Núcleos conflictivos en el 2019: resistencias y derechos que trascienden la coyuntura

Núcleos conflictivos en el 2019: resistencias y derechos que trascienden la coyuntura

El capitalismo tiende a destruir sus dos fuentes de riqueza: la naturaleza y los seres humanos – K. Marx
“Todo pueblo cuyos derechos fundamentales sean gravemente ignorados tiene el derecho de hacerlos valer especialmente por la lucha política o sindical, e incluso, como última instancia, por el recurso a la fuerza”. Art. 28 de la Declaración Universal de derechos de los pueblos, Argel, 4 de julio de 1976

1.–  La invitación: comprender algunos núcleos conflictos del 2019

2019 es un año electoral y como tal deja en las sombras o en un segundo plano un conjunto de coyunturas sociales relevantes que también son parte de procesos sociales de enorme importancia para comprender el presente y el futuro de la sociedad uruguaya. De modo que la invitación propone justamente comprender procesos sociales que trascienden lo electoral, que explican la política de otra forma.

Se intenta, por tanto, recolocar la importancia del tejido social y de la construcción de lo colectivo como elementos claves de futuros posibles. Se puede decir, siguiendo a Bourdieu, que es una invitación a salir del “sueño dóxico” de lo electoral como reduccionismo social y comenzar a captar –de una vez por todas en Uruguay– que la sociedad está en disputa no solo en términos institucionales y de partidos políticos. Que existe una realidad afuera de ello, en el tejido social, que requiere ser entendida, procesada, reflexionada.

Para cristalizar esta invitación a la lectura, es necesario un esfuerzo analítico considerable que en primer lugar debe partir de una selección: que es lo que se integra y que se deja de lado cuando se revisa lo ocurrido en este año. La propuesta apunta a reconectar procesos económicos con procesos sociales, pensar el Uruguay como parte de la región con dinámicas de construcción de demandas y derechos sociales.

De modo que no debe leerse lo que sigue como el presupuesto de que no se consideran importantes las luchas vinculadas a la “nueva agenda” de derechos y las demandas de los movimientos feministas y vinculadas a la diversidad. No es que no se entienda la pertinencia y las especificidades de reclamos de estas luchas, sino que la perspectiva de este trabajo es por un lado recolocarlas en un esquema más amplio de disputa por el tejido social y por otro focalizar en problemáticas sociales que no pueden quedar marginadas hacia el futuro tales como trabajo, vivienda, uso del territorio y educación. Estos cuatro temas aparecieron con fuerza en 2019 más allá de la mayor o de la menor comprensión pública de lo que está en juego, más allá del eco y visibilización de los reclamos, más allá que se impongan las lógicas pragmáticas de lo posible.

¿Con qué herramientas analíticas contamos para esta tarea? Brevemente expuesto, debe decirse al comienzo que partimos de un encuentro entre sociología y economía política. Algunos lectores podrán no entender la relevancia de introducir este apunte, pero resulta clave. Si en el espacio académico tiende a cristalizarse un divorcio de estas dos disciplinas y se produce la casi extinción de la economía política –lo cual tiene efectos negativos en la producción de conocimiento necesario para pensar el Uruguay actual– este encuentro a partir de SERPAJ intenta plantearse un desafío hacia el futuro: reconectar demandas sociales con proyecto socioeconómico. Muchas veces –se nos excusará la simplificación– parece que hoy las demandas se restringieran a un bazar de minorías a la espera de clientes de reconocimiento. Es mucho más complejo que eso, lo particular no puede limitar nuestra visión de cuestiones de fondo pues de lo contrario no existen alternativas posibles.

En segundo lugar, la propuesta no es enfocarse en los colectivos en sí, no es pensar movimientos y organizaciones sociales en sus prácticas y proyecciones, no es visualizar ese entretejido social que puede examinarse en forma aglutinada como campo popular, sino examinar núcleos o centros conflictivos, es decir problemáticas alrededor de las cuales se generaron un conjunto de movilizaciones y negociaciones, una combinación de prácticas colectivas alrededor de una problemática social[1].  Además, tal como se adelanta desde el título, se trata de problemáticas que trascienden la coyuntura porque van configurando un proceso social.  Un proceso social no está regido por instancias electorales aunque lo pueda parecer y sin intención de colocar ahora en discusión cuanto significan las mismas. Va más allá de eso porque son –en definitiva– una acumulación de coyunturas lo que va configurando un proceso social y esto significa también sucesivas aperturas de horizontes de posibilidades.

