La resolución del TISA marca el camino hacia un gobierno de izquierda

La resolución del TISA marca el camino hacia un gobierno de izquierda

La REDIU valora la decisión del plenario del Frente Amplio y la resolución adoptada por el Poder Ejecutivo de retirarse de las negociaciones del TISA.

En esta oportunidad el Presidente actuó de acuerdo a la estructura política del partido gobernante, el que se expresó por amplia mayoría en acuerdo con el programa y con la naturaleza histórica del FA.

Integrantes de la REDIU han explicado en varias notas cuál es el problema central en este tema. Se trata de una estructura normativa que antecede las negociaciones y establece las reglas que son y serán el marco regulatorio al que se deberán ajustar los países participantes en ese acuerdo. Y esas normas no son discutibles, se aceptan por el hecho de participar y pertenecer al selecto club. Así lo explicitó el actual ministro de economía cuando se discutió, en el anterior gobierno de Tabaré Vázquez, la participación en un TLC con USA: los acuerdos no se discuten porque las normas generales no se pueden modificar.

Estos acuerdos tienen su origen en las sucesivas crisis que han restringido de diversas maneras las áreas tradicionales de actividad y han aumentado el número y la competencia entre las empresas. Las ganancias netas de estas entidades merman por lo que buscan expandir sus operaciones en otros espacios económicos sin respetar límites ni aceptar restricciones.

Para eso buscan avanzar con instrumentos de guerra económica y someter a los países que participan a una normativa supranacional, de modo tal que lo que se establece en esos ámbitos – tratados, acuerdos o cualquiera sea su nombre o sigla -no podrá ser modificado por la sola voluntad de ningún gobierno integrante del “acuerdo”.

Por tanto, aceptar la participación en dichos ámbitos implica consentir la sustitución de las potestades ejecutivas, legislativas y judiciales, actuales y futuras del país, por una normativa específica que se redactó por otros y claramente en favor de los grupos económicos inversores.

Impulsan y participan de este acuerdo una pluralidad de Estados en equívoca conjunción con poderosos intereses económicos y financieros de grandes corporaciones privadas fuera de la potestad de las naciones. Las negociaciones, además, se realizan en forma secreta y por tanto son antidemocráticas.

Se violan así los derechos y potestades de los estados naciones, definidos en los acuerdos multinacionales de posguerra, sobre la base de los principios de autodeterminación y no intervención. Tratados como el TISA, el Transpacífico y el de Libre Comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea pretenden condicionar y suprimir las potestades nacionales. Crean un nuevo orden mundial adecuado a las necesidades e intereses de las potencias que se pretenden imperiales y al servicio de los conglomerados económicos interesados en constituir un mercado mundial sin fronteras ni regulaciones.

Los principales objetivos que buscan los estados centrales con este acuerdo son: el libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen varios “blindajes”: uno, el “statu quo”, que bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado; dos, las “disposiciones de trinquete”, que implica que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional; tres, resolución de controversias, las que serán reguladas y arbitradas por tribunales especiales – excluyendo así las competencias y las legislaciones nacionales – que al igual que el CIADI, favorecen los intereses de las Empresas Transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones.

El TISA establece que todos los mercados existentes son parte del mismo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas de este acuerdo.

Por último, debe destacarse que si bien el TISA dice excluir los servicios suministrados en ejercicio de facultades gubernamentales del ámbito de aplicación del acuerdo, restringe dichas facultades a los servicios que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores. Lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos quedarían incluidos en la liberalización.

Las cláusulas de blindaje, estabilidad, seguridad jurídica y de prórroga de jurisdicción generarían múltiples condicionamientos de la voluntad de sus tres poderes y la violación del axioma de igualdad ante la ley. Se pretende es privatizar todo lo comercializable despojando a la sociedad del libre acceso y control de bienes y servicios esenciales con la finalidad, primera y última, de abrir espacios para una mayor acumulación de ganancias para los conglomerados económicos que operan en el mundo entero.

Lamentablemente algunos representantes de los grupos que fueron minoría en el plenario, partidarias de seguir con este engendro, se expresaron tratando de descalificar lo resuelto por amplia mayoría. Afirman, entre otras cosas, que los que votaron en contra no saben lo que dicen. Lo cual es una ofensa gratuita a quienes piensan diferente e implica ignorar, por ejemplo, que los documentos secretos del TISA están, desde hace varios meses, a disposición de la sociedad en las páginas web de la REDIU (www.rediu.org) y de la SEPLA (www.sepla21.org).

Desconocen, a su vez, que se publicaron múltiples análisis críticos en diversos medios de comunicación, entre otros, en “Voces”, “La Diaria”, “Brecha” y “Rompekbezas” y el papel de la Fundación “Vivian Trías” en el esclarecimiento de estos temas a través de un ciclo de debates. Ni tampoco, en el plano internacional los estudios que ha realizado la Internacional de Servicios Públicos.

En la disputa por quedarse o salir del TISA se expresa una diferencia conceptual fundamental sobre el proyecto de país, entre los que postulan que la apertura económica más amplia es el camino al crecimiento y los que entienden, como la REDIU, que las fronteras económicas protegen nuestra economía y que el criterio de apertura es una de las decisiones estratégicas fundamentales del país. En ese sentido rechazamos la propuesta del canciller Nin Novoa, sin base política ni fáctica, de sustituir el TISA por múltiples Tratados de Libre Comercio.

El proyecto de país al que nos referimos es el que surge del programa del FA, que es el que fue votado por la mayoría de los ciudadanos en uso de sus derechos constitucionales. Y ese proyecto y ese programa se condensa en la ley principal del período que es la que actualmente se discute en el parlamento: el presupuesto nacional.

El cual es la expresión cuantitativa del programa de gobierno, donde se establecen las prioridades y se fijan los recursos para el cumplimiento de las metas y fines de cada sector. Pero, en la situación actual, hay muchas voces y sectores sociales que, al igual que la REDIU, manifiestan su discrepancia con el proyecto de ley presentado por el gobierno porque no cumple con los objetivos sostenidos y comprometidos en la campaña electoral y, menos aún, satisface las necesidades de las grandes mayorías nacionales.

Pero este es otro tema para analizar y discutir bajo una premisa: los costos de la crisis lo deben pagar los que más tienen y no los trabajadores y pasivos. En ese sentido, la resolución adoptada sobre el TISA marca un cambio en la correlación de fuerzas y un camino en la disputa por la hegemonía del trabajo sobre el capital.

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Publicado en Voces
17 de Septiembre de 2015

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Red de Economistas de Izquierda de Uruguay