Montevideo, 17 de
noviembre de 2006
¿Necesita el país una
reforma agraria?
Algunos datos objetivos.
Propiedad de la tierra, o
más bien, predios existentes según el censo de 2000: 57.000.
El 75% de la tierra
agropecuaria del país estaba concentrada en 8.000 de ellos, el 14% del total.
Se trataba de los predios mayores de 500 hectáreas.
En esos predios, (los
mayores de 500 hectáreas) trabajaba en forma permanente una persona cada más de
300 hectáreas.
Para contrastar, en los
predios de 1 a 4 hectáreas trabaja promedialmente un trabajador por cada
hectárea. Ampliando, en los predios de 1 a 49 hectáreas (podríamos catalogarlos en conjunto como “chicos”) trabaja un
trabajador cada 7 hectáreas.
Para decirlo de otro
modo, si en todo el país trabajara en forma permanente la misma proporción de
trabajadores que en los predios “chicos”, habría empleo para dos millones
trescientas mil personas. El total de la población económicamente activa actual
del país es de 1.270.000 personas.
Sin embargo, el campo
emplea hoy en forma permanente sólo 157.000 personas y en forma temporaria o
zafral 12.800 más.
En la otra punta, según
datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la desocupación abarca unas
150.000 personas, el 10,8% de la población económicamente activa, mientras que
el subempleo (personas que quieren trabajar 40 o más horas semanales pero no lo
logran) abarca unas 235.000. Esto es, aproximadamente, 380 mil personas tienen
problemas de empleo.
Desde el punto de vista
de la pobreza, entre pobres e indigentes tenemos en el país cerca de 1 millón
de personas.
Sintetizando, por una
parte un campo que emplea una fracción (décima parte o menos) de la gente que
podría; por la otra, ciudades en las que cientos de miles de personas no
encuentran trabajo, y la mayoría de los que lo hacen ganan mucho menos de lo
necesario para satisfacer todas sus necesidades básicas.
No hace falta mucho
razonamiento para darse cuenta del enorme potencial de nuestro campo para
contribuir en forma decisiva a resolver los problemas sociales más acuciantes.
El principal obstáculo
para hacerlo es la enormemente desigual distribución en la propiedad de la
tierra.
La mediana y gran
explotación puede llevarse adelante hoy, en forma muy rentable, con poquísimo
empleo de mano de obra.
Sólo la agricultura
familiar está en condiciones de proporcionar, al tiempo que se aumenta la
producción en forma ambientalmente sostenible, empleos rurales satisfactorios,
abundantes y permanentes.
¿QUÉ HACER?
Por un lado, el país
tiene, desde 1948, una Ley de Colonización que da el fundamento legal para
establecer, en diversas modalidades, familias en el campo. Esta ley,
desconocida para la gran mayoría es un ejemplo de guía para resolver en gran
parte los problemas sociales del país.
Sin embargo, desde hace
muchos años el Instituto Nacional de Colonización, la estructura estatal creada
por la ley para llevar adelante el proceso, prácticamente languidece en el
burocratismo y la falta de recursos.
El país no le ha dado
prioridad alguna al tema.
20 meses después de la asunción
del Gobierno, el FA ha hecho poco y nada al respecto.
El INC administra, en
distintas modalidades, unas 500 mil hectáreas en las cuales trabajan y viven
unos 3.830
Colonos.
Desde marzo de 2005 el
INC ha adquirido algunos miles de hectáreas, la mayor parte de ellas afectadas
por complejos procesos judiciales cuya solución probablemente llevará años.
En concreto: Es
imprescindible que, a la brevedad, se asignen recursos para que el INC comience
activamente a comprar tierra y genere las condiciones de vivienda,
infraestructura productiva, apoyo técnico, servicios de todo tipo, etc. para
que algunos miles de colonos se asienten en el campo cada año. Es necesario
asimismo, y paralelamente, apoyar a quienes ya están asentados como pequeños
productores para que permanezcan, con sus conocimientos y experiencia, en el
campo
Hace unos meses
propusimos la creación de un impuesto a la propiedad de más de 500 hectáreas
CONEAT, progresivo, según del modelo del Impuesto a la Producción Mínima
Exigible, implementado en 1967 y derogado en 1976, para financiar con su
producido (nuestro esquema generaba unos 140 millones de dólares anuales), la
colonización en el país.
Ahora, a punto de
comenzar a implementarse la Reforma Tributaria, que seguramente aumentará
significativamente la casi nula carga fiscal que soporta el campo, existe la
posibilidad de emplear parte de esos recursos con este fin.
Es claro que si no se
aborda este tema en forma rápida, el país seguirá contando con un elevado
desempleo estructural y altos índices de pobreza e indigencia.
William Yohai