Derechos de los trabajadores en Uruguay en el período progresista.  Un sinuoso e incierto camino

Derechos de los trabajadores en Uruguay en el período progresista. Un sinuoso e incierto camino

El Derecho y los trabajadores.

Sin ignorar que las relaciones jurídicas como la forma del Estado no pueden explicarse por sí mismas ya que emergen de las condiciones materiales de vida[1], deben ser visualizados no obstante en toda su dimensión dinámica como emergente superestructural y a la vez como condicionante de aquellas estructuras que lo determinan. El derecho adquiere su configuración en el juego mutuo de acciones y reacciones entre los diferentes factores sociales.  Su carácter dinámico se expresa como resultante de las emergencias propias del dominio de una clase sobre otra, pero también puede reflejar ciertas luchas o logros políticos o sociales de las clases trabajadoras, o por lo menos contener algunas señales de identidad de estas luchas, lo cual nos hace pensar en el derecho como un instrumento posible y complementario para el cambio social.

¿Cantidad igual a calidad? Un pregón que no dice mucho.

Sostener que se ha avanzado en determinado aspecto porque se ha legislado mucho, es no decir nada. Eso es lo que ha pasado con los gobiernos progresistas que irrumpen en Uruguay a partir de 2005, los que han insistido que sobre los derechos de los trabajadores nunca hubo tanto avance. Discurso recibido con beneplácito y amplificado por sectores sociales y grupos afines al gobierno.

No dudamos de la abundante producción normativa tendiente a regular diferentes aspectos que tienen como centro al trabajador asalariado y sus organizaciones sindicales. Ahora bien ¿realmente constituyen un avance jurídico protector de la parte más débil en la relación capital-trabajo? ¿es esa la única finalidad de la nueva construcción jurídica? La respuesta a estos interrogantes contribuye a saber si efectivamente asistimos a un fenómeno transformador de la normativa, y en tal caso en qué sentido, o por el contrario a un simple y deslucido “pregón acrítico”, que parece querer blindarse a cualquier cuestionamiento o exigencia que pretenda ir desde lo que hay, a más y mejor.

¿Conquista, concesión o control?

Muy lejos de esa suerte de linealidad progresiva de conquistas jurídicas que se nos pretende vender, la normativa se aproxima más a una especie de miscelánea conteniendo avances en materia de protección laboral, pero matizada por un contexto de dominio de las necesidades del capital que termina imprimiendo su identidad profunda, lo que la propaganda banal y la intención de blindaje no puede ocultar. Además, debe ser afirmado que la “construcción” jurídica no solo se integra por la aprobación de normas, sino además por aquellas omisiones que terminan contrarrestando o desbalanceando lo poco que a veces se concede.

Si bien no nos atrevemos a señalar como una variable independiente o factor decisivo para el análisis del fenómeno, opinamos, no obstante, que pese a que durante los gobiernos progresistas es posible advertir un conjunto importante de normas que reconocen y amplían los derechos de los trabajadores en el ámbito del Derecho Individual del Trabajo, vemos, en cambio, un Derecho Colectivo del Trabajo con ciertas falencias y claros retrocesos. Es decir, un cierto avance en el terreno jurídico que tiene como centro al trabajador individual, pero, como si se tratara de una suerte de contrapartida, una regulación contradictoria del funcionamiento de los sujetos colectivos, en algunos casos de claro contenido simbólico y escaso impacto social, y en otros amortiguando el rol natural llamado a cumplir por estos en el conflicto entre capital y trabajo, o incluso una regulación de claro sentido represivo a la acción colectiva.

En efecto, a partir de 2005 a la fecha, se han aprobado algunas decenas de leyes que podemos señalar como novedades de importancia en materia laboral en Uruguay. Algunas incluso de incuestionable significación, tal como la regulación del trabajo doméstico, la limitación de la jornada de trabajo en el sector rural, las leyes sobre tercerización, todas éstas de gran impacto en el aumento de los niveles de formalización laboral, aunque en materia de tercerización el régimen se presenta como deficitario a juzgar por la enorme cantidad de problemas no resueltos, tanto en la actividad privada como pública. También cabe mencionar las normas sobre seguridad y salud laboral y ni que hablar la ley de responsabilidad penal empresarial, cuya aprobación tuvo como efecto inmediato el abatimiento de los niveles de siniestralidad. En materia de Seguridad Social debe ser mencionada la ley de flexibilización del acceso a la jubilación y últimamente la denominada ley de los “cincuentones” habilitando el retorno de los afiliados desde el sistema previsional privatizado al sistema del B.P.S., norma ésta que puede ser objetable e inclusive ser definida como un salvataje a un sistema que debería caer definitivamente y cuyas inconsistencias son hoy objeto de cuestionamiento incluso por parte de la O.I.T. Se ha abordado la denominada “conciliación de la vida familiar y la laboral” tanto para el sector privado como el público tendiente en especial a abatir la discriminación de la mujer en el trabajo, y atender aspectos impostergables como la reformulación de las licencias por maternidad y paternidad y subsidios para cuidados de recién nacidos, y para parientes en relación de dependencia tal como fue acordado por convenio en el sector público. También se ha establecido protección laboral ante situaciones de acoso sexual y violencia doméstica y medidas contra la violencia basada en género, en el trabajo.

