Sin banderas

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ANTONIO ELIAS (*)

El ministro de Economía y Finanzas y sus allegados dijeron una y otra vez que la estabilidad de las reglas de juego y la estabilidad macroeconómica eran condición necesaria para el desarrollo del país. Ninguna de las dos cosas se está cumpliendo para la sociedad en general. Esto se refleja con claridad en la situación de los funcionario públicos, los cuales son víctimas, por un lado, del permanente incumplimiento de los acuerdos realizados por un equipo económico que juega a la mosqueta con su salario; por otro, de la inestabilidad de precios que genera una pérdida significativa del poder adquisitivo y del financiamiento de las reformas que deben pagar los trabajadores.

UNO. La falta de rigurosidad del equipo económico llega a niveles tales que es capaz de presentar dos estimaciones absolutamente distintas acerca de la pérdida salarial habida durante la administración del doctor Jorge Batlle. En julio de 2006, el equipo económico afirmaba que "Los salarios de la Administración Central tuvieron un descenso del 20% en el período 2000-2004. Este gobierno se ha propuesto como objetivo recuperar dicha pérdida a lo largo del quinquenio 2005-2009." (1) En mayo de 2007 se sostenía algo totalmente distinto: "El compromiso asumido por el Poder Ejecutivo al inicio del período en materia salarial fue la recuperación del 16% del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios de la Administración Central a lo largo del período de gobierno." (2)

Usted, al igual que nosotros, se preguntará cómo se explica esta diferencia tan importante dentro del propio Ministerio de Economía y Finanzas. Quizás las bases estadísticas que utilizan no sean suficientemente precisas, lo cual es probable, y, también es factible que la capacidad de procesar la información no sea la más adecuada. ¡Errar es humano!

Como diría el presidente del Banco Central, en un partido de fútbol no se puede correr el arco para el lugar donde va la pelota; de la misma manera no se puede reducir la pérdida salarial para concluir que: "se estaría cumpliendo durante este año aproximadamente el 90% del compromiso asumido para todo el período 2005-2009". Dicha afirmación no tiene fundamento estadístico y, además, es insostenible con una inflación que alcanzó en agosto un 8,22%. Téngase en cuenta que el aumento salarial que se otorgó a los trabajadores de la Administración Central en enero de 2007 fue 11,33%, correspondiendo 6,38% a la inflación pasada y 4,65% a la recuperación salarial. Con estos datos es notorio que ya se perdió la recuperación salarial y también parte del poder adquisitivo recuperado con el IPC pasado: los precios siguen yendo por el ascensor y los salarios por la escalera.

 

DOS. En el año 2006 los representantes del gobierno en la negociación colectiva se comprometieron con COFE a aumentar los salarios cuando se superara la pauta inflacionaria fijada por el gobierno. En el correr de este año eso fue ratificado en varias oportunidades, la última fue el 3 de agosto en el Consejo Superior de Salarios de los estatales, con la aclaración de que eso se haría efectivo cuando el equipo económico reconociera que no se llegaría a la meta objetivo. El Consejo de Política Monetaria reconoció que la inflación anual será superior a lo previsto, pero el gobierno no cumplió con la palabra empeñada. Los voceros del gobierno han presentado ante los trabajadores públicos argumentos diversos e inconsistentes para no cumplir lo acordado, mientras los salarios pierden poder adquisitivo todos los meses.

Los salarios comenzaron a licuarse con el incipiente proceso inflacionario, los trabajadores lo sienten en sus bolsillos y, a su vez, se corroe la confianza en un gobierno que se aleja de sus promesas y se acerca a los que han usado siempre el salario y las pasividades como variable de ajuste de la economía. Se propone, hoy igual que ayer, desindexar los salarios para frenar la inflación: en buen romance, que los salarios no deben recuperar su poder adquisitivo. Los precios no se pueden tocar. Es de mala educación controlar a los "capitalistas", la ortodoxia tiembla y rechaza tales niveles de "irresponsabilidad". De las detracciones y los subsidios, ni hablemos.

Es probable que un aumento de salarios incida en la inflación –siempre corriendo de atrás–, pero su impacto será mucho menor que el que tienen otros factores, tales como el incremento de precios de los bienes exportables –que se trasladan al mercado nacional– y de insumos fundamentales como el petróleo. Ni que hablar que esta inflación no se puede explicar por el crecimiento de la base monetaria, por lo cual las políticas restrictivas del Banco Central no sólo no podrán solucionar nada, sino que, además, afectarán negativamente el nivel de actividad.

Para evitar, al menos, el deterioro del salario hay que hacer lo contrario de lo que piden los empresarios: la actualización salarial debe incluir el 100% del aumento de la inflación pasada, más el 50% de la inflación esperada en el próximo período. De esta forma se reducen las pérdidas por las subas permanentes de precios mientras los salarios se ajustan anualmente.

TRES. Por si fuera poco, nos habían prometido que mediante la reforma tributaria nos íbamos a beneficiar de la reducción de los precios porque se eliminaba el Cofis y se reducían las tasas básica y mínima del IVA. No sucedió así, los precios subieron y en agosto la recaudación del IVA aumentó 24% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado. Se argumenta que eso es bueno porque la DGI mejoró su eficiencia recaudadora, pero nos habían prometido que íbamos a pagar menos y no más, lo que no ha sucedido.

El incremento de la recaudación del IRPF respecto al IRP sí se verificó: aumentó un 67% la carga para los trabajadores y pasivos. De lo recaudado hasta ahora por IRPF el 92% lo pagaron los trabajadores activos y pasivos, sólo el 8% restante correspondió a rentas del capital. Todo se cumple de acuerdo con lo previsto en esta novedosa imposición dual que castiga al trabajo y beneficia al capital.

Y en medio de tanta lluvia, granizo: el financiamiento de la reforma de la salud recae totalmente sobre los trabajadores –con hijos menores de 18 años y sin ellos–, que debemos pagar una "contribución solidaria". En el proyecto de ley, que aún podría ser modificado, los trabajadores tendrían que aportar un 3% más, por encima del 3% que ya están pagando. Los empresarios, en cambio, mantienen su aporte actual de 5%.

Hace pocas semanas, al tomar posición sobre la reforma tributaria, la Mesa Representativa Nacional Ampliada reclamó que se gravara en forma progresiva al capital y que se invirtiera la carga de los aportes a la seguridad social, ello implicaría reducir el aporte de los trabajadores y aumentar el de los patrones, pero, según parece, las demandas formuladas no tienen eco. Teniendo en cuenta que la mayor parte del IRPF recae sobre trabajadores y pasivos, sería de estricta justicia que la llamada "contribución solidaria" recayera sobre los empresarios, diferenciando la carga entre éstos según el tamaño de las empresas para que pague tasas mayores el gran capital y menores las pequeñas y medianas empresas.

CUATRO. Hace muy pocos días –luego de conocido el rechazo a la reforma tributaria (49%) y el descenso en la popularidad de nuestro gobierno– escuchamos el siguiente análisis: "Las cosas están mucho mejor para los que tienen menos, la reforma tributaria los beneficia, el 90% no paga pero, increíblemente, se dejan engañar por el 10% que los controla a través de los medios de comunicación". ¡Grave error! Este tipo de análisis que subestima la opinión del pueblo no conduce a buen camino.

Las cosas no están bien, las promesas no se cumplen, la inflación existe, los salarios y pasividades son mayoritariamente bajos, los servicios públicos son muy caros, el dólar está en su menor nivel de los últimos años, las inversiones que apoyarían el desarrollo del Uruguay productivo han sido sustituidas por la extranjerización de la tierra y de las principales empresas del sector alimentario. El modelo económico está demostrando todas sus limitaciones: ¿dónde está la justicia social, el país productivo, la soberanía nacional y el futuro digno para nuestros hijos? *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la Red de Economistas de Izquierda (Rediu)

(1) Presentación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas a los trabajadores de la COFE (17-7-06).

(2) Exposición de motivos del Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas (14-05-07).

 

Publicado en la contratapa de “La República” del 23 de setiembre de 2007.

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.