Por salarios dignos y justicia social

Por salarios dignos y justicia social

En el gobierno del cambio el ministro Astori, con el aval de Mujica y otros buenos señores y compañeros, le da la razón a los gobiernos anteriores: los aumentos de salarios son inflacionarios. Pretender mantener y recuperar el salario real es un atentado a la santísima estabilidad de precios, nos explican. Hay que ser pacientes, tener fe y dejar trabajar a los técnicos que saben. No pida aumentos de sueldos, ya se encargarán el ministro de Economía, el presidente del Banco Central y el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de implementar las medidas necesarias para que los precios bajen.

No debe ignorarse, sin embargo, que los mecanismos de propagación de la inflación, más allá de las causas iniciales, son manifestaciones concretas de la pugna distributiva entre clases sociales que tratan de conseguir una mayor participación en la renta nacional. Las soluciones que propone el equipo económico tienden a consolidar una injusta distribución del ingreso, donde la masa salarial es solamente un 21% del ingreso nacional.

UNO. La evolución de la capacidad de compra del salario se estima considerando dos factores: el salario ­cantidad de dinero que recibe el trabajador luego de pagar sus aportes a la seguridad social­ y la evolución de los precios ­elaborada en base a una canasta de consumo de los hogares y a un relevamiento mensual de los precios de la misma­. Lo importante no es la cantidad de dinero que se recibe, sino lo que se puede comprar con ella, y para poder estimar la evolución del poder de compra es necesario fijar un período base como referencia para los cálculos.

El gobierno ha prometido que los trabajadores van a recuperar en este quinquenio el nivel de salario real de que disponían al comenzar el gobierno del doctor Jorge Batlle. Cuando analizamos la información que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE) observamos que en el gobierno anterior la pérdida de salario real del sector privado fue de 22% y la del sector público de 15%. Estas estimaciones incluyen importantes diferencias al interior de cada sector.

Usted, seguramente, querrá saber cómo evolucionó su poder adquisitivo y cuánto de lo perdido ha sido recuperado. Según el INE, los trabajadores del sector privado han recuperado un 35% de su salario real (hoy pueden adquirir el 88% de lo que consumían en febrero de 2000) y los del sector público han recuperado un 52% (con un poder adquisitivo de 92,5%, respecto a la misma fecha). Evidentemente se ha mejorado, pero aún se está muy lejos del compromiso asumido tomando en consideración la buena situación económica de los dos primeros años de gobierno.

La situación actual y el futuro cercano son preocupantes por varias razones: en lo interno, aumenta la inflación, cae el dólar, se reduce el crecimiento del producto; en lo externo, la mayor economía del mundo, Estados Unidos, afronta riesgos importantes de sumergirse en una recesión con la consecuente reducción de la demanda y de los precios de los bienes que exporta nuestro país. En ese marco, ante los reclamos de los trabajadores el equipo económico responde proponiendo mantener los actuales salarios nominales ­para que no se produzca una espiral en la que al aumento de salarios le siga un nuevo aumento de precios y así sucesivamente­ y bajar los precios utilizando instrumentos diversos. Mientras tanto, el poder adquisitivo de los trabajadores y pasivos sigue bajando. La desindexación salarial será una nueva transferencia de recursos del trabajo al capital.

DOS. Las medidas que se adoptan para atacar el crecimiento de los precios dependen de las teorías que se asuman para explicar la inflación. Cualquier "medicina" contra esta "enfermedad" que genere una modificación de los precios relativos beneficiará a unos sectores en detrimento de otros, con la consiguiente redistribución del ingreso. Unas políticas antiinflacionarias inciden más sobre las rentas del capital mientras que otras afectan especialmente las rentas del trabajo. En el sistema capitalista ningún gobierno es neutral a los intereses de las clases sociales.

Las teorías explicativas de la inflación pueden agruparse, esquemáticamente, en tres tipos: a) las que consideran que el origen de la misma se debe a un exceso de demanda agregada derivado de la políticas fiscal, monetaria o crediticia; b) las que afirman que se origina en el aumento de costos de la oferta; c) las que sostienen que la causa de la inflación está en la estructura económica y en los desajustes sociales.

