Un camino equivocado y socialmente injusto

Un camino equivocado y socialmente injusto

ANTONIO ELIAS (*)

Uno. Se pueden señalar, a riesgo de simplificar, el conjunto de valores que desde siempre ha identificado a la izquierda en esta disputa: la apuesta por la justicia social; una distribución más equitativa del ingreso; por privilegiar los intereses de los trabajadores sobre los del capital; jerarquizar el papel del Estado respecto al mercado e impulsar la participación amplia e informada de la sociedad en la toma de decisiones de la cosa pública. La deuda social está por delante de la deuda externa y el país productivo debe imponerse al país financiero. Para la izquierda, el Mercosur y el ALBA son pasos hacia la integración sudamericana y Estados Unidos es una nación imperialista. Se definen contra toda violación de los derechos humanos y exigen verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado.

Muchos que dicen compartir dichas posiciones, en forma total o parcial, sostienen que "hay que ser realistas", y que no hay alternativas "posibles y viables" en el contexto actual. O sea, pese a que los puntos señalados son relativamente claros y se relacionan fuertemente con valores éticos comunes, la "realidad" – esa que prometían cambiar – no se puede modificar… Sus fundamentos económicos coinciden con los de anteriores gobiernos y afirman que todos los problemas, por complejos que sean, tienen una única solución y, por tanto, son indiscutibles. El supuesto "saber técnico" se transforma en sustituto de la decisión política y, en muchos casos, sirve de escalera para que se encarame la ambición y la soberbia. La necesidad de mostrar resultados positivos hace que, cual prestidigitadores, dejen en la sombra las inequidades y pongan luces de neón sobre los buenos resultados.

El ministro Astori dice "vamos por buen camino" (1) cuando presenta los datos de crecimiento del nivel de actividad, la reducción de la desocupación, aumento del salario real, baja del nivel de pobreza e indigencia y, sobre todo, la reducción del "porcentaje" de la deuda en relación al producto. No aparece sin embargo información sobre la distribución funcional del ingreso, los datos sobre la parte de la renta nacional de que se
apropian los dueños del capital, los trabajadores activos y los pasivos. ¡De eso no se habla! Y si bien es cierto que no es lo mismo mentir que ocultar información, parece poco serio no hacer públicos aquellos aspectos de la gestión que seguramente pueden ser sujetos a crítica, como los ligados a la distribución del ingreso.

Dos. Un estudio recientemente realizado en el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas con el fin de identificar y explicar los principales resultados económicos de los últimos dos años -con énfasis en los aspectos sociales- aporta elementos significativos para entender la relación entre lo que se "muestra" y lo que se oculta en algunas "magistrales" exposiciones. En el resumen de su trabajo Jorge Notaro afirma: "La política macroeconómica continuó la del gobierno anterior y tuvo éxito
en la administración de la crisis, con mejores resultados en el cumplimiento de las metas acordadas con el FMI.

La asignación de los recursos públicos estuvo condicionada por esta política y dificultó el tránsito al Uruguay Social. Los excepcionales logros macroeconómicos no se reflejaron en una recuperación de las condiciones de vida de los grupos empobrecidos en los últimos años. Surge la interrogante sobre la viabilidad de realizar este tránsito si se mantiene la prioridad en la reducción de la inflación y el
aumento del superávit fiscal, apoyada en un enfoque neoclásico que apuesta a los cambios en los precios relativos como instrumento principal". (2)

En la investigación se mide la distribución del ingreso nacional bruto disponible entre trabajadores y capitalistas. A partir de la estimación de la masa salarial (total de salarios pagados) para el período 1998-2006, demuestra que la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se redujo de 31,3% en 2000 a 20,9% en 2006. ¡¡Perdieron la tercera parte del ingreso nacional!! Eso es lo que tienen que recuperar los trabajadores, de lo contrario aumenta la "torta" pero no mejora la distribución y se consolidan las inequidades. En 2005 aumentó la participación de los trabajadores de 17,5% a 20,8%, en tanto en 2006 se frenó ese crecimiento y en 2007 apenas aumentará, según las proyecciones de la investigación.

Tres. La masa salarial pagada por el Gobierno Central se redujo fuertemente en el período 2000-2004. La participación de los funcionarios del Gobierno en el ingreso nacional cayó de 5,4% en 2001, al 4,5% en 2004. La pérdida de participación no fue tan grande como en el sector privado porque en el Gobierno Central no hubo una caída significativa de empleos. En el gobierno actual no se mejoró en nada la participación de estos trabajadores en el ingreso nacional, siendo en 2006 igual a 2004: 4,5%.

La participación de las pasividades, pagadas por el BPS, en el ingreso también ha sido negativa, siguiendo la evolución de los salarios. En 2000 llegó a ser un 12,9 % del ingreso nacional disponible y en 2006 el total pagado solamente alcanzó un 9.3%. Hay que apuntar que la participación bajó en los dos últimos años ya que en 2004 había sido un 9,8%.

Si consideramos sumadas la masa salarial y las pasividades que pagó el BPS se descubre que pasaron de ser el 44,2% de los ingresos en el año 2000 a solamente el 30,1% en 2007. Esto quiere decir que los trabajadores activos y pasivos perdieron una tercera parte de sus ingresos entre 2000 y 2004 y, lamentablemente, en tiempos del actual gobierno ésta participación no se ha recuperado. Las rentas derivadas del capital han consolidado en los últimos dos años su capacidad para apropiarse del ingreso nacional. La reforma tributaria seguramente agudizará esta situación dado que afectará en mayor medida al trabajo que al capital. En la mesa de los trabajadores y pasivos no se puede decir "vamos por buen camino".

Para modificar esta injusta distribución del ingreso es imprescindible, entre otros aspectos, eliminar la facultad del Ministerio de Economía y Finanzas para fijar los topes salariales, la que resulta del decreto-ley 14.791 de la dictadura, que tiene origen en la Ley 13.720 del gobierno de Pacheco Areco.

A través de dicho instrumento de contención salarial se fijan las pautas en los Consejos de Salarios en función de metas macroeconómicas, que no consideran adecuadamente la problemática microeconómica ni la situación social. Tampoco es "buen camino" el que no funcione la negociación colectiva en el Gobierno Central y que los representantes del ejecutivo se limiten a informar sobre las decisiones que toma el equipo económico. Si se quiere avanzar por el camino de los cambios hay que destruir el blindaje institucional y el bloqueo cultural implantado por el neoliberalismo. Esa es la tarea. *

(*) Docente universitario, sindicalista y miembro de la red de economistas de izquierda (REDIU)

(1) "La República", 17/05/07.

(2) Notaro, Jorge; "Los resultados económicos 2005 – 2006. Balance y perspectivas", Instituto de economía; Serie Documentos de Trabajo.

 

Publicado en la contratapa de “La República”, 20 de mayo de 2007.

 

Acerca del autor

Antonio Elías REDIU
Antonio Elías REDIU 46

Es Director del Instituto de Estudios Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR) y miembro de la REDIU.