Los caminos que se bifurcan

Entre la legitimidad de los trabajadores y el aplauso de los empresarios

Buscando el reconocimiento de los trabajadores y el respaldo de los empresarios

 

 

                                                                                                                      Antonio Elías

 

Si el gobierno progresista continua la línea de cambios institucionales que se están realizando en el ámbito de las relaciones laborales deberá modificar la una política económica ortodoxa que pone en riesgo la reproducción de su propia legitimidad.

 

El nuevo gobierno generó diversas expectativas sobre los cambios a realizar, pero los discursos de los principales dirigentes no fueron ni son necesariamente consistentes entre sí, lo que explica la existencia de múltiples lecturas acerca de lo que debiera ser una propuesta programática progresista. Está última,  para muchos, no iría más allá de avanzar hacia lo que algún dirigente denominó "capitalismo en serio", acompañado de "un plato de comida para todos". La interpretación de lo que es un capitalismo en serio se refleja claramente en el acuerdo concretado con el FMI, mientras el "plato de comida", por ahora, llega  a pocos y viene mal servido, entre otras cosas, por la escasez de recursos humanos y material asignados al novel Ministerio de Desarrollo Social.

 

Hay, sí, señales importantes en el plano de la ampliación de los derechos de los trabajadores, lo que repercute evidentemente en un fortalecimiento del movimiento sindical. Esto augura la agudización de las contradicciones en un horizonte no muy lejano entre los trabajadores organizados y el proyecto económico que se está implementando aceleradamente desde el ministerio con  mayor poder para la búsqueda de sus objetivos: Economía y Finanzas.

 

Es de lamentar que los instrumentos de política económica que se están utilizando no se correspondan con la construcción de un país  productivo con justicia social. Por el contrario, se  estarían profundizando el predominio del capital financiero y ampliando los niveles de dependencia respecto a los países centrales. Los acuerdos ya firmados con el FMI y el BM y el  cuestionado tratado de protección de inversiones con Estados Unidos, aun no aprobado,  acumulan en esa dirección.

 

Debe destacarse que el acuerdo con el FMI tiene una duración de tres años lo cual implica una voluntad expresa del gobierno de comprometerse en forma duradera, lo que podría explicarse por la conveniencia de: a) dar claras señales de confiabilidad a los potenciales inversores; b) fijar un techo difícilmente modificable a las demandas sociales; c) evitar los costos asociados a las negociaciones, los cuales van desde las pujas al interior del gobierno hasta los potenciales conflictos con los trabajadores organizados. En esa misma línea de razonamiento se ubicaría el hecho de que Danilo Astori es el único ministro que tendría garantizado la permanencia por cinco años.

 

La disyuntiva que tenía el nuevo gobierno al asumir el 1 de marzo era apostar a ser "ganador relativo" en la competencia por atraer capitales extranjeros aceptando las premisas del modelo dominante, o elegir un camino alternativo e independiente, lo cual implicaría, necesariamente, redefinir los niveles de apertura de nuestra economía y los derechos de propiedad del capital. El equipo económico eligió lo primero.

 

La reiteración de la apuesta a una inserción internacional basada en la apertura indiscriminada y la reafirmación del mercado como principal asignador de recursos, no avanza en la dirección de reducir la vulnerabilidad del país y crea condiciones  para un retroceso en los niveles de conciencia de la ciudadanía respecto al pensamiento “único” predominante en lo económico.

 

Un diagnóstico sin causas explicativas

 

En el documento "Compromiso Nacional por empleo, ingreso y responsabilidades" el gobierno identifica una serie de síntomas de la situación económica y social del país: en los últimos 50 años, Uruguay creció a una tasa de apenas 1% anual per cápita;  dramático incremento de la pobreza y la marginalidad;  agravamiento de los problemas estructurales del mercado de trabajo; fuerte proceso migratorio de personas en edad de trabajar y con alto nivel de calificación; déficit de inversiones pública y privada; elevado endeudamiento público de casi 100% del PBI.

 

Señala, también, las necesidades de financiamiento del sector público que devienen de una opción política de este gobierno referida al  tratamiento de la deuda externa, por lo cual buscará financiamiento por encima de los U$S 2.000 millones anuales, a efectos de cumplir con los vencimientos de deuda, cubrir el déficit fiscal y, en menor medida, recomponer el nivel de reservas internacionales. Lo anterior, como se ve, deja muy vulnerable a Uruguay ante la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

 

No aparece en el diagnóstico del documento una identificación de las causas que explican los síntomas anteriormente señalados, lo cual obviamente hace muy dificultoso elaborar una estrategia de desarrollo. Sin embargo, en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional está implícita la respuesta que da el equipo económico a una discusión realizada hace unos pocos años acerca de si había fracasado el modelo en aplicación o si éste había sido mal implementado. La contestación, expresada en la línea de política económica, es muy contundente: el modelo fue mal implementado: ergo, la estrategia es profundizar la línea anterior.