En fin, podemos afirmar que se han abordado jurídicamente determinadas temáticas de alta sensibilidad socio-laboral que permite diferenciar en este aspecto, al período abierto en 2005, respecto de los anteriores.

La autonomía en la mira:

Las normativas regulatorias de la actuación de los sujetos colectivos, exhiben con cierta claridad las señales del conflicto que las precede expresando la correlación de fuerzas entre las clases al interior de la sociedad. Ellas, contemplando viejas aspiraciones de los sindicatos, no dejaron de giñarle un ojo al sistema del capital, infundiéndole cierta tranquilidad.

Así ha ocurrido en el diseño y construcción del sistema de libertad sindical y negociación colectiva integrado por la reinstalación de los Consejos de Salarios y la aprobación de las leyes de negociación colectiva para el sector público (Ley 18.508 del 26 de junio de 2009) y privado (Ley 18566 del 11 de setiembre de 2009) y la ley de promoción y protección de la libertad sindical (Ley 17940 del 2 de enero de 2006).

No se puede dudar sobre el avance que implican los Consejos de Salarios, frente a un sistema que reservaba al mercado la determinación de los mínimos salariales. Ahora bien, este instrumento tripartito llamado a cumplir una función central en las relaciones laborales colectivas, ha sido opacado por la presencia e incidencia de las denominadas pautas o lineamientos del Poder Ejecutivo, en especial aquellas que le pusieron techo a las aspiraciones y las luchas de los trabajadores, especialmente a través de pautas asociadas a la relación entre inflación y salario. La incidencia de estas pautas genera la duda de si estamos ante un mecanismo de redistribución de la riqueza o ante un mero accesorio al servicio de instrumento de macroeconomía.

En cuanto a la ley de negociación en el sector privado, el avance que representó el establecimiento del derecho y deber de negociar, así como los criterios y la estructura establecida para ello, terminan por desplomarse, como un castillo de naipes, ante lo dispuesto por la ultima disposición de esta ley estableciendo la cláusula legal obligatoria de paz y confiriendo competencia a la Justicia para intervenir en materia de cumplimiento de los convenios colectivos (artículo 21). En el podio de las conquistas, exhibido como trofeo ante los trabajadores, se ha colocado una pieza que representa la consagración legal del fenómeno de la “judicialización” en un ámbito reservado históricamente a la autonomía colectiva. Mediante esta norma se ahogó en las aguas de la ignominia el viejo grito libertario que desde el fondo del tiempo le ha espetado en la cara a jueces y burócratas estatales para que se alejen del terreno de las organizaciones de los trabajadores. Esta disposición lamentable y trasnochada como la definiera el profesor grado 5 Ermida Uriarte[2], fue la luz verde para un proceso en el que hoy los jueces acogen amparos interviniendo en la vida interna sindical y declarando la ilegalidad de conflictos, piquetes y ocupaciones. Esto, era ya anunciado hace años por el también profesor grado 5 Hector Hugo Barbagelata quien señalaba que en el sistema uruguayo de relaciones de trabajo estábamos ante un indeseable aumento de las reglamentaciones” y que la norma mencionada además de lesionar la libertad sindical, entrega indirectamente a la justicia ordinaria la competencia para determinar cuando una huelga está justificada”[3]

¿Y que decir de la ley de negociación colectiva en el sector público? Manifestamos firmemente que se ha establecido un sistema a lo sumo de promoción, simbólica y de buenas intenciones. Pero nada más. La ley de negociación en el sector público mantuvo la discrecionalidad y la última palabra del jerarca como resolución final del problema. Un derecho humano fundamental como lo es la negociación se reduce en definitiva al cumplimiento de una mera formalidad: la reunión de las partes. Salvo muy dignas excepciones, la negociación ha devenido en el mejor de los casos en una mera consulta o en la instancia para escuchar a los trabajadores, pero muy lejos de lo que deberíamos entender por negociación. Su precaria implementación, se ha convertido no obstante en un formidable factor de legitimación del poder unilateral.

