El gobierno “ahorra” bajando salarios y reduciendo personal

El gobierno “ahorra” bajando salarios y reduciendo personal

El Balance de Ejecución Presupuestal y Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio 2021, al igual que el correspondiente al ejercicio 2020, se caracteriza por reflejar uno de los elementos fundamentales de la política de ajuste fiscal del gobierno: reducir la masa salarial del Gobierno Central. El “ahorro” en remuneraciones acumulado por el gobierno en 2020 y 2021 alcanza a 8.200 millones de pesos, unos 205 millones de dólares.  Esta reducción de la masa salarial se realiza utilizando dos instrumentos: uno, la reducción de personal; dos, la rebaja salarial.

Para explicar el impacto de los instrumentos del ajuste se utiliza: en la primera parte, de esta nota la información sobre los Vínculos Laborales con el Estado, que presenta la Oficina Nacional de Servicio Civil; la segunda parte se basa en el Tomo I de la Rendición de Cuentas.

La reducción de personal

Una de las primeras medidas de reducción de personal adoptadas por el Gobierno fue el Decreto 090/020 del 11 de marzo de 2020. A través de esta disposición el Poder Ejecutivo establece una fuerte reducción de personal: prohíbe proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y solo podrán ocuparse un tercio de los que se generen a partir del año 2020. Con la excepción del personal docente; profesional técnico y especializado de la salud, del personal dependiente del Ministerio del Interior abocado directamente a funciones de seguridad. El 28 de abril, el decreto N° 135/020, agregó a las excepciones al personal militar.

La reducción incluye la no renovación automática de los vínculos de servicios personales de carácter temporal y un tope de 60% del monto total ejecutado en 2019 por el mismo concepto. Esta decisión implicó la expulsión de un importante número de trabajadores, que mantenían sus vínculos vigentes porque las tareas que desempeñaban eran fundamentales para garantizar la calidad de los servicios públicos.

La decisión de prohibir el ingreso de funcionarios tiene y tendrá un efecto muy grave en la gestión de los diversos organismos públicos. Las políticas de restricción al ingreso han tenido históricamente consecuencias nefastas, que se tradujeron en problemas de gestión, así como en la proliferación de decenas de vínculos contractuales precarios, sin estabilidad y tercerizaciones que en general tienen un costo superior para el Estado.

En la Administración Central los vínculos laborales en 2019 eran 82.588 y se redujeron en 2020 a 81.015. Lo que implica una baja de 1.573 vínculos (1,9%).  Que se componen de 1.766 funcionarios sobre un total de 78.377 (2,2%) y 143 no funcionarios, de un total de 4.211 (3,4%).

Cuando se realiza el análisis separando lo que corresponde a incisos ligados a la seguridad – Ministerios de Defensa e Interior – del resto de los incisos los impactos de las políticas de reducción de vínculos laborales tienen efectos muy diferentes.

Los incisos integrados únicamente por vínculos laborales de trabajadores civiles son los más afectados. Se redujeron 2.455 vínculos, de 20.391 a 17.936, o sea 12%. Los funcionarios tuvieron una baja de 1.841 en un total de 17.438, una caída de 10,6% y lo no funcionarios de 614 en 2.953, una baja enorme de 20,8%.

En los incisos que se está analizando, se redujeron 940 presupuestados de un total de 15.308 un 6,1%. Téngase en cuenta que en el caso de los funcionarios civiles solo generan vacantes los trabajadores presupuestados.

Los incisos más afectados por estas políticas de no cubrir vacantes fueron: Economía y Finanzas (291), Presidencia (173); Transporte y Obras Públicas (182); Educación y Cultura (176); Ganadería, Agricultura y Pesca (94).

Si se considera lo que ha pasado con los Provisoriatos, que son el mecanismo de ingreso a la presupuestación, estos se han reducido en un 82.5%, de 1.013 a 177, una reducción de 836 trabajadores. En conjunto entre presupuestados y provisoriato hay una reducción de 1.776 funcionarios.

La situación es aún más grave en el caso de los trabajadores que no son funcionarios públicos – contrato de derecho privado, becarios, pasantes, arrendamientos de obra y de servicios – que eran 2.953 y quedaron 2.339, una reducción de 610 vínculos, casi la quinta parte de los trabajadores.

Los incisos más afectados por esta reducción de vínculos laborales son: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (324) y Presidencia (291).

La contracara son los Ministerios de Interior y Defensa que crecen. El total de vínculos laborales en 2019 era de 62.197 y en 2021 alcanzó a 63.079, un   aumentó de 882 vínculos.

Las pérdidas de recursos humanos, agravadas por el fuerte ajuste de gastos de funcionamiento e inversión, limitan fuertemente la capacidad de los trabajadores y trabajadoras públicos para atender las necesidades de una población empobrecida. En varias reparticiones del Estado la necesidad es tan grande que pone en peligro funciones básicas que hacen también a la seguridad de la población, concepto que va mucho más allá de defender los derechos de la propiedad privada. La concepción de trabajo público va inevitablemente de la mano de los derechos básicos de la población en su conjunto.

La rebaja salarial

En el artículo 4 de la Ley 19.924, Presupuesto 2020-2024, el Gobierno se comprometió a recuperar al 1° de enero de 2024 el salario real de los trabajadores públicos conforme al Índice Medio de Salarios Real del Gobierno Central. Dicho indicador no mide el poder adquisitivo de cada uno de los trabajadores de las diferentes reparticiones del Gobierno Central, mide el promedio ponderado de 285 mil trabajadores. Obviamente, como es por todos conocido, los promedios pueden ocultan diferencias muy importantes: en el mar de los promedios se ahogan los enanos.

Cada trabajador mide su poder adquisitivo de acuerdo a la evolución de su propio salario y de la inflación. Si su salario aumenta más que la inflación, crece su poder adquisitivo, si su salario aumenta menos que la inflación, su poder adquisitivo decrece, por esta razón es que el criterio de ajustar los salarios por la relación entre un indicador promedio y la inflación es un enorme error conceptual, por decir poco.

Asumir que la pérdida salarial se corrige dando ajustes por inflación en base a la variación de un indicador que promedia en forma ponderada realidades absolutamente disimiles implicaría, por ejemplo, que a todas las ramas del sector privado se las aplicará la variación del Índice Medio de Salario Real del Sector Privado. Ni los empresarios, ni los trabajadores aceptarían un ajuste salarial que considere en una misma bolsa las realidades de, por ejemplo, los sector rural, industrial, financiero, comercial y de la construcción.

Por otro lado, la muestra se basa en la estructura del Gobierno Central del año 2008, la cual no condice con la realidad actual, dado que no recoge la existencia de nuevos Ministerios, nuevas reparticiones públicas, supresión de oficinas, así como un agrupamiento diferente de funcionarios en los distintos escalafones y grados.

La evolución del índice además puede verse afectado por decisiones discrecionales del gobierno de turno como puede ser el pago de compensaciones o por asignación de funciones “a dedo” y que no afectan el cargo, escalafón y grado ocupado por cada funcionario.

El indicador adecuado para determinar la evolución del salario real es la comparación de salario nominal, cantidad de dinero que recibe el trabajador por vender su fuerza de trabajo, y la cantidad de bienes y servicios que puede adquirir.  Esta medición es independiente de la fórmula que el gobierno elija para definir las razones por las cuales llega a esos valores.

En los años 2021 y 2022 el aumento nominal fue menor al incremento del Índice de Precios al Consumo. El primero de enero de 2021, el ajuste de salario para los trabajadores públicos fue de 4.41 % mientras que la inflación registrada durante el año 2020 fue de 9.41 %. Esto representa una rebaja salarial aplicada por el Gobierno de 5 %. Para realizar este primer ajuste el Poder Ejecutivo fundamento la reducción salarial diciendo que ajustaba por la inflación pasada y que por eso le restaba el 5% que había sido pagado como inflación futura el año anterior.

El 1 de enero de 2022 el ajuste de salario fue de 7,07 % mientras que el aumento del IPC del año 2021 fue de 7.96 %, lo que implica una nueva pérdida salarial del 0,89 %. Pero para poder justificar una segunda reducción salarial, el Poder Ejecutivo asume como criterio la inflación futura, la que estimó en 5,8% a lo cual le sumó una inexistente recuperación de 1,2%.

Esto implica, una grave inconsistencia, en 2021asumió como criterio la inflación pasada, mientras que en 2022 para no pagar lo que correspondía a la inflación de 2021 asumió el criterio de la inflación futura. A su vez, distorsionan la realidad cuando afirman que hubo una recuperación salarial, cuando el incremento de la inflación fue mayor que el aumento del salario nominal. Para comenzar a recuperar salario, primero que nada, el ajuste debe igualar la variación de la inflación pasada, todo lo que exceda este porcentaje representa recuperación salarial. Sin embargo, durante los dos años de gestión del Gobierno, el ajuste de salario fue 6% inferior al IPC.

El gobierno sostiene que la pérdida de poder adquisitivo, medido por su indicador, es solamente 2,9%, respecto a diciembre de 2019, si se mantiene ese criterio el presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, no cumplirá con lo que comprometió durante la campaña electoral, que los salarios mantendrían los valores registrados al inicio de su gestión.

Los trabajadores de la Administración Central y de los incisos del Art. 220 que están afiliados a COFE, llevan a su hogar el ingreso que perciben por su salario, y este salario es un 6 % inferior al que cobraban al primero de enero de 2020. Para que los trabajadores recuperen el salario que tenían al inicio de este gobierno, los ajustes de 2023 y de 2024 deben determinarse sumando un 6% a la variación del IPC.

En el convenio firmado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y el Poder Ejecutivo, luego de un largo proceso de movilizaciones y negociaciones, se logró que primara el reclamo de los trabajadores de recuperar el 6% de pérdida salarial en lo que resta del periodo de gobierno. La fórmula acordada beneficia a la amplia mayoría de los trabajadores, pero solo resuelve parcialmente la recuperación salarial de los trabajadores de más altos ingresos, por lo cual se incluyó una cláusula que prioriza a futuro la recuperación total de dicha perdida.

A modo de conclusión

La información presentada muestra claramente las políticas que lleva adelante el gobierno para reducir la masa salarial que reciben los trabajadores públicos. Las cuales castigan a la población en múltiples sentidos. Reduce la cantidad y calidad de los servicios públicos, genera desocupación, reduce el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado, con su consecuente impacto negativo en el Índice Medio de Salarios y los ajustes de las pasividades. Todo lo cual, a su vez, reduce la demanda interna afectando a las pequeñas y medianas empresas.

Muestran, también, que los trabajadores organizados han sido capaces, a través de diversas medidas y movilizaciones, de modificar, al menos parcialmente, algunos aspectos de la política salarial. Sin embargo, no se ha podido comenzar a revertir aún la reducción de recursos humanos en el Estado. Si bien, se trata de evitar que se continúe con los procesos de reestructura que buscan profundizar el proceso de reducción de personal a través de la declaración de excedentarios.

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 70

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.