Y si se habla de procesos, muchas veces no son solamente “nacionales”, pueden ser regionales o globales. En tercer lugar entonces: no puede examinarse Uruguay como aislado de la región tampoco en el tema que ocupa. Más allá de sus especificidades sociohistóricas, comparte entrelazamientos sustantivos con la misma. Por supuesto que existe una mirada política balcanizadora y miope sustentada en lógicas pragmáticas de lo posible. Pero en los hechos, decir que Uruguay es América Latina es comprender que está sujeta a las mismas lógicas geopolíticas (particularmente influencia de Estados Unidos) y geoeconómicas en términos de posición en la economía-mundo capitalista que es –siempre lo fue– el suministro de materias primas y productos primarios. Esto supone tener presente que existen intereses locales articulados a ese esquema global para preservar un modelo general que construye límites sociales de lo posible. Puede verse o no, pueden parecer cosas abstractas alejadas de la vida cotidiana, pero lo que ocurre en la región en relación a lo anterior es absolutamente clave.

En cuarto lugar,  los núcleos conflictos –los que se presentan aquí y otros– implica pensar que existe un tejido social en disputa. Esto significa una complejidad de agentes en tensión, en conflicto, que procuran direccionar sus prácticas en función de sus intereses y que construyen formas de ser y estar en el mundo.  De este modo participan en la búsqueda de espacios además de agentes políticos y partidos políticos (que de hecho, cada vez menos generan sentidos de pertenencia), iglesias de distinto tipo que configuran formas de religiosidad popular más conservadoras o más emancipatorias (actualmente una minoría y no es casualidad que haya desaparecido la teología de la liberación), empresas que procuran desconflictivizar territorios mediante técnicas de management y otras formas organizativas variadas.

En quinto lugar, debe llamarse la atención que el conflicto es intrínseco a la sociedad. Más aún y aunque parezca contradictorio: en ocasiones es un aliciente del crecimiento económico. En definitiva la creatividad social también deriva del conflicto. Ocurre que la reproducción en los altos niveles de decisión impide ver hasta donde el conflicto genera oportunidades para el cambio. El discurso económico dominante, por su parte, también impide ver esto. Se recuesta en general sobre las interpretaciones más liberales y solamente visualiza un vínculo negativo entre conflicto y crecimiento económico por la vía de restricciones a la inversión y el “clima de negocios”. Y las empresas transnacionales en la medida que pueden procuran imponer condiciones en ese sentido (como se verá con el caso de UPM).

En ese marco, el discurso dominante presenta a los movimientos sociales como enemigos primarios de la elite dirigente (menos cuando se trata de colectivos como “un solo Uruguay”), incluso ocurre con los llamados gobiernos progresistas cuando se observan dinámicas colectivas por fuera de alguna institucionalidad integradora. Si debiera trazarse rápidamente una tesis a explorar, se puede decir que a grandes rasgos el progresismo uruguayo –en particular en los últimos años– procuró limitar a aquellos movimientos u organizaciones sociales que efectivamente crean cierta organización social de mediano y largo plazo, los que tienen una participación real en sus prácticas productivas debido a la organización colectiva y que construyen a partir de sus experiencias otras formas de pensar y hacer en la sociedad.

2.- La negociación colectiva como núcleo conflictivo

Si habría que mencionar conflictos sindicales complejos en el 2019, el de MontevideoGas (Petrobras y su posterior retiro) sin dudas lo fue. Pero no es la propuesta aquí sino colocar como emergió con fuerza la perspectiva de defensa de la negociación colectiva por parte del movimiento de trabajadores organizado. Se la entiende como una herramienta sustancial frente a lógicas generales que hacen a las luchas sociales frente a diferentes abusos de poder, por derechos laborales, por aumentar los mínimos salariales, entre otros elementos. El re-establecimiento de los consejos de salarios, las acciones para instaurar una ley de negociación colectiva del trabajo tanto para el sector privado como también para los trabajadores públicos, configuró una herramienta importante a defender. Esta lógica implica el conflicto.

Y si bien ocurren disputas en cuanto a la autoatribución de créditos a nivel sindical y político (en este último nivel, particularmente en coyunturas electorales) lo cierto es que sin trabajadores movilizados, la negociación colectiva bien podría terminar siendo un mero mecanismo de contención de demandas. Se podría sostener: es que efectivamente sigue siendo eso en lo sustantivo. Quizás, pero examinarlo solamente en el plano de la contención supone el riesgo de caer en una gruesa simplificación en el contexto actual.

Ocurre que el análisis del funcionamiento de la negociación colectiva del trabajo debe considerar un conjunto de problemas. Los trabajadores sostienen que muchas veces las instancias de negociación no permiten lograr sus objetivos, que no siempre existe el requisito básico de “buena fe” para las mismas y tampoco la información necesaria para que se haga efectiva. Los trabajadores privados sostienen que cuando se esbozan los problemas de las empresas ellos no cuentan con información confiable y validada de los “números” de tales empresas. En especial cuando argumentan que el aumento de salarios cuestiona la productividad y pone en riesgo el empleo. Los trabajadores públicos por su parte, también denuncian la negociación colectiva del sector, en particular los incumplimientos del Poder Ejecutivo en cuando a proveer información oportunamente, por ejemplo cuando se discute presupuesto o rendiciones de cuentas.

Corresponde recordar en este sentido la ley 15.808 en su artículo 6º (en cuanto a derecho de información). Dice así: “Las partes tienen la obligación de proporcionar, en forma previa y recíproca, la información necesaria que permita negociar con conocimiento de causa. El Estado, a solicitud de las organizaciones representativas de los trabajadores del sector público, deberá suministrar a las mismas toda la información disponible referente a:

a) Los avances de los proyectos de Presupuesto y Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal.
b) La situación económica de los organismos y unidades ejecutoras y la situación social de los funcionarios.
c) Los cambios tecnológicos y reestructuras funcionales a realizar.
d) Los planes de formación y capacitación para los trabajadores.
e) Posibles cambios en las condiciones de trabajo, seguridad, salud e higiene laboral”.

Recientemente el empresariado nacional denunció a Uruguay ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por algunos aspectos de la negociación colectiva del trabajo. Particularmente el funcionamiento del derecho de huelga en el país, cuya interpretación incluye la ocupación de los lugares de trabajo como parte de dicho derecho de huelga. Asimismo, los empresarios a menudo reniegan de la llamada Ley de Negociación Colectiva del Trabajo, que obliga a empresarios y trabajadores a negociar las condiciones de trabajo y salariales en cada rama de actividad. Particularmente, en el sector privado, recuérdese que este mecanismo reúne a trabajadores y empresarios bajo la mediación del Estado donde se discuten aspectos relevantes del relacionamiento entre el capital personificado por la clase que organiza la producción y los obreros.

Habitualmente las denuncias ante la OIT, donde están representados empresarios, trabajadores y gobiernos, tienen que ver con violaciones a los derechos del trabajo. En esta ocasión, Uruguay ocuparía el 8° lugar en una lista de 24 países, donde los primeros lugares refieren a violaciones de las libertades sindicales, por lo que el caso concreto es aún más llamativo. Curiosamente, luego de una lista de países que sí tienen problemas referidos a derechos de los trabajadores, como Turquía, Etiopía, Irak, Libia, Myanmar y Nicaragua, aparecerían a su vez los casos de Bolivia y Uruguay denunciados por empresarios en lo relativo a las negociaciones enmarcadas en el derecho laboral[2].

En particular en el caso de Uruguay la denuncia es sobre la violación del Convenio 98 donde se pide que se priorice la negociación colectiva entre empresarios y trabajadores en lo que respecta a condiciones de trabajo y aumentos salariales por encima de la negociación tripartita con el gobierno en los consejos de salario. También está en entredicho hace ya diez años lo que atañe al Convenio 87 sobre libertades sindicales y ocupaciones de los lugares de trabajo. En este caso concreto la OIT no se hizo eco, si bien los empresarios lo ponen sobre la mesa bajo el rótulo de violaciones al derecho del trabajo y pidiendo particularmente una reglamentación del derecho de huelga que no incluya las ocupaciones.

El conflicto entre el empresariado y los trabajadores se sostiene en que éstos últimos plantean una negociación directa, entendiendo que la negociación tripartita ha fortalecido a los trabajadores incluso en momentos de franca desaceleración económica, lo que implica aumento de costos y pérdida de competitividad, cuestión que eventualmente puede desembocar en aumento de la quiebra empresarial y una creciente pérdida de puestos de trabajo. Por supuesto, otros factores que también motivan esta denuncia son: a) un proceso electoral que estaba en ciernes; b) que los empresarios ponen sus reclamos sobre la mesa para generar presión y si es una mesa ampliada con repercusiones internacionales mejor y, por último, c) porque la situación regional les es propicia en el entendido que tanto Argentina como Brasil ya desmantelaron el aparato de protección social existente y avanzan en una reforma laboral conservadora. La situación de Paraguay es conocida en cuanto a la escasa o nula defensa de derechos en general, elemento que, por supuesto, no entra en los rankings de democracia habituales.

Es sabido que los trabajadores representados PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores), ven como un fuerte avance los cambios institucionales logrados en los últimos gobiernos de izquierda, en especial los que tienen que ver con la regulación laboral.

En el momento en que se escriben estas líneas, el poder ejecutivo presenta un proyecto de ley para atender los tiempos y observaciones que se hicieran en la OIT. Tal proyecto sin duda traerá controversia entre los trabajadores y, probablemente entre los empresarios. Los temas que aborda son los siguientes: a) se le agrega al art. 4to. de la ley de negociación colectiva la exigencia de que los sindicatos deberán tener personería jurídica; b) se deroga el art. 10 que ponía en la competencia del Consejo Superior Tripartito “estudiar y adoptar iniciativas en temas que considere pertinentes para el fomento de la consulta, la negociación y el desarrollo de las relaciones laborales”; y c) se elimina la frase que sostiene que: “en la negociación colectiva de empresa, cuando no exista organización de los trabajadores, la legitimación para negociar recaerá en la organización más representativa de nivel superior”.

Sin duda, para los trabajadores, no caerán bien estos cambios ya que por un lado se aumentan las exigencias para poder ejercer el derecho de la negociación, por otro, se supone que se saca del ámbito tripartito algo sustancial como las relaciones laborales. Asimismo, muchos trabajadores que no tienen organización –o ésta es demasiado débil– quedan a expensas de las organizaciones empresariales y con menor protección del Estado. Los empresarios por su lado, ven las posibilidades de volver a la negociación no regulada, avanzando en una reforma laboral liberal al estilo de la implementada en Brasil o la de Argentina, algo que difícilmente en Uruguay pueda lograrse sin un conflicto social de dimensiones.

No sería razonable terminar este apartado sin aludir mínimamente a los trabajadores precarios e informales. Es que en tanto componentes ineludibles de la fuerza de trabajo en América Latina, pueden quedar por afuera de los mecanismos de protección institucionalizados y, por tanto, no salir en la “foto” de los derechos. En Uruguay, se estima que un cuarto de la población económicamente activa es informal. Pero también se ha hablado a nivel regional en general del “precariado” para poder dar cuenta de la magnitud de un fenómeno creciente que impone desafíos. La condición de precariedad entendida como contrato a término, parcial, en general definida como el conjunto de modalidades que hacen a lo que suele denominarse “flexibilidad” ya es una realidad que implica desafíos organizativos hacia el futuro inmediato. El caso más notorio en los últimos tiempos es el de los repartidores vinculados al sistema de aplicaciones y plataformas. Un tema abierto sin lugar a dudas, sobre el cual se conoce poco.

3.- La vivienda por el sistema de ayuda mutua como núcleo conflictivo

No toda forma de construcción de vivienda por ayuda mutua en Uruguay implica a FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua) pero notoriamente desde su nacimiento en mayo de 1970 (si bien el proceso comenzó en 1968) se ha convertido en uno de los grandes movimientos sociales del país que no solo despliega sus energías estrictamente para la vivienda. De hecho, desde la salida de la dictadura, con ciclos de alzas y bajas de movilización como todo movimiento, se plegó a innumerables demandas más generales y contribuyó a una apropiación más democrática de la ciudad[3].

Lo anterior corresponde subrayarlo porque bien podría haber desplegado una mirada más reducida de lo social y restringirse a una demanda concreta. Además, en términos prácticos de resolución de necesidades sociales, es responsable no solo de la construcción de vivienda social de calidad a costos reducidos sino un sostenedor del Fondo Nacional de Vivienda como garantía para que no se detengan las soluciones habitacionales.

En 2019 eclosionó una de sus aspiraciones como lo es la exoneración de IVA a los materiales de construcción que tendría un impacto multiplicador en la construcción de vivienda y en la población que conforma cooperativas. Pero un nudo particularmente delicado es el de las tasa de interés que pagan las cooperativas.  Una demanda que no es nueva y que llevó a la movilización con la consigna de pagar el 2% de interés en los créditos a cooperativas, tasa que se pagó hasta 2008 cuando se incrementó al 5%.  En agosto, se reclamó la renuncia de la ministra de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

Actualmente, FUCVAM tomó la medida de pagar la tasa anterior, lo cual, por supuesto, es rechazado por el Ministerio. Pero en palabras de Sergio Segredo, presidente de la federación, “así como las fábricas se ocupan (y) existen medidas de presión para llegar a una solución al conflicto (…) lo que tenemos que hacer es tomar medidas de presión”[4].  En este caso puede observarse como desde la negociación se abrió paso la movilización y si bien todo el tema tiene una difusión limitada, constituye un núcleo conflictivo importante en el 2019.

¿Por qué –en términos analíticos– puede considerarse importante? Porque es un reduccionismo establecer que se trata solamente de un problema FUCVAM versus Ministerio de vivienda. En primer lugar porque el acceso a la vivienda es un problema real, palpable, con una lógica de asentamientos que se expande a nivel nacional y que contribuye a la reproducción de la fractura social. Un informe de la organización Techo indicaba que unas 200 mil personas viven en una situación de gran precariedad habitacional además de sanitaria y urbana en general[5]. Obviamente no es el único problema en torno al tema. Pero la idea general es que existe un problema clave de fondo que no está resuelto. Las políticas de vivienda también hacen a un patrón de acumulación del capital.

En segundo lugar, porque en ese marco la discusión debe implicar un conjunto de políticas vinculadas al acceso a la vivienda así como al conjunto de actores que se benefician de la reproducción de una política más general. Ocurre que quienes tienen peso económico suelen ser muy discretos en la proyección de sus intereses. En ese marco, cabría discutir también las exoneraciones a las inversiones privadas en vivienda (si bien, puede aducirse, el efecto de regeneración urbana que permite en algunas zonas de Montevideo).