La ley de promoción y protección de la libertad sindical, en cambio no nos merece reparo. Constituye un excelente instrumento de protección sindical. Ayudó no solo a mantener sino además a promover la organización sindical.

Analizadas las cuatro normativas en su conjunto obviamente expresan un sistema, pensado y diseñado como tal, en el que, por una parte, se reconocen y protegen los derechos destinados a la acción, pero por la otra se terminan limitando sus efectos en el terreno allí donde se “cuecen las habas”, haciendo intervenir a la justicia ordinaria en la negociación privada y garantizando la última palabra del jerarca en el ámbito público. Se nos ha pretendido vender como el otorgamiento de muchos derechos a través de varias leyes favorables, lo que no es más que un sistema integrado y funcional, contemplando determinados intereses en el que la esperanza obrera no logra desprenderse de los atavíos del capital.

Finalmente, el control de lo colectivo, como vimos, sutilmente organizado, cuenta con “la porra” como ultima respuesta en caso de ser necesario.

El gobierno ha creado un marco jurídico apuntando contra el ejercicio de la huelga, incluidas algunas de las formas de la protesta social en que se inscriben ciertas modalidades de aquella.

En diciembre de 2010 el Poder Ejecutivo aprobó el decreto 354/2010, que prohíbe las ocupaciones de los trabajadores de las oficinas públicas. El decreto además de reprimir una de las modalidades del ejercicio de la huelga, ha ofendido la inteligencia del movimiento sindical, haciendo jugar un mecanismo conciliatorio ficticio, cuya función no es mas que el de legitimar el despojo de un derecho humano fundamental. Ocurrida la ocupación el Ministerio de Trabajo tentará la conciliación a condición de que se levante la ocupación y si ésta resulta inútilmente tentada se procederá a la desocupación.  En definitiva, una forma elíptica de prohibir las ocupaciones de las oficinas públicas. Debe ser señalado que este decreto insólitamente fue aplicado a una ocupación estudiantil a la Sede del CODICEN, lo cual desencadenó una severa represión.  La referida norma implicó un retroceso de varias décadas en Uruguay, desandando el tímido designio de reconocer la ocupación como modalidad de huelga. En efecto, en junio de 2006 el Poder Ejecutivo había publicado el decreto 165/2006 cuyo artículo 4to. reglamenta la ocupación total y parcial de los lugares de trabajo. Esta norma generó gran polémica. Por primera vez se reconocía jurídicamente a la ocupación como modalidad de ejercicio de la huelga. La misma desactivó al decreto 512/966 de épocas oscuras que facultaba al Ministerio del Interior a desalojar los lugares de trabajo ocupados. En clave ideológica la importancia de la aprobación del decreto 165/06 radico en visualizar al conflicto como un hecho natural regulando algunos de sus aspectos, a diferencia del decreto 512 del año 1966 que al concebirlo como un hecho patológico tendía a su represión. En cambio, la prohibición de la ocupación de las oficinas públicas como medida de huelga, implica, por lo menos para los trabajadores públicos, el retorno de una concepción ideológica que se entendía ampliamente superada. A esta norma prohibitiva de la ocupación, debemos agregar el famoso decreto 401/008 del 18 de agosto de 2008, castigando económicamente determinadas formas de ejercicio de la huelga.

No podemos dejar de mencionar el funesto decreto denominado “anti-piquete”. El mismo, aprobado en marzo de 2017 ataco al corazón del derecho a la protesta social, afectando sus componentes esenciales: asociación, reunión, expresión y libertad. Se concedieron al Ministerio del Interior facultades exorbitantes para reprimir el corte o interrupción de la vía pública (calle, camino o carretera) sin conocimiento previo del Juez. Si bien la norma supuestamente excluye a las medidas sindicales, lo cierto es que la libertad sindical no es autosuficiente, pues para su vigencia requiere del ejercicio de otras libertades civiles y políticas, precisamente las atacadas mediante este decreto. Seguramente por ello, la primera aplicación del mismo fue contra un sindicato de trabajadores.