 

Buena parte de las reformas estructurales que impulsa el gobierno, en particular la que se refiere al Banco Central, apuntan centralmente a profundizar las modificaciones institucionales de “segunda generación”, buscando eliminar la "interferencia" de la política en la economía.

 

La agenda de cambios acordada con el FMI así lo demuestra, incluido el exabrupto de afirmar, ante los organismos internacionales, que las reformas estructurales que fueron impulsadas por anteriores gobiernos  y rechazadas por la ciudadanía ahora podrán realizarse porque las impulsará un gobierno progresista[1].

Reduciendo las asimetrías entre el capital y el trabajo

 

Un eje central de las política neoliberales es la flexibilización del mercado laboral buscando un aumento de la tasa de rentabilidad a través de una reducción de los ingresos de los trabajadores, con sus consecuentes efectos negativos sobre la calidad del trabajo. Son notorios los avances realizados por el gobierno progresista en la protección de los derechos de los asalariados en su relación con el capital, lo que podría estar implicando el comienzo de un punto de inflexión y de ruptura con el modelo neoliberal.

 

Esta nueva política se expresa, entre otros aspectos, en: las convocatorias a los Consejos de Salarios, con  la ampliación del ámbito a los trabajadores del gobierno central y del sector rural;  las señales emitidas desde el Ministerio de Trabajo respecto al cuestionamiento a los despidos injustificados; la derogación del decreto[2] que permitía que la Policía, sin intervención judicial, desalojara empresas ocupadas; en el proyecto de ley de libertades sindicales[3] que prevé la creación de un registro de infractores a la libertad sindical, y establece que las empresas que violen la normativa no podrán ser proveedoras del Estado.  

 

Las medidas señaladas se han reflejado en un crecimiento muy importante del número de sindicatos y de trabajadores sindicalizados, a la vez que, también se expresa en el aumento de la represión sindical como lo demuestra un estudio efectuado por la Universidad Católica del Uruguay[4].

 

No es casual que las cámaras empresariales y voceros de los partidos tradicionales, en nombre de una visión de los derechos de propiedad que no reconoce, generalmente, los límites del interés social,  rechacen la Ley de libertades sindicales y reivindiquen seguir desalojando las empresas ocupadas por la simple voluntad del empresario. 

 

Una instancia compleja

 

En el marco de la agudización de la pugna entre el trabajo y el capital ya señalada, la convocatoria al "Compromiso Nacional", podría profundizar el papel de los trabajadores como actores centrales en el proyecto del gobierno o, por el contrario, mostraría los límites de un proceso de participación "restringido" que comienza, luego de que se negoció y acordó con el FMI.

 

Ambos hechos no son independientes: la carta intención fija las pautas de la política fiscal   con el objetivo de obtener un superávit primario de magnitud inédita, se destinará un 25 por ciento de los ingresos para pagar los intereses de la deuda. Peor aún: el gobierno plantea que de haber mayores ingresos que los previstos, éstos se utilizarán para amortizar la deuda. Lo que significa una severa restricción para un proceso de negociación.

 

El FMI, a través de Anoop Singh, continúa negociando, aunque no se encuentre sentado en la mesa del “compromiso nacional,  e intenta profundizar lo ya acordado – basado en el  supuesto de que difícilmente se logren los superávits previstos – y propone ampliar la apertura a la inversión privada en ámbitos regulados por el Estado, seguramente en temas que ya fueron laudados por la ciudadanía.

 

La profunda contradicción entre la creación de un espacio de diálogo – aceptado por los empresarios y  buscado por los trabajadores[5] – y las condiciones restrictivas para las negociaciones que allí se realicen, presentan al gobierno un importante desafío: como mantener un  proceso de profundización del modelo ortodoxo, amigable para la inversión y simultáneamente distanciarse de dicho modelo  a través de cambios institucionales que fortalecen al movimiento sindical en la disputa con el capital.

 

El desafío será también para el movimiento sindical que intentará ampliar sus ámbitos de incidencia a la vez que debe mantener su tradicional independencia, reafirmada con el paro general parcial de ayer jueves, con respecto a las fuerzas políticas y al gobierno, en un espacio donde sus recursos técnicos son muy inferiores a los del gobierno y los empresarios.

 

Cambiar las instituciones económicas

 

La actual situación del país se explica por la existencia de una crisis económica estructural productiva y de inserción internacional que tiene su origen en factores históricos, geográficos, de escala e institucionales, ampliada por el modelo de acumulación aplicado en las últimas tres décadas. Todo lo cual encuadra en el marco de las relaciones centro- periferia y en el proceso de globalización que profundiza las brechas tecnológicas, productivas, financieras y de ingresos entre los países centrales y los demás.

