Sin ética, no hay política
ANTONIO ELIAS (*)
En lo que va del presente año han sido
cuestionadas diversas personas relacionadas con la izquierda por incumplimiento
de reglas jurídicas, administrativas y éticas. Entre otros, un senador de la República que dejó de serlo
y un ex jerarca de la
Intendencia Municipal de Montevideo que ostenta un cargo de
confianza en el Poder Ejecutivo Nacional. Los dos casos tienen un denominador
común y una notoria diferencia. Lo común es que hubo
notoria violación de reglas, la diferencia es que un caso fue resuelto buscando
preservar los principios y valores que son la razón de ser de la acción
política y el servicio público, y, en el otro caso, han predominado otras
concepciones, básicamente las que han sido tradicionales en nuestro sistema
político: para los amigos todo, para los demás la ley.
Uno. Leonardo Nicolini, siendo senador de la República, fue al Hospital
Maciel a ver a un urólogo, le hicieron una tomografía y le recomendaron una
intervención quirúrgica. El senador fue operado en el Hospital Pasteur el
5/12/06. Nicolini recibió un carné de salud destinado a las personas de bajos
ingresos, tradicionalmente llamado de "pobre". Tratando de mitigar el
error cometido y las posibles consecuencias del mismo, se hizo intervenir a una
abogada, se devolvió el carné de "pobre", se obtuvo otro carné (para
ingresos mensuales menores a $ 18.500) que tampoco correspondía, se pagó la
tomografía y la operación.
El semanario Búsqueda hizo público el tema el
1/02/07. El Movimiento de Participación Popular (MPP), sector por el que fue
electo Nicolini, le pidió de inmediato la renuncia. Nicolini acató lo
solicitado y entregó su banca, es justo decir que no estaba obligado
jurídicamente a hacerlo. La renuncia cerró el caso en lo político
institucional. El daño a la sociedad fue muy bajo en lo económico, pero puso en
cuestión la ética de los políticos en general, de la izquierda en particular, y
los criterios que se utilizan para elaborar las listas de candidatos. El daño
no fue nada menor.
Dos. Juan Carlos Bengoa es acusado, junto con sus
asesores, de graves irregularidades en su gestión de los casinos de la IMM. Actualmente Bengoa es
titular de la Dirección
General de Casinos del Estado y su ex asesor, González,
director de Loterías y Quinielas. El 25/10/06 el Tribunal de Cuentas (TC)
difundió el Informe de Auditoría en el servicio de Casinos que la Junta Departamental había
pedido casi un año antes. El meollo de las irregularidades se da en la gestión
de las máquinas tragamonedas arrendadas, en muchos casos por adjudicación
directa y con plazos que llegaron hasta los 66 meses. El problema se profundiza
con los contratos de mantenimiento de esas mismas máquinas: "La comuna ha
abonado por dicho concepto por mayor cantidad de slots que los existentes en la
totalidad de Casinos". El semanario "Brecha" denuncia (13/4/07),
en forma muy documentada, una presunta serie de vínculos personales y
familiares entre los asesores de Bengoa, Orestes González y José Luis Antúnez, y los directores de las empresas contratadas por la IMM para el arrendamiento de máquinas
tragamonedas.
El informe jurídico de la IMM asegura que se violaron los principios
de veracidad, publicidad, igualdad de oferentes, concurrencia y transparencia
establecidos en el Texto de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), lo que genera "una importante irregularidad
que inhabilita los debidos controles y genera un marco de sospecha sobre la
contratación". También se asegura en el informe que las razones de
"urgencia y exclusividad" esgrimidas por el ex director municipal
para justificar la contratación directa no se ajustan a la realidad, en "violación"
del artículo 33 del Tocaf. También se constata que se
hicieron remodelaciones en el Casino Parque Hotel, bajo la modalidad de
donaciones de las empresas privadas que arriendan máquinas para los casinos,
las que no fueron registradas adecuadamente.
En los descargos, Bengoa trata de probar que
actuó bajo las órdenes y/o con autorización del ex intendente y actual ministro
de Vivienda, Mariano Arana, el cual habría tenido, en ese caso, el rol
protagónico: "Si se analiza desapasionadamente la voluminosa prueba resulta
claro y sin lugar a dudas que el mismo lo tuvo el ejecutivo comunal en la
persona del intendente". (1) La IMM
envió a la Justicia Penal
(17/4/07) la investigación administrativa realizada para indagar las pérdidas
de casi 16 millones de dólares que se dieron en los Casinos Municipales.
Tres. La Federación Nacional
de Trabajadores del Juego acusó a Bengoa, por "haber faltado a la
verdad" en sus declaraciones, y responsabilizó a González de actuar
"con favoritismo hacia los juegos privados". Denuncian que con la
anuencia de las autoridades se estaría conformando "un pool gigantesco de
agentes privados" para manejar el juego en todo el país y
"privatizar" en el interior. Indicaron que tras cerrar la sala de
juego en Colonia, Bengoa habilitó un emprendimiento privado en el que uno de
los empresarios intervinientes es el mismo que participó en la empresa Carmitel
SA, ex concesionaria del Hotel Casino Carrasco. La Mesa Representativa del
PIT-CNT, el 21/III/07 exigió, por unanimidad, la "inmediata remoción de
sus actuales cargos de los responsables, ya sea por acción u omisión, Bengoa y
González". A la vez reclamó "la cristalinidad y la transparencia en
la gestión, así como la ética en el ejercicio de la función pública".
Cuatro. El caso de Bengoa ha tenido un tratamiento
bien diferente al de Nicolini. Pese a las múltiples pruebas de irregularidades
presentadas por el Tribunal de Cuentas y la Comisión Investigadora
de la IMM, las acusaciones
y el pedido de remoción que plantea el movimiento sindical y las denuncias de la
prensa contra Bengoa, la fuerza política a la que pertenece, Asamblea Uruguay,
lo respalda plenamente. El ministro Astori dice y repite que "una regla
fundamental en materia de inversión es tener respeto por las reglas de juego y
mantenerlas" (2), pero por otro respalda a quien, según la documentación
existente, falseó mecanismos de contratación, eligió inversores a dedo y luego
pidió "donaciones", que no fueron adecuadamente registradas, para
hacer reparaciones.
Muy distinto es el mensaje del senador Víctor Vaillant: "Un funcionario del Estado, que tiene un
cargo de confianza política, no sólo debe ser transparente en el ejercicio de
su función, sino que además debe parecerlo y demostrarlo, y si un día deja de
parecerlo se tiene que ir, porque daña el prestigio de la actividad
pública". (3) No puede haber política de izquierda, ni habrá modelo
económico alternativo, sin cristalinidad, transparencia, espíritu de servicio,
solidaridad y ética. *
(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (REDIU)
(1) “Brecha”, 27/IV/07.
(2) “El País”, 3/12/04.
(3) “La República”, 20/II/07.
Publicado en la
contratapa de “La República”, 6 de mayo de 2007.