Primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez: Crisis y des-gobierno

Primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez: Crisis y des-gobierno

El 15 de agosto se cumple un año del gobierno de Mario Abdo Benítez, quien había llegado al cargo a través de unas elecciones calificadas como fraudulentas, por medio de innumerables denuncias. Esta debilidad de origen, sumada a una crisis interna en el partido oficialista (ANR), presagiaba una gestión con escasa legitimidad y poco que esperar por parte de la sociedad. Pero el primer año de gobierno fue incluso peor de lo esperado: a su fragilidad de origen se sumó un gobernante sin capacidad de liderazgo, sin un programa de gobierno con algo distinto que ofrecer a la sociedad, y con colaboradores en el gabinete de muy pobre gestión. Para colmo, las gestiones en torno a la energía de Itaipú llevadas adelante por el gobierno pueden ser catalogadas como una “traición a la patria”, por los términos absolutamente favorables al Brasil, en contra del Paraguay, plasmados en el Acta Bilateral del 24 de mayo pasado.

La misma fue negociada con el secretismo que caracteriza a las dictaduras, y ni siquiera los técnicos de la ANDE tenían conocimiento del contenido acordado. En el documento que salió a la luz pública con la renuncia del Presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) el país renunciaba a su soberanía energética a favor de empresas extranjeras que se beneficiarían con la energía producida por Itaipú, limitando a su vez, la capacidad de contratación de potencia energética para nuestro país, abriendo la posibilidad de un escenario en el que la potencia contratada no pueda satisfacer la demanda energética del mercado nacional, implicando un sobrecosto estimado en USD 250.000.000 en perjuicio de la ANDE y el cual, sin dudas, recaería sobre las espaldas de la clase trabajadora del campo y la ciudad.

La crisis política desatada mantiene en jaque a Mario Abdo, dejándolo aún más debilitado. Se vio obligado a aceptar la renuncia de seis altos cargos, Luis A. Castiglioni, Ministro de Relaciones Exteriores; Hugo Saguier Caballero; Embajador de Paraguay en Brasil; Alberto Alderete, Director paraguayo de Itaipú; Alcides Jiménez, presidente de la ANDE; María Epifania González, Ministra de la Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD), y José Sánchez Tillería, Director Técnico de Itaipú.

En este contexto de profunda inestabilidad política y de masivas movilizaciones que exigen la realización del juicio político a los altos cargos del Ejecutivo, realizamos el balance económico y social del primer año de gobierno.

Gestión rural

En el ámbito rural, el primer año de gobierno de Mario Abdo ha significado la continuidad del mismo modelo productivo, de tipo agroexportador extractivista, así como de las políticas públicas ejecutadas por el gobierno anterior, favorables al sector de los agronegocios. La histórica demanda de acceso a la tierra por parte de la población campesina e indígena, sigue sin ser parte de la agenda de los gobiernos de turno, en un país con la concentración de tierra más alta del mundo, en manos de pocos y poderosos propietarios, situación incluso reconocida en una publicación reciente del Banco Mundial: “El actual modelo de desarrollo rural ha alimentado la concentración de la tierra, ubicando a Paraguay como el país con el mayor nivel de desigualdad de tierras en el mundo con un coeficiente de  de 0,93”[1]1.

Incluso esta situación parece empeorar año tras año. A partir del inicio de la última zafra sojera en setiembre del 2018, una serie de desalojos y enfrentamientos violentos se produjo entre sojeros, fuerzas públicas y comunidades campesinas e indígenas, los primeros buscando expandir sus territorios y los segundos defendiendo sus derechos, en una dinámica donde el Estado siempre favorece a sojeros y empresarios.

Algunos de los conflictos en este último periodo ocurrieron, en el asentamiento campesino San Juan, de Puente Kyha, en la Comunidad indígena Takuara’i, distrito de Corpus Christi, los asentamientos campesinos de Pindo’i y Guahory, del distrito de Tembiaporá, la colonia campesina R.I. 14 Sur, distrito de O’leary y la Comunidad 6ta Línea Mcal. López, del distrito de Capiibary.

