Los principales desafíos del nuevo gobierno uruguayo[1]

 

Antonio Elías

 

“Estamos ante la emergencia de un nuevo escenario político y social que pasa por la generación de mejores condiciones para la disputa con la hegemonía de las clases dominantes.”

MRNA del PIT-CNT, 27/12/2004

 

 

Introducción

 

La crisis económica y su correlato de pobreza y exclusión debilitaron el “sentido común” neoliberal en Uruguay lo que se refleja en el acceso al gobierno de una coalición de fuerzas sociales y políticas opositoras al modelo neoliberal que se aplica en el país desde principio de los setenta. La aplastante victoria en la primera vuelta electoral le otorgó mayoría parlamentaria habilitando la posibilidad de realizar cambios significativos en el marco institucional formal. Múltiples expectativas se han generado al respecto pero aún no es posible discernir cual es la profundidad y viabilidad de sus propuestas de cambio.

 

El nuevo gobierno deberá responder, con mayor o menor énfasis, a las deudas externa y social. En el marco institucional, las finanzas públicas y la política presupuestal se reflejarán las presiones de  los organismos multilaterales de crédito y de la creciente masa de pobres y excluidos.

Las nuevas autoridades fueron electas bajo un programa común, relativamente laxo, pero se percibe claramente la existencia de concepciones político ideológicas y estrategias de desarrollo relativamente diferentes, las pugnas por las designaciones en el gabinete ministerial y en el equipo económico así lo demuestran.

 

En  líneas generales existen, esquematizando, dos grandes tendencias, una, que fundamenta la necesidad de equilibrios fiscales, estabilidad macroeconómica y de las reglas de juego, apostando a la inversión privada nacional y extranjera que permitiría un proceso de crecimiento que sustente los proyectos de interés social, propuesta que se identifica a sí misma con las orientaciones del actual gobierno de Brasil e inclusive de Chile. La otra tendencia, plantea una nueva estrategia de desarrollo productivo para  superar una crisis estructural de larga data a través de procesos de participación creciente de las organizaciones sociales y de cambios culturales e institucionales que fortalezcan el papel del Estado como orientador del proceso económico. La predominancia de unos u otros dependerá, en gran medida, de la evolución en  los niveles de conciencia y organización de la sociedad.  

 

El objetivo de esta ponencia es aportar elementos, desde un enfoque básicamente económico, para analizar la actual situación del Uruguay y fundamentar la necesidad de realizar cambios institucionales y de política económica que, en primera instancia, jerarquicen el papel del Estado y fortalezcan actores sociales fundamentales, como los trabajadores, lo cual generaría condiciones para avanzar, en segunda instancia, en transformaciones más  profundas.

 

 

Naturaleza de la crisis estructural

 

La sociedad uruguaya y el Estado no han encontrado  los caminos para superar una crisis estructural de inserción internacional y de desarrollo productivo de larga data.

 

Dicha crisis estructural tiene su origen en factores históricos, geográficos, demográficos, institucionales y de escala; ninguno de ellos, aisladamente, es suficiente para explicar los resultados obtenidos. Con todo, los aspectos institucionales tienen una alta relevancia que, sin embargo, ha sido insuficientemente analizada.

 

El modelo aplicado en los últimos treinta años es extremista en su preferencia por el mercado y en el cuestionamiento de la acción colectiva a través del Estado. En su versión más ortodoxa, pretende que el mercado determine por sí mismo la oferta de bienes preferentes como la salud y la educación. En ese sentido excluye lo político, porque lo político provoca acciones voluntarias que inciden negativamente en el orden “natural”  del mercado, omitiendo que los procesos sociales son siempre históricos y no naturales.

 

Los sectores dominantes ubicaron las causas profundas del estancamiento productivo de la economía uruguaya en la transferencia de recursos del sector exportador hacia los sectores protegidos y como respuesta imponen (dictadura militar mediante) un modelo extrovertido: la producción debe dirigirse hacia el mercado externo.

 

En un marco de fuerte se procesaron importantes transformaciones institucionales, que se concretaron en una ley de inversiones extranjeras (1974) y una disminución generalizada y progresiva de las restricciones a las  importaciones con el fin de generar una reconversión industrial para reemplazar la industria sustitutiva de importaciones por actividades de exportación.

Mientras que la liberalización comercial se fue procesando con marchas y contramarchas entre un esquema de apertura unilateral y otro de integración regional - a pesar de los acuerdos bilaterales con Argentina y Brasil y la posterior creación del Mercosur - la apertura y la desregulación financiera se aplican en forma clara en función de un proyecto que concibe al Uruguay como "plaza financiera regional", basado fundamentalmente en: la admisión del dólar como unidad de cuenta para los contratos internos; la libre movilidad de capitales y de divisas; la instalación de la banca off-shore.

 

El conjunto de criterios de política económica en los que se sustentó la prosecución del libre mercado y la “defensa del consumidor” generó lo contrario a la sustitución de importaciones: la sustitución de bienes producidos en el país por bienes producidos en el exterior. El mercado externo, complementariamente, no logró asumir  su papel como impulsor fundamental del crecimiento.

 

Las dos grandes crisis que culminaron en macrodevaluaciones en 1982 y 2002, demuestran que “la aplicación de modelos de estabilización basados en ‘anclas cambiarias’, con sobrevaluación de la moneda, déficit fiscal y en cuenta corriente, y dependencia creciente del financiamiento interno y externo, generan una fase de crecimiento acelerado que luego, ante el cambio de las condiciones de financiamiento, da lugar a una crisis múltiple (de balanza de pagos, bancaria, de financiamiento del sector público y del sector real), y que “una economía pequeña como la uruguaya, que requiere crecer hacia fuera, no puede tener niveles de tipo de cambio real desalineados de los de sus principales socios comerciales”[2]

 

Fuente: Banco Central del Uruguay, 2004 estimado por el autor.

 

 

La  crisis 1999-2002

 

La mayor crisis económica de los últimos 100 años tuvo como causas fundamentales: tuvo como causas fundamentales las devaluaciones de sus principales socios comerciales y la incapacidad de la conducción económica para adaptarse a la nueva situación  regional. Se deterioraron las finanzas públicas, aumentó del riesgo-país, se debilitó el sistema bancario y se perdió la confianza en la banca oficial.

La reducción de la afluencia de capitales hacia América Latina fue, en buena medida, consecuencia de los efectos  “contagio” de la crisis asiática (1997) y, principalmente, de la crisis rusa (1998). Ambas crisis potenciadas por la globalización financiera impactaron negativamente en Uruguay a través de su efecto en las economías vecinas - que en 1998 absorbían más de la mitad de las exportaciones de bienes y servicios. 

 

Luego de la maxidevaluación  de Brasil (enero de 1999) Uruguay no modificó su política cambiaria por lo que se produjo una fuerte pérdida de competitividad bilateral con dicho país; se redujo a su vez la demanda Argentina como consecuencia de un fuerte proceso de recesión (cayó 17% el PBI). La crisis se agravó y alcanzó su punto máximo en 2002 luego de la profundización de la crisis argentina (fines de 2001).

 

El deterioro de las finanzas públicas, el aumento del riesgo-país (con el consiguiente cierre de los mercados para el financiamiento del sector público), el incremento en la morosidad en el BROU y el BHU, sumado al “descalce” en monedas y plazos del BHU y la incapacidad del equipo económico para controlar la situación, determinaron una creciente pérdida de confianza en los bancos estatales.

 

En 2002 se produjo una formidable fuga de capitales. Se retiraron el 46% de los depósitos en dólares del sistema bancario. Los depósitos de no residentes cayeron 65% y los de residentes casi 30%.

 

El costo fiscal de la crisis bancaria por concepto de asistencia a instituciones afectadas por la “corrida” de depósitos fue muy elevado, puede estimarse en aproximadamente  2 mil millones de dólares equivalentes a un 11% del PBI de 2002.

 

Como consecuencia de los persistentes déficit fiscales, y de su financiamiento con endeudamiento en moneda extranjera (títulos públicos y préstamos de organismos financieros multilaterales), la deuda bruta del sector público, que en 1998 era relativamente baja como porcentaje del PBI, se triplico, pasando de 33,9% en 1998 a 92,8% en 2002.

 

La crisis determinó un pronunciado deterioro de las principales variables macroeconómicas: Ingreso Bruto Nacional (-19,7), PBI (-17,5), consumo (-20,2), inversión (-50,9), exportaciones (-,19,8), importaciones (-37,3), inflación (-31,7), déficit fiscal promedio (4,3). Se produjo como consecuencia un marcado deterioro de las condiciones de vida de la población y al igual que en crisis anteriores, la expulsión de sus ciudadanos (emigración) surge como una “válvula de escape” para los problemas de la sociedad uruguaya.

 

La reactivación iniciada en 2003

 

La reactivación iniciada en 2003 se basa en una mejora sustancial de la competitividad externa consecuencia de la pronunciada devaluación del 2002, la baja inflación posterior y la apreciación de la moneda de los socios comerciales de la región y de Europa.

 

Comenzó, sin embargo, el año pasado un nuevo proceso de fortalecimiento de la moneda nacional que afecta la competitividad precio de las exportaciones y favorece las importaciones con su consiguiente efecto negativo sobre el mercado interno (la competitividad global del país cayo 13% en los últimos doce meses).

El canje de la deuda externa pública (mayo 2003) que alejó el default (postergando los pagos por amortizaciones y aumentando los costos por intereses) sustentó una estabilización de las variables macroeconómicas y una relativa recuperación de la confianza en el sistema financiero: cayó el "riesgo país" y la tasa de interés, crecieron los depósitos bancarios.

 

Debe destacarse que el período electoral no generó modificaciones en las variables económicas y financieras. No hubo aumento del riesgo país ni fuga de capitales. El triunfo de un gobierno progresista no generó temores en el mercado financiero. Aunqeu se mantuvo la extrema debilidad del sistema financiero, los depósitos en su inmensa mayoría siguen siendo a corto plazo y en moneda extranjera.

El déficit fiscal del Gobierno Central ascendió a 4,6 % y  2,1% del PBI, en 2003 y 2004 respectivamente. Esta situación deficitaria tiene larga data, sólo en 1991 y 1992 hubo un pequeño superávit fiscal. El FMI exige un superávit fiscal primario de 4% del PBI: la dirección del nuevo equipo económico propone el 3,5%. En ambos casos lograr dichos superávit requiere impulsar una ley presupuestal sumamente restrictiva que no dará respuesta a la deuda social.

Las dificultades para el nuevo gobierno están, además, en la composición y rigidez del gasto público: en 2004 los gastos no discrecionales fueron el 57% del total (36% de asistencia a la seguridad social y 21% de intereses de deuda) y los discrecionales, 43% del total (18% remuneraciones, 16% otros gastos de funcionamiento, 3% transferencias y sólo 6%  inversiones).
 

La impagable deuda pública[3]

 

En primer lugar debe observarse la deuda bruta del sector publico global por su incidencia directa en las finanzas del Estado, en ese sentido es fundamental el calendario de vencimientos de dicha deuda que se presenta en el siguiente cuadro.

 

Cuadro 1: DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO

(millones de dólares)

 

Año     TOTAL           AMORTIZACIONES            INTERESES
IV. 2004       854                  729                                      125
2005         3.280               2.563                                      717
2006         2.681               2.105                                       576
2007         1.377                  922                                      455
2008            983                  560                                      423
2009            798                  402                                      396
2010            859                  483                                      376
Más de 2010   8.678               5.664                                  3.015
TOTAL        19.511              13.428                                  6.083

 

Fuente: Banco Central del Uruguay, setiembre de 2004, (www.bcu.gub.uy)

 

 

 

Según el cuadro anterior, el Sector Público del Uruguay debe en su totalidad 13.428 millones de dólares, y sus compromisos de pago para los próximos 30 años suman 19.511 millones de dólares. El PBI del Uruguay en 2003 fue de 11.177 millones de dólares, y se estima que en 2004 creció un 12%  aproximándose, por la apreciación del peso, a unos 13.500 millones de dólares. Esto significa que la deuda pública total es mayor que el  100% del PBI de 2004, y que los compromisos de pago totales (amortizaciones + intereses) significan un 150%.

 

Se debe observar con atención cual es la situación para los años 2005-2009, que será el período del próximo gobierno. En esos cinco años se concentran 6.552 millones de dólares de amortizaciones  y  2.567   millones de dólares de intereses, 49 y 43 por ciento, respectivamente, de los compromisos que se pagaran en los próximos 30 años. En el siguiente cuadro  se observa el peso de la deuda en términos de la producción anual del país:

 

Cuadro 2: DEUDA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO

(en porcentaje del PBI)

 

 

 

Nota: Se supuso un crecimiento del PBI del 6% en 2005 y de 3% a partir de 2006.

               Se supone que el crecimiento en dólares tiene la misma tasa de crecimiento

que el PBI a precios constantes.

 

El estrecho margen de maniobra se percibe fundamentalmente en los dos primeros años de gobierno, luego se reduce en forma importante, pero recién al finalizar el período se podría llegar a un peso “aceptable” de los compromisos por deuda pública sobre el PBI, generalmente ubicados en torno al 5 por ciento. Esta situación define la necesidad imprescindible de la reducir los pagos por servicio de deuda del sector público, en particular con los acreedores externos.

 

La deuda externa, es una parte sustancial de la deuda pública vista anteriormente cuyos acreedores son instituciones financieras extranjeras (denominadas no residentes), que en su conjunto componen lo que se llama Deuda Externa Pública. En el siguiente cuadro se detallan las obligaciones para los próximos años.

 

 

Cuadro 3: DEUDA EXTERNA BRUTA DEL SECTOR PÚBLICO

(millones de dólares)

 

 

Fuente: Banco Central del Uruguay, setiembre de 2004, (www.bcu.gub.uy)

 

La Deuda Externa Pública del Uruguay es de casi  10 mil millones de dólares,  lo que significa un 77 por ciento del PBI en el 2004, y sus compromisos de pago (amortizaciones + intereses), que superan los 14 mil millones de dólares alcanzan un 108%  de la producción del año 2004 si se pagara de una sola vez. A su vez, esta deuda, pactada a 30 años, concentra el 50 por ciento de dichos compromisos (6.964 millones de dólares) entre 2005-2009, de los cuales 5.130 millones son devolución del capital prestado (amortizaciones) y 1.835 millones corresponden a pagos por intereses.

 

Hay que destacar la importancia que tiene la deuda contraída con el FMI,  el Banco Mundial y el BID, que representa el 82 % del total de las amortizaciones del período 2005-2009. Sin lugar a dudas desde dicha posición estos organismos intentaran, nuevamente, imponer sus políticas de ampliación de la apertura comercial y financiera, la desregulación, las privatizaciones y el ajuste fiscal permanente.

 

Cuadro 4: DEUDA BRUTA EXTERNA PÚBLICA

(en porcentaje del PBI)

 

 

Nota: Se supuso un crecimiento del PBI del 6% en 2005 y de 3% a partir de 2006.

                Se supone que el crecimiento en dólares tiene la misma tasa de crecimiento

que el PBI a precios constantes.

 

 

 

A los efectos de está ponencia es fundamental analizar la deuda pública bruta del Gobierno Central en tanto restringe en una forma muy importante la posibilidad de comenzar a pagar, a través del presupuesto público la enorme deuda social contraída en el período neoliberal. Dicha información no está disponible por lo cual utilizaremos la información del Sector Público no Financiero en la medida que el Gobierno Central es responsable a setiembre del 2004 del 94% de la  deuda del SPNF.

 

 

Cuadro 5: DEUDA BRUTA DEL S.P. NO FINANCIERO

(millones de dólares)

 

 

Fuente: Banco Central del Uruguay, setiembre de 2004, (www.bcu.gub.uy)

 

Los intereses de la deuda en los dos primeros años del nuevo  gobierno, como puede observarse en el siguiente cuadro, son una quinta parte de los ingresos del Gobierno Central, equivalente a las remuneraciones anuales de todos los funcionarios. Debe considerarse que en 2004 se pagaron por intereses de la deuda pública el 112% de lo pagado a todos los trabajadores del Gobierno Central.  

 

 

Cuadro 6: INTERESES DE DEUDA DEL S.P. NO FINANCIERO

(en porcentaje de los ingresos del Gobierno Central)

 

 

Nota: Se supuso que los ingresos mantienen la misma proporción con el

          PBI que tuvieron en 2004 (21,1%).

 

Por último, debe destacarse que un 45% de la deuda esta pactado a tasa variable en momentos en que  aumenta la tasa de interés internacional.

 

Como en los años 80 la deuda pública, fundamentalmente externa, vuelve a ser un problema fundamental, su impacto sobre la economía y sobre las disponibilidades del presupuesto nacional reducen significativamente el margen de maniobra del gobierno uruguayo.

 

La deuda social

 

La deuda social debería ser la prioridad nacional, dentro de este concepto, técnicamente impreciso, se pueden incluir: las necesidades básicas insatisfechas de la población, el deterioro de la capacidad y calidad de los servicios públicos; la incapacidad del país para generar empleo adecuado a todos los que lo necesitan (la informalidad, el subempleo, el desempleo, la perdida de poder adquisitivo de los salarios, etcétera).  Se podría incluir, también, la parte del presupuesto público asignado que no fue ejecutado (U$S 300 millones anuales en promedio en los últimos cinco años) en el marco de las políticas de ajuste fiscal y desajuste presupuestal.

 

En la presentación que se realiza a continuación solamente se pretende avanzar, tentativamente, en aquellos aspectos que podrían incluirse bajo el concepto deuda social y que brindan además un panorama de la dramática situación del país.

 

Si bien nuestro país se ha destacado  por tener índices de pobreza e indigencia menores a la mayoría de los países de la región, sin embargo, en los últimos años se ha producido un acelerado proceso de exclusión social.

 

La pobreza excede las carencias materiales imponiendo restricciones de los derechos humanos y ciudadanos; las personas que viven en esa situación (41% en 2003) son vulnerables social y económicamente. Esto es más grave ya que afecta fundamentalmente a los niños y adolescentes, 61% de los menores de dieciocho años, y como contrapartida solamente son pobres el 10% de las personas en la tercera edad y el 38% de los adultos.[4]

Estudios realizados demuestran, a su vez,  que: "El aumento de la desigualdad obedece principalmente al mal desempeño del mercado de trabajo en los 90. Tanto el aumento del desempleo como el aumento de la desigualdad salarial se trasladó a los hogares (...) La situación del mercado de trabajo es un factor explicativo central de la evolución de la desigualdad de los hogares y por tanto, de la pobreza."[5]

Hay indicadores rotundos: a) el salario real, se redujo 23% de 1998 a 2004; b) el desempleo creció de 10,1% en 1998 a 16,9% en el 2003, si bien descendió en 2004 a 12,1%; c) los ocupados con problemas de empleo pasaron de 20,3% a 44,6%; d) continuó aumentando la brecha entre el producto por habitante y el salario real, el crecimiento del PBI en 2003 y 2004 no se reflejó en el salario real que se redujo 12,4% y 0,4%, respectivamente.

El aumento de la brecha entre el producto por habitante y el salario real es una tendencia negativa de larga data, como puede verse en el siguiente gráfico.

 

 Fuente: “Diagnóstico de la situación actual del país y lineamientos de salida a la    crisis”; Comisión de  la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, 2003.

 

"Durante la recesión 1999-2003 se deteriora la calidad del empleo por el aumento del subempleo y del empleo no registrado, que acompañan el aumento del desempleo, de la emigración, de la pobreza y de la exclusión"[6], según demuestra un estudio del Instituto de Economía.

El 40% de la población económicamente activa no tiene cobertura de seguridad social, considerando los trabajadores que deberían ser cotizantes del BPS y no lo son y los desempleados que no cobran la prestación del seguro de desempleo.[7]

La situación descripta es resultado del fracaso de un modelo económico que desmantelo el sistema productivo y ubico en el centro del proceso al sistema financiero, que atendió cuidadosamente el pago de la deuda aceptando los condicionamientos que acompañan cada nuevo préstamo o refinanciación, dejando de lado las funciones del Estado que atendían los aspectos referidos a la justicia social y la equidad.

 

Como se ha señalado claramente que “todo el andamiaje de servicios sociales que dispone el país está pensado para una sociedad cuyas formas de inclusión social se estructuraban en el pilar del empleo  (…) las estructuras institucionales no estaban preparadas para absorber en la escala que hoy tiene fenómenos que antes no eran relevantes tales como la desintegración familiar, el hambre concentrada en focos de población de la periferia, el desempleo persistente, la saturación de los servicios de salud pública, los niveles de pobreza e indigencia de los niños entre otros.”[8]

 

Los desafíos y los márgenes de maniobra de un gobierno en disputa

El modelo económico neoliberal, los shocks externos y las carencias de la conducción económica han afectado fuertemente al aparato productivo, en particular al sector manufacturero - bajos niveles de inversión, retraso tecnológico, pérdida de mercados externos, desaparición y desestructuración de empresas y productores -, lo que ha tenido consecuencias muy negativas en los niveles de empleo, distribución del ingreso y, consecuentemente, en el aumento de la segmentación y la exclusión social.

Se ha reducido la capacidad del Estado a través de ajustes fiscales y  desajustes fiscales permanentes, la desregulación de mercados,  la privatización parcial de empresas estatales y el entramado clientelista y los niveles de corrupción de aquellos sectores del bloque en el poder que realizan sus intereses a través del Estado.

Son múltiples, por tanto, los desafíos económicos del gobierno electo, entre los que destacan:

a) Comenzar a pagar la enorme deuda social (que no se agota con el plan de emergencia), que implica mejorar sustancialmente la capacidad del Estado, el cual con transparencia absoluta debería impulsar procesos de participación social efectivos.
b) Impulsar una estrategia de desarrollo superadora de la causa principal de la deuda social: la baja calidad de las condiciones de trabajo;

c) Renegociar la deuda pública externa e interna a fin de liberar recursos para atender a través del presupuesto público las demandas sociales e impulsar el desarrollo productivo.
d) Mantener un tipo de cambio competitivo que sostenga el crecimiento exportador y la estabilidad macroeconómica.
e) Modificar la institucionalidad económica - creada en treinta años de neoliberalismo-, para favorecer el desarrollo del mercado interno y de actores sociales fundamentales como los trabajadores.

Evaluar las probabilidades de que se superen esos desafíos y se satisfagan las demandas sociales hace necesario considerar algunos aspectos políticos claves:

- Accede al gobierno, no al poder, una fuerza política policlasista que incluye en su base social a trabajadores, capas medias y sectores de la burguesía nacional.
-  En lo ideológico el triunfo del FA no se produce por un corrimiento a la izquierda de la ciudadanía, sólo un 33% de los votantes se define como de izquierda o centro izquierda.[9]
-  El cambio esencial es un corrimiento de la propuesta programática hacia el centro lo que se refleja en la sucesiva ampliación de las alianzas.

Como consecuencia, en el seno del gobierno electo, y en la fuerza política, se expresan intereses socioeconómicos contrapuestos que no permiten afirmar, a priori, si el nuevo gobierno será una alternativa al neoliberalismo.

Se inicia un proceso signado por la contradicción latente entre una tendencia que se expresa en la dirección de la conducción económica – la cual tiene propuestas de política macroeconómicas más cercanas a la continuidad del modelo neoliberal que a una ruptura con dicho modelo -, y otras posiciones, como las del PIT-CNT, que apuestan a cambios importantes en la forma de organización del proceso económico jerarquizando el papel del Estado, los trabajadores y la sociedad en la aplicación de una estrategia de desarrollo productivo con énfasis en el fomento de la producción nacional, las pequeñas y medianas empresas y el cooperativismo, lo que exige cambios importantes en las reglas de juego y en la política económica. [10]

No puede haber una estrategia alternativa de desarrollo en el marco de las instituciones (reglas de juego) creadas por el neoliberalismo: la búsqueda de cambios institucionales, tanto para crear "compuertas" a la  globalización, como para acotar los daños que provocan los actuales derechos de propiedad, deberían ser aspectos prioritarios de la agenda económica.

Es imprescindible diseñar un nuevo sistema de normas, lo que implica, sin embargo, aprovechar al máximo los espacios y los resquicios del marco actual a fin de reducir la fricción/confrontación que provocan los cambios institucionales.

 

En el superávit fiscal primario que se acuerde como meta con el FMI y en la prioridad que tengan, en el presupuesto nacional,  la deuda externa o la deuda social se estará reflejando el predominio de una u otra  concepción.

Las dos tendencias señaladas anteriormente pueden coexistir durante un tiempo, pero el estrecho margen de maniobra económico financiero provocará la agudización de la contradicción que significa mejorar sustancialmente la capacidad de los trabajadores - defensa de los fueros sindicales, aplicación de los consejos de salarios, ley de negociación colectiva y puesta en marcha del Consejo de Economía Nacional - y tratar de aplicar, a la vez,  políticas que no difieren significativamente de las que han predominado en los últimos años.

 
La disyuntiva del nuevo gobierno es aceptar, más allá de los "discursos y los gestos", las premisas del modelo dominante o elegir un camino independiente, lo cual implicará necesariamente desarrollar un paradigma institucional alternativo. Es necesario crear un punto de inflexión, para lo cual se requiere de una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria.

 

Sí el nuevo gobierno no lleva adelante cambios que impliquen, por su profundidad, el inicio de un nuevo modelo de desarrollo, capaz de aglutinar en su entorno a grandes mayorías nacionales, se estarían creando las condiciones para que se revierta la crisis de hegemonía del modelo neoliberal.

Para que haya un Uruguay productivo no basta con el cambio de gobierno, hay que cambiar el modelo - las reglas de juego y la estrategia de desarrollo -  y para ello se requiere una acumulación de fuerzas mucho mayor que para realizar cambios de grado dentro de la actual trayectoria. Esa es la tarea de las fuerzas políticas y sociales del cambio.