 

El sistema capitalista se expande, a partir de la revolución tecnológica y   redefine el marco institucional de la economía planetaria eliminando las fronteras nacionales comerciales y financieras. Las empresas se localizan y relocalizan en función de los costos y del tamaño de los mercados. La capacidad nacional para captar ese tipo de inversiones es obviamente muy limitada. Los hechos lo demuestran.

 

Si se asume que fracasó el modelo aplicado en las últimas décadas, entonces es necesario desmontar el andamiaje normativo del neoliberalismo, tanto en lo que tiene que ver con las reglas formales que liquidaron los mecanismos de protección de la economía nacional y redujeron el papel del Estado, como con las normas informales, la cultura y la ideología predominantes en las últimas décadas.

 

Debe reconocerse, además, que la viabilidad de superar los problemas de escala, y también los tecnológicos, a través de la integración regional, está fuertemente acotada por el predominio de los intereses nacionales de los gobiernos de Brasil y Argentina, los cuales no están dispuestos a pagar los costos de enfrentar  a poderosos sectores de interés internos garantizando la libre circulación  de mercancías entre los países miembros del MERCOSUR.

 

La profundización de las relaciones de dependencia y las carencias del proceso de integración regional, marcan con enorme claridad la dificultad para lograr una inserción internacional que posibilite un proceso de desarrollo productivo incluyente, socialmente justo, políticamente democrático, ecológicamente sustentable y que apunte a mayores grados de igualdad regional en el país.

 

Es imprescindible que el Estado asuma un nuevo papel en la dirección del proceso económico, aplicando políticas de protección en todos los ámbitos donde sea necesario al igual que lo hacen los países centrales, buscando una “desconexión relativa” que reduzca la vulnerabilidad.

 

Es necesario jerarquizar y proteger el mercado interno como uno de los motores de la estrategia de desarrollo, sin desmedro del papel del fomento de las exportaciones en un país acotado por problemas de escala.

 

Se deben instrumentar políticas industriales activas, tanto verticales, seleccionando sectores, como horizontales, impulsando, por ejemplo, procesos de innovación tecnológica y de gestión. No debería ignorarse, por ejemplo, el papel de las políticas de fomento en el desarrollo del turismo y la forestación.

 

Hay que emprender un reconocimiento riguroso de todas las potencialidades productivas susceptibles de movilizarse – maquinaria y equipos ociosos,  fuerza de trabajo desempleada o subutilizada, recursos naturales no aprovechados – a efectos de incorporarlas a un amplio esfuerzo expansivo orientado y fomentado  por el Estado, quién debería poner los activos productivos ociosos en su poder a disposición de emprendimientos de interés social, tales como las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajadores.

 

El uso de la demanda pública como motor para el desarrollo del proceso anteriormente señalado puede ser de gran utilidad en conjunto con una revitalización de la Corporación Nacional para el Desarrollo que debería cumplir las funciones estipuladas en su ley constitutiva.

 

Un objetivo fundamental de una estrategia de desarrollo debe ser el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo, el cual sería un poderoso incentivo para la inversión productiva. Una moneda sobrevaluada tiene efectos devastadores y de largo aliento, particularmente para las empresas que incorporan tecnología y/o desarrollan procesos de industrialización. En tanto que la depreciación de la moneda nacional recae directamente en la reducción del ingreso real de los trabajadores.

 

Un Estado con fuerte incidencia sobre la economía genera espacios pare el clientelismo, el rentismo empresarial, el burocratismo y la corrupción, lo que exige implementar cambios institucionales para limitar esos procesos. No se comparte la respuesta ortodoxa que ataca dichos males reduciendo el papel del Estado.

 

 

 

Es necesario dinamizar el mercado interno  y mejorar la calidad de vida de la gente, lo cual supone disponer de recursos que hoy se destinan a pagar la deuda. Para ello es imprescindible acotar el drenaje que significa los pagos de deuda pública externa, negociándola a partir de una auditoria con participación ciudadana que permita identificar responsabilidades y determinar prioridades de pago. 

 

El tema está, como siempre, en definir al servicio de qué y de quiénes se implementa un  modelo de acumulación y su política económica. Si la opción es por los intereses de las grandes mayorías postergadas, debería haber llegado el tiempo de transitar el establecimiento de una nueva institucionalidad en el ámbito económico.




[1] Semanario “Búsqueda”, 9 de junio de 2005.

[2] Decreto 145/005 del 2/05/05 derogatorio del 512/966 y el 286/000.

[3] Ver www.parlamento.gub.uy/repartidos/camara/d2005060282-00.htm

[4] Informe de Conflictividad Laboral, UCUDAL, mayo 2005.

[5] En el VIII Congreso del PIT-CNT se aprobó proponer un “Sistema Integrar de Negociación Colectiva”, que incluía la  creación de un ámbito “para negociar las cuestiones generales (política económica, estrategia de desarrollo, política salarial, etcétera).”

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.