SOBERANÍA ALIMENTARIA, UN ENFOQUE ACTUAL,
CONCRETO Y CLASISTA.
Montevideo, 8 de junio
de 2007.
Autor: William Yohai
Institución: Comisión
de asuntos agrarios del PIT-CNT.
Conceptos extraídos de Wikipedia, modificados levemente por nosotros.
La soberanía alimentaria es un concepto político introducido en 1996
por Vía Campesina en
Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura
(FAO). Se entiende como el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas
agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible
y seguridad alimentaria. Ello implica la protección del
mercado doméstico contra los productos excedentarios
que se venden (vía dumping) más baratos en el mercado
internacional.
Este nuevo concepto,
constituye una ruptura con relación a la organización actual de los mercados
agrícolas puesta en práctica por la OMC. En contraste a la seguridad alimentaria definida por la FAO, que se centra
en la disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria
incide también en la importancia del modo de producción de los alimentos y su
origen. Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el
debilitamiento de producción y población agraria locales.
Para ampliar el concepto, transcribimos la siguiente cita de Gustavo Duch Guillot, que es, a nuestro juicio, muy pertinente:
Soberanía alimentaria:
"La soberanía alimentaria es
el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas
agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarías y agrarias que sean
ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus
circunstancias exclusivas".
La soberanía alimentaria es
el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles
y de pesca que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a
su desarrollo, en armonía con las posibilidades productivas y los derechos de
otros pueblos.
Es decir, se reconoce el derecho de las poblaciones
campesinas a la producción de alimentos y al acceso a los recursos necesarios
para producirlos: tierra, agua y semillas, que aseguren las capacidades propias
de alimentarse y vivir del medio rural. Porque la falta de acceso a las tierras
fértiles o al agua de riego y la invasión de las semillas comerciales son
seguramente las tres causas principales de la pobreza en el medio rural.
Este nuevo paradigma contrasta con otra tendencia actual
promovida por la Organización Mundial del Comercio, las agroindustrias y
algunas ONG, que colocan el comercio internacional de alimentos como la
solución para los países empobrecidos. Pero ya son muchos los años y
experiencias que demuestran que el comercio internacional de alimentos sólo
tiene sentido cuando la alimentación local está asegurada. La soberanía alimentaria defiende en primer lugar el derecho a producir
alimentos localmente para la población de la zona, potenciar el autoconsumo y
los mercados locales a partir de sistemas agrícolas no pensados primordialmente
para la obtención de divisas vía el comercio exterior. en la producción de
bienes económicos (como los monocultivos), sino en la producción de alimentos.
Una agricultura que requiere de muy pocos insumos externos, sustentada en el
uso de semillas locales (con gran variación y adaptabilidad a cada ecosistema)
y diversificada. Sistemas agrícolas que se demuestran más capaces de producir
mayor cantidad de alimentos y dinamizar las economías rurales que los sistemas
industrializados, capaces sólo de generar más beneficios económicos para las
pocas personas que los controlan.
Gustavo Duch Guillot es director de Veterinarios sin Fronteras
El concepto de seguridad
alimentaria hace referencia a la disponibilidad
así como al acceso a alimento en cantidad y calidad suficiente. La seguridad alimentaria abarca cuatro dimensiones:
Como se ve de las
definiciones, en Uruguay las cosas no transcurren exactamente de este modo.
Como bien sabemos, producimos alimentos para cubrir las necesidades de una
población varias veces la nuestra mientras nuestro pueblo tiene problemas para
alimentarse.
Y como por una serie de
razones, entre ellas la disponibilidad de tierra per
cápita y un régimen de lluvias, temperaturas, etc. favorables, somos altamente
competitivos a nivel internacional en la producción de alimentos.
Es interesante resaltar
la contradicción que se da en países como el nuestro, grandes productores y
exportadores de alimentos entre, por un lado la conveniencia que se supriman
las barreras arancelarias y no arancelarias al comercio internacional de
alimentos y por otro los problemas que la disminución de dichas barreras
ocasionan cuando se produce.
Entre ellos: la tendencia
a producir commodities agropecuarios en gran escala,
utilizando paquetes tecnológicos producidos en el exterior, con uso intensivo
de maquinaria pesada y compleja, que conlleva necesariamente concentrar la
producción en pocos rubros, expulsando población del campo, concentrando la
propiedad y uso de la tierra, promoviendo procesos erosivos acelerados del
suelo, con contaminación acelerada de éste, así como de aguas y aire, y volviendo al país sumamente vulnerable a
las variaciones, frecuentemente violentas de los precios de aquellos.
¿Cómo se resuelve
entonces esa contradicción?