De manera análoga a lo ocurrido en el ámbito rural, durante el gobierno de Abdo Benítez han adquirido mucha frecuencia y violencia los desalojos de asentamientos populares en zonas urbanas, los cuales se han ido formando de manera espontánea en los últimos años, por la intensa migración del campo a la ciudad, y la falta de políticas públicas que den respuesta a la problemática de la vivienda. En este periodo, han sido varios los desalojos ejecutados por grandes contingentes policiales y con excesiva violencia, y han tenido lugar en Luque, M. R. Alonso, Limpio, Caaguazú, Ciudad del Este, entre otros. Tan solo en los cinco casos mencionados, fueron expulsadas aproximadamente unas 3.200 familias, lo que representa a unas 10.000 personas, quienes quedaron en la calle sin ninguna previsión del Estado para reubicarlos. La lógica de acaparamiento territorial y especulación inmobiliaria se viene expresando con mucha intensidad en las zonas urbanas.

La Federación Nacional Campesina (FNC) realizó en marzo la XXVI marcha campesina por Asunción, con la consigna “Tierra y producción para el desarrollo nacional, construyendo Poder Popular”, en la que denunció la falta de políticas públicas para el sector y los perjuicios que genera el modelo agroexportador. Por su parte, la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), sigue exigiendo políticas públicas tanto de emergencia como de mediano plazo para la agricultura familiar campesina, por la situación de crisis y endeudamiento en que se encuentra, volvió a manifestarse en Asunción en los meses de marzo y junio de 2019, ante la falta de respuestas y acciones concretas de parte del gobierno.

El 17 de mayo de 2019, el gobierno promulgó la Ley de Defensa, Restauración y Promoción de la Agricultura Familiar Campesina, proyecto que pretende enfrentar la crisis en el campo estableciendo un nuevo marco de acción; al mismo tiempo se vetó el proyecto que fue debatido durante varios años entre las organizaciones, de Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional. La ley crea el Viceministerio de la Agricultura Familiar Campesina, subordinado dentro de la estructura del Ministerio de Agricultura, el Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), el Consejo Interinstitucional de la Agricultura Familiar Campesina, y el Fondo Solidario de Reserva de Tierras. Habrá que monitorear y evaluar los efectos de esta normativa de reciente aprobación.

Un avance a nivel internacional se dio con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales”, impulsada principalmente por la Vía Campesina desde hacía 17 años, que fue aprobada por una mayoría de países el 17 de diciembre de 2018 en la Asamblea General de la ONU. El Gobierno de Mario Abdo no votó a favor de la declaración, evidenciando su poco interés en reivindicar los derechos de las familias campesinas.

Situación de los pueblos indígenas

En el marco de su política de “atención prioritaria a las comunidades indígenas”, el primer informe presidencial remarcó la asistencia de emergencia en las comunidades durante la sequía y las inundaciones recientes, además de exponer el monto de la “ayuda social” brindada desde el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), entre otras políticas de carácter asistencial.

Lo insólito del informe es la referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para la entrega del título de propiedad de 18.000 hectáreas a 2 comunidades indígenas, y al decreto 1039/2018 de la Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, cuyos logros no fueron de su gobierno, sino de las luchas históricas de los pueblos indígenas, el inicio de los proyectos con las comunidades, fue estipulado en las sentencias de la CIDH en la condena al Estado Paraguayo.

La situación de los pueblos indígenas no se aleja mucho de la situación del campesinado respecto a la cuestión de la tierra. Según el censo de 2012 de la Dirección General de Estadísticas Encuestas y Censos (DGEEC), en el Paraguay existen 117.150 indígenas que se distribuyen en 493 comunidades y 218 aldeas o barrios, que totalizan 711 comunidades, aldeas o barrios. La gestión de éste y otros gobiernos anteriores desde el 1870, no pasa del asistencialismo y de la defensa de la propiedad privada sobre lo que anteriormente, constituían territorios indígenas. Es así como nos enteramos en la actualidad de indígenas que mueren por no tener centros de salud en sus comunidades y por no poder pasar por estancias privadas para salir y buscar ayuda. No hubo acciones tomadas sobre los asesinatos de líderes indígenas por parte de matones de estancias, y la situación de los pueblos indígenas en lucha constante que suelen concentrarse en Asunción por la recuperación de sus territorios. Tal es el caso, por ejemplo, de la comunidad Ava Guaraní Tacuara’i, distrito Corpus Christi, Departamento de Canindeyú, que se encontraba apostada en la Plaza de Armas en Asunción por varios meses, en reclamo por la recuperación de su territorio usurpado por empresas privadas, donde uno de sus jóvenes líderes fue asesinado.