Finalmente, en tercer lugar, es un reduccionismo por lo que implica FUCVAM, en tanto constituye un movimiento comparativamente importante en Uruguay que reivindica un sistema de acceso a la vivienda que ha demostrado sus fortalezas incluso fuera de fronteras y que de fondo da lugar a un conjunto de experiencias en las que existe un aprendizaje de dinámicas colectivas (Falero, 2008)[6].

4.- La nueva planta de celulosa en el centro del país y un núcleo conflictivo indirecto

Las dinámicas extractivas en América Latina replantean el uso del territorio como un elemento central y por lo tanto las luchas en tal sentido se vuelven frecuentes. Pueden considerarse luchas ambientales, de defensa o rescate de la identidad de una comunidad, es decir pueden resignificarse simbólicamente de múltiples maneras, pero tienen en común la resistencia al intento de apropiarse del territorio, generalmente por parte de una transnacional, para usufructo y/o saqueo de bienes comunes.

Existen ya abundantes estudios en torno a la megaminería en la región (desde el Potosí como principio histórico-geográfico) pero desgraciadamente no todas las dinámicas que implican extracción resultan tan claramente comprendidas en términos económicos y sociales y en sus contradicciones. Esto viene al caso en Uruguay con la forestación y las mega plantas de pasta de celulosa. En 2019 se confirmó la instalación de la nueva planta de UPM en las proximidades de Pueblo Centenario, Durazno, considerada una de las mayores a nivel mundial, pero el proceso –como es sabido– ya había comenzado antes. Inmediatamente se abordará este tema y la razón por la que se habla de “núcleo conflictivo indirecto” pero por lo pronto debe ubicarse el caso conceptualmente en la dinámica general de América Latina.

Un emprendimiento de estas características puede incluirse como “enclave extractivo de última generación”. La economía de enclave está relacionada principalmente con las regiones periféricas de la economía-mundo y supone una modalidad de desarrollo del capitalismo donde la IED (inversión extranjera directa) a partir de las grandes empresas transnacionales se cristaliza bajo esta modalidad.

Debe recordarse en el clásico trabajo de Cardoso y Faletto (1971) referían a una de las modalidades de inserción de los países latinoamericanos en el capitalismo mundial. La característica fundamental era que la empresa extranjera que articulaba una plataforma exportadora lo hacía de espaldas a la economía doméstica, con vínculos endebles solamente con la burocracia administrativa (i.e. gobernantes) y de seguridad (i.e. policía, ejército, etc.) que velaba por su viabilidad económica y aseguraba la estabilidad política.

Sin embargo, los actuales enclaves, si bien son apéndice del capital extranjero ya no se encuentran de espaldas a las economías nacionales sino que imponen restricciones severas al funcionamiento de las mismas. Los estados nacionales se encuentran colonizados por la expansión del capitalismo y la creación de éstas plataformas exportadoras de los principales recursos naturales de la región. El sistema legal, los aparatos represivos de la seguridad interior y de las fronteras nacionales, como la producción de poder simbólico por parte de los Estados se encuentran a disposición de los mismos. La macroeconomía debe funcionar de manera que permita una estabilidad económica acorde, por lo que la sociedad queda veladamente de rehén de los intereses de tales empresas (Mañán, 2019).

Debe marcarse la importancia heurística del concepto de enclave en el sentido manejado ya que permite pensar o no cuanto se acerca o se aleja una IED de ese carácter (Falero, 2014; 2015). En general se repiten los siguientes elementos:

  1. dejar al gobierno la construcción de un discurso de beneficios que reportaría el enclave para toda la sociedad. En tal sentido, usualmente se apela a la idea de desarrollo a partir de la diversificación económica implicada, el crecimiento sin antecedentes, etc.
  2. establecimiento de conexiones políticas con los diferentes partidos del espectro incluso colocando figuras notorias de gestión del aparato estatal en cargos de dirección empresarial.
  3. planteamiento permanente de minimización de la afectación sobre el medio ambiente, idea de “gestión ambiental” del proyecto y de mejora del territorio hacia el futuro.
  4. salidas públicas de la empresa dosificadas, acotadas, principalmente cuando existen negociaciones con el gobierno por ejemplo en relación al canon o a las características del proyecto.
  5. separación pero a la vez control social del territorio que rodea al enclave; intervención en el tejido social por ejemplo mediante lógicas de responsabilidad social empresarial.
  6. generación de expectativas sociales sobre la fuerza de trabajo que se ocupará.

Dicho lo anterior, corresponde ir al caso concreto. En primer lugar, debe señalarse de lo que no se trata: no es un conflicto con una organización de vecinos que se oponen a la instalación de UPM. Nunca lo fue. Más bien la propuesta creó fuertes expectativas de inserción laboral que se vienen acumulando desde los anuncios de posible construcción[7]. El centro del país constituye un territorio marcado por el bajo dinamismo económico y donde la desocupación y la falta de expectativas es un problema real. Tampoco tiene un pasado industrial que hubiera supuesto sindicatos como tampoco tradiciones de auto-organización. De este modo, las voces críticas son marginales y provienen de organizaciones ambientalistas más generales.

En segundo lugar, los acuerdos ROU-UPM suponen renuncias a la soberanía en un conjunto de decisiones como la ya “habitual” resolución de disputas en caso que hubiere, en tribunales internacionales y un enorme conjunto de beneficios que han considerado diversos análisis económicos (por ejemplo, Bacchetta, Melazzi y Yohai, 2019). En tanto se trata de instalación bajo régimen de zona franca, se generan  enormes exoneraciones tributarias (como el IRAE) consagradas por ley 15.921 del 17 de diciembre de 1987 con modificaciones introducidas por ley 19.566 del 8 de diciembre de 2017 que no afectan el fondo de tales exoneraciones. Finalmente, cabe señalar que existe siempre una zona de oscuridad en estos contratos.  Naturalmente el otro aspecto problemático es el ambiental, principalmente en relación a la afectación del rÍo Negro.

En tercer lugar, está todo el tema de la infraestructura comprometida y es por aquí por donde se canalizó efectivamente el conflicto en 2019, particularmente en torno a las características del trazado ferroviario. Un conjunto de dudas técnicas aparecen en ese sentido. Aunque el trazado de 273 kilómetros es más o menos similar al actual (pues si bien se preveen correcciones se descartó un trazado alternativo en Canelones y Montevideo que habría implicado otros costos,  tiempos y una nueva terminal portuaria), las organizaciones sociales han entendido la clara prioridad de las cargas de UPM para el tráfico ferroviario (de hecho, existen muchas dudas sobre el restablecimiento del tráfico para pasajeros), que el aumento de carga y velocidad posible (22,5 toneladas por eje y máximo de 80 kilómetros por hora) respecto a las posibilidades mucho más acotadas de la vías actuales supone afectaciones de distinto tipo en zonas urbanas más allá de obras adicionales.

Además de la expropiación, en general se hace énfasis en el mayor peligro además de un conjunto de incomodidades cotidianas que se tendrán en función de la cercanía a la vía férrea, principalmente en los barrios involucrados en Montevideo. En el marco de las acciones desplegadas, incluso se recurrió a la institución nacional de Derechos Humanos. En relación al proyecto original se han logrado algunos cambios puntuales caso de la modificación del trazado por Sarandí Grande. De fondo, el tema marca que en Uruguay una verdadera actualización de la infraestructura ferroviaria solo puede venir en términos de modernización dependiente y no por decisión autónoma.

En cuarto lugar, emerge con la instalación de la nueva planta de la UPM la capacidad de incidencia de la empresa en la planeación educativa. Alma Bolón (2019, p. 74-80) detalla un conjunto de actividades que revela el trabajo sistemático que viene haciendo UPM en lo referente a la capacidad de generar aceptación por parte de las poblaciones de las zonas de influencia de la planta. Esto incluye actividades conjuntas con las instituciones educativas con el supuesto “desconocimiento” de las autoridades de la educación. La duda emerge pues los consejos que rigen la educación primaria y media, incluso la formación docente en el país, no suelen ser muy flexibles a la hora de acoger actividades sin la debida autorización. Hace unos años una maestra de una localidad del norte de Florida fue sorprendida por la prensa y expuso sus carencias edilicias y presupuestales en la escuela rural en que trabajaba, tal exabrupto la llevó a ser amonestada por las autoridades al no dirigir sus reclamos por los carriles institucionales internos de Primaria.

En defensa de la educación pública, autónoma, se movilizaron el 5 de setiembre estudiantes y trabajadores, en especial enfrentando algunas de las cuestiones emanadas del contrato ROU-UPM que entendían como injerencia de UPM en la autonomía de la educación. Lo inesperado fue la fuerte represión y persecución de los participantes en dicha manifestación. Varias organizaciones sociales –entre ellas SERPAJ– criticaron el violento y excesivo accionar de la policía supuestamente para controlar las manifestaciones. Y, a pesar del comunicado del Ministerio del Interior, la fiscalía no encontró prueba para formalizar los detenidos[8].

Deben recordarse los cuidados que exige el tema. El derecho a manifestarse es un ejercicio fundamental para los estados democráticos, que se fortalecen con la apertura, tolerancia a la pluralidad, al disenso y al reclamo, en el marco de las garantías de los derechos humanos (como rezan las Resoluciones 19/35 y 22/10, Asamblea General de Naciones Unidas sobre “La Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el contexto de las manifestaciones pacíficas”, 2012, 2013). También puede agregarse que en defensa del acuerdo ROU-UPM emergen episodios de criminalización de la protesta. No sorprende en términos de situaciones similares en América Latina, pero la pregunta que queda abierta es si lo ocurrido vaticina para los próximos años un lento comienzo de conflictividad con represión violenta y renovadas formas de criminalización de la protesta.

