han iniciado el debate sobre esta nueva realidad. Todavía no se supera el velo de autocensura para cuestionar algunas decisiones gubernamentales contrarias al programa y la historia del FA, que fue característica de los dos primeros años del gobierno frenteamplista. Esas críticas tienen expresión informal y han tomado cuerpo en varias manifestaciones de masas (contra la llegada del presidente George W. Bush a Uruguay en marzo de 2007, contra la iniciativa de “Reconciliación” de la “Ley García Pintos” en la marcha por verdad y justicia[74] del 20 de mayo de 2007).
Los grandes temas programáticos, hasta ahora, han sido debatidos y planteados a la sociedad principalmente por la central sindical, junto a otras organizaciones sociales como: la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, de importante influencia territorial y que destaca por su capacidad de convocatoria, estudiantiles, de derechos humanos, mujeres, de la cultura, pequeños productores rurales, etcétera.
En
estos dos años, el PIT-CNT se ha enfrentado a una situación inédita: si bien
desde su origen se ha caracterizado por su independencia y autonomía respecto
al Estado y a los partidos políticos, nunca se relacionó con un gobierno
integrado por fuerzas políticas tan cercanas desde su propio origen[75] al
movimiento sindical, así como lo es a
través de los vasos comunicantes de la militancia. Las distintas concepciones
que hay en el FA se expresan en el movimiento sindical, pero con una
correlación de fuerzas muy distinta. No han modificado hasta ahora la
independencia de clase de la central, que sigue teniendo claro que la disputa
decisiva para un desarrollo nacional independiente y democrático pasa
necesariamente por enfrentar al gran capital y sus fracciones subordinadas,
nacionales y transnacionales. Para que esta disputa se sostenga y se profundice
es condición necesaria, aunque no suficiente, que se fortalezca la capacidad de
los trabajadores para enfrentar al capital.
En la situación actual –signada por una disputa desigual, dentro y fuera
del gobierno, entre quienes defienden el espíritu emancipador del programa
histórico de los trabajadores y el pueblo, y aquellos que han adoptado como
propio el programa macroeconómico ortodoxo del FMI y el modelo de reformas de “segunda
generación” del BM y el BID- se requiere de enormes esfuerzos y de gran
capacidad política y organizativa para construir una convergencia programática
que sirva de fundamento a una amplia alianza política y social liberadora.
El estrecho margen de maniobra económico-financiera del país, heredado y reafirmado por las políticas económicas del gobierno, será puesto a prueba con la más que probable crisis en los Estados Unidos, lo que agudizará la contradicción que significa atender las demandas de los trabajadores y tratar de aplicar, a la vez, políticas que no difieren significativamente de las que han predominado en los últimos años.
La posibilidad de modificar el modelo y la estrategia que se está aplicando dependerá de los niveles de conciencia, organización y dirección del movimiento popular; lo que, en gran medida, pasará tanto por las posiciones que adopten e impulsen el movimiento sindical y sus aliados, como por el proceso de clarificación y diferenciación política que se realiza al interior de las organizaciones y las bases del FA –que se intensifica en el marco de la disputa por la designación del candidato presidencial y la caída de la aprobación al gobierno en las encuestas de opinión.
La propuesta de realizar el Segundo Congreso del Pueblo, lanzada por el PIT-CNT y acogida por cientos de organizaciones sociales, abre un proceso de movilización y debates que permitirá, si es plural y participativo, superar los bajos niveles de militancia actuales y hacer crecer al bloque social de los cambios en tamaño, movilización, organización, definiciones programáticas y capacidad política.
La independencia de los movimientos sociales respecto al poder del
Estado, la articulación solidaria de las organizaciones populares, y la
radicalización de la democracia tendrán efectos de mediano y largo plazos en la
reconstrucción de la izquierda social y política y en el fortalecimiento de sus
postulados emancipatorios; en el corto plazo, seguramente, incidirán en las
definiciones programáticas que adoptará el Frente Amplio en su postulación para
mantenerse en el gobierno.
* Master en Economía. Docente e investigador (DT), Instituto de Economía, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República. Miembro de la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (REDIU) y Coordinador General de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (SEPLA). Fue Director Ejecutivo del Instituto Fernando Otorgués y Director Académico del Centro de Estudios Estratégicos 1815, ambos presididos por el Gral. (r) Líber Seregni. Integró la Mesa Representativa Nacional del PIT-CNT y actualmente integra su Secretaría de Desarrollo Productivo.
