La unidad económica regional a prueba por el conflicto
de la celulosa
Debilidades, más
que fortalezas comunes
Las particularidades y
peripecias del conflicto por las plantas de celulosa no deberían ocultar que
está en juego un dilema: la profundización de la disputa por atraer inversiones
externas compitiendo en un “sálvese quien pueda” que puede conducir a
insospechados enfrentamientos
regionales, o la apuesta a un proyecto regional soberano. Antonio
Elías (*)
Jorge
Marchini (**)
El conflicto por la instalación de las plantas de celulosa
sobre el río Uruguay desvela y enfrenta a nuestros países. La tensión sigue en aumento y, en medio de
la creciente agitación que se vive en ambas orillas, resulta natural preguntarse: ¿se trata sólo de un conflicto puntual explicado por la
magnitud de las inversiones e intereses
en juego? ¿Es esta una disputa que demuestra la inviabilidad actual del MERCOSUR, el mayor proceso de
integración y complementación económica regional puesto en marcha en
Latinoamérica?
Por lo pronto, llama la atención que existiendo tanto en
Argentina como Uruguay gobiernos
denominados, en una imprecisa definición común, de centroizquierda, que han definido en forma permanente su
vocación común prioritaria hacia la “unidad latinoamericana”, nos
encontremos en un estado de crisis y
tensión de enorme seriedad. Las
respuestas “chovinistas” han estado a la orden del día, acicateadas por los
sectores más conservadores, tanto de la “nueva izquierda” como de la vieja
derecha.
Las autoridades de Argentina y Uruguay habían reafirmado
“el espíritu y la voluntad de diálogo”
y el reconocimiento de la importancia de los estrechos vínculos históricos, lo
que se expresó en el preacuerdo de Santiago de Chile (levantar los cortes y
suspender las obras por 90 días) pero el rechazo unilateral de la empresa
finlandesa Botnia impidió que continuara el proceso de negociaciones y la
relación bilateral parece marchar a un callejón sin
salida.
Las condiciones, exigencias y presiones de Botnia, que cuenta con el respaldo del gobierno
finlandés y la Unión Europea,
impidieron un proceso de negociación, lo que demuestra hasta que punto
son inconveniente para nuestros países los tratados de protección reciproca de
inversiones.
NOSOTROS Y ELLOS ¿PERO
QUIÉN ES QUIÉN? Una
creciente manipulación chauvinista puede hacer aparecer el conflicto por “las papeleras” como insuperable. El clima de antagonismo es fogoneado,
en ambas orillas, por aquellos que representan los intereses económicos de los
sectores dominantes, que esperan favorecerse en un nuevo proceso de
balcanización de América Latina, y a la vez, es favorecido por irresponsables
dirigentes “progresistas” que no miden los costos culturales e ideológicos de
sus afirmaciones.
A no engañarnos, lo que realmente organiza el alineamiento
de en ambas orillas de banderas. La confrontación no debe ser asimilada y
azuzada irresponsablemente como si fueran pasiones futbolísticas entre
rioplatenses, Se trata ni más ni menos que de una polémica generada
por la radicación de empresas transnacionales con un correlato de consecuencias nacionales
y disputas intrarregionales políticas, económicas y sociales trascendentes.
Son dos los aspectos ordenadores de referencia
real en debate: por un lado, la defensa u oposición a la expansión del
modelo capitalista que se expresa en la penetración de nuestros mercados por
las empresas transnacionales; por otro lado, la defensa de las fuentes de
ingreso, tanto de los trabajadores como de los empresarios, implicados en este
proceso.
Los gigantescos proyectos
de procesamiento de materia prima con masiva utilización de recursos
naturales y productos químicos en un
área común, el río Uruguay, generan, efectos multiplicadores sobre el empleo y
la actividad económica en el lado
uruguayo y, como contrapartida, efectos, mayores o menores, sobre el medio
ambiente que afectarán negativamente otras actividades productivas radicadas en
ambas orillas, como el turismo.
Los mecanismos utilizados por los dos gobiernos para imponer
sus posiciones no han respetado el marco institucional. No lo hizo Uruguay, al
incumplir el tratado del río Uruguay, y tampoco Argentina, al impedir el libre
transito en puentes internacionales.
Los actuales caminos de confrontación, no permiten avanzar
hacia una proclamada “imprescindible unidad latinoamericana” sino que, por el contrario, forman parte de
un proceso de rebalcanización. Si las disputas específicas por “ganar”
inversiones del exterior llevan a la competencia/pelea por definir cuál es el país que da mayores ventajas y beneficios
al capital extranjero - bajos salarios, zonas francas, exenciones impositivas, garantías de inversión y menores controles
al movimiento de capitales o a las características de los emprendimientos
productivos-, no es temerario afirmar
que el
destino que espera América
Latina es el de la postración y la resignación a los hechos consumados, el
aumento de la dependencia y la
creciente multiplicación de conflictos entre sus naciones.
Un tema central, para una posible negociación y acuerdo, es
la evaluación de las externalidades, positivas y negativas, que generan estas
inversiones extranjeras, las mayores de la historia reciente de Uruguay. Esto
conlleva necesariamente, la creación de mecanismos de compensación a los
sectores perjudicados de ambos países y/o una
mejora sustancial de la tecnología de producción que reduzca las
externalidades. El financiamiento de lo cual deberá tomar en cuenta
necesariamente, las asimetrías de las economías involucradas.
ENTRE EL NEOLIBERALISMO Y LA
ORTODOXIA ECONÓMICA.
Sin duda luego de los altísimos costos sociales y económicos
de la desastrosa oleada “neoliberal” parecía que la confianza casi infantil en
las recetas del “Consenso de Washington” -apertura, desregulación y
privatización- habían quedado atrás. Sin embargo, el Fénix vuelve redivivo
Aquel principio -en su momento presentado como inexpugnable-
de “absoluta confianza en el libre mercado”, ya instalado en las dictaduras militares, no ha quedado en el olvido en sucesivos gobiernos
civiles electos. No han bastado las crisis de nuestras sociedades y los
sufrimientos de los más desposeídos, que han tenido y tienen que asumir los durísimos
costos del desbarajuste que conllevó
una evasión masiva de capitales, gigantescos negocios especulativos y niveles
de corrupción inéditos.
Aunque muchos dirigentes y referentes de opinión no hablen
más, en nuestros países, en los mismos términos que en los dictatoriales y
catastróficos setenta, la “década perdida”
de los ochenta o los “felices años noventa” de crecimiento con
exclusión, sigue presente una lógica predominante de espera, condicionamientos
y subordinación a los intereses del gran capital y operadores multilaterales.
Por lo pronto, debe reconocerse que existe una cada vez más
notoria y grosera distancia entre, por un lado, la necesidad y expectativa de
los pueblos por modificar una realidad oprobiosa y, por otro, las políticas
económicas que se implementando en nuestros países Se repiten promesas de “prioridad social y productiva”, pero
continúa el asistencialismo -llamase “Plan de Emergencia” o “Plan Jefes y Jefas
de Hogar”- mal tapando la brechas, la exclusión y la segmentación social que
genera la falta de fuentes de trabajo genuinas.
En nuestros países,
las instituciones y condiciones
económicas, tanto en períodos de crisis como de expansión, siguen favoreciendo la concentración del
ingreso y crean condiciones para excluir una buena parte de las
poblaciones. Siguen vigentes los
privilegios, no se modifican las estructuras regresivas implantadas en el auge
neoliberal y, en nombre de la “estabilidad de las reglas” y de la creación y
desarrollo del “clima de negocios” se siguen subordinando políticas y acciones
de Estado.
Es un buen ejemplo de ello la idea de presentar pagos
adelantados al FMI como “paso para ganar mayor grado de independencia”, cuando
se trata en realidad de afrentas en países con visible subdesarrollo y deudas sociales
gigantescas. El gasto público sigue subsidiando malos negocios capitalistas y
no inversiones públicas básicas, la
regresividad impositiva sigue inalterada, más allá de reformas que no avanzan
en lo sustancial, y el mejoramiento de salarios, jubilaciones y gastos sociales
quedan postergados para el tiempo de las campañas políticas y los discursos de
ocasión, pero no para ser afrontados como prioridad inmediata. Más aún:
habiendo un cambio notorio reciente del ciclo económico por el mayor valor de
las exportaciones y los bajos intereses financieros, el crecimiento de la
“torta” ha ido paralelo al asentamiento de un regresivo reparto no sólo entre
sectores sociales sino también entre países. Las pequeñas mejoras
redistributivas, en el marco de aumento más que significativos del PBI, no
muestran un cambio de tendencia en el proceso de concentración de la
riqueza.
El conflicto actual entre Argentina y Uruguay no refleja los
cambios sino las continuidades del
“sálvese quien pueda” de toda una época. Como muestra de debilidad
es posible observar el profundo
contrasentido que significa que, cuando se cuenta con gobiernos supuestamente
más progresistas y que reclaman más que nunca la necesidad que los
latinoamericano asumamos nuestras responsabilidades y rol histórico en forma
madura, el Banco Mundial - el cuestionado organismo señalado tantas veces como
causante de las “semillas de destrucción”-
se convierta en el árbitro esperado para laudar el conflicto. O que la
Corte de la Haya, cuya ineficacia en resolver conflictos internacionales
es bien reconocida, se convierta en ámbito de dilucidación de la
disputa. O, peor aún, se busque que la salida salvadora sea terminar con los
acuerdos regionales o avanzar en entendimientos individuales de preferencia comercial con países mayores (¿y las
quejas de subordinación y falta de independencia?), en lo que sin duda sería un
salto al vacío con impredecibles costos para nuestras sociedades.
ALTERNATIVAS. Si se asume que la crisis se
vincula a la estrategia aplicada por el
neoliberalismo en las últimas décadas, entonces es necesario desmontar un
andamiaje normativo al servicio de la expansión capitalista, tanto en lo que
tiene que ver con las reglas formales que liquidaron los mecanismos de
protección de la economía nacional y redujeron el papel del Estado, como con
las normas informales, la cultura y la ideología predominantes que privilegian
el éxito individual respecto a las diferentes formas de soluciones colectivas.
En una perspectiva más general, este conflicto demuestra la falta de visión, programas,
mecanismos de resolución de conflictos y líneas de acción y cooperación
comunes. O el MERCOSUR asume cambios profundos en su marco institucional, o no tendrá
capacidad de unificar criterios y acciones mínimas de
complementación.
Los objetivos de la integración regional deben ser el
desarrollo armónico y sostenido de nuestras sociedades, el cuidado de nuestros
recursos, el fortalecimiento de
nuestras economías. Deben tomarse acciones inmediatas y unificadas en relación a temas básicos, como
ser: políticas laborales, económicas y financieras; negociaciones por la deuda
externa; el control sobre capitales especulativos; negociaciones comerciales
con terceros países; cuidado del medio ambiente y la complementación de
inversiones. Debe abrirse sin demora el
debate de alternativas para el aprovechamiento de los recursos y capacidades
productivas y humanas regionales Deben
darse pasos concretos por parte de los
países más grandes de la región (Argentina y Brasil) para considerar la
situación desventajosa -por el menor desarrollo relativo, localización y escala de los mercados- de los más
pequeños (Paraguay y Uruguay).
Los resultados de las últimas décadas demuestran que el
neoliberalismo y su complemento cepalino, el regionalismo abierto, han
fracasado en su supuesta capacidad para resolver los graves problemas de
nuestras economías, aunque han tenido éxito en facilitar la penetración del
capital transnacional. La solución no es separarnos, ni declamar por los
problemas sino estar más unidos que nunca en búsqueda de soluciones, lo que
implicará, necesariamente, recrear las fronteras de nuestras economías, pero
ahora, al nivel regional más amplio posible. En ese sentido, la unidad no sólo es conveniente, sino
imprescindible.
(*) Docente de la Universidad de la República, miembro de la Red
de Economistas de Izquierda del Uruguay.
(**) Docente de la
Universidad de Buenos Aires, miembro de Economistas de Izquierda.
Ambos son miembros de la
Junta Directiva de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y
Pensamiento Crítico (SEPLA)