Maquila e Industria

La llamada Ley de la Maquila (N° 1064/97) fue aprobada en el año 1997 y su entrada en vigor se dio a partir de su reglamentación en julio de 2000 (CNIME, 2017) Durante el gobierno de Mario Abdo, de julio del 2018 a inicios de abril del 2019, se han sumado 19 nuevas empresas (todas orientadas al mercado brasileño), con lo que operan en Paraguay un total de 188 empresas maquiladoras.

El desarrollo de este sector está esencialmente orientado hacia la economía brasileña, ya lo decía Gustavo Leite en 2016, “[…] el modelo para nuestro país es simple: queremos sustituir importaciones del Brasil producidas en economías distantes, como China, por productos hechos en Paraguay por empresas brasileñas” (VALOR ECONÓMICO, 2016, p. 15).

Según datos del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) de los 188 programas vigentes, 99 empresas (52,6%) son de capital brasileño, 34 (18%) de capital nacional y 14 (7,4%) son de capitales mixtos Paraguay-Brasil. Del total de las empresas, 86 (45,7%) están instaladas en el departamento de Alto Paraná, 68 (36%) en departamento central e capital y 17 (9%) operan en Amambay. En relación a la matriz donde se destina la producción, 128 empresas tienen como mercado final Brasil, lo que representa el 68%, mientras que el segundo mercado más importante es Uruguay con el 10% (19 empresas). Las ramas más importantes del sector maquilador son por cantidad de empresas, volumen de inversión y cantidad de trabajadores, son la de confecciones textiles con 52 empresas, el de plásticos y derivados con 23 plantas mientras que la rama de autopartes y metalúrgica tienen 16 empresas cada una (MIC, 2019).

La maquila es presentada por los sucesivos gobiernos como un motor de desarrollo nacional en la medida que sería un proceso de industrialización y creación de empleos sin gasto público, que haría posible aumentar la diversificación productiva y con ello reducir la vulnerabilidad externa siendo un mecanismo de reducción de asimetrías a largo plazo en relación a los países del Mercosur.

Sin embargo, más que un motor de desarrollo, la industria de maquila representa un proceso de anexión de parte de la economía paraguaya al Brasil y una falsa alternativa de desarrollo, cuyo crecimiento se sustenta en bajos salarios, malas condiciones laborales, entrega de los recursos energéticos al capital extranjero y la compresión del presupuesto nacional.

La pregunta que debe responderse es la siguiente: ¿Es posible que un proyecto de industrialización nacional donde el actor principal es el capital extranjero contribuya a la reducción de la dependencia externa y la disminución de asimetrías con los países vecinos? La respuesta es no y la imposición por parte de Brasil del arancel a la exportación de autopartes producidas en Paraguay lo demuestra. La crisis de la región como lo reconoció Mario Abdo en su informe el pasado primero de julio, afectó de sobremanera a la economía nacional y lo seguirá haciendo, en la medida que el proyecto maquilador paraguayo contribuya a desarrollar una economía cada vez más dependiente del Brasil.

Situación de la clase trabajadora

La informalidad, el desempleo, los bajos salarios y la persecución a dirigentes sindicales han sido los hechos que han marcado el primer año de gobierno de Mario Abdo. La informalidad del mercado de trabajo afecta al 71% de la población económicamente activa según datos de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos (DGEEC, 2019) ubicándose entre los países con el mayor nivel de empleo informal en el mundo.

Asimismo, la variable desempleo registró un incremento pasando del 5.6% al 6.9% entre el cuarto trimestre del 2018 y el primer trimestre de este año, afectando en mayor proporción a la población femenina, que experimentó un nivel de desocupación del 8.9% frente al 5.5% correspondiente a la población masculina.

Así también, Paraguay se ubicó entre los países con la peor calidad de empleo, tanto por el bajo nivel de cobertura de la seguridad social como por la baja cantidad de personas que perciben el ingreso suficiente para superar la situación de pobreza. Este indicador ubicó al Paraguay en el quinto lugar en el ranking de países con la peor calidad de empleo presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el año 2018.

En cuanto a la remuneración de la fuerza de trabajo, el salario mínimo continúa siendo insuficiente para cubrir las necesidades vitales de los trabajadores. En ese sentido, el incremento registrado en el precio del combustible y de los pasajes del transporte público sumado con el incremento del 70% de los bienes que componen la canasta básica, no se ven compensados con el irrisorio incremento de Gs. 80.277 decretado por el gobierno a mediados de este año, que sitúa el salario mínimo en Gs. 2.192.839, monto que no cubre el costo real de vida, el cual ha sido estimado por las centrales sindicales y algunos especialistas en al menos Gs. 3.000.000.

Asimismo, el primer año de gobierno se caracterizó por la vulneración total de los derechos de los trabajadores, situación que se reflejó con el despido injustificado de alrededor de 100 trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social, entre los que se encontraban mujeres jefas de hogar, mujeres embarazadas y mujeres con tratamientos oncológicos pertenecientes a comunidades rurales, quienes cumplían con todos los requisitos legales para gozar de la estabilidad laboral que por ley corresponde.

Del mismo modo, otro golpe a décadas de lucha de la clase trabajadora se vio avasallada con la aprobación de la Ley de Empleo a tiempo parcial, misma que generó un profundo rechazo por parte de las centrales sindicales debido a su contenido lesivo a los intereses de la clase trabajadora y beneficiando únicamente a los intereses del empresariado local y extranjero, contribuyendo de este modo a la consolidación de un sistema de flexibilización laboral en detrimento de los ya escasos derechos de los trabajadores.

Otro hecho importante durante este primer año de gestión fue el masivo rechazo por parte de las organizaciones sociales y de las centrales sindicales, al proyecto de Ley de Jubilaciones que pretendía implementar una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones además de crear la Superintendencia de Jubilaciones, el cual esperaba no sólo “meter mano” a los fondos previsionales, sino extender la edad de jubilación e implementar una reforma paramétrica, recomendada por el Fondo Monetario Internacional. Así también, el proyecto de ley buscaba generar las condiciones para la utilización de los fondos previsionales en actividades financieras vinculadas con la especulación y el bicicleteo de la deuda pública.

Posiblemente, el único evento positivo registrado durante este gobierno fue la aprobación del 100% del salario mínimo para el trabajo doméstico, como resultado de la incansable lucha de cientos de mujeres que se emplean en este sector para poder sostener a sus familias.

Relaciones económicas internacionales

El gobierno demostró tener iniciativa para la apertura de nuevos mercados, como en el caso de Turquía, además del existente con Rusia, con miras a la zona euroasiática, y hacia Bolivia, en nuestra región. Mientras, busca avanzar hacia el establecimiento de las relaciones diplomáticas con China Popular, sin cortar la histórica relación con Taiwán. También, profundizó la histórica relación de dependencia con el Brasil, reivindicando gobiernos autoritarios en ambos países, lo que avizora un panorama nada esperanzador para la renegociación soberana del Tratado de Itaipú en 2023. Justamente, es esta relación la que tambalea el escenario actual.

La presión de los gremios agroexportadores sobre el gobierno para establecer las relaciones diplomáticas con China continental, es insistente. Tiene la intención de aumentar el bajo nivel de las exportaciones actuales hacia dicho país, y reducir su enorme déficit comercial de la balanza de bienes, por ser el origen de las importaciones trianguladas hacia el Brasil. En 2018, dichas importaciones llegaron a la cifra record de 3.562 millones de dólares y el déficit comercial con dicho país a – 3.536 millones de dólares, a pesar de que las principales exportaciones paraguayas forman parte de la demanda China, soja y carne. En cuanto al comercio exterior, la caída de los precios internacionales para las exportaciones principales y la crisis climática han aportado inestabilidad, desde 2015, y de manera más crítica durante el primer semestre del presente año, afectando la producción, el comercio y las finanzas de los sectores económicos más fuertes, que impactan en las estructuras de nuestro país. De ahí que el reclamo de los gremios empresariales por la apertura de las relaciones diplomáticas con China continental, ejerce fuertes presiones sobre el gobierno, para pugnar por el aumento de las exportaciones.