La inflación por exceso de demanda se produciría cuando el consumo de las familias, la inversión de las empresas y los gastos del gobierno sean mayores que la capacidad productiva del país. El aumento en la demanda por parte de uno de los agentes económicos provocará inflación si no está compensado por disminuciones en la demanda de los otros dos. La ortodoxia asume este enfoque para proponer la reducción del gasto público, lo que en nuestro país significa ajustar a la baja el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y de las pasividades, a la vez que se reduce también la inversión pública. Esta es la receta que está aplicando actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas cuando le niega el aumento a los funcionarios públicos y a los pasivos.

El exceso de demanda también se produce cuando crece la cantidad de dinero en circulación, lo que hace aumentar las disponibilidades líquidas de todos los agentes en general y por tanto aumentará la demanda más allá de la capacidad productiva. A partir de esta enfoque, el Banco Central está aplicando una "receta" basada en la reducción de la emisión monetaria (cantidad de dinero disponible) y en el aumento de la tasa de interés, para reducir el consumo y encarecer el crédito.

En resumen, estas políticas, tanto fiscal como monetaria, apuntan a que usted tenga menos para gastar, lo que a su vez influye negativamente en el nivel de actividad y de empleo.

La inflación por el aumento de los costos se basa en el cambio del precio relativo de los factores de producción: trabajo (sueldos y salarios), capital (beneficios), recursos naturales (renta y precios). La explicación más habitual de la inflación de costos ­por parte de los empresarios, sus representantes políticos y sus voceros en los medios de comunicación­ es que los sindicatos tienen un poder particular sobre el gobierno y consiguen mejoras salariales en proporción superior a lo que les corresponde por la productividad laboral.

La "receta" del equipo económico ¡oh casualidad! es frenar los aumentos de salarios, ahora para evitar que los empresarios aumenten nuevamente los precios, lo que, a su vez, sería respondido por los trabajadores con mayores reivindicaciones, desencadenándose así una espiral salarios-precios. La otra "receta" impulsada por el ministro de Ganadería es bajar la inflación "prohibiendo" aumentos o "negociando" precios, importando ciertos bienes para obligar a una baja de precios en productos de origen agrícola, lo que va en línea con la reducción en forma puntual de tarifas de las empresas del Estado.

Para los economistas estructuralistas, como los de la Cepal, la inflación no es un fenómeno monetario sino el resultado de desequilibrios reales en la estructura económica que se manifiestan en una subida general de los precios. Afirman que para corregir la inflación no hay que atacar los síntomas ­el aumento del dinero circulante­ y proponen ir a la raíz del mal: corregir los desequilibrios entre los sectores productivos y entre clases sociales.

TRES. Las causas fundamentales de la inflación de nuestro país son estructurales, entre otras, la dependencia y vulnerabilidad de nuestra economía a las fluctuaciones del mercado internacional. El aumento de los precios de los bienes exportables ­básicamente productos primarios con mínimo valor agregado­ y el costo creciente de las importaciones de petróleo, fue potenciado por la existencia de empresas con poder para aumentar los precios de sus productos por encima de los que quedarían determinados por mercados con ciertos niveles de competencia.

Un remedio para la inflación sería la aplicación de detracciones (impuesto) a las exportaciones de commodities (materias primas sin valor agregado), lo que permitiría bajar los precios internos y generar un fondo para subsidiar los precios de la canasta familiar. Otro sería la aplicación de sistemas de control de precios, entre los cuales deberían incluirse entes testigos.

Pero en lugar de eso, se toman medidas que impiden la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios, las que son insostenibles desde una posición de izquierda que tenga como bandera la justicia social. Es hora de cambiar el rumbo y actuar en función de las grandes mayorías postergadas y no de las pequeñas minorías privilegiadas. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)

Publicado en la contratapa de “La República” el 30 de setiembre de 2007,

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.