Obviamente, desde el
punto de la teoría económica, para el país en su conjunto es conveniente que su
producción exportable se venda en las mejores condiciones de precio y estabilidad
posibles. Todo impuesto que se cobre a las exportaciones del país representa un
ingreso que se apropia el país importador, con la correlativa pérdida nuestra.
Pero ese hecho no puede
impedirnos ver el efecto fundamental que sobre los trabajadores tiene definir
cómo se apropia ese valor. O sea, al país en su conjunto le conviene vender más
a los mejores precios posibles. Pero ese “país en su conjunto”, en una sociedad
de clases, como la nuestra, no existe como tal. El balance puede hacer que sea mejor
generar y obtener menos valor a cuenta de que una mayor fracción de éste sea
apropiado por la clase o clases trabajadoras. No puede, por tanto obviarse éste
tema a la hora de definir la conveniencia o inconveniencia de unas u otras
políticas.
Esto tiene mucho que
ver con el tema de, por ejemplo los Tratados de Protección de Inversiones Libre Comercio. Teóricamente mejorar el
acceso a mercados del exterior es intrínsecamente bueno. Pero cuando se entran
a analizar las concesiones que en política interna es necesario hacer para
lograr ese mejor acceso se concluye siempre que es necesario reducir la
capacidad del Estado de amortiguar (por no mencionar eliminar) las inequidades
en la distribución del ingreso, de planificar
las grandes líneas (por lo menos) del desarrollo económico y social, y en fin,
de generar una sociedad justa y democrática.
En este contexto es
también imprescindible analizar fenómenos nuevos, como es el caso de la
forestación masiva para producir pasta de celulosa. Y aquí vemos cómo, de
continuar como viene haciéndolo hasta ahora, ésta va a chocar frontalmente con
la soberanía alimentaria de nuestro país, y tal vez,
también con su seguridad alimentaria. Los defensores a ultranza del rumbo fijado en
este tema por los últimos gobiernos, que no es otra cosa que una línea de
política económica generada por los países del Norte desarrollado por distintos
motivos, entre ellos, la preservación de su entorno ecológico y de su soberanía alimentaria,
además de la creciente necesidad para su industria papelera de contar con
fuentes baratas de pasta de celulosa, afirman que el porcentaje de la tierra
existente en el país asignado a la producción de madera para celulosa es hoy
del 5% de su superficie, no debiéndose, en el mayor de los casos superar el 20%.
Lo que no dicen es qué parte del país se está forestando. Por razones de
economías en un rubro fundamental de la industria, el transporte, las plantas
de celulosa están destinadas a instalarse en el Litoral del Río Uruguay y
eventualmente en el centro del país. Se trata de su zona más productiva para
alimentos, con mejor infraestructura, con mayor densidad de población y la que
más podría prestarse a un proceso de colonización acelerada, con el objetivo de
impactar en forma duradera y real sobre la pobreza estructural.
Y como el concepto de
soberanía alimentaria engloba también el tema del
acceso a la tierra y al agua, así como a los insumos necesarios para producir
en forma sustentable, tales como maquinaria, herramientas y semillas cuyo
suministro no dependa de las poquísimas trasnacionales dueñas del negocio, no
puede dejarse de lado, al hablar de soberanía y seguridad alimentarias,
la necesidad de comenzar rápidamente a revertir el proceso de contrarreforma
agraria que azota a nuestro país.
En ese sentido, se
impone adoptar el ya conocido IMPUESTO A LA PRODUCCIÓN MÍNIMA EXIGIBLE, como
una vía para reducir la especulación con los precios de la tierra y para
generar recursos para financiar la compra de tierras y las demás inversiones
que conlleva un proceso de colonización.
En nuestro país, como
es ampliamente conocido, una parte significativa de la población, en
particular, pero no solamente, la población indigente, que pese a su
disminución en los últimos años todavía alcanza varias decenas de miles de
personas, no alcanza a cubrir en cantidad y calidad de alimentos sus
necesidades plenas.
Existen aquí, a nuestro
entender, dos problemas, o tal vez, dos caras de uno mismo: a) un problema de
distribución interna, secuela de la desigual distribución del ingreso vigente,
que si bien nos deja en lugares altos de la tabla en el contexto
latinoamericano, nos ubica muy abajo cuando se considera el conjunto del mundo,
especialmente los países desarrollados de Europa.
b) un problema de
competencia por los alimentos con las exportaciones. O sea, nuestros pobres
compiten por la comida con los ricos, y no tanto, del mundo desarrollado, y
ahora, por obra y gracia del nuevo modelo de consumo y producción de energía
impulsado por el imperio por razones de su exclusiva conveniencia, con los vehículos de los habitantes de los
países desarrollados.
Por tanto, en ausencia
del poder regulador del Estado, que supuestamente debe defender los intereses
de los más necesitados, protegiéndolos de los violentos avatares del mercado,
la tendencia al aumento de los precios internacionales de los alimentos
básicos, (cereales, oleaginosas, leguminosas, carne, lácteos, etc.) va a hacer
cada vez más difícil la vida de los habitantes del país. Aun recordamos las
lecciones en ese sentido de Amartya Sen, cuando
relataba cómo, durante la hambruna en Irlanda, que costó miles de vidas, salían
los barcos cargados de alimentos, entre ellos carne, grasas comestibles y
cereales, hacia Inglaterra.
Este es un pequeño
trabajo, centrado en comenzar una discusión básica sobre el tema. No pretende
por tanto, agotarlo, ni siquiera tratarlo extensamente en toda su complejidad.
De todas formas
consideramos que es imprescindible plantear ya en esta etapa de la discusión, y
especialmente en la coyuntura, cuando el Ministro de GAP acaba de anunciar
aumentos de toda una serie de alimentos básicos, harinas, aves, huevos, etc. y
cuando los “operadores” anuncian más aumentos del precio de la carne, existe
una medida ampliamente conocida, eficaz, que cumple con varios objetivos de
beneficio popular, y que está plenamente al alcance del actual Gobierno pues su
implementación no necesita mayorías especiales en el Parlamento.
Se trata de la
imposición de impuestos (también llamadas detracciones), a ciertas
exportaciones. El efecto automático de estas medidas, en un contexto de mercado
libre, es bajar el precio interno de los productos exportables. La imposición
de detracciones hace que para un exportador baje la expectativa de precio a
obtener con la venta al exterior, y, como los precios se arbitran, el producto
se venderá en un mismo porcentaje más barato en el mercado interno.
Otro efecto beneficioso
para el conjunto de la población es que ese impuesto implicará una mayor
recaudación para el Estado, que podría eventualmente volcarse a gasto social
(educación, salud, o aún al subsidio de
algunos rubros alimentarios esenciales).
Beneficiarios
adicionales de este tipo de medidas serían algunos agroindustriales que
compiten por la materia prima con sus similares del exterior, quedando
desprotegidos ante escalas mucho mayores o incluso, ante subsidios. Caso
típico, el país exporta principalmente las oleaginosas como semillas, negándose
a sí mismo la posibilidad de industrializarlas y exportarlas, por lo menos,
como aceites. Con el perjuicio agregado que se priva a nuestra ganadería de las
“tortas”, subproductos de la producción de aceites vegetales, que son un
excelente alimento para el ganado bovino.
Y, para terminar de enumerar los efectos beneficiosos
para la sociedad en su conjunto, es claro que la retención de una parte del
valor generado por parte del Estado, ocasiona para el país un ingreso extra de
dinero a costa del país importador.
Como siempre sucede, al interior del Uruguay alguien
habrá de pagar el costo. En el caso de la producción agropecuaria, el mismo
recaerá sobre los productores y sobre las diversas cadenas agroindustriales, en
el caso de que se trate de productos, como la carne y los lácteos que sufren un
proceso manufacturero en el país.
La actual situación de precios en el mercado
internacional y por lo tanto, nacional, es tal que, a nuestro juicio habilita
plenamente la imposición de tasas razonables y variables de acuerdo a las
circunstancias, a los principales rubros de exportación de alimentos.
Dada la actual concentración de la propiedad y uso de la
tierra, el grueso de los perjudicados serán unas pocas empresas y o personas
físicas. Habría, eventualmente, que calibrar y analizar la protección de
algunos pequeños productores agropecuarios que por sus escasas escala y
capacidad técnica y financiera correrían peligro en su supervivencia como
tales.
Por supuesto, los intereses afectados utilizarán su
arsenal de argumentos, fundamentados por los técnicos a su servicio, centrados
en la inconveniencia de modificar las condiciones del mercado, supuesto padre
de todos los milagros, a través de las inversiones, que fatalmente
desaparecerán si se aplican estos mecanismos.
Basta, para refutarlos, el caso Argentino, que aplicando
tasas altas de detracciones, ha logrado, no obstante mantener una tasa de
inversión bruta fija mucho mayor que la nuestra.
Este trabajo no tiene otra intención que comenzar a
discutir de frente temas que hace tiempo el país ha, para beneficio de unos
pocos, olvidado. Aquí, como en toda cuestión económica y social cada opinante
tendrá que dar la cara y se transparentará algo que habitualmente el consenso
dominante pretende ocultar: qué intereses se defienden.