LA PALABRA EMPEÑADA ES SAGRADA

LA PALABRA EMPEÑADA ES SAGRADA

LA PALABRA EMPEÑADA ES SAGRADA

Por Antonio Elías | Docente universitario, sindicalista, miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)

El incumplimiento voluntario y premeditado de un contrato es un abuso y si quien lo comete es el gobierno, es un abuso de poder. Los abusos de poder socavan la estabilidad social y las instituciones, generan condiciones para que la corrupción avance y afectan la eficiente asignación de los recursos, perjudicando más a quienes menos tienen.

Uno. En mayo de 2003 se crea el Call Center de Antel, el cual se integra con los servicios que ya existían dentro de la empresa, entre otros, reclamos, información de guía, atención comercial y facturación. Los trabajadores que operan dichos servicios son contratados por empresas suministradoras de personal temporal, tales como Manpower, Adeco o Galmor.

Los trabajadores tercerizados de Antel, con el apoyo de Sutel crean, en 2005, la Asociación de Empleados Tácitos de Antel (AETA) para luchar contra las contrataciones de personal en condiciones de precariedad y mal remuneradas. En 2006 el MTSS actúa de oficio sosteniendo que la Doctrina y Jurisprudencia han admitido que sólo se pueden tercerizar aquellas tareas que son complementarias o secundarias del giro principal de una empresa y que en el sector público la ejecución de tareas permanentes debe efectuarse por personal presupuestado y si fueran trabajos transitorios o temporales bajo la figura de contratos de función pública.

La Inspección General de Trabajo resuelve (expediente 8295/06) que: "La Empresa Tercerizadora es un empleador ficto. La contratación a través de estas es una forma de derivar hacia terceros las obligaciones y responsabilidades que corresponden al empleador principal, Antel. La condición de empleador de las Empresas Tercerizadoras es una ficción inadmisible a la luz de los principios laborales de primacía de la realidad y del principio protector del trabajador. Los trabajadores tercerizados tienen un vinculo laboral directo con Antel". A su vez agrega: "Las diferencias salariales existentes entre el personal presupuestado y el personal de la Empresa Tercerizadoras además de ser ilegal y violatorio del principio de que a igual función igual salario es generadora de conflictos laborales permanentes." Concluye intimando a Antel para que en un plazo de 90 días regularice la relación laboral del personal que presta funciones en los Call Center.

En lugar de incorporarlos como funcionarios de Antel, el Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones responde a la intimación creando una empresa de propiedad 100% pública, regida por el derecho privado, que gestione el centro de atención telefónica "Call Center". ¿Por qué? ¿Para qué?

El Directorio de la Administración Nacional de Telecomunicaciones responde a la intimación creando una empresa de propiedad 100% pública, regida por el derecho privado, que gestione el centro de atención telefónica "Call Center".

Dos. Los sindicatos involucrados se declararon en conflicto sosteniendo que: a) El intermediario no desaparece, se crea otro, de propiedad estatal y derecho privado y que se mantiene la precariedad de los trabajadores; b) La actividad del Call Center es esencial y estratégica, por lo cual, debe permanecer en Antel; c) Existe el riesgo de una eventual privatización dado que no existe ningún elemento jurídico que imposibilite que se vendan las acciones; d) Nada asegura un manejo transparente de las finanzas de Accesa, para sus compras no rige el Tocaf, ni la Auditoría Interna de la Nación, ni la obligación de concursos, ni carrera funcional.

Tras un intenso conflicto las partes acordaron, el 2 de abril de 2007, que: "en un plazo de 12 meses se evaluará la actividad en forma completa. Antel, en igual período, pasará a gestionar directamente el Call Center quedando su personal vinculado en forma directa a ella". A su vez, se reconoce "como fase de tránsito hacia este objetivo y para no afectar la estabilidad laboral de los trabajadores, la decisión de Antel de crear una SA llamada Accesa".

El acuerdo es, sin duda, incompleto y abierto a múltiples interpretaciones en lo que refiere al tipo de contrato laboral (presupuestado, función pública o a término), la categoría y el salario de los trabajadores de Accesa que deben quedar vinculados en forma directa a Antel.

Finalizado el plazo establecido el gobierno no ha cumplido el acuerdo Si no lo hace a la brevedad, estará sentando un mojón de inusitada gravedad con consecuencias muy negativas para la relación entre los trabajadores y el gobierno, dada la voluntad manifiesta del movimiento sindical de hacer respetar los acuerdos.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad social debería está llamado a tener un papel clave en este conflicto en la medida que es garante del cumplimento de los acuerdos entre Sutel y Antel (3/05/2007).

Tres. El incumplimiento de la palabra empeñada, sean cuales sean las razones, atenta contra la cohesión social y debilita al gobierno. "Es un firme propósito del gobierno de la izquierda respetar los compromisos asumidos por el país, no violar las reglas de juego, no generar situaciones nuevas que además carezcan de fundamento", aseguraba el ministro Astori (El Espectador ­ 15/11/2004).

La medida unilateral del Ejecutivo choca con el reiterado discurso oficial: "el establecimiento de reglas claras de juego y el respeto a las mismas" está destinado a crear "un escenario de confianza y estabilidad para el inversor". (ACDE – 13/05/2005). Nadie debería olvidar que los más seguros "inversores" son los trabajadores que dan su vida por el país, y no merecen menos respeto que aquellos que sólo ponen su dinero.

En la alocución del ministro Astori en la FOEB dijo que "no hay una política laboral por un lado y una política económica laboral por otro lado, hay una sola política que es la política del gobierno." En ese sentido el incumplimiento del acuerdo firmado con los trabajadores de Sutel es una responsabilidad de todo el poder ejecutivo que debería ser corregida de inmediato.

Ahora se muestra lo apropiada que era la promesa del Dr. Tabaré Vázquez de impulsar "la creación del Consejo Ciudadano de Seguimiento de los Compromisos de Gobierno" (”El Uruguay democrático”, IMM – 20/09/09)

CUATRO. El Poder Ejecutivo transmite señales contradictorias a los trabajadores organizados: por un lado, el Presidente de la República asiste y participa de una reunión en la FOEB donde jerarquiza la importancia del movimiento sindical y, por otro lado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Economía y Finanzas y Antel incumplen un acuerdo firmado por la dirección del Ente con Sutel.

El conflicto desatado y su resolución tendrán fundamental importancia en las características que adquiera la "Transformación democrática del Estado". El traslado de actividades del sector público al régimen de derecho privado, más allá de los objetivos e intenciones de sus impulsores, provocará una reducción del sistema de garantías imprescindible para avanzar hacia el país productivo y con justicia social que todos esperamos construir. Los trabajadores, como siempre, están comprometidos con la defensa de la democracia participativa, el patrimonio nacional y la soberanía.

 

Publicado en la contratapa de “La República”, Montevideo, 6 de abril de 2008.

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.