El valor total de las exportaciones de bienes, de 9.042 millones de dólares, que tras la caída en 2015 (-14%), mostró signos de moderada recuperación en 2018, pero en el primer semestre de 2019 volvió a dar señales de alarma, al caer respecto del mismo período del año pasado. Por el lado de las importaciones, en 2018 se recuperó y superó el valor total importado de 2014, perdido desde 2015, vinculado con las partidas destinadas a la reexportación bajo el régimen del “turismo de compra”, cuyo destino principal es el Brasil, lo cual ya tiene competencia en dicho país, y en las mismas zonas fronterizas.

De hecho, las relaciones vinculadas con el comercio fronterizo de las reexportaciones; las exportaciones de las autopartes de la industria maquiladora, y la comercialización de la moneda brasileña por la banca local fueron objeto de tensiones para el gobierno brasileño a fines del año pasado y en lo que va del presente año.

Sin embargo, todas estas tensiones comerciales con el Brasil fueron mejor comprendidas al estallar la crisis sobre el llamado Acta Bilateral firmada a nivel de las cancillerías a fines de mayo pasado, y no difundido en el país, referente a la contratación de la potencia contratada a la Itaipú Binacional por el Paraguay y su precio entre el 2019 – 2022, impuesto por Eletrobras, ante el desacuerdo de la ANDE. El gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, asociado a intereses de una empresa comercializadora de energía eléctrica, cercana a su familia, no sólo buscó favorecer a la misma, sino utilizó medidas arancelarias y de regulación de la comercialización de su moneda a nivel local, como arma de presión sobre el gobierno paraguayo para lograr sus objetivos en el manejo de la Itaipú Binancional, contrario a los términos del Tratado de Itaipú (1973) y a los acuerdos establecidos en 2007 y 2009 entre los dos gobiernos de turno, y generando la crisis política nacional actual ante la subordinación del gobierno paraguayo ante dichos manejos. Más allá de la crisis en esta coyuntura, se ha sentado un grave precedente sobre la insuficiente preparación y capacidad de negociación del actual gobierno de MAB del Tratado de Itaipú en 2023, y que de hecho la misma ya ha comenzado para el gobierno brasileño, que a su vez, demuestra la falta de consideración hacia un relacionamiento cooperativo con el Paraguay, sino todo lo contrario.

Deuda pública

El crecimiento acelerado y excesivo de la deuda pública del país durante el gobierno anterior, en particular, con base en los bonos llamados soberanos, colocados en el mercado de valores de Nueva York, fue una de las políticas más criticadas por el movimiento político que ocupa el gobierno actual. Sin embargo, en el primer año de gestión aceptó continuar con la política de crecimiento de la deuda pública, con la colocación de dichos bonos en dicho mercado, con el “bicicleteo” de la deuda pública externa para amortizar la deuda interna. Además, al aceptar todas las formas de gestión y financiamiento de la inversión pública, como ser, la llamada alianza público – privada, la inversión “llave en mano”, así como también aumentar los préstamos de los organismos de cooperación internacional (Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fonplata y CAF).

El saldo de la deuda pública a agosto de 2018, inicio de este gobierno, fue de 7.808 millones de dólares, correspondiendo a la externa, cerca del 80%, con preponderancia de los bonos externos frente a los préstamos. A mayo de 2019, dicho saldo total aumentó un 9% y la deuda externa un 11,6% por efecto de la nueva colocación en febrero, de bonos del Tesoro Nacional en la Bolsa de Nueva York, por valor de 500 millones de dólares. Además, se han aprobado nuevos préstamos externos con el BIB para el nuevo Ministerio de las Tecnologías y de Comunicación y para el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. En este último caso, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, no consideraron los importantes recursos disponibles, un promedio de 30 millones de dólares anuales para el Fondo Nacional para la Salud del Fonacide.

Sin embargo, anuncia recortes y austeridad, mientras no ha presentado los resultados de las auditorías a las instituciones que recibieron más financiamiento externo, como los 1.439 millones de dólares transferidos al MOPC, de las siete emisiones y colocaciones de bonos “soberanos”, de un total de 3.910 millones de dólares, que conforman la deuda externa actual. Justamente, el proyecto Metrobus, gestionado por dicho ministerio y financiado con dichos bonos, está suspendido e inoperante, mientras se sigue agravando el problema del transporte público y la congestión vehicular en los ejes de acceso a la capital del país.

