La cuestión sigue siendo civilización o barbarie

La cuestión sigue siendo civilización o barbarie

Antonio Elías (*)

En la mayoría de los casos no se produjeron cambios significativos en el sistema de dominación, ni siquiera se avanzó en la dirección esperada, y en otros, donde se había avanzado mucho en una primera etapa ha habido frenos y retrocesos significativos. Todo ello en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto “progresismo” en un gran paraguas que cubre a gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

 

Los gobiernos progresistas del cono sur, con todas sus diferencias, se inscriben dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. En Brasil y Uruguay llegan al gobierno vaciando su discurso político de los objetivos estratégicos de la izquierda, asumen las reformas del Banco Mundial como si fueran un programa superador del neoliberalismo y pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema. Argentina, merece un análisis específico por múltiples razones, entre otras, porque no tenían ni objetivos ni bases sociales de izquierda, pero aplicaron políticas económicas heterodoxas en disputa con los organismos multilaterales. En los tres países los cambios

son fuertes en el plano político-electoral con reiteradas victorias nacionales y regionales, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizan el capitalismo.

 

En Bolivia, Ecuador y Venezuela, la situación fue muy distinta, hubo avances importantes en el enfrentamiento a las empresas transnacionales restringiendo su capacidad de acumulación. Los cambios fueron más profundos y fuertes en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales, fundamentalmente las reformas constitucionales, apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen y que estos países han evolucionado de manera bastante diferente por presiones externas y por debilidades internas.

 

Unos, se enfrentaron a las transnacionales y trataron de desarrollar formas de propiedad estatal y social, tales como la comunal y las cooperativas. Otros, apostaron estrictamente a la profundización capitalista a través de una conciliación de clases asimétrica, que utilizó los ingresos extraordinarios para subsidiar al capital (p. ej. exoneraciones tributarias y zonas francas) y a los sectores más pobres de la población (p. ej. plan de emergencia y bolsa familia).

 

La posibilidad de mantener el predominio político de  los gobiernos progresistas en nuestro continente está en cuestión. Durante casi una década los precios de las materias primas que exportan nuestros países tuvieron precios mucho más altos que en períodos anteriores y eso posibilitó un aumento significativo de los recursos de que disponía el progresismo para llevar adelante sus proyectos de cambios profundos (Bolivia y Venezuela), los que avanzaron en una primera fase y luego quedaron a mitad de camino (Ecuador) y los que simplemente buscaron la legitimización social (Argentina, Brasil y Uruguay).

 

Los gobiernos progresistas – tanto los que han tenido objetivos estratégicos socializantes como aquellos que buscaron consolidar el capitalismo – están siendo severamente afectados por la crisis de la economía mundial, la cual se traslada aceleradamente de los países centrales a los países periféricos. La crisis está desestabilizando estos gobiernos al reducir la disponibilidad de recursos para financiar sus políticas como consecuencia de la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios; la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones en nuestros países; el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.

 

El fin del ciclo económico favorable a los países productores de materias primas profundiza la tendencia a la caída del nivel de actividad económica: desaceleración, estancamiento y, en algunos casos, recesión con lo cual se genera una caída del ingreso nacional y un aumento considerable del déficit fiscal. En contextos críticos, como los señalados, caen los ingresos reales de trabajadores y pasivos, se reducen los recursos destinados a los servicios públicos y a las políticas asistenciales a los sectores más desprotegidos, lo que provoca una pugna distributiva entre el trabajo y el capital y un empobrecimiento creciente de los sectores sociales que dependen de los subsidios del Estado. Todo lo cual genera condiciones objetivas para una agudización de la lucha de clases, pero no existirían condiciones subjetivas tales como conciencia, organización y dirección para poner en cuestión el dominio del capital.

 

El predominio electoral del progresismo muestra fisuras importantes: triunfo Mauricio Macri en Argentina

(22/11/2015); en Venezuela obtuvo mayorías parlamentarias la oposición (06/12/2015); en Bolivia fue derrotada la propuesta de reforma constitucional para posibilitar la reelección de Evo Morales (21/02/2016). En algunos países, Brasil y Venezuela, hay niveles altos de confrontación e inestabilidad provocadas por aquellos que buscan la destitución de la presidenta Rousseff y del presidente Maduro.

La situación es particularmente compleja porque esta situación de debilidad relativa de los gobiernos progresistas debe enfrentar: por un lado, una ofensiva estratégica del capital, que ya lleva varias décadas, por instaurar un modelo de acumulación que le permita aumentar la decaída tasa de ganancia y trasladar los costos de las sucesivas crisis a los países periféricos y a los trabajadores; por otro lado, una agudización de las agresiones imperialistas – por diversos métodos – para desplazar de las posiciones de gobierno a fuerzas de izquierda o simplemente progresistas y sustituirlas por gobiernos estrictamente subordinados a sus intereses.

 

Los dos objetivos fundamentales de estos procesos de desplazamiento y sustitución de gobiernos progresistas son: a) reducir al mínimo las fronteras y las regulaciones económicas, facilitando así la penetración transnacional, tanto para la sobreexplotación de los recursos naturales a través de la Inversión Extranjera Directa como para comercializar sus bienes y servicios en iguales o mejores condiciones que los productores locales; b) bajar los costos del Estado y de la mano de obra con políticas restrictivas de diverso tipo, tales como la desindexación salarial y los ajustes fiscales.

 

La clase trabajadora, los pueblos originarios, la izquierda política y social y los gobiernos comprometidos con esos intereses populares lucharan para evitar que esos objetivos – que profundizarán la dependencia, la desigualdad y la pobreza – se cumplan.

 

(*) Director de INESUR, Vicepresidente de la SEPLA y miembro de la REDIU.

 

Publicado en el semanario “Voces”, Montevideo, el 28 de julio de 2016.

Acerca del autor

RedIU
RedIU 50

Red de Economistas de Izquierda de Uruguay