Poncho de los pobres y escudo de los débiles

La República, domingo 25 de marzo de 2007

La República, domingo 25 de marzo de 2007

ANTONIO ELIAS (*)

El 21 de marzo el Presidente de la República decidió cesar en sus cargos a Carlos Viera y Daniel Mesa, director y subdirector, respectivamente, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y designó para ocupar esos lugares a Enrique Rubio y Conrado Ramos. Dicha decisión podría incidir en el estilo y las características de la reforma del Estado que impulsa el gobierno. El nuevo director de la OPP, al igual que su antecesor, ha tenido un posicionamiento crítico respecto a la actual conducción económica en temas tales como presupuesto, reforma tributaria e inserción internacional. La decisión presidencial de incorporar a Enrique Rubio al gabinete apuntaría a capitalizar la experiencia y el peso político de este dirigente en dos direcciones: una, implementar la reforma ya elaborada; dos, limitar la incidencia del ministro de Economía.

Pero, paradójicamente, el cambio más importante, desde el punto de vista político partidario, es la sustitución del subdirector Daniel Mesa, uno de los principales operadores del ministro de Economía, quien había asumido un papel protagónico en los temas presupuestales y en las negociaciones con los trabajadores públicos. El ingreso de Conrado Ramos, un asesor del Presidente, integrante, al igual que Daniel Mesa, de la comisión creada para elaborar una propuesta de Transformación del Estado no augura un cambio en los fundamentos técnicos de la reforma, por el contrario, podría estar marcando una línea de continuidad en el ámbito de la instrumentación de la tan mentada "Madre de todas las reformas".

En resumen, si bien el cambio de figuras ocurrido en palacio es un hecho relevante, por sí mismo no significa que se modifiquen los actuales lineamientos elaborados para la transformación del Estado y, por tanto, no debería desviarse la atención de los ejes fundamentales que deben discutirse, de manera democrática y participativa, si se quiere llevar adelante el programa frentista.

El orden social capitalista tiene dos instituciones económicas fundamentales: el Estado y el mercado. La resolución de qué cometidos y atribuciones tiene el primero define los límites del segundo. El poder del capital se expresa tanto en el mercado, el cual controla a través de la propiedad de los medios de producción y de su capacidad de inversión, como en el Estado, a través de múltiples interrelaciones entre el ámbito político y el económico. A la vez, en el mercado los trabajadores construyen y expresan su poder, básicamente, a través de las luchas por ampliar sus derechos y reducir la cuota de plusvalía que se apropia el capital. Pero el ámbito donde tiene mayor nivel de incidencia, al menos en forma potencial, es el Estado. Por otra parte, todos aquellos que tienen poca o ninguna capacidad de pago dependen de la acción estatal para poder satisfacer sus necesidades básicas.

El paradigma de los capitalistas es la "mano invisible" del mercado a nivel nacional e internacional y la reducción de los Estados a su mínima expresión: como jueces y gendarme que hagan respetar los derechos de propiedad y los contratos. Todo esto en oposición al paradigma de los trabajadores y sus aliados que es el fortalecimiento del Estado y la socialización de los medios de producción. La práctica social ha demostrado que en el sistema capitalista el Estado y el mercado son utilizados por el poder económico y sus socios en el ámbito político para satisfacer sus intereses y ejercer su dominio.

Ante los cuestionamientos, legítimos pero exagerados, que se realizan al papel y funcionamiento del Estado existen dos respuestas institucionales básicas. Una, la de los teóricos neoliberales, asume que el principal factor distorsionante del proceso económico es el poder político y apunta, por tanto, a restringir al máximo la intervención pública en los mercados y propone sustituir políticos por técnicos al servicio del capital en los organismos que necesariamente deben regular el proceso económico. Otra, basada en el pensamiento histórico de la izquierda que sostiene que el Estado es el instrumento fundamental para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas y la participación efectiva en los espacios de decisión. Los cambios institucionales (reglas de juego) deben apuntar al fortalecimiento de la capacidad de intervención estatal, creando mecanismos que reduzcan las fallas del aparato de Estado ­ reglas de control, transparencia y rendición de cuentas – y permitan acotar las fallas del mercado, a la vez, que se fijan límites al accionar del gran capital transnacional.

Los modelos de sociedad que apuntan a la reducción del papel del Estado y a la disminución del papel de la política en el proceso económico van en claro detrimento de los intereses de los trabajadores y de las fuerzas que apuntan al cambio social, en tanto fortalecen los intereses del capital nacional y transnacional. En un gobierno que responda a los intereses populares y nacionales el Estado debe cambiar su actitud actual de mero garante y sustento de decisiones de los empresarios para pasar a ser el promotor fundamental de la justicia social y el desarrollo económico.

Con todos los matices y contradicciones que se pueden presentar en uno y otro caso, el paradigma del capital sigue siendo el libre mercado y el paradigma de los trabajadores el socialismo.

Participar en forma efectiva en un proceso de cambios en el papel, las funciones, la estructura y la gestión del Estado hace necesario identificar los caminos que se pueden recorrer y cuál es el punto de llegada de los mismos. No parece correcto, en ese sentido, equiparar el fracaso de la alternativa soviética al capitalismo con el fracaso del Estado como sujeto fundamental del proceso económico y de cambio. A la vez, tampoco sería adecuado asumir que fracasó el mercado porque genera la exclusión de una parte significativa de la población mundial, dado que dicho sistema es muy exitoso para los dueños del capital. El modelo que asigna al mercado – es decir a los grandes capitalistas – el papel organizador del proceso económico, político y social es el dominante en el mundo actual. En cambio el sistema que busca construir una sociedad sin explotados ni explotadores: el socialismo – más allá de los fracasos acaecidos en el siglo pasado – sigue siendo la única alternativa conocida para vencer a la barbarie y recuperar la condición humana.

Un gobierno que nació de la fuerza y esperanza del pueblo debe, necesariamente, realizar aquellas transformaciones que fortalezcan el papel del Estado en detrimento del mercado y garanticen la participación efectiva de los trabajadores y el pueblo en la toma de decisiones, para poder ampliar el tamaño del poncho de los pobres y la solidez del escudo de los débiles.

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.