5.- La aceptación social de una mayor presencia militar: un núcleo conflictivo con proyección de futuro

Con algo más del 46%, lo que representa más de un millón de votos, la propuesta “vivir sin miedo” impulsada por un sector del Partido Nacional no alcanzó los votos suficientes para ser aprobada pero en términos de indicador representa un elemento significativo hacia el futuro: buena parte de la sociedad uruguaya puede llegar a introducir formas represivas con el objetivo de mejorar su situación o percepción de seguridad. No se trata aquí de examinar quienes introdujeron la papeleta y por qué, sino elementos más de fondo.

Y puede comenzarse por lo que hizo posible que afortunadamente la reforma no tuviera éxito. Y en ese sentido, debe marcarse la convergencia de organizaciones sociales en el eslogan “no a la reforma, el miedo no es la forma”. Las articulaciones conformadas meses antes de la consulta pública incluyó diversos colectivos, la FEUU y el PIT-CNT. A partir de allí se fomentó el debate público, se trabajó a nivel de redes sociales y tuvo un evento el 22 de octubre con una gran movilización por la avenida 18 de Julio. Como ocurrió en su momento con la propuesta de baja a la edad de imputabilidad, se fueron quebrando los esquemas cognitivos que asociaban mecánicamente mayor capacidad de represión con una futura mejora de la seguridad pública, en particular dándole más protagonismo a las fuerzas armadas.

Y aquí está el núcleo conflictivo que se quiere señalar. Este es un proceso social que trasciende el evento de la marcha y el evento de la consulta pública, refiere a una reducción del problema de la seguridad pública a la capacidad punitiva de modo que la organización o la persona que pueda posicionarse en ese sentido puede llegar a ser  rápidamente aceptada. En el mismo sentido de “relajo” vs “orden” del general retirado Manini Ríos, una consigna simplificadora en extremo pero efectiva, una parte importante de la sociedad uruguaya puede admitir más presencia militar, menos garantías individuales como forma de resolver un problema real que es la seguridad ciudadana. Y particularmente es un problema real en barrios periféricos o, al menos, alejados del centro de la ciudad.

En otras palabras, debe inscribirse lo ocurrido con la consulta pública en un esquema mayor que hace emerger el conflicto de fondo: la generación de esquemas simplificadores de la realidad que pueden expresarse en diversas formas: el rechazo a que el Estado mantenga “vagos” (otra simplificación de cómo funciona la sociedad), la sensación de “pasarse de rosca” en cuanto a derechos generales, a la “ideología de género” o la defensa de la “ley trans”, la percepción general de “falta de orden”.  Estos esquemas cognitivos no se construyen por arte de magia y tienden a ser duraderos en el sentido que Pierre Bourdieu (2007) ya señaló en la década del setenta y ochenta.

Obsérvese complementariamente –pensando en términos de potencialidad– como el último hallazgo de restos de desaparecidos en un cuartel (que como es conocido, correspondió a Eduardo Bleier) podía haber revitalizado el movimiento por derechos humanos. Pero se convirtió más bien en una noticia fugaz como otras. Así que entre fugacidades y permanencias, simplemente se trató de plantear, ya en el final, un tema de fondo sobre el cual parece no llegar a captarse sus proyecciones.  La capacidad de organización colectiva puede ayudar a conformar antídotos contra los intentos y avances de vivir en sociedad simplificando problemáticas complejas, terreno fértil para propuestas neofascistas o de “orden express”.

Ya en términos de reflexiones finales, no puede separarse todo lo anterior del contexto latinoamericano actual de enfrentamiento entre proyectos de sociedad. Los núcleos conflictivos trabajados procuraron ir componiendo una idea de coyunturas en un proceso más general y paralelamente ir componiendo también una perspectiva latinoamericana. Un ejercicio analítico que no debe perderse considerando el futuro inmediato y la capacidad de abrir alternativas posibles.

Bibliografía

Bolón, A. (2019). UPM y la enseñanza pública, en Bacchetta, V., Melazzi, G. y Yohai W. LA ENTREGA. El Proyecto Uruguay-UPM. Montevideo, Movus (pp.74-80).

Bourdieu, P. (2007) [1980] El sentido práctico, Buenos Aires, Siglo XXI editores.

Cardoso, F.H. & Faletto, E. (1971). Desarrollo y dependencia en América Latina. México, Siglo XXI editores.

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Bacchetta, V., Melazzi, G. y Yohai W. (2019). LA ENTREGA. El Proyecto Uruguay-UPM. Montevideo, Movus.

Delgado, R. y Mañán O. (2000). Mexico: the Dialectics of Export-led Growth, Series Working Papers in International Development, No. 00.10.2, Saint Mary’s University, Canada.

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____ (2014) Transformaciones territoriales y resistencias colectivas. Consideraciones sociológicas a partir de los emprendimientos de megaminería y regasificadora en Uruguay, contenido “El Uruguay desde la Sociología”, Montevideo, Dpto. Sociología – FCS.

____ (2008) Las batallas por la subjetividad. Construcción de derechos, luchas sociales y dominación simbólica en Uruguay, Montevideo, UDELAR-CSIC-FCS / Fanelcor.

Mañán, O. (2019) Enclaves Extractivos de última generación: conceptos e instituciones bajo lupa de la realidad. Ponencia al I Congreso Internacional Interdisciplinar “Dereito e Economía” de la Universidade Federal de Minas Gerais, Bello Horizonte.

Poder Ejecutivo (30/10/2019). Proyecto de ley Sistema de Negociación Colectiva. Modificación.

Disponible en: https://parlamento.gub.uy/documentosyleyes/ficha-asunto/144897

Trabajo publicado en “Derechos Humanos en el Uruguay. Informe 2019”, Montevideo, SERPAJ, 2019.

Con co-autoria de Oscar Mañan

[1] Sobre fundamentos analíticos y la trayectoria conceptual del tema en América Latina puede verse Falero, 2018. El proyecto I + D en curso (UDELAR – CSIC – 2019 – 2021) “Conflictos sociales en el Uruguay progresista. Hacia un cuadro general de análisis” también coloca como centro el conflicto.
[2] El título del diario “El Observador” del 12 de junio de 2019 dice lo siguiente: “Lista negra de la OIT golpea reputación del país y mancha una bandera del FA”. Como subtítulo agrega: “La inclusión del Uruguay en la nómina se debió a incumplimiento de convenio mundial sobre negociación colectiva y por no atender recomendaciones del organismo”.
[3] Cabe recordar, a modo de visualizar que no se trata de un protagonismo reciente, un artículo en Cuadernos del Tercer Mundo de diciembre 1985 / enero 1986, bajo el título de “Autogestión en la vivienda”. Allí se señalaba que “una propuesta que ha probado tener vitalidad con el tiempo, agrupa a 10 mil familias en 240 cooperativas que perfilan un método alternativo para la solución de la temática de la vivienda”. Y recuérdese que ese artículo es a menos de un año de que asumiera el primer gobierno democrático pos dictadura.  Hoy implica 627 cooperativas (habitadas, en trámite o en obra) que integran unas 23 mil familias.
[4] Citado por La Diaria, 24 de octubre de 2019. Disponible en:
https://ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/fucvam-se-presentara-ante-la-justicia-para-efectivizar-pagos-de-prestamos-hipotecarios-con-2-de-interes/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=6am
En cuanto a Fucvam en tanto movimiento, puede consultarse entre la bibliografía reciente el trabajo de Gustavo Machado “Fucvam: el movimiento cooperativo de vivienda por ayuda mutua”, contenido en Casas y otros (2019).
[5] El País 3 de mayo de 2019. Un artículo de La Diaria del 4 de noviembre de 2017, señalaba acertadamente, dentro de los prejuicios sociales que se construyen sobre lo social, la idea que quienes viven en asentamientos obedece a que no quieren pagar nada.
[6] Véase, por ejemplo, la recopilación de artículos de Gustavo González “La lucha organizada por el derecho al suelo urbano y la ciudad”, Montevideo, FUCVAM, 2018.
[7]  Una nota de El Observador del 18 de noviembre de 2017 decía: “Esperanza en UPM” y agregaba: “Los vecinos ven en la instalación de la pastera una oportunidad para “salir del pozo” y generar empleos, aunque ya piensan en los problemas que dejará la obra”.  Unos dos años después, un artículo del semanario Brecha del 2 de agosto de 2019 iba por el mismo sentido aunque agregaba algo más: “Voces y expectativas en Centenario y sus alrededores”. “En Centenario, el pueblo de Durazno cortado a la mitad por la ruta 5, la confirmación de la llegada de UPM2 despierta esperanzas, después de tantos años de espera. En sus vecinos de Paso de los Toros, también. Pero la ilusión de trabajo y prosperidad viene acompañada de algunos miedos porque, en definitiva, quienes vendrán no son más que desconocidos. Los curriculums se arman por doquier, aunque un gran porcentaje no tiene con qué completarlos”. Se podrían seguir adicionando artículos en la misma línea.
[8] La Diaria, 7 de setiembre de 2019 y Brecha 13 de setiembre de 2019.

Acerca del autor

Alfredo Falero
Alfredo Falero 1

Dr. en Sociologia. Docente e investigador del Depatamento de Sociologia, Facultad de Ciencias Sociales, UDELAR.