El ajuste fiscal agravará la situación económica

El ajuste fiscal agravará la situación económica

Escribe Antonio Elías (*)

El Poder Ejecutivo presentó el lunes 23 de mayo los objetivos, lineamientos y principales medidas que incluirá en la Rendición de Cuentas, la cual debe ingresar al parlamento el próximo 30 de junio. El objetivo propuesto es reducir el déficit fiscal en 500 millones de dólares, uno por ciento del PBI, lo que se lograría recortando en U$S 150 millones los gastos de funcionamiento e inversión y aumentando en U$S 350 millones la recaudación impositiva. Lo que indica desde un principio que el eje principal del ajuste está en el aumento de la carga impositiva.

EL AJUSTE DE LOS GASTOS

Los egresos en la Administración Central se reducirían por diversos mecanismos: a) limitando el ingreso de funcionarios públicos, por cada tres funcionarios que egresen podrán ingresarán solo dos; b) eliminando el 5% de los créditos para retribuciones personales que no hayan sido ejecutados; c) reduciendo al mínimo los ajustes por la inflación en los gastos de funcionamiento e inversión; difiriendo/reduciendo los incrementos presupuestales aprobados para 2017 en un 10% ($ 2.964 millones).

Medidas, todas ellas, que afectaran la calidad, eficacia y eficiencia de los servicios públicos por la reducción de personal y de recursos para su funcionamiento. Se pretende, además, que las Empresas Públicas y los Organismos del Artículo 220 de la Constitución sigan los mismos lineamientos.

Se anunció, además, que se aprobaría una Ley que reformaría la Caja Militar para reducir una asistencia financiera que fue de U$S 400 millones en 2016; que se reducirían los excesivos gastos de distribución de gas y combustible de ANCAP; que se controlaría el aumento extraordinario de los gastos del Banco de Previsión Social debido a las licencias por enfermedad.

Lo cual, sin duda, apunta en la dirección correcta dado que en esos casos es notorio la improcedencia de dichos gastos. En el caso de la Caja Militar porque tiene un sistema absolutamente privilegiado, tanto en edad de retiro como en el valor de las prestaciones, respecto a las pasividades de las Cajas que integran del Banco de Previsión Social; en los casos de ANCAP y el BPS porque busca resolver fallas importantes de administración de los recursos públicos.

EL AJUSTE DE LOS INGRESOS

El aumento de las tasas de los Impuestos a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) son medidas que tendrá un impacto muy negativo sobre la clase trabajadora por la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y pasividades. Como contrapartida no aumenten las tasas impositivas que paga el capital, tales como los impuestos a la renta de las actividades económicas (IRAE) y al Patrimonio (IP) y se mantiene la política de exoneraciones a los grandes inversores, fundamentalmente extranjeros.

En efecto, los empresarios que fueron los que ganaron más en la época de auge no aportaran para el financiamiento del déficit del estado porque existe un compromiso del gobierno de no crear nuevos impuesto ni aumentar la tasa impositiva. Sí se toman una serie de medidas “administrativas” en el cálculo del Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas (IRAE), entre otras: la eliminación de la deducción de sueldos fictos patronales aplicable a empresas con alta facturación anual; reducir al 50% del resultado fiscal positivo las deducciones por pérdidas fiscales; gravar las utilidades no distribuidas generadas con una antigüedad superior a tres períodos.

La carga fundamental del ajuste recae sobre los ingresos del trabajo se aplica a partir de la franja que comienza en $ 33.401 con incrementos de 3 y 4 puntos sobre las tasas actuales. Hasta $ 50.100 pasa de 15% a 18%; la franja siguiente que llega hasta los $ 167.000 pasa de 20% a 23%. Las tres franjas superiores aumentan 4 puntos pasando de: 22% a 26% ($ 167.001 a $ 250.500); 25 a 29% ($ 250.501 a $384.000); 30% a 34% (más de $ 384.000).

El aumento en la tasa del IASS sería a partir de los $50.100, hasta $167.000 aumenta tres punto, pasa de 20% a 23%, los que tengan ingresos mayores a $167.000, que hoy pagan 25%, pasaran a pagar 29%.

EL AJUSTE LO PAGAN LOS TRABAJADORES

La reforma tributaria dual, implantada en 2007, con el argumento de instrumentar un impuesto a las rentas personales disfrazó y consolidó como permanente el impuesto a los salarios y redujo la carga sobre el capital. Como consecuencia de lo anterior en 2015 se recaudaron $ 35 mil millones por el IRPF a las rentas del trabajo, mientras que el IRPF al capital solamente pagó $ 6 mil millones de pesos. Por su parte, por IRAE se recauda menos que por el IRPF al trabajo $ 34 mil millones. El Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas solo recaudó $ 600 millones, mientras que el IASS recaudo en 2015 $ 6.500 millones.

La justa consigna “que pague más el que tiene más” se transformó en la injusta realidad que “paguen más los trabajadores y pasivos que ganen más”. Por lo cual, nuevamente, la carga cae sobre los trabajadores y no sobre los empresarios.

Dicen voceros del gobierno que se está aumentando un impuesto a las ganancias, lo cual es absolutamente falso dado que los salarios son solamente el precio de la fuerza de trabajo. Las ganancias se calculan descontando a los ingresos los costos incurridos en la producción de lo que se vende, esto claramente no es el caso de los trabajadores, menos aún el de los pasivos.

El aumento de los impuestos a los ingresos de los trabajadores afecta la calidad de vida, retrae el consumo y afecta el nivel de actividad generando desempleo. Téngase en cuenta que casi 485 mil trabajadores pagan IRPF y que el resto no lo paga por ganar menos del mínimo no imponible, son simplemente más pobres. La afirmación de que el 70% de los asalariados no será afectado es el reconocimiento explícito de los bajos salarios que reciben los trabajadores.

El aumento del IRPF se suma al congelamiento del salario real de los funcionarios públicos (no tuvieron aumentos por encima de la inflación) y a la pérdida que ya impuso el Poder Ejecutivo a los trabajadores del sector privado en la sexta ronda de Consejo de Salarios al imponer una pauta salarial de incrementos nominales decreciente menor que la inflación. Tanto la que había en julio del año pasado 9,02%, y mucho menor que la inflación anualizada que este año supera el 10%.

Todas estas medidas que implicaran perdidas de poder adquisitivo y disminución del nivel de actividad y el empleo se suman al ajuste que ya había iniciado el gobierno con el aumento de tarifas por encima de la inflación en enero de este año y con la reducción de la inversión pública.

La lucha distributiva que provocan los procesos inflacionarios genera una espiral precios-salarios que hoy tiene a los trabajadores encadenados a la pauta salarial nominal mientras que los precios aumentan significativamente sin que se apliquen controles efectivos para reducirlos.

En resumen, el ajuste fiscal y monetario contractivo es contrario a los intereses de los trabajadores – activos y pasivos – que nuevamente son la variable de ajuste de la economía e inexorablemente perderán poder adquisitivo y calidad de vida lo que provocará una agudización de la lucha de clases.

Lo que está en juego, en lo inmediato, es evitar que se continúen consolidando las actuales políticas contractivas y procíclicas. Es imprescindible lograr que se utilicen todos los instrumentos de la política económica para llevar adelante un programa de acción contracíclico lo que, entre otros aspectos, implica: un sustancial aumento de la inversión pública utilizando parte de las reservas; modificar la pauta salarial del sector privado; dejar de lado el aumento del IRPF al trabajo; incrementar el impuesto a la renta y al patrimonio de los capitalistas; eliminar, o al menos reducir, las exoneraciones tributarias al gran capital; todo lo cual recaerá en un aumento del nivel de actividad y el consecuente aumento de la recaudación.

La respuesta al ajuste fiscal del Poder Ejecutivo la podrán dar los trabajadores organizados y sus aliados y/o los parlamentarios que deberán aprobar o rechazar el Proyecto de Rendición de Cuentas.

(*) Master en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR).

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Red de Economistas de Izquierda de Uruguay