¿O será El Dorado para UPM?

¿O será El Dorado para UPM?

País productivo, nos dicen.

Montevideo, 2 de agosto de 2019, Publicado en Brecha

1.- Los recientes acontecimientos en torno al sí de la denominada decisión final de inversión por parte de UPM son el resultado de un largo proceso, y confirman la iniciación de otro, en el cual todos los uruguayos estamos comprometidos. Así culminan las etapas de decisión de la transnacional iniciadas en 2010, cuando decide ampliar sus plantaciones. Posteriormente, se avanzó con las visitas a Finlandia de los presidentes Mujica (en 2014) y Vázquez (en 2016), la firma del contrato salió a luz pública en 2017, y finalizó días atrás con el informe a los accionistas de UPM con la decisión de construir la planta.

Se podría suponer que al menos ha existido un –relativo– conocimiento del “asunto” de parte de la ciudadanía. No es así. Recién a partir de la publicación del contrato ROU-UPM se toma conocimiento del tema. A su vez, y más allá de sus problemas jurídicos y de que ninguna de las dos partes se responsabiliza de los resultados (insólito), importa señalar que es un contrato en un solo sentido porque a Uruguay sólo le corresponden obligaciones.

El gobierno aduce que es producto de una negociación. Si así fuera, es un pésimo negociador, ya que quien se encontraba en una difícil situación era UPM. Con más de 200 mil hectáreas forestadas en una lejana región, que debían comenzar a cortarse a partir de 2022, a la transnacional le era imposible transportar en camiones 8 o 9 millones de toneladas de carga al año a Montevideo[1].

2.- Las referidas obligaciones marcan un hito fundamental: si bien el gobierno se refería a la inversión como“el proyecto UPM”, la verdad es que el proyecto (así debe calificarse) incluye una larga serie de obras: el ferrocarril, un viaducto en el puerto, arreglo de puentes y caminos, y otras que desarrollaré más adelante, pero todas financiadas por los uruguayos. Sin ellas, la planta no podría instalarse.

El proyecto es todo, y en las obligaciones asumidas, la inversión de Uruguay supera ampliamente la de UPM. Se trata entonces de la inversión de Uruguay…“más grande de la historia” [2]. De aquí surge la pregunta clave: ¿el proyecto es beneficioso para el país? A continuación, un resumen muy breve y una evaluación de sus principales aspectos.

     a) UPM: pese a que durante un tiempo se publicitó que invertiría 4.000 millones de dólares, en el documento se reducen a 2.480. Su impacto real en Uruguay es de entre 600 y 700 millones, entre los que se cuentan construcciones y armado de la planta; el resto es maquinaria importada, con lo cual impacta en otros países. A posteriori, se sumarían unos 300 millones de inversión en el puerto de Montevideo.

     b) Uruguay se compromete a construir una vía férrea (2.225 millones de dólares); un viaducto portuario (144 millones); dragados en el puerto y canal de acceso (225 millones), traslado del puerto pesquero (103 millones) y el dique Tsakos; relevantes obras de caminería, carreteras y puentes (300 millones) y otras obras menores. Además, Uruguay deberá pagar un subsidio encubierto por 1.450 millones por la compra de energía eléctrica (que no necesitamos). En total, la inversión suma 4.447 millones de dólares, lo cual aumentará la deuda externa. Por otra parte, la renuncia fiscal por operar en zona franca se ubica entre 200 y 400 millones anuales: piénsese el impacto en el presupuesto nacional durante 20 años. Por otro lado, el gobierno dice que recaudará 120 millones anuales por DGI y BPS, pero lo real es que no se superarán los 47 millones[3].

     c) Con relación al empleo, el ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente calculó que durante la construcción el promedio será de 2.850, con picos de 4.500 puestos de trabajo (aunque se difundieron cifras superiores). En la zona franca de la planta, los empleos directos difícilmente superen los 550. En los indirectos, el gobierno comete un grave error –confirmado por la propia UPM– al declarar que ya tiene las plantaciones forestales. La experiencia indica que luego de diez años y dos plantas, el empleo forestal aumentó apenas 1.158 puestos de trabajo. La misma experiencia indica que prácticamente no hubo empresas “inducidas”.

     d) ¿Cuáles serán las ganancias de UPM? Los costos se estiman en 350 dólares por tonelada de celulosa[4]y el precio internacional en 700. Para 2,3 millones de toneladas producidas (la capacidad de producción es de 2,4) las ganancias resultan en 800 millones anuales; 16.000 millones en 20 años. Si a eso sumamos los 1.400 millones por venta de energía, el total es de 17.400 millones en 20 años. Si se descuenta la inversión, la ganancia neta es de 15.000 millones de dólares. Es decir, UPM recupera la inversión en poco más de tres años; por cada dólar invertido se lleva seis.

     e) Sobre la distribución, Uruguay aporta el 64 por ciento del capital, pero no participa de las ganancias. UPM invierte el 36 por ciento y se lleva al exterior el cien por ciento de ellas. Si las ganancias no quedan en el país, si el empleo es muy menor al divulgado y apenas alguna empresa inducida, el impacto de la planta sobre el PBI es escaso.

Desde 2006, en las investigaciones y publicaciones conjuntas con William Yohai[5], dos de los aspectos señalados en este texto requieren mayor dedicación, ya que el gobierno los menciona lo menos posible y son de suma importancia: la construcción de una vía férrea y la compra de electricidad.

Es falso que el Ferrocarril Central de UPM ya estuviera previsto. En el programa de gobierno no se menciona. Nos cuesta 8.150.000 dólares por quilómetro (Nota de Redacción: 2.225 millones/273 Km.), 34 veces más que el tramo ya reconstruido entre Rivera y Paso de los Toros en el marco de los Corredores Bioceánicos. El Ferrocarril Central es más lento y para un tonelaje por eje algo menor. ¿Pero se estudió mejorar lo ya previsto e iniciado hasta Montevideo? ¿Se estudiaron alternativas desde Paso de los Toros a Nueva Palmira? ¿Una hidrovía del Río Negro? No se sabe[6].

El tren es prácticamente exclusivo para UPM: no se prevén infraestructuras para pasajeros ni para otras cargas. Su trazado generará graves problemas urbanos y sociales en varias ciudades. Es muy ilustrativo el ejemplo de Sarandí Grande, donde la movilización popular y de sus autoridades logró que el tren no “cortara” al medio la ciudad.

En tanto, la compra obligatoria a UPM de electricidad, como decíamos, no es necesaria, ya que actualmente tenemos capacidad ociosa de generación y podemos estar tranquilos por 15 años, ya que el crecimiento de la demanda recién igualaría la oferta unos cinco años después. Su costo ya es elevado: fuentes eólicas y fotovoltaicas ya son más económicas y las tendencias a futuro de generación indican un acelerado abaratamiento. Por esta razón, esta compra obligatoria es un subsidio encubierto a la empresa.

3.- A partir de la información de UPM del 23 de julio, las cartas están a la vista. Por un lado, las declaraciones de los integrantes de la transnacional confirman, fuera de toda duda, los planteos públicos que venimos realizando desde hace años, con fuentes nacionales e internacionales. Y lo importante: el gobierno nunca los respondió. Asimismo, la anomia social es grave: ni el PIT-CNT, ni el Parlamento, ni la Universidad, ni otros partidos políticos presentaron estudios independientes, debatieron públicamente o comprometieron acciones concretas en sus ámbitos respectivos frente a un tema clave para el Uruguay del futuro.

Es triste comprobar ahora cómo la prensa y los voceros oficiales se disputan por “inflar” beneficios: de 7 mil empleos se pasa a hablar de 10 mil; de los 120 millones de dólares de recaudación por DGI y BPS, se pasa a hablar de 170.

En lo que respecta a UPM, es claro que ya está en otra etapa. Su mirada ahora apunta a lo internacional y poco importan los impactos que aquí tengan sus declaraciones. Un claro ejemplo son las afirmaciones sobre el costo por tonelada de la celulosa (de las más baratas del mundo) y el efecto previsible en sus ganancias: un día después del informe de Jussi Pesonen (Ceo) a los accionistas de UPM-Kymmene[7], las acciones en la Bolsa subieron nada menos que 12,4 por ciento[8], aumentando notoriamente su capacidad financiera.

¿Y ahora qué? ¿Qué más decir? Los datos son duros e irrefutables: por más discursos y campañas publicitarias que se hagan, hablan por sí solos: El Dorado para la transnacional… ¿y para los uruguayos? Por muchos, muchos años pagaremos, el pueblo pagará.

Este acuerdo es un baldón a la soberanía, es la consolidación de un modelo extractivista, primario, que niega un futuro decente a los trabajadores y privilegia empresas extranjeras. Una gestión de cero transparencia y ninguna ética para que nos ocupemos ente todos del país.

4.-  A los efectos de clarificar qué significa que aportemos 4.447 millones de dólares a una transnacional (sin contar una cifra similar por impuestos que no pagará), como ejemplo veamos un destino alternativo para nuestros recursos. Imaginemos que los invertimos en la construcción de viviendas, una verdadera necesidad nacional: en 15 años generaríamos 54.548 viviendas para 190 mil personas[9]. Durante ese tiempo, en todo el proyecto Uruguay-UPM (contando el viaducto, el tren, el dragado, la planta, etcétera), los empleos anuales directos e indirectos sumarán 3.671; en cambio, en la construcción de viviendas serían 20.371. Téngase en cuenta el impacto en la economía: el multiplicador es enorme a todo nivel (trabajadores, empresas, servicios, etcétera), sin comparación con la celulosa y sus necesidades. Además, este cálculo “regala” las viviendas. Es obvio que no será así; lo que se recupere permitirá continuar construyendo por muchos años

[1] . En el FA adujeron: “No es lo que hubiéramos querido, pero…”, y le aceptaron todo a la empresa.

[2] .  Obligaciones y exenciones inéditas, de una cuantía jamás aportada a emprendimientos nacionales.

[3] . Por DGI, BPS e IRPF, la planta de UPM 2, con 500 empleados, recaudará 10,7 millones de dólares. UPM 1 y Montes del Plata, al aumentar el PBI silvícola, impulsaron en un 0,2 por ciento el PBI nacional. Oficialmente, DGI y BPS recaudan, de todo el sector silvícola, un 14,9 por ciento. Aplicar esos porcentajes en el PBI nacional actual arroja 18 millones de dólares. Siendo muy generosos (porque, entre otras cosas, las plantaciones ya están), podríamos esperar que con UPM 2 duplique esta cifra: unos 47 millones. Imposible hablar de 120 millones.

[4] . UPM, al declarar un costo de 280 dólares por tonelada, es más optimista que nosotros. Si se calculan las ganancias netas con base en este costo, suman algo más de 18.000 millones de dólares. Algún lector atento, al revisar nuestros trabajos desde 2006 encontrará diferencias en los datos. Obvio, el secretismo del gobierno y las variaciones internacionales los explican.

[5] . La actualización de dichas publicaciones (con su cuidadosa referencia a fuentes nacionales e internacionales) y los trabajos sobre ambiente, aspectos jurídicos, educación y otros impactos sociales se reunieron en un libro de próxima aparición, cuyo objetivo es brindar un enfoque integral del proyecto.

[6] . En nuestros trabajos iniciales confiábamos en las declaraciones oficiales acerca de que el costo sería de 700 millones de dólares, quizás 800. ¡Santos inocentes! Oficialmente, pagaremos 2.225 millones de dólares.

[7] .   https://www.upm.com/siteassets/asset/investors/2019/q2-2019-presentation_final.pdf

[8] . https://finance.yahoo.com/quote

[9] . Salvo ajustes posteriores, original de W. Yohai: “UPM 2. El trabajo, la inversión, las alternativas”.

 

 

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