[1] Líber Seregni. Discurso pronunciado el 18 de julio de 1972, tomado de Germán Wettstein, La autoridad del Pueblo, México, Mex-Sur Editorial, 1982, p. 131.
[2] El FA se
integró con los partidos Comunista, Socialista, Demócrata Cristiano, algunos
grupos y personalidades que abandonaron los partidos tradicionales Colorado y
Nacional; y personalidades independientes, entre ellas, oficiales de las
fuerzas armadas como el General Líber Seregni (nombrado presidente del FA,
cargo que ocupa hasta 1996, fallecido en 2004), y el General Víctor
Licandro, quien aún vive, y sigue siendo
para los frenteamplistas un referente fundamental de su historia y sus
principios. El Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) le dio inmediatamente apoyo
crítico, impulsó la creación de una fuerza frenteamplista el “Movimiento de
independientes 26 de marzo” y declaró una tregua en el período electoral. El
MLN ingresa formalmente al FA en 1989 y es el núcleo fundamental del Movimiento
de Participación Popular, la fuerza frenteamplista más votada en 2004.
[3] El Estado de bienestar fue construyéndose desde la primera década del siglo XX bajo el impulso del presidente José Batlle y Ordóñez, completándose sus conquistas hacia mediados del siglo pasado.
[4] Uruguay tiene una población de 3,3 millones de habitantes y un territorio de 180 mil kilómetros cuadrados. El Departamento de Montevideo tiene aproximadamente la mitad de la población. En la capital están concentradas las principales actividades económicas, políticas, educativas y culturales del país.
[5] La desaparición de la URSS influye anímica e ideológicamente en toda la izquierda uruguaya, pero no es la causa única de la crisis del Partido Comunista, pues interactuó con valoraciones y sensibilidades profundamente contradictorias tanto sobre la anterior etapa política vivida en el país, como sobre el futuro.
[6] Desde 1990
ha habido cuatro administraciones frenteamplistas en Montevideo: la de Tabaré
Vázquez (1990-1995), dos de Mariano Arana (1995-2005) y la actual de Ricardo
Ehrlich (2005-). En cada elección, el FA
creció en votos en Montevideo: 34 por ciento en noviembre de 1989 (elección
simultánea nacional y departamental); 44 por ciento en noviembre de 1994
(elección simultánea nacional y departamental); 58.4 por ciento en mayo de 2000
(sólo departamental); 60.7 por ciento en mayo de 2005 (sólo departamental).
Véase: www.corteelectoral.gub.uy
[7] Encuentro Progresista, “Lineamientos programáticos”, 8 de agosto de 1994.
[8] Rodolfo Nin
Novoa es un influyente productor rural, Intendente del Departamento de Cerro
Largo entre 1985 y 1990 por el Partido Nacional, cuyo Directorio integra entre
1990 y 1992; abandona ese partido en 1994.
[9] Quien fundamenta que “liquidar las candidaturas múltiples y obligar a los partidos tradicionales a un candidato único; si a eso se une la eliminación de diferencias entre lemas transitorios y permanentes, lo que habilita que los que piensen igual voten juntos, se concluye que se abren posibilidades inéditas.”, en Samuel Blixen, Seregni. La mañana siguiente , Montevideo, Ediciones de Brecha, 1997, p. 223.
[10] Que se oponían porque el FA era la primera mayoría del país y el balotaje le impediría ganar las próximas elecciones, como así sucedió en 1999.
[11] En los Departamentos de Canelones,
Maldonado, Paysandú, Salto, Rocha, Treinta y Tres, Florida.
[12] Centro UNESCO de Montevideo, “La emigración en el Uruguay actual”, junio 2003 en http://unesco.org.uy/centro-montevideo/documentospdf/emigracion_uruguay.pdf.
[13] En el concepto, técnicamente impreciso, de deuda social se puede incluir: las
necesidades básicas insatisfechas de la población, el deterioro de la capacidad
y calidad de los servicios públicos; la incapacidad del país para generar
empleo adecuado a todos los que lo necesitan (la informalidad, el subempleo, el
desempleo, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, etc.). Se podría incluir, también, la parte del
presupuesto público asignado que no fue ejecutado (300 millones de dólares
anuales, en promedio, entre 2001 y 2004) en el marco de las políticas de ajuste
fiscal y desajuste presupuestal.
[14]
Verónica Amarante, Rodrigo Arim y Andrea Vigorito, “Pobreza, red de protección
social y situación de la infancia en Uruguay”, Montevideo, BID, Documentos,
diciembre de 2004.
[15]
Andrea Vigorito, “Pobreza urbana en Uruguay. La medición de la pobreza”, Brecha, Montevideo, 2 de julio de 2004.
[16] Jorge Notaro, “La calidad del empleo en Uruguay 1984-2003”, Montevideo, Instituto de Economía, 2005 (versión preliminar).
[17] Noticias Buenas y de Las Otras, núm. 36, Montevideo, septiembre de 2004. http://www.redsegsoc.org.uy/NByO_36.html
[18] Gustavo Leal, “El ocaso del país modelo y sus formas de integración social”, Bitácora, Montevideo, 18 de febrero de 2004.
[19] Adolfo Garce y Jaime Yaffé, La era progresista, Montevideo, Fin de Siglo, 2005.
[20] El PIT-CNT (Plenario Intersindical
de los Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores), es el nombre que
adopta la central única al salir de la dictadura, fusionando experiencias y
dirigencias de los distintos momentos de un solo movimiento sindical. PIT es el
nombre que adoptó para actuar utilizando
algunos resquicios legales introducidos a partir de 1982, en tanto que la CNT
seguía ilegalizada.
[21] PIT-CNT, Mesa Representativa Nacional Ampliada, Montevideo, 27 de diciembre de 2007.
[22] Los trabajadores comprenden tanto a los que están ocupados, subocupados, desocupados o pasivos.
[23] Véase el programa aprobado en el VIII Congreso del PIT-CNT, octubre de 2003.
[24] Se destacan el Decreto 145/005 del 2 de mayo de 2005, que habilita la ocupación de empresas; y la Ley 17940 de Protección y Promoción de la Libertad Sindical, del 2 de enero de 2006.
[25] IX
Congreso del PIT-CNT, octubre de 2006.
[26] http://www.mides.gub.uy/panes/index.html. Se desarrollan también programas con el apoyo de Cuba y Venezuela, como el de alfabetización “En el País de Varela: yo sí puedo”, y el oftalmológico “Nos tenemos que ver”, en el marco de la Operación Milagro.
[27] Instituto Nacional de Estadística, “Evolución de la pobreza en el Uruguay 2001–2006”, Montevideo, 2007. www.ine.gub.uybiblioteca/pobreza/Informe final pobreza y desigualdad.pdf
[28] El ministro de Economía decía a la Asociación
Cristiana de Dirigentes de Empresa, en diciembre de 2005: “[…] No sería sincero yo tampoco si no comenzara por decirles
que no nos sentimos la parte buena del gobierno, mientras que hay otras partes
que son malas supuestamente. Integramos un gobierno coherente […] la principal
identidad de la conducción económica que tiene hoy Uruguay [son] las reformas
estructurales [que] el gobierno ya ha puesto en marcha.” Danilo Astori, “Este gobierno
tiene que ser identificado por las reformas”, Foro ACDE, Montevideo, 7
de diciembre de 2005.
[29] Véanse las declaraciones del viceministro de Economía y Finanzas, Ec. Mario Bergara, en un seminario del BID, en Washington, en Búsqueda, Montevideo, 9 de julio de 2005.
[30] Decreto 157/005 de Prestación de servicios de agua y saneamiento por parte de
privados hasta vencimiento del plazo pactado, del 20 de mayo de 2005.
[31] Danilo
Astori, Búsqueda, Montevideo, 18 de
agosto de 2005.
[32] El valor del dólar cayó 9.1 por ciento en 2004 y 11.0 por ciento en 2005, manteniéndose relativamente estable en 2006. En diciembre de 2005, la cotización media del dólar era de 23.6 pesos, uno de los registros más bajos desde 2002. Los precios mayoristas de Uruguay, en dólares, eran a fines de 2005 un 25 por ciento superiores a los de Argentina (su principal socio comercial), y 30 por ciento superiores en 2006, habiendo sido paritarios en 1999.
[33]
“El gobierno progresista: 1. Fomentará las vías de participación y control
ciudadano; 2. Impulsará un Plan Estratégico de Fomento de la Participación
Ciudadana en colaboración con la sociedad civil; 3. Promoverá una Ley Básica de
Participación Institucional […] profundizando el reconocimiento del derecho a
la participación de las organizaciones sociales; 4. Impulsará la creación del
Consejo Ciudadano de Seguimiento de los Compromisos de Gobierno […] se trata de
un organismo de carácter independiente, honorario y consultivo integrado por un
conjunto de ciudadanos (la mitad por designación y la otra mitad por sorteo
entre los inscriptos del padrón electoral) que se reúne anualmente para
analizar el avance del gobierno en el cumplimiento de los compromisos asumidos
en la etapa electoral […] nosotros queremos que la ciudadanía evalúe nuestra
gestión […] promoveremos la creación de este Consejo Ciudadano para el
Seguimiento de los Compromisos de Gobierno”. Ponencia del Dr. Tabaré
Vázquez “El Uruguay democrático”, en la
Intendencia de Montevideo, el 20 de Septiembre de 2004.
[34] Mario Bergara, viceministro de Economía, Ponencias y debates, mayo 2005, en VII Jornadas de coyuntura económica regional y nacional, Instituto de Economía, p. 45.
[35] “Me siento fuertemente comprometido a cumplir con el pueblo, con el único porcentaje fijo que establecimos en el programa de gobierno para la enseñanza”, manifestó Vázquez en la reunión de Ministros, según El País, Montevideo, 30 de agosto de 2005.
[36] La solución fue “salomónica”: no se aumentó el gasto presupuestal como pedía el ministro, pero se hicieron transferencias de partidas de otros ministerios para lograr el objetivo de los parlamentarios.
[37] Consejos tripartitos de negociación colectiva entre trabajadores y empresarios mediada por el Estado, a través del Ministerio de Trabajo. Fueron creados en 1943 (Ley 10449), eliminados por la dictadura, y convocados nuevamente entre 1985 y 1991.
[38] Decreto 145/005 del 2 de mayo de 2005 derogatorio del 512/966 y el 286/000.
[39] Las pautas son: inflación del año anterior más inflación esperada y un máximo de 2 por ciento por concepto de recuperación (a la que se le podrían descontar aumentos ya otorgados).
[41] A
la ley 17490, promulgada el 2 de
enero de 2006, se le cuestionó, entre otros aspectos,
que los procedimientos legales incorporados para evitar los despidos por
persecución sindical sean diferentes para
dirigentes y militantes de base, lo que es opuesto a la tradicional posición
del movimiento sindical; y por no ser
retroactiva al 1 de marzo de 2005, lo que dejó sin respaldo legal a los
sindicalistas despedidos durante el gobierno
progresista antes de su promulgación.
[42]
Rodolfo Nin Novoa, Declaraciones en la Asociación de Dirigentes de Marketing,
en El País, Montevideo, 22 de enero
de 2005.
[43] En el documento “Compromiso Nacional por empleo,
ingreso y responsabilidades” (mayo de 2005), que presentó el gobierno a
trabajadores y empresarios, se identifica una serie de síntomas de la situación
económica y social del país: en los últimos 50 años, Uruguay creció a una tasa
de apenas 1 por ciento anual per cápita; dramático incremento de la pobreza y la marginalidad;
agravamiento de los problemas estructurales del mercado de trabajo; fuerte
proceso migratorio de personas en edad de trabajar y con alto nivel de
calificación; déficit de inversiones públicas y privadas; elevado endeudamiento
público de casi 100 por ciento del PBI.
(http://www.mef.gub.uy/noticias/noticia_200505_06.php)
[44]
Juan Castillo, en Seminario Desafíos y
alternativas de cambio social en Uruguay y América Latina, organizado por
el Instituto Cuesta Duarte y CLACSO, Paraninfo de la Universidad de la
República, Montevideo, 19 de agosto de 2005.
[45] Las estimaciones
del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Asesoría Económica de la
Dirección General Impositiva demuestran que entre las rebajas de tasas (de 23 a
22 por ciento la tasa básica, y de 14 a 10 por ciento la mínima) y las
extensiones de la base imponible, el pueblo uruguayo va a seguir pagando casi lo mismo por IVA.
Véase: Gustavo González y Hugo
Vallarino, “Reforma del sistema
tributario. Impacto en la recaudación y análisis de sus efectos distributivos”,
AE-DGI, Montevideo, diciembre de 2006.
[46] La recaudación del
Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) será de 350 millones de
dólares; los capitalistas pagarán 9 por ciento,
los profesionales 11 por ciento y los trabajadores y pasivos 80 por
ciento, con lo que se duplica lo que deben pagar los asalariados y se
cuadriplica lo que deben pagar los pasivos.
[47] A los empresarios se les eliminan, entre otros, el Impuesto a la Renta de Industria y Comercio y el Impuesto a los Activos de las Empresas Bancarias y se les comienza a cobrar el Impuesto a la Renta de las Actividades Empresariales, quedando con una carga fiscal menor que la anterior a la reforma (89 millones de dólares, 18 por ciento menos).
[48] Un análisis exhaustivo de la reforma puede verse en: Red de Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU), “Sistema Tributario y reforma: el desencanto uruguayo”, Montevideo, 27 de junio de 2007.
[49] El Impuesto al Patrimonio (riqueza acumulada) disminuye en un proceso tendiente a su eliminación y en ese sentido no es progresiva.
[50] Propuesta de sistema tributario del gobierno progresista, http://www.ps.org.uy/noticias29.htm.
[51]
Hugo Cores, “La reforma tributaria y la aceptación de los hechos”, en La República, Montevideo, 13 de febrero
de 2006.
[52] Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección de Información y Estadísticas Agropecuarias, “El precio de la tierra en Uruguay. Venta de tierra para uso agropecuario”, Agosto de 2007.
[53]
Danilo Astori, en Búsqueda, Montevideo, 5 de enero de 2006.
[54] En el IV Congreso Extraordinario del FA de diciembre de 2003, se aprobó el siguiente texto: “Rechazamos el actual proyecto ALCA y los eventuales acuerdos bilaterales de comercio con Estados Unidos.”
[55]
Decisión 32 del MERCOSUR, año 2000.
[56] La instalación por Botnia de una planta de celulosa a orillas del Río Uruguay, limítrofe con Argentina, ha generado un prolongado conflicto, protagonizado del lado argentino por movimientos de piqueteros que se declaran ambientalistas y que mantienen bloqueado el paso del puente internacional Fray Bentos-Gualeguaychú.
[57] Se define como inversión: “todo activo de propiedad de un inversor, o controlado por el mismo, directa o indirectamente, que tenga las características de una inversión, incluidas entre otras las siguientes: compromiso de capitales u otros recursos, expectativa de obtener ganancias o utilidades, o la presunción de riesgo”.
[58] “[…] una empresa; acciones, capital y otras formas de participación en el patrimonio de una empresa; bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos; futuros, opciones y otros derivados; contratos llave en mano, de construcción, de gestión, de producción, de concesión, de participación en los ingresos y similares; derechos de propiedad intelectual; derechos otorgados de conformidad con la legislación interna, tales como licencias, autorizaciones y permisos; otros bienes tangibles o intangibles, muebles o inmuebles y los derechos de propiedad conexos, tales como arrendamientos, hipotecas, garantías reales y prendas.” http://www.dgi.gub.uy/Detailed/2335.html
[59] Pese a las varias declaraciones del
Ministro Astori divergentes con el gobierno venezolano, por mayoría del FA el
Parlamento uruguayo aprobó la integración plena de Venezuela al Mercosur (Ley
18053, del 2 de noviembre de 2006).
[60] El Tratado firmado se modificó en: a)
la cláusula 17 se hizo recíproca, es decir, que Estados Unidos no
invertirá en hipotéticos países enemigos de Uruguay, una “supuesta” igualdad
entre las Partes totalmente absurda; b) se sustituye un tribunal de la CIADI
por otorgarle al Presidente de ese organismo la selección de los árbitros en
caso de desacuerdo persistente entre las Partes.
[61] El 12 de julio de 2007 se reunieron en Montevideo, en
el marco de una Cumbre de Ministros de Economía, el secretario del Tesoro de
Estados Unidos, Henry Paulson, y los ministros de Chile y México (que tienen
sendos TLC con Estados Unidos), Perú (con un TLC firmado que debe ser
ratificado por el Congreso estadounidense) y Uruguay. No fueron invitados los
ministros de los países que sostienen diferencias importantes con el proyecto
hegemónico estadunidense. Argentina, Brasil y Colombia fueron convocados pero
no participaron.
[62] El ministro de Economía sostuvo, en una disertación en Buenos Aires el 17 de julio de 2007, que estaba preocupado por “el estilo confrontativo del gobierno venezolano, que genera resistencias en el mundo y en la región” y que “no ayuda a que el Mercosur tenga acuerdos, como bloque, fuera de la región”. Venezuela “no es un factor positivo, sino más bien un factor negativo”, dijo Astori, y reafirmó lo siguiente: “Uno de los objetivos importantes de Uruguay es progresar su relación con Estados Unidos y avanzar en materia comercial en base al TIFA”. La República, Montevideo, 21 de julio de 2007.
[63] En esta disputa de proyecto de país, que se dirime en torno a la inserción internacional, quedan implicadas áreas de gobierno que antes se consideraban de definición exclusivamente “interna”, como el Ministerio de Comunicaciones y Transporte y el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, involucrados en la definición y ejecución de los megaproyectos transnacionales.
[64] Alur es una empresa de derecho privado, cuyas acciones son propiedad de: ANCAP (estatal); Corporación Nacional para el Desarrollo (parestatal) y PDVSA (estatal venezolana).
[65] Thomas Shannon (Secretario Adjunto para el Hemisferio
Occidental); Nicholas Burns (Subsecretario de Estado para Asuntos Políticos);
Henry Paulson (Secretario del Tesoro).
[66] El diputado socialista Guillermo Chifflet renunció a su cargo en el Parlamento, creando un trascendente hecho político por ser un importante referente ético y político del FA; el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, se negó a votar el envío de tropas a Haití, retirándose de la sesión; el general (r) Víctor Licandro, siendo todavía Presidente de la Comisión de Defensa del FA, manifestó su oposición a esas decisiones.
[67]
Véase: José González Faus, “Se puede seguir siendo de izquierda”, citado por
Luis Pérez Aguirre en Desnudo de
seguridades. Reflexiones para una acción transformadora, Montevideo,
Trilce, 2001, p.110.
[68] Las mutualistas tuvieron su origen en la sociedades de socorros mutuos de los inmigrantes; tienen un estatuto especial, diferente a las empresa privadas de salud.
[69] La búsqueda comenzó por Claudia García Irureta de Gelman, nuera del poeta argentino Juan Gelman,, hasta ahora infructuosamente; fueron encontrados los restos de dos desaparecidos, Fernando Miranda y Ubasgener Sosa, con gran conmoción social. Estos primeros pasos se dieron en el marco de una serie de expresiones de insubordinación de oficiales de las fuerzas armadas al poder presidencial, formalmente resuelto con algunos cambios de mandos, pero que sigue siendo un delicado tema pendiente de resolución, por la permanencia en esos cuerpos de sectores activos y retirados que siguen reivindicando el terrorismo de Estado como legítima opción de “orden”.
[70] Algunas acciones de reconocimiento colectivo se llevaron a cabo desde 1990 por el gobierno municipal de Montevideo, durante los gobiernos de Tabaré Vázquez y Mariano Arana.
[71] Se trata de una ley de amnistía aprobada en 1986 durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, que por un escaso margen no logró ser derogada por el referéndum convocado por las organizaciones populares, realizado en 1989 en medio de una campaña de miedo y chantaje sobre la población.
[72] En el llamado a promover el referéndum anulatorio de la Ley de Caducidad se dice: “Las normas de impunidad como la ley de caducidad violentan principios inderogables del derecho internacional, que obligan a los estados a castigar aquellas conductas que califican como crímenes de lesa humanidad […] violenta el pacto de San José de Costa Rica, la Declaración americana de Derechos y Deberes del Hombre […] amparan a quienes desde el gobierno de un Estado cometieron actos aberrantes contra los ciudadanos que debieron proteger. Pero además, la ley de caducidad es nula porque desconoce el principio de separación de poderes […] y reconoce como fuente de la caducidad la presión militar y la lógica de los hechos”.
[73]Véase:
Luis Puig (responsable de la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT) en La
República, Montevideo, 11 de abril de 2007.
[74]
Cada 20 de mayo, desde 1985, se realiza esa marcha, coincidiendo con la fecha
de los asesinatos, en
1976, de Zelmar Michelini (senador del FA) y de Héctor Gutiérrez Ruiz (diputado
del Partido Nacional).
[75]
Como ya se ha dicho, la
unidad del movimiento sindical en 1966 y de las fuerzas políticas de izquierda
en 1971, son parte de una misma estrategia que tiene un jalón común fundamental
en el Congreso del Pueblo de 1965.