La seguridad social es un derecho constitucional, no una variable de ajuste

La seguridad social es un derecho constitucional, no una variable de ajuste

El artículo 67 de la Constitución determina que: “Las jubilaciones generales y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los trabajadores, patronos, empleados y obreros, retiros adecuados y subsidios para los casos de accidentes, enfermedad, invalidez, desocupación forzosa, etc., y a sus familias, en caso de muerte la pensión correspondiente. La pensión a la vejez constituye un derecho para el que llegue al límite de la edad productiva, después de larga permanencia en el país y carezca de recursos para subvenir a sus necesidades vitales.

Los ajustes de las asignaciones de jubilación y pensión no podrán ser inferiores a la variación del Índice Medio de Salarios y se efectuarán en las mismas oportunidades que se establezcan ajustes o aumentos en las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central.

Las prestaciones previstas en el inciso anterior se financiarán sobre la base de: contribuciones obreras y patronales y demás tributos establecidos por ley. Dichos recursos no podrán ser afectados a fines ajenos a los precedentemente mencionados, y la asistencia financiera que deberá proporcionar el Estado, si fuera necesario”.

El criterio constitucional de otorgar “retiros adecuados” debe entenderse como el equivalente monetario que permita tener una vida digna a quienes abandonan la actividad productiva, escenario que está lejos de cumplirse.

Las dos grandes reformas que hubo a la seguridad social operaron contra el objetivo señalado: primero, el Acto Institucional Nº. 9 aprobado por la dictadura cívico-militar (23/10/1979), que entre otras cosas, topeó las jubilaciones y redujo los aportes de los afiliados; y segundo, la Ley 16.713 aprobada por el gobierno de Julio María Sanguinetti (3/09/1995), que creó el sistema mixto.

Durante el gobierno del Frente Amplio se tomaron diversas medidas favorables a los trabajadores, tales como bajar la edad de retiro de 65 a 60 años, y para el caso de las mujeres, reducir un año adicional por cada hijo (hasta 5); la posibilidad de renunciar a la afiliación voluntaria a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP) entre los 40 y 50 años; la aprobación de una ley que permite volver al régimen de reparto del Banco de Previsión Social (BPS) (y desafiliarse de las AFAP) a quienes tenían 50 años en 2016 e ingresaron de forma obligatoria. No obstante, es cierto también que redujeron la tasa de aporte patronal en industria y comercio de 12,5 % a 7,5 % y, que los cincuentones que optaron por volver al BPS reciben solamente un 90 % de lo que les correspondería.

Actualmente, al sistema de pasividades de solidaridad intergeneracional, donde todos los activos aportan para que puedan cobrar todos los pasivos, se le suma las AFAP, un sistema de ahorro individual en que cada quien aporta para su propia pasividad.

Este sistema de AFAP implica la incorporación del lucro privado en el sistema de seguridad social, a través de empresas que utilizan los aportes de los trabajadores para obtener beneficios (comisiones) y para realizar inversiones que, teóricamente, multiplicarían el valor de los aportes realizados por los trabajadores.

El cumplimiento del objetivo constitucional de “garantizar retiros adecuados” no ha venido, por supuesto, ni vendrá a través del sistema mixto. Las AFAP generan perjuicios importantísimos:

  1. a) por un lado, cae la recaudación del BPS en tanto las AFAP se quedan con aportes de los trabajadores activos que de otra forma percibiría el BPS para financiar las obligaciones del régimen intergeneracional. Un caso paradigmático es el de aquellos trabajadores que, amparados por el artículo 8 de la Ley 16.713, optan por aportar a las AFAP aun cuando tienen ingresos menores a los que exigen afiliación obligatoria. A febrero de 2019 eran 864 753 los trabajadores en esas condiciones, mientras que solamente habían ingresado obligados 72 728 (7,7 % del total de afilados activos a las AFAP).
  1. b) Por otro lado, la jubilación futura (ahora llamada renta vitalicia) de los trabajadores que hoy están aportando a las AFAP depende de la “tasa de interés técnico”, cuyo valor, a partir de 2018, pasó a modificarse semestralmente.

Se detallan a continuación las diferentes tasas y sus períodos de vigencia: a partir de 1996, 1,75 %; desde diciembre de 2003, 3 %; desde julio de 2012 a diciembre de 2017, 1,5 %; en el primer semestre de 2018 esta subió a 2,14 % para caer sistemáticamente a partir de ese momento, siendo 1,63 % en el segundo, 1,36 % en el primer semestre de este año, y tan solo 0,73 % en el segundo .

A su vez, el monto de la renta vitalicia, condicionada por la tasa de interés técnico, está sujeto a una estimación de la Bolsa Electrónica de Valores de Montevideo, de acuerdo a una decisión discrecional del Banco Central del Uruguay. En otras palabras, los trabajadores que están afiliados a las AFAP (obligados o voluntariamente) se encuentran absolutamente desprotegidos respecto a las decisiones que tome el BCU

Los candidatos Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez, Pablo Mieres y Ernesto Talvi sostienen que debe reducirse el déficit fiscal, que el exceso de gasto y el “déficit” del BPS son componentes fundamentales del este desequilibrio fiscal, y que por lo tanto se deben tomar medidas para reducirlo en el primer año de gobierno.

Diversas fuentes confiables indican que no es previsible un aumento sustancial de la Asistencia financiera al BPS hasta 2040. Esta posición ha sido sostenida por Ernesto Murro -ministro de Trabajo y Seguridad Social-, Hebert Galli -presidente del BPS-, basado en los informes de la Asesoría Económica Actuarial de dicho organismo; Centro de Investigaciones Económicas (CINVE) “Estudios recientes han proyectado que, como consecuencia del cambio demográfico, el gasto público en jubilaciones y pensiones en relación al PIB experimentará una leve caída durante las dos próximas décadas” (Presente y futuro del sistema de seguridad social en Uruguay, p. 57).

En cualquier caso, las modificaciones del stock de obligaciones a pagar del sistema de seguridad social se procesarán en forma lenta y acumulativa durante un número importante de años. Debe tenerse en cuenta que cuando se reduce el stock de obligaciones que debe pagar el BPS, también se reducen las pasividades que recibirán los trabajadores cuando se jubilen, y demora la incorporación de nuevos pasivos aumentando los años de trabajo.

Ya hace dos años que, el entonces ministro de Economía, Danilo Astori, planteó que era insostenible la situación del sistema de seguridad social, alentando la discusión para modificar los parámetros de la parte del sistema mixto basado en la solidaridad intergeneracional. En ese sentido se han propuesto como alternativas: aumentar la edad de retiro, o bien bajar la tasa de remplazo.

Desde que se realizó un encuentro de los candidatos presidenciables en el Paraninfo de la Universidad de la República (21/08/2019), está en discusión “el modelo sueco”, una nueva propuesta realizada por Ernesto Talvi, con el apoyo de Pablo Mieres. El 30 de agosto, en un reportaje de La diaria, Jimena Pardo, vicepresidenta de AFAP República y vocera del Daniel Martínez, afirmó que dicho modelo “es un instrumento muy bueno pero hay que verlo en la integralidad y ahí está nuestra diferencia. Talvi parecería decir que el pilar no contributivo está bastante bien y que el problema es únicamente el financiamiento del BPS”.

El modelo sueco, implantado en 1994, se basa en las cuentas nocionales. El cambio fundamental que supone es la formación de cuentas individuales virtuales -al estilo de lo que ocurre en las AFAP, aunque sin capitalización- en la que cada trabajador acumularía dinero, que tendrán únicamente valor contable, en la medida en que el sistema seguirá siendo de reparto y los trabajadores activos financiarían las prestaciones presentes de los jubilados.

En el momento del retiro, al monto acumulado por cada individuo se le aplicaría una tasa de interés ficta, no fijada de acuerdo a un “retiro adecuado” para el trabajador, sino a la preservación financiera del sistema. Suecia lo implantó para impedir que el gasto en seguridad social superara el 7% del PBI.

Álvaro Forteza, asesor del Partido Independiente, lo ha dicho muy claramente: “aprovechar la información de la vida laboral del trabajador para llevar una cuenta ficta (imaginaria) de los derechos a pensión que va generando con sus contribuciones. A partir de eso se calcula la renta vitalicia, que será lo que puede pagar (el Estado) de acuerdo a lo acumulado y la esperanza de vida”.

Lo que se están proponiendo todos los candidatos con posibilidades de ser presidente es mantener el sistema de AFAP con capitalización, y crear un sistema de cuentas personales con la lógica del ahorro individual. Al igual que en el caso de las AFAP, el resultado final, lo que recibirá el trabajador al jubilarse, dependerá de una tasa de interés ficta cuyos únicos objetivos son preservar la estabilidad financiera del sistema.

Debe destacarse que con este nuevo sistema se perderían los beneficios que implican que el monto de la jubilación dependa de los 20 mejores años o de los 10 últimos, lo cual es muy relevante para aquellos que a lo largo de su vida tienen períodos donde no pueden trabajar o lo hacen en la informalidad, situación a la que están expuestas en mucho mayor medida las mujeres, que también perderían el beneficio de los años por hijo.

Es así que, no compartimos para nada las propuestas que pretenden equilibrar las cuentas del BPS disminuyendo los derechos de los trabajadores —ya sea mediante el aumento de la edad de retiro, la baja de la tasa de remplazo o la aplicación del “modelo sueco”—. Por el contrario, para cumplir lo que estipula el artículo 67 de la Constitución de la República, son los patrones los que deben aportar más.

Al respecto proponemos que se elimine el sistema de AFAP, que solo favorece al capital, que recibe beneficios en cada una de las etapas del proceso. Avanzar en la eliminación de las AFAP pasa, entre otras medidas, por eliminar el ingreso voluntario a las AFAP subsidiado por los fondos de los trabajadores (artículo 8, Ley 16.713). Todos los trabajadores afiliados al BPS deben aportar el 15 % de su salario nominal hasta el monto en el que sea obligatorio afiliarse a las AFAP (actualmente $ 57 846).

Si fuese necesario reducir la asistencia financiera del Estado, nuestra propuesta es aumentar los aportes patronales -por ejemplo, en Industria y Comercio los patrones pagan la mitad (7,5%) de lo que pagan los trabajadores (15 %)- y reducir las exoneraciones en dichos aportes que actualmente son casi la cuarta parte. Téngase en cuenta que en Industria y Comercio se genera el 65 % de la masa salarial. Obviamente, merece también una profunda revisión el sistema de aportes patronales del sector rural, que es el que porcentualmente menos paga sobre la masa salarial.

Si los gobiernos, cualquier sea su autodefinición ideológica, quieren promover la inversión privada por la vía de subsidios el costo de ellos no lo deben pagar los trabajadores con los fondos de sus jubilaciones: los debe pagar el Estado a través de Rentas Generales.

Estos aumentos que proponemos en los aportes patronales, para el caso de los pequeños y medianos productores, y comerciantes, debe hacerse en forma gradual: por ejemplo, podrían aumentar 0,5 % anualmente hasta igualar el aporte de los trabajadores (en quince años).

En el caso de las exoneraciones, deberían revisarse las razones por las cuales fueron otorgadas en primer lugar, y mantener solo aquellas que sean estrictamente imprescindibles. Este proceso de revisión, reducción y eliminación de exoneraciones debería realizarse en forma gradual, considerando las diferentes situaciones, en particular para no perjudicar a los más débiles.

Para concluir, cabe destacar que sigue plenamente vigente la resolución del VIII Congreso del PIT-CNT (2003), aprobada por UNANIMIDAD, y por tanto sostenemos que se debe transitar hacia una reforma estructural basado en los principios Solidaridad, Universalidad y sin la existencia de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFAP), pues está plenamente confirmado que los sistemas privados NO solucionan los problemas de cobertura, formalidad en el trabajo y financiamiento.

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 51

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.