La cuestión tributaria

Durante este primer año de gobierno, se trató una ley de “De modernización y simplificación del sistema tributario nacional”, la cual tenía pretensión de ser una reforma impositiva, y terminó siendo una reforma administrativa. No cambió ni la estructura de financiamiento del Estado (los impuestos representan, en promedio, un 50% del presupuesto general de gastos y el 10% a 12% del PIB ni la estructura tributaria, la cual sigue extremadamente desigual: 77% de impuestos indirectos y 23% de impuestos directos en el presupuesto general de gastos de 2019.

La distribución de los ingresos es aún más desigual, y ello es el verdadero reflejo de la repartición de la riqueza: el ingreso promedio no alcanza el salario mínimo (G. 2.112.562), y el 40% de la población más rica se lleva el 72% del ingreso nacional. Más del 30% de la población no alcanza un ingreso con capacidad de adquirir lo mínimo para vivir (canasta básica): la situación de pobreza es constante y aún más extrema en zonas rurales. Las causas estructurales de la pobreza ya fueron ampliamente estudiadas: la extrema concentración de la tierra, las desigualdades en el acceso a la propiedad urbana y rural, así como el acceso a la salud y educación.

La reforma no plantea ninguna acción, aunque sea temporaria, que permita abrir alguna esperanza de cambio en la estructura tributaria. Aunque se haya anunciado una supuesta mayor justicia fiscal, primó el mantener la competitividad de la economía paraguaya, lo cual es garantía de cobrar lo menos posible a los sectores de mayor crecimiento y utilidad (agronegocio) y entregar regalos fiscales a las maquilas y el agronegocio (vía Ley 60/90, seguridad de las inversiones, descuentos al gasoil, etc.). Finalmente, luego de pésimas negociaciones con el sector privado, y sin siquiera haber puesto en la mesa el impuesto a la exportación de soja (el rubro símbolo de despojo y desigualdad), la reforma plantea:

  1. Cambios en el diseño tributario: todos los impuestos a la renta empresarial se unifican en un IRE (Impuesto a la Renta Empresarial unifica IRACIS, IRAGRO e IRPC), con las mismas tasas (10%, presunto 30%) con regímenes distintos: las empresas más grandes siguen con 10%; las pequeñas empresas (incluidos pequeños productores) con un valor fijo sobre lo facturado, alrededor de 1%.
  2. El IDI (Impuesto al Dividendo), reemplaza el pago de impuesto sobre el dividendo en el IRP.
  3. En el IRP, se restringen las deducciones posibles, en particular sobre activos financieros e inmobiliarios.
  4. El IVA sigue siendo el mismo, pero se suprimen las devoluciones del 50% del IVA agropecuario a las agroexportadoras (un mínimo esfuerzo en el tributo a las agroexportadoras).
  5. Los cambios de tasa son en relación a los ISC (Impuestos Selectivos al Consumo, indirectos), aunque de poco alcance (el sector empresarial se opuso a casi todas las alzas: quedaron en 1 o 2 % como máximo para algunos rubros).

La presión tributaria, con los cambios aprobados, no aumenta siquiera de 0,5%, y son los impuestos indirectos los que aumentan. En síntesis, esta es una reforma contraproducente para la clase trabajadora en varios aspectos: por un lado, su impacto (en salud y educación, sin que se sepa qué y cómo y para quién) es mínimo – no impacta en las principales problemáticas que debería encarar una verdadera reforma tributaria. Por otro, no modifica la desigualdad en la recaudación ni la estructura fiscal (impuestos directos/indirectos). A su vez, no plantea disminuir la presión sobre la gente de menos ingresos ni la aumenta en los de mayores ingresos. No plantea esquemas claros de redistribución, ni plantea ningún cambio en retribuir los daños ocasionados por el modelo de producción de riqueza (no incentiva industrialización, ni tampoco el cuidado del medioambiente, ni la inserción en el mercado a pequeños productores, por ejemplo). Más peligroso aún, es inmovilizar por un tiempo el debate sobre nuevos cambios impositivos, cambios que sí necesita el país (por ejemplo, el impuesto a la agroexportación, o la supresión del IVA sobre productos de primera necesidad). La “empresarialización” del país no corresponde a la realidad de las clases pobres y medias (en su mayoría). No obstante, este es el modelo defendido a través de esta reforma.