Un duro obstáculo para los sindicatos de funcionarios públicos ha sido la modalidad adoptada por el Poder Ejecutivo para decretar la esencialidad de los servicios en aquellas reparticiones públicas cuyas tareas se encuentran asociadas a la seguridad, la salud o la vida. La limitación al derecho de huelga, mediante el establecimiento de servicios esenciales se reitera con cada vez mayor frecuencia, violentando no solo los estándares establecidos a nivel internacional sino además en franca trasgresión de la ya regresiva normativa interna (artículo 4to. de la Ley 13720). Esta dispone que el Ministerio de Trabajo podrá indicar por resolución fundada los servicios esenciales a ser mantenidos por turnos de emergencia. Sin embargo, en la práctica se dispone la esencialidad de TODOS los servicios sin importar si la huelga en estos afecta los aspectos que habilitan la esencialidad, e incluso en ocasiones se la ha decretado aún antes del inicio de la medida de lucha. La consecuencia ha sido la de negar o impedir en los hechos que determinados funcionarios y trabajadores privados puedan ejercer un derecho de consagración constitucional, sin olvidar el exabrupto de establecer la esencialidad en servicios que nada tienen que ver con las hipótesis habilitantes, como lo fue la esencialidad de la educación.

El Estado acorta distancia:

Diversos factores (ideológicos, políticos y jurídicos) asociados a la evolución del movimiento obrero uruguayo, fueron consolidando nuestro Derecho Colectivo del Trabajo, el que se integra por el trípode: Negociación Colectiva (convenios colectivos), Conflicto Colectivo (huelga) y Libertad Sindical (sindicatos). Nuestro país, constituye una excepción a nivel internacional, caracterizándose por la ausencia de regulación heterónoma (normas emitidas por el Estado). La abstención estatal constituyó una señal de identidad de nuestro modelo, sustentado en una fuerte tradición basada en el reconocimiento del conflicto entre capital y trabajo, dejando en la órbita de las organizaciones de trabajadores y empleadores la labor de autoregular sus relaciones, a partir de la desconfianza que generaba la intervención del Estado. Dicha abstención, además, se eleva a la condición de axioma esencial respecto de la autonomía de las organizaciones sindicales. He aquí pues uno de los aportes esenciales del pensamiento libertario, en particular en relación con la autonomía, libertad sindical y la huelga. Al decir del profesor Hermida una de las bases conceptuales del sistema sindical es la “irrestricta libertad sindical”[4] y en relación con el conflicto colectivo, salvo el sabotaje -que supone daño directo en objetos ajenos – cualquier forma de lucha gremial puede ser vista como una manera de huelga[5] (incluidos obviamente los piquetes, o la ocupación).

Sin embargo, como hemos visto, el viejo sistema autonómico oriental se fue devaluando ante la aprobación de las normas analizadas anteriormente, que, si bien no llegan a constituir leyes regulatorias del funcionamiento de los sindicatos o reglamentarias del ejercicio de la huelga como ocurre con los países de la región, replantean, no obstante, la proximidad e incidencia del Estado en el mundo colectivo del trabajo, interviniendo e incidiendo en aspectos otrora considerados íconos sagrados de la autonomía sindical. Intervención, en ocasiones tolerada, con alguna queja aislada.

Seguramente, la nueva geografía de cercanías es lo que “motiva” al gobierno a “invitar” una y otra vez al movimiento sindical a adoptar mecanismos de prevención de conflictos colectivos. Ha habido más de un intento por establecer un protocolo genérico, por ahora infructuoso, pero concretándose en cambio a nivel de rama de actividad, tal como ocurrió en el rubro de la construcción, y últimamente en el ámbito de la Mesa Sindical Coordinadora de Entes.  En este tema sabemos que el gobierno tiene la mira puesta a largo alcance. Creemos que a partir de la ley de negociación en el sector privado se ha intentado forzar una cultura de la prevención del conflicto y el control de la huelga. Exigencia establecida a fuego por los actores del nuevo contexto del capitalismo trasnacional, cuyo principal exponente en Uruguay en este momento es UPM.

¿Y el Señor Juez que dice?

La autonomía devaluada fue vista por los grupos relacionados con el sector patronal y los lobbies profesionales pro patronales, como una oportunidad propicia para articular ciertas estrategias tendiente a dinamitar por vía oblicua, los resquicios autonómicos que aún sobreviven. La estratégica consistió en acceder a los tribunales de justicia con la pretensión de ensayar de manera coordinada, una especie de acotamiento de la acción sindical. Y los tribunales, seguramente estimulados por la parcial colonización de la autonomía por parte de la intrusa ley, comenzaron a actuar. Se inicia así un peligroso periplo en el que el juez en forma osada se introduce en la vida interna de las organizaciones sindicales, tal como ocurrió por ejemplo en el ámbito de AUTE y SUTEL por parte del Tribunal de lo Contencioso Administrativo[6] o la insólita suspensión de las elecciones sindicales que iban a ser efectuadas en la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en el mes de abril del corriente año, mediante un amparo acogido por la justicia[7]. A esto debemos agregar las diversas sentencias recaídas en la justicia civil limitando mediante condena, el ejercicio de diversas modalidades de la huelga, incluso algunas de ellas con efectos hacia el futuro. La debacle jurídica e ideológica que refleja este nuevo panorama se dibuja esencialmente en los derechos que se invocan, tales como el derecho al trabajo del rompehuelgas y el derecho de propiedad. Se ha llegado incluso, a condenar a sindicatos por los daños causados al derecho de propiedad por el ejercicio de la huelga, tal como ocurrió mediante un fallo del 16 de mayo de 2019, condenando por este motivo a la SUNCA filial Rio Negro[8]

Todo este proceso al que denominamos “judicialización”, es el resultado de las “decisiones” y “tolerancias” que convivieron en relación con el mundo colectivo del trabajo, y francamente constituye hoy el principal problema planteado sobre el horizonte del universo sindical. El éxito de la acción coordinada de los personeros y profesionales del capital requiere una urgente respuesta desde quienes optamos por el derecho de los trabajadores. El dilema que se plantea es que la respuesta necesariamente contribuye a fortalecer la acción de intervención, devaluando aún más a la autonomía.

Consideraciones finales:

Es imposible reflexionar sobre estos temas sin ubicarlos en el contexto actual de cara a una contienda político-electoral, que incluye entre sus opciones una restauración neoliberal en aspectos que objetivamente constituyen avances a favor del trabajador y los sectores populares. Debemos admitir que efectivamente sobrevuela la posibilidad de la pérdida de algunos beneficios jurídicos importantes.

Ahora bien, el “pregón acrítico” sobre el avance de la legislación laboral en el período progresista, no debería ser la respuesta, por lo menos para quienes, como lo hemos explicado a lo largo de este artículo, entendemos o sospechamos que lejos de tratarse de una legislación laboral arrancada al régimen del capital, asistimos en realidad a la construcción de una verdadera estrategia de poder. No cabe duda de que el “pregón acrítico” nace en el territorio de quienes se consideran parte del mismo bloque social de los cambios junto a la fuerza política que gobierna el país, convirtiéndose incluso en aparato de propaganda al servicio de dicha causa.

En cambio, quienes han entendido que en el seno del Estado se expresa la correlación de fuerzas entre las clases, no tendrán más alternativa, de cara a este proceso electoral, y cualquier otro, que levantar la vieja bandera de la más amplia autarquía sindical al servicio de las luchas y cobijo de la mejor tradición obrera. Tendrán esos compañeros la responsabilidad de agudizar la vista para entender lo que subyace en el fondo tomando lo que sirve y condenando lo que no.

[1] C. Marx. “La contribución a la crítica de la economía política”.
[2] Ermida Uriarte, Oscar. “Interferencia y autonomía en el derecho colectivo uruguayo”.  XXI Jornadas Uruguayas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
[3]Bargagelata, Hecto Hugo, Revista de Derecho Laboral. Tomo LII-Nro. 236
[4] Hermida Uriarte, Oscar. “Sindicatos en Libertad Sindical”. Fundación de Cultura Universitaria” 2da. Edición, pag. 29.
[5] Hermida Uriarte, Oscar.  “Apuntes sobre la Huelga”. Fundación de Cultura Universitaria”. 2da. Edición, pag. 80.
[6] Sentencias Nros. 508 del 18 de agosto de 2016  y 359 del 23 de mayo de 2017.
[7] Juzgado Letrado en lo Civil de 20 Turno.
[8] Sentencia Nro. DFA.0005.000285/2017 de 16 de mayo de 2019. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2do. Turno.
* Publicado en “PROPUESTAS EN DEBATE”, Número 1 / agosto 2019.

Acerca del autor

Daniel Parrilla
Daniel Parrilla 1

Abogado, asesor sindical, integrante del Consejo Asesor de Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR).