Red de
Economistas de Izquierda del Uruguay (REDIU)§
Para sorpresa de muchos, el "país productivo" que
comienza a edificarse siguiendo el slogan de la campaña electoral que le permitió
a la izquierda llegar al gobierno, se basa en la inversión extranjera directa
(IED). Contra lo que eran los discursos de otrora en la izquierda, hoy las
ventajas otorgadas por el gobierno al capital foráneo han permitido un fuerte
proceso de extranjerización de los principales recursos del país. En
contrapartida, el control nacional del proceso productivo se pierde y se
cuestionan aquellas decisiones estratégicas que podrían repensar el desarrollo
nacional sobre bases más autónomas.
Este
trabajo busca identificar las aristas más preocupantes de un modelo de
desarrollo basado en la IED y que se presenta como la única alternativa para un
país de baja inversión y de insuficiente ahorro interno. Primero, se recuerda
la evolución de las recetas que sostienen la creencia en esta forma de
desarrollo; luego se presenta el fenómeno de la extranjerización de recursos y
sectores económicos que vienen dándose de forma acelerada en los últimos años;
posteriormente, se resalta el modus operandi de la empresas transnacionales
y, por último, se apuntan alternativas a la inversión extranjera.
Desde la segunda guerra mundial hasta principios de los
setenta las economías de los países centrales vivieron una de las épocas más prolongadas
de certidumbre y estabilidad. La política económica era utilizada para regular
el ciclo económico buscando maximizar el uso de la capacidad instalada y la
estabilidad de precios. El alto nivel de empleo favorecía el consumo de la
producción en masa y el Estado recaudaba lo suficiente para sostener cierto
grado de bienestar de la población.
En los setenta, la prioridad de los
gobiernos se desplazó de la búsqueda del pleno empleo al control de los
precios, los salarios y el déficit público. Luego se sucedieron los procesos de
desregulación de la economía, de privatización de las empresas y servicios
propiedad del sector público (de hecho o de derecho) y de desmantelamiento de
las redes que sostenía el Estado del bienestar.
El fuerte cambio en las políticas
económicas fue producto de una crisis estructural del capitalismo asociada a la
reducción de la productividad y la tasa de ganancia desde fines de los sesenta.
Los cambios tecnológicos aumentaron la capacidad productiva reduciendo el ciclo
de vida útil de maquinarias y productos. Es así que el desarrollo de las
fuerzas productivas entra en contradicción con un mundo fragmentado en mercados
nacionales, y su resolución transitoria se realizan promoviendo acuerdos bajo
la celosa vigilancia de las Instituciones
de Bretton Woods (FMI, BM, GATT primero y OMC después). En tal escenario, se levanta un nuevo orden
mundial que tiene como uno de sus ejes la liberalización comercial
multilateral, mismo que amparó física y legalmente la penetración de las transnacionales
en los mercados globales y eliminó las fronteras económicas nacionales y sus
altos costos de transacción e instalación.
Las empresas transnacionales (ET)
fueron las principales beneficiarias de un mercado mundial, construido a la
medida, donde desarrollan su actividad y explican el gran crecimiento del
comercio (dominantemente entre sus filiales), potenciándose enormemente las
rentas tecnológicas y las economías de escala. Tales empresas explotan todos
los espacios legales en cualquier parte del mundo para conseguir capital,
trabajo y todo tipo de recursos e insumos más baratos apuntando a un triple
proceso de reducción de costos: re-localización de sus plantas productivas;
centralización de sus procesos administrativos y financieros; tercerización de
los aspectos logísticos. Sin olvidar, por supuesto, la conversión necesaria del
poder de mercado en poder político estratégico acorde a sus planes de expansión
y de control de la producción y del comercio mundial.
Se agudizó, en ese marco, la tendencia
dominante de la economía capitalista a la concentración de la propiedad y a las
alianzas estratégicas necesarias, que permiten la expropiación y usufructo
privado de los beneficios del proceso productivo y la libre circulación de los
mismos.
La apertura comercial y financiera,
señalada anteriormente, fue acompañada por cambios institucionales tendientes a
reducir el papel del Estado, siendo la privatización de empresas públicas uno
de los aspectos más notables. El proceso de desregulación afectó fundamentalmente
la relación capital-trabajo acompañado de formas de flexibilización que
buscaron incrementar la tasa de ganancia. Fue la época del desmantelamiento
masivo de las organizaciones sindicales, incluso, en muchos casos apelando a la
coacción física directa de las expresiones democráticas de la sociedad.
En este proceso "las
iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma, la
política comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y
multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta".[1]
Primero fueron las políticas del
Consenso de Washington (CW); luego vinieron las llamadas reformas de segunda
generación que han pretendido expulsar el poder político del ámbito de la
economía; ahora, en la tercera fase de este proceso, la
"neocolonización". Debe entenderse por "neocolonización" la
ocupación física de los territorios para sostener una división internacional
del trabajo que eterniza el histórico papel del continente como proveedor de materias
primas o con poco valor agregado; pero ahora, regresando al saqueo directo que
posibilita la ocupación económica.
En este marco se inscriben los
megaproyectos de la "Iniciativa de Integración de la Infraestructura de
Sur América" (IIRSA), impulsados como complemento del ALCA, pero que se
mantiene como meta en el marco de los tratados binacionales de protección de
inversiones que firman los gobiernos progresistas.
La IIRSA busca unir varios países y
sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos de
comercio a través de un mejoramiento de la infraestructura de transportes,
energía y telecomunicaciones. Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos
y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora,
mayoritariamente en manos extranjeras. Su objetivo esencial es la extracción,
rápida y económica, de nuestros recursos naturales, a la vez, que facilita la
instalación de la llamada "industria sucia".
Implica, además, "el repliegue
del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de
nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos
servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control
de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores
nacionales e internacionales, son los rasgos comunes de esta transformación
histórica".[2]
Lo paradójico es que estos proyectos
y la determinación de diseñar y avanzar en las obras reúne a gobernantes de
diferentes orillas ideológicas.
Más allá de
los programas de gobierno, más allá de las concepciones de economía política,
más allá de la acción de factores endógenos y/o exógenos, más allá de la buena
o mala voluntad de los decidores, más allá de todo esto están los hechos y los
hechos son tozudos.
Se
observa en Uruguay, así como en la región y en resto del tercer Mundo, una
suerte de “neocolonización” que atenta contra la soberanía y modifica radicalmente nuestro entorno.
En nuestro país el proceso de
concentración y extranjerización de los recursos naturales, así como el
traspaso de las industrias -que subsisten- a capitales extranjeros no es cosa
nueva. Lo que preocupa sobremanera es el volumen de los traspasos y la
aceleración de los procesos, con cifras sin precedentes.
2.1.- LA EXTRANJERIZACIÓN DEL AGRO
En los últimos meses se han hecho públicos estudios
realizados por la DIEA-MGAP[3],
sobre los registros de las ventas de tierras. Aquí puede verse que, desde el 1º
de enero al 30 de junio de 2006, cambió de dueño una cuarta parte de la
superficie agropecuaria, 3,9 millones de hectáreas correspondientes a 16
departamentos del país. La consultora SERAGRO estima que esa cifra se elevaría
a cerca del 28% del territorio
nacional, 4,5 millones de hectáreas[4],
si se adicionaran las ventas realizadas en los departamentos de Canelones,
Maldonado y Montevideo (que la DIEA no considero) y las transacciones
posteriores al 30 de junio 2006 hasta mediados del año en curso.
En cuanto a la procedencia de los
compradores, SERAGRO considera que: “una gran proporción de los campos son
comprados por extranjeros: argentinos, brasileños, europeos, estadounidenses,
mexicanos y otros. Algunos son grandes inversores individuales, otros son
grupos empresariales regionales o internacionales. Varios poseen más de 10 mil
hectáreas en propiedad, y alguno llega a las 100 mil. A su vez, grandes
compañías forestales transnacionales son protagonistas del mercado de tierras,
como Botnia, Ence y Weyerhaeuser, que superan las 100.000 hectáreas propias
cada una. Stora Enso busca sumarse al club y hay otras empresas forestales con
superficies igualmente importantes".[5]
La
tenencia de tierras se adquiere –también– por arrendamiento, como ocurre con
cultivos como la soja y el arroz. En el caso de la soja, observamos que la
superficie sembrada pasa en un lustro (año agrícola 2000/01 al 2005/06) de
alrededor de 12.000 hectáreas a 309.100. En el cultivo de soja, se aprecian
“nuevos productores” que controlan el 44% del área de sembrada y el
arrendamiento predomina sobre todas las otras formas de tenencia. Los “nuevos
productores” se caracterizan por “canalizar fondos de fuera del sector,
utilizar y generar empresas de servicios, comprar insumos directos a
importadores y/o fabricantes; trabajar con tecnología `calendario´; son
básicamente agricultores, no diversifican; extranjeros y/o asociados a capital
extranjero; con empresas en otros países de la región".[6]
Y las ventas no se han detenido, los
precios han aumentado con el consiguiente aumento de las rentas, y cunde la
alarma entre los pequeños productores y sus familias que con este panorama ven
amenazada su permanencia en el campo.
Resulta interesante comparar que
desde 1948, año de la aprobación de la Ley 11.029, por la cual se crea el
Instituto Nacional de Colonización (INC) al 31/01/06, un período cercano a los
60 años, se han incorporado al INC poco más de un 2%, 345.091 hectáreas.[7]
2.2.- LA FASE INDUSTRIAL TAMBIÉN SE EXTRANJERIZA
La mayoría de los frigoríficos que faenan más 100.000
cabezas anuales están controlados por capitales brasileros: grupo Marfrig
(Tacuarembó, La Caballada, Elbio Pérez Rodríguez y Colonia), Cater Group
(Carrasco, Las Moras), Carnes Ana Paula de Ernesto Correa (PUL) y Bertin
(Canelones). Estos frigoríficos concentran más de la mitad de la faena
anual y similar porcentaje de las
exportaciones.
Es curioso que no se informe que:
"Hay una fuerte presencia de frigoríficos de capitales brasileños que
tienen antecedentes de colusión en
Brasil, lo que le facilitaría la colusión[8] en Uruguay (incluso se puede
negociar en Brasil). En particular en el caso del Norte del país si Marfrig se
pone de acuerdo en Brasil con Ernesto Correa, toda la zona Norte estaría bajo
un único cartel…[9]
En Brasil, la asociación de productores: presentó dos denuncias contra los
representados (frigoríficos). Una denuncia se debió a que los frigoríficos
estarían ejerciendo abusivamente posición dominante en el mercado. La segunda
denuncia se debió a que estarían adoptando posición comercial uniforme para la
fijación de precios.
Por otro lado al no existir mayores
impedimentos para la exportación de cueros sin procesar, se
calcula que se exportaron mensualmente 20.000 cueros secos o salados y unos
60.000 con procesos mínimos. Según estimaciones del sindicato de curtidores:
esa cantidad de cueros industrializándose en el país significaría trabajo para
varios miles de obreros. El problema fundamental, vinculado a lo anterior, es
la falta de materia prima. El uso de cueros nacionales sólo abastece al 70% de
la producción, importándose cueros de EEUU., Rusia, Brasil y hasta de Chile.
El
Grupo Marfrig, además, está construyendo una curtiembre en Río Grande del Sur
para procesar los cueros que mande desde sus frigoríficos.
A
su vez, también capitales brasileros (CAMIL ALIMENTOS) compran SAMAN, con lo
cual controlan alrededor de la mitad del complejo arrocero. De las cinco
plantas industriales de arroz que operan en el país, una ya era brasileña
mientras que otras dos están en manos árabes e inglesas, quedando sólo con
capitales nacionales la cooperativa COOPAR. SAMAN es la principal empresa, ya
que canaliza más de la mitad de la producción de un sector que ubica al país
entre los primeros diez exportadores mundiales de arroz, gracias a la integración
de la cadena a través del molino exportador y el productor, con adelantos de
aquel al segundo para desarrollar su labor y ajustes posteriores según la
exportación. Esto ha permitido que no se plante arroz transgénico como forma de
acceder a mercados diferenciados.
En
el sector lácteo lideran la producción CONAPROLE, ECOLAT (ex PARMALAT), CALCAR
y PILI. Este complejo se vera agitado con la incorporación de un nuevo
demandante de leche: Laticínios Bom Gosto quien invertirá U$S 30 millones en la
construcción de una planta para abastecer San Pablo y Río de Janeiro desde
Uruguay, además de llegar a México, Venezuela, Estados Unidos y Europa. La
compañía brasileña, originaria de Río Grande do Sul, prevé producir en una
primera etapa leche larga vida y luego planea elaborar otros subproductos.
También
la empresa neozelandesa PGG Wrightson y su subsidiaria NZ Farming System -
Uruguay, adquirieron más de 30.000 hectáreas, para establecimientos lecheros,
que volcarían a la industria con destino exportador.
Por
otro lado, no podemos desconocer la posible inversión de un grupo
norteamericano, GENERAL MILLS —que es la tercera potencia a nivel mundial en
productos alimenticios—, en San José. Tal grupo, si se concretara, tendría
miras de instalar una planta de caseína para la exportación, lo que desataría
seguramente una guerra para capturar productores de leche, y por supuesto, la consabida desestabilización del abasto del
mercado interno.
Al
existir en Uruguay un régimen de libertad total de precios, el juego libre de
oferta y demanda lleva a que los precios internacionales crecientes impacten a
los precios internos. A su vez, ante el modelo de crecimiento económico
recostado fundamentalmente en las exportaciones de commodities que sigue el país, el monto de las ventas y los precios
internacionales que presionan, llevan a que el mercado interno deba soportar un
desabastecimiento o un incremento fuerte de precios.
Sin
ser agroindustrial, pero si parte de nuestros recursos naturales, la pesca,
también se encuentran en la mira de las trasnacionales. Trascendidos públicos
han indicado que los capitales interesados en FRIPUR provienen de Estados
Unidos, y que actualmente se está realizando un proceso de auditoría para
conocer de cerca los números y la realidad del frigorífico pesquero. Junto al
grupo económico SETTIN, FRIPUR posee el 54% de los barcos que pertenecen a la
flota pesquera industrial Categoría A, cuya especie objetivo es la merluza.
FRIPUR pesca básicamente merluza, que luego procesa y vende sobre todo al exterior.
Tiene 280 tripulantes y unos 2.000 empleados en su planta.
2.3.- OTROS
SECTORES
El Sector
Financiero si bien es cierto que no integra directamente la cadena agro
–industrial sí cumple un papel de primer orden en el funcionamiento de la
misma. En este sector la extranjerización se produjo desde hace décadas,
quedando actualmente con estas características generales. Los bancos privados
desmantelaron su sistema comercial, quedando en un nivel mínimo, e
imposibilitando líneas reales de créditos al desarrollo.
Al
mismo tiempo construyeron en su entorno grupos financieros (SEGUROS, AFAP,
tarjetas de crédito, compañías de inversión, financieras usurarias, cambios,
etc.) para atender con menos controles negocios que contravienen normas legales
o que están al margen de las mismas.
Así
lo que ha sucedido es que la “plaza financiera” se ha transformado en plaza de
“transferencia” de recursos económicos nacionales genuinos al exterior (U$S
6.000 millones de dólares depositados en el exterior por ahorristas uruguayos
en la actualidad). Paralelamente se minó a la banca nacional (BROU, BHU, BCU).
Además
se pierde soberanía alimentaria en un contexto donde los principales rubros
agro–industriales se encuentran fuertemente demandados. El proyectado "Puerto de La
Paloma", que se mantuvo en estricta reserva durante años, y las
megaplantas de celulosa se inscriben en ese marco.
Nuestro país se desangra. El año
pasado migraron miles de uruguayos, en su gran mayoría jóvenes, lo cual
compromete el futuro de todos los orientales, cada vez tenemos una sociedad más
envejecida. ¿Quién no tiene parientes o amigos
en el exterior? El panorama es desolador y es urgente dar una
respuesta.-
A
pesar de la gravedad de esta situación, jerarcas del MEF y el MIEM han
sostenido que el Estado no debe inmiscuirse en “negocios entre privados”,
mientras que desde sectores políticos del Frente Amplio y el MGAP se ha
sostenido la “preocupación” por este tema, e incluso se han adelantado algunas
propuestas legislativas respecto a la tenencia de la tierra en la frontera con
Brasil. Sin embargo, es necesario ir más a fondo, un punto de partida
interesante podrían ser las resoluciones del IX Congreso al respecto.
Un
documento del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales que
analizara las tendencias, determinantes e impactos de las IED y las
transnacionales en el Uruguay ya concluía lo siguiente: “El incremento de la
IED implica un avance significativo de las ET dentro de la estructura económica
uruguaya. Las ET pasan a controlar un 38% de las ventas de las mayores empresas
del país, incrementando su participación en casi todos los sectores. Mientras
que en 1990 sólo eran mayoritarias en dos sectores, en 1998 controlan más de la
mitad de las ventas en siete sectores. Simultáneamente, y aunque en menor
proporción, las ET también incrementan su presencia en los flujos totales de
comercio exterior de la economía uruguaya, desde un 26% a un 30% de las
exportaciones, y desde un 22% a un 24% de las importaciones, entre 1992 y
1998".[10]
Dado lo expuesto en el apartado anterior, es posible afirmar que este fenómeno
se ha incrementado generando una acumulativa desnacionalización del comercio
exterior.
En
esta etapa las Empresas Transnacionales (ET) (sin importar la bandera) no se
conforman con controlar las industrias estratégicas y nuestros servicios. Ahora
vienen a enseñorearse de nuestros Recursos Naturales (tierra, agua, diversidad
biológica y minerales) con una serie de características comunes.
En
primer lugar tratan de controlar la totalidad de la cadena y/o complejo
productivo (integración vertical) y no se conforman con tener la fase
industrial, sino también parte importante de la tenencia de la tierra (por
compra, por arrendamiento, por concesión, etcétera), y todas las otras fases
hasta llegar a las góndolas donde las adquiere los consumidores, no
precisamente uruguayos. Por supuesto, algunas de estas fases –las que conforman
el núcleo duro del complejo– no se encuentra en el país. Así que seguiremos
exportando commoditties, materias
primas con el mínimo procesamiento. Seguiremos exportando la carne y otros la
procesaran, exportaremos celulosa, pero no papel, y saldrá la soja también sin
procesar, ¿no será posible y deseable cambiar esta historia?
En segundo lugar, cada ET trae su
“paquete tecnológico”, en muchos casos más depredadores de los recursos
naturales que aquellos utilizados en el primer mundo, aumentan la dependencia
externa de nuestros países, y expulsan y desarraigan a las familias del campo.
Se apropian de los bienes sociales, atentan contra la soberanía alimentaria y
desconocen la deuda social y ambiental que provocan.
En
tercer lugar, no generan empleo permanente y menos calificado, el empleo sólo
se dinamiza en los momentos iniciales de instalación y construcción de
infraestructura (fábricas, puertos, caminería de acceso, etc.) o cuando las
condiciones laborales hacen más económico utilizar mano de obra poco calificada
y no sustituirla con maquinaria que se encuentra disponible en el mercado y que
normalmente se utiliza en las metrópolis.
En
cuarto lugar, como lo indica la misma CEPAL[11]
la Inversión Extranjera Directa (IED) no es, por sí misma, un elemento
positivo, y como el mismo Furtado[12]
lo ha destacado, es muy difícil compatibilizar los objetivos de desarrollo
nacional de un país con los anhelos particulares de las empresas extranjeras,
mismas que son sensibles a cambios en la rentabilidad internacional o a
reestructuraciones estratégicas lejanas a intereses en clave nacional.
En quinto
lugar, porque las Empresas Transnacionales imbrican la arquitectura de la globalización
neoliberal (OMC y sus promocionados TLCs, las IFIs y sus condicionalidades,
cambios en constituciones nacionales) con las oligarquías nacionales conjugando
así el poder de mercado con el poder político.
En
sexto lugar, porque estos emprendimientos se realizan luego de haber obtenido
las máximas garantías para sus inversiones (tratados, OMC) y todas las
facilidades y ventajas (zonas francas, exoneraciones, etcétera) que los
gobiernos que impulsan les otorgan, y que a cambio obtienen resultados
macroeconómicos de flujo, que no satisfacen ni las necesidades de la gente, ni
el patrimonio del país del cual saquean los recursos.[13]
En séptimo lugar, porque además de
los beneficios económicos, muchos conflictos de intereses no se resuelven en el
marco nacional, sino en tribunales internacionales como el CIADI (Convención
Internacional de Acuerdos de Inversiones). Acuerdo que Uruguay firmó en el año
2000. Se genera así un neo-constitucionalismo, que privatiza la justicia y dota
de impunidad a las trasnacionales.
En
octavo lugar, porque dos tercios del comercio internacional, según el
Observatorio DESC (Derechos Económicos, Sociales y Culturales), ocurre entre
empresas transnacionales. Y por si fuera poco, la mitad de ese volumen
comercial se realiza al interior mismo de las grandes empresas (o sea entre
filiales de las trasnacionales que se conoce como comercio intrafirma).
En
noveno lugar, porque las transnacionales no están obligadas a reinvertir en el
país, ni siquiera generan conocimiento que pudiera implicar alguna difusión y
aprendizajes por parte de empresas locales.
En décimo lugar, atentan contra la
humanidad toda, ya que en el marco de una política neoliberal a ultranza que
tiende a desentenderse de la responsabilidad social, las transnacionales se han
convertido en las líderes del libre comercio, oponiéndose a cualquier
regulación de sus actividades en todo el planeta.
Las
Empresas Transnacionales han desembarcado en nuestro país en forma
indiscriminada y se apoderan de tierras e industrias sin que nadie les ponga
límite. Mientras se conservan las disposiciones que benefician el saqueo del
nuestro patrimonio, se legisla criminalizando la ocupación de tierras a
familias en estado de necesidad. Todo, bajo el supuesto que no existe
alternativas a la inversión extranjera, cuestión que en el apartado siguiente
trataremos de desmitificar.
A pesar del autismo tecnocrático y la popularización de la
expresión tatcheriana de que no existen alternativas, éstas están y la dinámica
de los pueblos las producen todos los días. Se nos ha dicho insistentemente, y
la realidad uruguaya es un buen ejemplo, que el ahorro interno es insuficiente.
Por lo tanto, la IED se convertiría en el discurso dominante como la única
opción para el financiamiento del desarrollo. No obstante, tales flujos de
inversión, sólo en un mínimo porcentaje viene a la región, a pesar que los
gobiernos (indistintamente de su signo ideológico) les brindan la prerrogativas
más insólitas.
Actualmente, y como se ha visto,
comienza una nueva estrategia de la IED que implica el control de importantes
recursos (tierra, agua, diversidad genética, minerales, alimentos, energía,
etc.). Atiéndase que el control estratégico no necesariamente pasa por la
propiedad, si bien ésta parece ser la modalidad de algunas empresas en la
actual fase 'neocolonial' donde la economía uruguaya se inserta.
Los recursos financieros de IED
podrían obtenerse igualmente con una gestión diferente de la política económica
y de una planeación estratégica del desarrollo nacional.
Primero, de los recursos que se
disponen al pago de intereses de una deuda externa que, hasta ahora, su
legitimidad no es posible probar, debido a la falta de una auditoría que así lo
certifique. Aquí, como allá y acullá en el mundo pobre, las deudas se han
utilizado con propósitos de moralidad discutible; desde su utilización en
gastos improductivos que alentaron corruptelas y mafias que controlaron
información y traficaron con privilegios, o financiaron ejércitos de ocupación
que humillaron a los ciudadanos. Una moratoria determinada, tal el ejemplo de
Argentina, sentó las bases de una acumulación originaria que permitió resurgir
de la crisis de forma dinámica y prometedora, bajar los niveles de
endeudamiento y reformular una economía sobre bases nacionales.
Segundo, la re-localización de la
producción llevada a cabo por las empresas transnacionales se hacen en base a
expectativas de sobreganancias, como lo han demostrado Melazzi & Yohai para
el caso concreto de Botnia.[14]
Por lo tanto, nada justifica que las inversiones de tales empresas se radiquen
en zonas francas, liberadas de impuestos. El diferencial de ganancias respecto
al que lograrían en sus lugares de origen, la libertad de movimientos, la
infraestructura aportada por el Estado (y a cargo de la sociedad), desde los
puertos naturales hasta las rutas, sin olvidar el apoyo de los gobiernos y los
recursos de que disponen, todo ello suma un conjunto de ventajas que ningún
impuesto podría neutralizar.
Tercero, un impuesto a la
exportaciones de productos (detracciones), ya sean de empresas nacionales o
extranjeras, en especial aquellas exportaciones de bajo nivel agregado, logrando
así montos importantes para la inversión pública, misma que a su vez, generaría
un círculo virtuoso de mayor empleo y mayor inversión.
Cuarto, es posible alentar un
impuesto a la renta que se proponga rescatar para el desarrollo nacional parte
de las rentas leoninas que obtienen la grandes empresas transnacionales. Se
abriría, con ello, una posibilidad para la creación de nuevos sectores, una
diversificación económica necesaria basada en otros agentes de desarrollo,
quizás cooperativas, asociaciones de obreros, etc..
Quinto, el control a la entrada de
capitales, se podría legislar sobre la reinversión de las ganancias, de este
modo podría involucrar a las empresas ya sean nacionales como extranjeras con
objetivos de desarrollo nacional que implican plazos mayores y sectores
estratégicos.
Sexto, los fondos jubilatorios de
los trabajadores son una opción interesante para impulsar el desarrollo
nacional, no obstante, para ello será menester repensar (re-reformar) los
sistemas de previsión social, regresando otra vez al control nacional y a los
sistemas solidarios que sólo pueden operar en el ámbito de lo público. Así se
alentaría a dichos fondos a la inversión productiva, con incentivos
particulares y con legislación acorde, muy diferente de la legislación actual
que los obliga a comprar papeles de deuda pública, para financiar al Estado (o
a las estrategias de endeudamiento de los gobiernos de turno).
Séptimo, es necesario la creación de
Bancos de desarrollo que busquen captar el ahorro interno y las remesas que
llegan al país provenientes de los emigrados para direccionarlos con los
objetivos del país productivo. Según datos del BID Uruguay recibió sólo de
remesas el pasado año un 2,5% de su producto, mismas que mayoritariamente
vienen a completar el consumo doméstico de connacionales o bien a gastos
improductivos como formas de reserva de valor (propiedades, tierras, etc.);
capital que podría captarse para ampliar la acumulación productiva con un
sentido estratégico. Ese quizás es el papel de los bancos de desarrollo, que a
su vez, deberían estar fuera de la competencia financiera local e
internacional, y lograr gastos de funcionamiento menores y una eficiencia mayor
que los estructurados bajo la lógica de la ganancia privada.
Octavo, es posible caminar a un
sistema tributario que grave la riqueza acumulada, los flujos especulativos y a
la utilización no deseable de los recursos, como así volver a impuestos que
implique un sistema de incentivos y castigo para los que no persigan o no
alcancen la frontera productiva sectorial. Ya Uruguay tuvo desde antaño un
impuesto a la productividad media exigida, cuestión que debería repensarse bajo
un esquema de planeación económica y sectorial del país.
Noveno, se debe perseguir de forma
activa la evasión fiscal en todas sus formas, a la vez, que la recuperación de
los créditos otorgados, y los morosos o llamados deudores contumaces. En este
caso, las autoridades de los gobiernos uruguayos han sido permisivas ante
fraudes de banqueros, lerdos en perseguir y cobrar en los distintos ámbitos
donde el Estado otorga dineros.
Décimo, es necesario recuperar
algunos sectores privatizados, explícita o tácitamente privatizados, es
importante volver a ejercer el control nacional de los recursos, naturales,
financieros y la capacidad de planear el futuro.
La inversión extranjera no es ni un
"dios" ni un "mesías, tampoco un "demonio" por sí
misma, ni resulta la culpable del "no desarrollo" nacional. La inversión extranjera es un recursos
importante, siempre y cuando su participación no implique relegar soberanía, no
desaloje a los productores nacionales, en cuanto contribuya con objetivos
preestablecidos y en la medida que socialice sus procesos de investigación y
desarrollo. Es posible entonces, que la inversión extranjera tenga un lugar en
una estrategia de desarrollo nacional, como también que participe del
financiamiento estatal y de los costos sociales y ambientales del proceso
productivo, y, que aporte a un reparto adecuado de sus beneficios asumiendo su
cuota parte de responsabilidad a la hora de redistribuir las cargas en la
sociedad. No obstante, la institucionalidad actual que cobija los flujos de
inversión, los tratados de protección reciproca de tales inversiones, las zonas
francas y las definiciones de los gobiernos actuales no parecen ser
instrumentos adecuados para esos fines.
CONCLUSIONES
Desde distintos sindicatos (frigoríficos, curtidores,
vestimenta, etcétera), los trabajadores mismos ya perciben que el ingreso
masivo de capitales extranjeros deteriora las relaciones laborales, que se
reduce el trabajo (menos cueros para procesar por exportación de materia
prima). A su vez, los trabajadores del campo, ven como día tras día, se
despuebla la campaña, se deterioran suelos y acuíferos, con costos de
recuperación elevadísimos, afectando el patrimonio de las futuras generaciones.
Baste
compartir una vivencia. En una reunión realizada en la localidad de El Carmen,
en el corazón del país, aspirantes a colonos discutían el empuje de la
concentración y extranjerización de la tierra, cuestión que todos percibían,
cuando una humilde paisana exclamó: “Hay que topear, porque si no topeamos… nos
quedamos sin patria”. Huelgan comentarios de la claridad conceptual de la
señora ante una realidad que golpea los sentidos.
Las decisiones económicas se ubican
cada vez más fuera del país, se trasladan ahora a los escritorios de los
directivos de las transnacionales; sin embargo, el gobierno se alegra porque
ingresan inversiones extranjeras.
Tales inversiones, tienen poco de
estratégicas y en su mayoría nada tienen de "nuevas", pues en los
casos dominantes se trata de un simple cambio de propietario de empresas
existentes, generando un proceso de concentración de la propiedad que no
contribuye tampoco al desarrollo de un Uruguay productivo, con justicia social
y profundización democrática. La ganancia de unos pocos predomina por sobre el
interés nacional y las necesidades de la mayoría, mientras que el Estado es
prescindente ante lo que denomina "negocios entre privados". Esta "prescindencia"
estatal es la esencia del neoliberalismo.
Esta nueva situación se ubica en el
proceso de la expansión capitalista que comienza en los primeros años de la
década de los setenta y que redefine la división internacional del trabajo
asignando un papel muy específico a América Latina como proveedora de recursos
naturales. Es la "reconquista" de América.
La situación es descripta por
Eduardo Galeano con meridiana claridad: "Según la voz de mando, nuestros
países deben creer en la libertad de comercio (aunque no exista), honrar la
deuda (aunque sea deshonrosa), atraer inversiones (aunque sean indignas) y
entrar al mundo (aunque sea por la puerta de servicio)".
Esta estrategia que no surge, ni
forma parte del programa del FA contradice décadas de lucha del movimiento
popular y las finalidades del Uruguay productivo. No es posible construir una
nueva sociedad manteniendo fundamentos del modelo neoliberal y profundizando la
extranjerización económica. No se puede ir hacia el Sur y hacia el Norte al
mismo tiempo.
Melazzi y Yohai se preguntaban
"¿Seguirán siendo sólo los extranjeros los que decidan nuestras líneas de
desarrollo? ¿No habrá llegado el momento de evaluar a fondo las zonas francas,
esa “extraterritorialidad” o “agujeros de soberanía”? ¿Qué beneficios les seguiremos
ofreciendo, y a cambio de qué?"[15]
Hoy, a más de cuarenta años de aquel
Congreso del pueblo uruguayo que constituyó un programa popular para enfrentar
la expansión capitalista, ahora en su fase "neocolonial", deberíamos
reeditar tales estratégicas. En 2007, es la retórica progresista la que
malvende el patrimonio nacional y se enamora de los TLCs (esas herramientas
actuales del imperialismo) la que debemos anteponer una imprescindible
respuesta nacional, popular y democrática que apunte a un horizonte socialista.
Para ello, debemos alentar un debate público imprescindible, convocando a todos
los actores de la economía, nacionales o extranjeros, pero bajo la égida
indeclinable del control nacional que un Estado democrático debe ejercer,
quizás, el 2do. Congreso del Pueblo esté llamado a ser un paso en tal
dirección.
§ Este trabajo fue elaborado por Rubén Elías y Oscar
Mañán, con la colaboración de Antonio Elías. Ruben Eías es Ing. Agrónomo, prof.
…. Oscar Mañán es Dr. En Estudios del
Desarrollo, prof. efectivo de tiempo completo en el Centro Regional de
Profesores de Florida, prof. adjunto de Economía de América Latina de la
Facultad de CCEE y ADM.-UDELAR y asesor de la COFE.
[1] Comunicado
de la Comunidad Andina de Naciones, Lima, 23-11-2004.
[2] Informe del
BID sobre Progreso Económico y Social, 2002: "Más allá de las fronteras:
El nuevo regionalismo en América Latina", 2002.
[3] DIEA-MGAP,
Dirección de Estadísticas Agropecuarias, dependencia del Ministerio de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
[4] “El País
Agropecuario”, Montevideo, 26 de setiembre de 2007.
[5] “El País
Agropecuario”, Montevideo, 26 de setiembre de 2007.
[6] “Globalización, Medio Ambiente y Agricultura: El caso del cultivo de soja y la forestación en el MERCOSUR”, Pedro Arbeletche, Facultad de Agronomía, UDELAR.
[7]
“Construcción de Políticas de Tierra, Colonización y Desarrollo en Uruguay”,
PIT-CNT, UDELAR, INC. Departamento de Publicaciones de la UDELAR, Montevideo,
2006.
[8] La palabra
colusión se entiende como acuerdos de precios explícitos o tácitos.
[9] “Programa
de apoyo de la Competencia y del Consumidor-Tercer informe de consultoría
Características de la competencia en el mercado de carne bovina”, Juan Manuel
Murguía. Ministerio de Economía y Finanzas - Dirección General de Comercio,
Julio 2007.
[10] Bittencourt, G. & Domingo, R. (2000). “Inversión Extranjera Directa y Empresas
Transnacionales en Uruguay en los 90, Tendencias, determinantes e impactos”,
Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.
[11] CEPAL
(2002). Globalización y Desarrollo, Santiago: CEPAL.
[12] Furtado, C. (1986). “La estructuración de la economía
internacional”, en Celso Furtado, La
concentración del poder económico de Estados Unidos y sus reflejos en América
Latina, Centro Editor de América Latina, p. 25-61.
[13] Este es un círculo vicioso que se repite, los
gobiernos desregulan, liberalizan, privatizan y obtienen a cambio una
certificación que se objetiva en el "grado de inversor". Tal
certificación, les abre las puertas a la inversión extranjera y es el certificado
que desencadena el proceso que volverá a exigir, mayores prerrogativas, menos
regulación, mayores libertades y nuevas ofertas del patrimonio nacional.
[14] Melazzi, G. & Yohai, W., "¿Cuánto ganará botnia?" Brecha,
2-11-2007.
[15] Melazzi & Yohai, ob. Cit.