Nos queda seguir solicitando el tratamiento y la aprobación de impuestos que impacten en forma directa sobre las ganancias procedentes de las actividades más dañinas para la sociedad: los monocultivos y la agroexportación, el impuesto a los latifundios, impuestos a transacciones financieras internacionales. Si bien esto no transformaría la estructura de poder y dominación de ese sector en la sociedad, sería una brecha política que permita abrir el debate sobre el cómo se generan los ingresos. Ante todo, es esencial luchar por mejores salarios y mejores precios a la producción de la AF, así como por servicios públicos más accesibles y de mejor calidad.

Derechos Humanos

En tan solo un año, el gobierno de Abdo realizó desalojos en más de 8 asentamientos, dejando en la calle a más de 11 mil personas, practicando hechos de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes contra las poblaciones afectadas, sin que hayan sido investigados los autores.

La situación generada por la expulsión campesina de sus tierras, agudiza la crisis general en nuestro país, multiplicando la búsqueda de lugares donde vivir en las zonas urbanas, y desarrollando ocupaciones de tierras, organizadas por los denominados movimientos sin techo.

Por estas y otras acciones, además de los ineludibles antecedentes del actual Presidente del Paraguay, nos parece imposible que un gobierno de estas características respete y defienda los DDHH, y es necesaria la reacción ciudadana en defensa de la democracia, de los DDHH, porque el acuerdo general de la sociedad paraguaya, expresado en la Constitucional Nacional vigente así lo exige.

Se desarrolló la militarización en la zona norte, dejando a Amambay como uno de los territorios con mayor cantidad de asesinatos violentos en el continente, sumando a la zona norte como el territorio más peligroso del país, con unas Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) con innumerables denuncias de todo tipo, desde abusos a corrupción. De hecho, elementos de la FTC y de las Fuerzas Armadas (FFAA), así como de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía y del Poder Judicial, están vinculados con la mafia y la narcopolítica, desarrollando acuerdos e intercambios con carteles narcos como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho. Sin embargo, todos los esfuerzos por mejorar la seguridad, como la proliferación de los Linces y el desarrollo de tecnología para reconocimiento facial y demás sofisticaciones, se ubican más bien en la persecución de pobres, explotadas/os y excluidas/os.

Otro escándalo de proporciones internacionales fue la muerte en cárceles, a consecuencia del funcionamiento de carteles del narcotráfico en el interior de las mismas, conjugados con altísimos niveles de hacinamiento, tratos inhumanos, crueles y degradantes, además de tortura, sobre una población controlada por la masiva proliferación de drogas dentro de las cárceles. Además, el Paraguay es el país con mayor cantidad de presos sin condena en América Latina, y cuarto en el mundo.

En este marco inscribimos la situación de presos políticos, como el caso de los seis campesinos (Arístides Vera, Roque Rodríguez, Basiliano Cardozo, Simeón Bordón, Gustavo Lezcano y Agustín Acosta) condenados por el caso Cecilia Cubas sin ninguna prueba en su contra y en el marco de un proceso viciado con aberraciones jurídicas que atentan contra el marco legal vigente en nuestro país, así como el caso del campesino Genaro Meza, que presenta similares características, No son los únicos presos políticos. Colocamos sus casos por ser paradigmáticos.

En este contexto, la ausencia de un ejemplar Juicio y Castigo a torturadores y saqueadores que actuaron durante la dictadura stronista, es central para comprender la continuidad de las violaciones a los DDHH y del Terrorismo de Estado. Y en este sentido, durante el gobierno de Abdo también se extinguió una causa contra torturadores, lo cual deja un precedente nefasto que exige una lucha más central por el Juicio y Castigo.

En suma, podemos decir que el primer año de gobierno de Mario Abdo Benítez permite avizorar un escenario conflictivo, de profundización de la crisis socioeconómica, y de la necesaria organización y lucha por la reivindicación de los derechos humanos.

Responsables por la SEPPY:identa: Alhelí Cáceres (0986 418 410)

Vice – Presidenta: Sarah Zevaco (0983 206 996)

[1] http://documentos.bancomundial.org/curated/es/751071525763871071/pdf/126021-WP-PUBLIC-SPANISH-PYNotasdePolticafinal.pdf

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SEPLA 4

Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico