Las cosas por su nombre

Las cosas por su nombre

ANTONIO ELIAS (*)

En el gobierno actual, al igual que los anteriores, la deuda externa tiene prioridad sobre la deuda social. Quien diga lo contrario está desinformado o actúa de mala fe. Basta observar en qué se gastaron los recursos del Estado para saber cuál es la prioridad. En el presupuesto gubernamental se asignan primero las partidas para los acreedores internacionales y lo que sobra se distribuye para atender demandas de diferentes ministerios. Ni en el presupuesto de 2005 ni en las dos rendiciones de cuentas posteriores se priorizan las necesidades sociales.

Hay que señalar, además, que en la elaboración presupuestal se dejó totalmente de lado la participación de la sociedad. ¿Acaso esa es la forma de demostrar que "para nosotros la ciudadanía es también la participación, es protagonismo de la gente en las cosas que hacen a la vida cotidiana"? ¿Se podrá cumplir -con políticas resueltas entre cuadro paredes- con el objetivo de superar "el concepto de ‘usuario’, ‘contribuyente’ o ‘cliente’ de los servicios públicos y asumir el de ‘ciudadanía’, generando canales de participación en decisiones que afectan al conjunto de la sociedad"? (1). En el caso de los funcionarios del Gobierno Central, el tema es aún peor: se incumplió con lo resuelto en el marco de la negociación colectiva (2). Es obvio que en un proceso participativo las prioridades hubieran sido inversas a las actuales: para los trabajadores y el pueblo la deuda social es la obligación principal del Estado.

Uno. La primera medida que determina el margen de acción de la políticas fiscal y presupuestal de este gobierno es la negociación y el acuerdo con el FMI (7/06/05), que fijó, entre otros aspectos, las pautas de la política fiscal en función del objetivo de obtener un superávit primario de magnitud inédita y creciente, que en 2007 alcanza al 4% del PBI. Este acuerdo nefasto para nuestros intereses -producto de una muy mala negociación- significó una severa restricción para impulsar un proceso de expansión del gasto y la inversión pública destinado a satisfacer las necesidades sociales y el desarrollo económico. La "recuperación" de soberanía que se habría obtenido -según dice el ministro Astori-, por el pago adelantado de la deuda con el FMI, no levantó la restricción fiscal, la cual se mantiene firme, enhiesta y "soberana".

Las amortizaciones vencidas se pagan con nuevas deudas a más largo plazo y las que están por vencer se renegocian con el mismo objetivo: la vieja y conocida "calesita" que pide prestado para pagar y ganar tiempo… hasta que dure. Eso sí, estirando los plazos, transfiriendo la deuda a las nuevas generaciones, nuestros hijos. Obviamente, cuando aumentan los plazos de la deuda se incrementan los intereses a pagar y, consecuentemente, la restricción fiscal. Las declaraciones del ministro de Economía sostienen que "para hacer algo en serio por los uruguayos que viven en la indigencia es que necesitamos hacer los acuerdos con el FMI, alimentar el clima de negocios, para que haya inversiones que generen empleo y, de ese modo, contribuyan a disminuir y erradicar la pobreza. Eso es de izquierda" (3). La utilización que se hizo hasta el momento de los recursos públicos y la propuesta de la actual Rendición de Cuentas obligan a recordar que: "Vivimos entre dos grandes confusiones que, aisladas son costosas y juntas son nefastas. La primera apunta a la crisis de las ideologías. La segunda a la pobreza de los métodos de gobierno". (4)

Dos. En la estructura de egresos ejecutados del Gobierno Central del bienio 2005-2006 se destaca el pago de intereses de deuda: $ 37.827 millones. Una cifra superior a la que se paga por remuneraciones a todos los funcionarios de la Administración Central y de los Organismos Docentes: $ 37.623 millones. ¡Usted entendió bien! Se paga más por intereses de deuda que las remuneraciones de los maestros, profesores, médicos, enfermeros, policías, militares, ministros, profesionales, técnicos, administrativos, obreros y tantas otras actividades. Cerca de 200 mil funcionarios públicos cobran a lo largo de un año menos que lo que se paga por intereses de deuda.

¿Usted sabía que en estos dos años al Plan Nacional de Emergencia, proyecto emblemático del gobierno, se le dedicaron solamente $ 3.288 millones, menos de la décima parte de lo que se pagó por deuda externa? Con esta información (5) es insostenible afirmar que la prioridad nacional es atender la pobreza y la indigencia. La prioridad es otra: "honrar" la deuda externa, sin medir los gigantescos costos que esto significa, principalmente para nuestros niños y ancianos. Se prefirió pagar por adelantado la deuda con el FMI -política impulsada por dicho organismo a nivel mundial para sanear sus finanzas-, antes que aplicar esas reservas en las necesidades sociales. Obviamente esa política de pagos, sumada al atraso cambiario, apunta al logro de un objetivo fundamental del equipo económico: lograr que la deuda sea menor que el 60% del PBI, para aspirar a obtener el "investment grade". Mientras tanto, la pobreza y la indigencia siguen siendo un flagelo para el país.

Tres. En este marco de prioridades equivocadas aparece con claridad la búsqueda de mecanismos para no cumplir con el objetivo programático de dedicar el 4,5% del PBI a la educación. La conducción económica, desde 2005 hasta ahora, en un proceso sorprendente por su falta de originalidad, intenta interpretar el alcance de ese cuatro y medio por ciento ampliando la base inicial para reducir el aumento a otorgar. Primero busca que se incluyan gastos no fiscales, asumiendo que ese porcentaje abarcaba lo que la sociedad gasta en educación, sumando así al sector privado. Luego intentó incluir organismos y unidades ejecutoras, que tradicionalmente no se han considerado como parte de la educación, tales como, por ejemplo, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay.

El Presidente de la República, el 29/08/05, cuando se hicieron notorias las diferencias en el gobierno respecto al cumplimiento del objetivo planteado para la educación, ordenó que se presentara un presupuesto que cumpliera con la meta programada y emblemática del 4,5%. Este año, cuando se está discutiendo el presupuesto del antepenúltimo año de gobierno, la meta está muy lejos de cumplirse.

Los incrementos anunciados para 2008 son insuficientes y no satisfacen las necesidades de servicios públicos que tiene la población, ni las demandas salariales de los trabajadores públicos, que vieron caer sus ingresos en forma abrupta luego de la crisis de 1999-2002. El incremento otorgado a los funcionarios en estos dos años está muy lejos de compensar las pérdidas de poder adquisitivo. El plan de Equidad que sustituye al Panes, que pretende atender pobreza e indigencia- estaría recibiendo casi la mitad de los recursos que necesita.

Esta situación, para los más débiles, es insostenible, para superarla es imprescindible: primero, que en el proceso parlamentario de la Rendición de Cuentas se aumenten significativamente los recursos destinados a atender la deuda social y el país productivo; segundo, que se renegocie y audite la deuda externa, como reclama el PIT-CNT. Esas medidas permitirían avanzar en otro camino económico, cada vez más necesario. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de izquierda (REDIU)

(1) Tabaré Vázquez, "El gobierno del cambio. La transición responsable", 2004, p. 42.

(2) Acta suscrita por COFE y el Poder Ejecutivo, 11/01/07.

(3) Danilo Astori, semanario "Búsqueda", 18 de agosto de 2005.

(4) Matus, Carlos, "Adiós, Señor Presidente. Gobernantes Gobernados.", Fondo Editorial Altadir, Venezuela, 1987.

(5) Fuente: Tesorería General de la Nación y Contaduría

 

Publicado en la contratapa de “La República”, 13 de mayo de 2007.

 

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.