Próximo gobierno propondrá ley de telecomunicaciones

ANTEL y el Plan Cardales, construcción histórica de los uruguayos

Claudio Iturra

En medio del trajín electoral, un decreto presidencial puso al Plan Cardales en el centro de la atención ciudadana.

Pasada la contienda cívica, resurge el debate en medio de la transición hacia un segundo gobierno del Frente Amplio. Con la rapidez de una tormenta veraniega, el cielo se despejó – hasta la próxima, como estamos acostumbrados en Uruguay- : “Una comisión especial de telecomunicaciones que formó el Frente Amplio elaboró un prolijo y detallado informe de 20 páginas, al cual accedió La República, recomienda suspender la aplicación del decreto 537/009 hasta que se haya aprobado una nueva ley de telecomunicaciones”, informó ese matutino el 21 de enero de 2010.

Tranquilizadas las aguas, se puede llevar a cabo un debate ciudadano de fondo, como lo requiere la trascendencia del tema.

Si bien instalado en el animus belli, Carlos Santiago¹ lanzó algunos argumentos que suelen esgrimir los que entienden que se trata sólo de un neutral problema técnico-económico, por lo tanto reservado “a los que saben”, del que – por lo tanto- ha de quedar excluido el sindicato de ANTEL (SUTEL), por manifiesto “corporativismo” .

Competencia y tecnología

“Si se quiere más tecnología y a menor costo, hay que impulsar la competencia y no frenarla”, dice Santiago (13-12-09). Eso beneficia al consumidor, dice, en tanto “que otros de los vicios de los monopolios, abonados por la inamovilidad de los funcionarios públicos, lleva al burocratismo más descarnado” (id).

Conviene analizar sucintamente la competencia en tiempos de la revolución de las tecnologías de la información (TIC), pues su evocación abstracta hace más a la fe que al rigor crítico.

Como un verdadero “miguelito lógico”, por dónde caiga, “competencia” y “telecomunicaciones” se dan de patadas: los organismos multilaterales, los gobiernos de los países más grandes –Estados Unidos a la cabeza- no sólo decretaron que había que privatizar y desregular, sino que establecieron las reglas del juego, los “requisitos técnicos” (la inevitable “convergencia”), de forma tal que en el proceso de adjudicación de las empresas privatizadas, siempre ganó el caballo del comisario.

En este proceso, han mostrado cómo se utiliza el poder de esos Estado a favor de los intereses privados. Urbi et orbi intervienen en los asuntos de los países, como ha ocurrido reiteradamente en Uruguay: En el 2000, el embajador de Estados Unidos, Christopher Ashby, expresaba que el resultado del referéndum de 1992, "no ha beneficiado a las empresas" y "ha contribuido a elevar la tasa de desempleo a 14%". (El País, 2 de noviembre). Simultáneamente, Gary Becker, premio Nobel de Economía, opinó que “para una empresa como ANTEL sería muy beneficioso poder abrir la oportunidad de que empresas competitivas de corte internacional vengan a participar a Uruguay, porque la competencia lleva a la mejor competencia”. (Búsqueda, 23 de noviembre).

El 2003, el embajador estadounidense Martin J. Silverstein expreso la "preocupación" de su gobierno, por la situación de la empresa Movicom/Bell South, a quien aún no se le había adjudicado la banda de telefonía móvil. "Si Uruguay quiere crecer va a tener que hacerlo en áreas además de la agricultura. Una de esas áreas es la tecnología donde Uruguay tiene gran capacidad de desarrollo", aseguró. Era la tercera vez ese año que representantes del gobierno norteamericano se pronunciaban públicamente por el futuro de la empresa de capitales estadounidenses en Uruguay. En febrero, el subsecretario de Comercio de Estados Unidos, William Lash, señaló la necesidad de que Uruguay abriera el mercado de las telecomunicaciones. A principios de junio, fue el subsecretario de Tecnología de Departamento de Comercio, Philip Bond, quien planteó su preocupación del gobierno de su país y de la empresa Bell South por la demora en la emisión de un decreto que adjudicaría a la compañía telefónica la banda de 800 megahertzios del espectro radioeléctrico. Ante la prensa Bond afirmó: "Hemos vuelto a plantear el tema de Bell South. Si las empresas de tecnología en Estados Unidos y en el mundo ven que hay un problema con una empresa líder como Bell South eso les va a manchar lo que puede ser la imagen que tienen del país"².

Esa ha sido “la vía pacífica”, porque la destrucción de Irak (por las inexistentes armas de destrucción masiva) y su actual “reconstrucción” –igualmente manu militari- ha sido un macizo instrumento estatal para beneficiar a algunas de sus empresas (vinculadas a personeros de los círculos gobernantes). Un informe del consultor senior Bob Fonow ³, sobre la reconstrucción de las telecomunicaciones en Irak, destaca la injerencia del Departamento de Defensa en materias que desconoce, beneficiando a empresas vinculadas con sus personeros, pese a la mejor calidad y precios más bajos que ofrecen empresas chinas.

En fin, lo que le pueda suceder a la competencia en esta peripecia está justificado en la ideología del “destino manifiesto” de Estados Unidos en estos tiempos: “el país que mejor sepa conducir la revolución de la información será el más poderoso [...] [Y] en el futuro previsible, ese país será Estados Unidos”⁴.

A su vez, el mandato fundacional de la National Information Infrastucture (NII) es muy claro: “El sector privado dirigirá el desarrollo de la NII [...] las empresas[son] las responsables de la creación y funcionamiento de la NII” ⁵

En fin, en este contexto el argumento de que las telecomunicaciones debían “abrirse” o sea “privatizarse” por un imperativo tecnológico y de la escala de los capitales, queda subordinado a la “razón del artillero” del poder político militar de la primera potencia mundial. En lo que hace al imperativo tecnológico, el referéndum del 92 y la permanencia de ANTEL en la esfera pública, demostró lo errado de tales argumentos: Un informe de la CEPAL decía, “la asociación entre privatización y modernización no es tan automática, y también se observan importantes procesos de modernización tecnológica en países que no privatizaron el servicio de telecomunicaciones, como Uruguay y Costa Rica”⁶ (En el 2006, Costa Rica hubo de privatizar sus telecomunicaciones para incorporarse al CAFTA, el TLC de Centroamérica con Estados Unidos).

La participación sindical

Quienes defienden la apertura de ANTEL construyen el axioma sindicato=corporativismo=defensa del monopolio de las telecomunicaciones.

En su nota de 13-12-09, Santiago señala que “…la corporación SUTEL ….nunca tiene en cuenta el interés de la propia Antel …ni …tampoco le interesa mantener en alto el interés nacional, …como buque insignia de las corporaciones que siguen siendo una rémora para el progreso del país”.

Sin abrir juicio sobre el contenido, es comprobable que SUTEL hace permanentemente estudios y propuestas estratégicas y defensa de ANTEL. Por ejemplo, en marzo del 2001, SUTEL editó "Impactos sobre Antel de los cambios proyectados en el sector de las telecomunicaciones", estudio y proyección estratégica elaborados por el Ec. Luis Stolovich y el Prof. Claudio Iturra. Posteriormente, ha demandado y conseguido varias instancias de diálogo estratégico con el directorio de ANTEL.

Recientemente, el informe de la auditoría de Price Waterhouse Coopers sobre el Plan Orión demostró las irregularidades y falencias que desde hace años denunciaba SUTEL ⁷, en tanto que en octubre de 2008 presentó el estudio “Elementos para analizar la situación de ANTEL y su viabilidad en el mediano y largo plazo”, financiado con fondos acordados por el directorio de ANTEL, elaborado por el Ec. Antonio Elías.

El 17 de diciembre de 2009, en la Sala Paulina Luisi del Palacio Legislativo, SUTEL presentó un fundamentado Recurso administrativo de revocación contra el decreto 537/2009, elaborado por Dr. Oscar López Goldaracena, mediante el cual el Ejecutivo suprimía el monopolio de ANTEL, ratificado en el referéndum de diciembre de 1992.

En fin, en forma convergente, la Sala de Abogados de ANTEL aprobó por unanimidad el dictamen de 6 de julio de 2009, de 35 páginas, que concluye : “1.- Respecto de las competencias ANTEL recobró las que originariamente le otorgó la norma de creación, el Decreto Ley 14.235, en los términos establecidos en sus artículos 4 y 6, complementados por el artículo 12 de la Ley 16.211, que le confieren la exclusividad en la prestación del servicio público de telecomunicaciones o el monopolio legal de todos los servicios de telecomunicaciones. 2.- En consecuencia la competencia de ANTEL para la prestación de los distintos servicios de telecomunicaciones deriva directamente de la norma legal, por tanto no requiere para su prestación de autorización alguna”.

Last but not least, respecto a las necesidades de las empresas modernas de habilitar la participación de todos los actores que la integran, para potenciar “la inteligencia distribuida”, la propia Constitución en su artículo 65 establece que “la ley podrá autorizar que en los Entes Autónomos se constituyan comisiones representativas de los personales respectivos, con fines de colaboración con los Directores para el cumplimiento de las reglas del Estatuto, el estudio del ordenamiento presupuestal, la organización de los servicios, reglamentación del trabajo y aplicación de las medidas disciplinarias”.

Monopolio de las telecomunicaciones en una empresa mantenida pública y monopólica por la voluntad ciudadana, con altos estándares de calidad y con la posibilidad constitucional de participación del sindicato en las grandes decisiones, son construcciones históricas de los uruguayos.