Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (2)

Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (2)

Segunda parte. LAS ALTERNATIVAS

El progresismo confronta con el proyecto neoliberal

El siglo XXI se ha abierto con una ofensiva del capital por implantar reformas institucionales de segunda generación que se realizaron buscando viabilizar el cumplimiento de los objetivos del Consenso de Washington. En los últimos años de la década de los noventa era visible que dicho Consenso había fracasado y la hipótesis central para explicar esos resultados fue que era inadecuado el marco institucional, el cual había sido creado para implementar el modelo de desarrollo anterior (proteccionista y estatista) y no llevar adelante las políticas del nuevo modelo.

Como contrapartida a dicha ofensiva, en el contexto de una importante crisis económica, surge el progresismo como alternativa a los gobiernos neoliberales derrotados electoralmente por organizaciones políticas con fuertes raíces en la izquierda e importante base social entre los trabajadores y los pueblos originarios. Sin embargo, es notorio que pretendieron atenuar los males del capitalismo sin enfrentarlo como sistema, aunque hubo avances importantes en varios países donde han enfrentado a las empresas transnacionales restringiendo su capacidad de acumulación. Todo ello en el marco de una heterogeneidad de situaciones que transformó el concepto “progresismo” en un gran paraguas que cubre a gobiernos cuyos procesos son distintos en contenido y profundidad.

Los gobiernos progresistas del cono sur, con todas sus diferencias, se inscriben dentro de las variadas opciones de la institucionalidad capitalista para enfrentar la crisis. Los cambios son fuertes en el plano político-electoral, mínimos en lo ideológico, pero en lo económico e institucional profundizan el capitalismo. Esto no significa que no haya espacios sociales y políticos por disputar en cada uno de ellos.

En Bolivia y Venezuela, la situación es muy distinta, los cambios han sido más profundos y fuertes en lo político, lo ideológico y en la apropiación, uso y distribución de la renta originada en el petróleo, el gas y la minería; a su vez, los cambios institucionales apuntaron al fortalecimiento de la soberanía nacional, la inclusión de los pueblos originarios y construcción de poder social, no obstante los persistentes intentos desestabilizadores de Estados Unidos. Lo anterior, sin desmedro de reconocer que las reglas básicas del funcionamiento capitalista se mantienen.

La situación en Ecuador es mucho más controvertida dado que el gobierno se encuentra enfrentado a sectores muy relevantes de los pueblos originarios – entre los cuales se destaca la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE) – a la vez que firma en 2014 un TLC con la Unión Europea.

El modelo de acumulación que se impulsa en esta tercera fase de la ofensiva capitalista (1) profundizó el desplazamiento del Estado por el mercado y la apertura de la economía, bajo el reiterado y falso argumento de que la competencia con el exterior permitiría eliminar las ineficiencias a través del sistema de precios, a la vez que facilitaría el ingreso de capitales y de tecnología.

Las reformas de segunda generación impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pretenden expulsar el poder político de la economía para dejarla en manos del poder de las empresas transnacionales y sus aliados locales. Tanto el Área de Libre Comercio de las Américas (Alca) –rechazado definitivamente en Mar del Plata- como los tratados de Protección de Inversiones y de Libre Comercio, que siguen proliferando, intentan una profundización del proceso de globalización que adjudica a nuestro continente el papel de proveedor de materias primas en bruto o con poco valor agregado.

En este proceso, “las iniciativas de integración regional representan un tercer nivel de reforma, la política comercial, que apunta a complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta” (2).

Sostiene el BM que el cambio tecnológico abre nuevas oportunidades de privatización y desmonopolización de los servicios y la ampliación de las funciones de los mercados: el Estado debe pasar de productor de bienes a promotor y regulador.

Las políticas económicas, la estructura impositiva y las normativas para la inversión deben responder a los requerimientos del actual sistema globalizado, dejando estrecho margen para acciones fuera de los parámetros internacionales impuestos por las empresas transnacionales y el sistema financiero.

La ofensiva del capital impulsa un proceso de «neocolonización». Debe entenderse por ello la ocupación física de los territorios para sostener una división internacional del trabajo que dé continuidad y permanencia al histórico papel del continente como proveedor de materias primas que son propiedad de empresas extranjeras: una colonización sin banderas.
En este marco se inscriben los megaproyectos de la Iniciativa de Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (Iirsa), creada en el año 2000 durante la primera Cumbre Sudamericana como una forma de facilitar y promover la integración regional. Esta cuenta con el apoyo técnico y financiero del BID, la Corporación Andina de Fomento y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

La Iirsa busca unir varios países y sectores productivos para canalizar, en forma rápida y económica, los flujos comerciales mediante el mejoramiento en infraestructura de transportes, energía y telecomunicaciones. Está dirigida, fundamentalmente, a los complejos y cadenas productivas con grandes economías de escala y capacidad exportadora, mayoritariamente en manos extranjeras. Su meta esencial es la extracción, rápida y económica, de los recursos naturales, lo que facilita la instalación de nuevas industrias, particularmente las llamadas «industrias sucias».

Implica, además, “el repliegue del Estado de la gestión directa de la infraestructura, la implantación de nuevos marcos regulatorios y la introducción de la competencia en ciertos servicios, la creación de nuevas instituciones para la regulación y el control de los servicios públicos, las privatizaciones y el ingreso de otros operadores nacionales e internacionales [como] rasgos comunes de esta transformación histórica”. (3)

En este período es rechazado en la Cumbre de Mar del Plata (2005) el proyecto más ambicioso de libre comercio impulsado por Estados Unidos desde 1994: integrar el continente desde Canadá hasta Argentina y Chile a través del Alca.

Es a partir de ese momento que la ofensiva del capital continuó avanzando con otros instrumentos que determinan buena parte de la agenda de inserción internacional de la América del Sur. Por un lado, se encuentra la Alianza del Pacífico que integran Chile, Colombia, Perú y México, todos ellos aliados de los Estados Unidos e impulsores del modelo neoliberal. Cabe prestar atención, además, a que los tres países sudamericanos tienen TLC con Estados Unidos, la Unión Europea y bilaterales con varios países asiáticos.

Colombia, Chile y Perú llevan a cabo cada uno políticas muy activas de negociación de tratados de libre comercio (TLC) y acuerdos bilaterales o plurilaterales con numerosos países desarrollados y en vías de desarrollo de otras regiones, en especial de Asia. En general, estos acuerdos contemplan la liberalización rápida del comercio de bienes, el comercio de servicios y su tratamiento de los asuntos regulatorios es mucho más amplio y sofisticado que el de los que han suscrito con otros países latinoamericanos. (4)

Estos tres países concentran la casi totalidad de acuerdos de libre comercio celebrados por países de la América del Sur con terceros países desarrollados y en desarrollo. Chile y Perú son parte de las negociaciones de uno de los tres grandes tratados de libre comercio de Estados Unidos: Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés).

Por su parte, el Mercosur, al cual se integró Venezuela en 2012, solamente negocia en bloque con terceros países y a la fecha han firmado un número muy reducido de tratados de libre comercio que no incluyen la liberalización completa del comercio, ni temas referidos al sistema regulatorio. Los países con los que mantiene acuerdos vigentes son: Chile (1996), Bolivia (1997), México (2002), Perú (2005), Israel (2007), India (2009) y Egipto (2010).

En la agenda del bloque regional está la negociación de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Estas negociaciones comenzaron en 1990, y en 1995 se firmó un Acuerdo Marco Interregional de Cooperación, que entró en vigor en 1999. En el año 2000, las partes empezaron a negociar un Acuerdo de Asociación, estructurado en tres capítulos: el diálogo político, la cooperación y el comercio. Las negociaciones se suspendieron en 2004 por diferencias fundamentales en el capítulo comercial.

En mayo de 2010, tras seis años de suspensión, se retomaron las negociaciones con la finalidad de lograr un acuerdo comercial completo que no se limite a bienes industriales y agrícolas, sino que también contemple los servicios, la mejora de las normas sobre contratación pública, la propiedad intelectual, las aduanas, la facilitación general de procedimientos y quitar obstáculos técnicos.

En 2015 Brasil y Uruguay plantearon la posibilidad de hacer un acuerdo a «diferentes velocidades», con el fin de evitar que las objeciones argentinas impidieran su realización. Esta alternativa se abandonó por dos razones: la Unión Europea tiene mandato para negociar en conjunto con todo el Mercosur, y Buenos Aires decidió ingresar nuevamente en las negociaciones.

El Alba-TCP es una nueva forma de encarar los procesos de integración regional poniendo énfasis en la colaboración y la complementación política, social y económica entre naciones para avanzar en proyectos alternativos al neoliberalismo.

El Alba se fundamenta en la creación de mecanismos que aprovechan las ventajas de la cooperación entre diferentes naciones asociadas para compensar las asimetrías entre esos países. Esto se realiza mediante la utilización de fondos compensatorios y la aplicación del TCP.
Integran este bloque tres países sudamericanos: Bolivia, Ecuador y Venezuela. A ellos se suman países caribeños y centroamericanos, entre los que se destacan Cuba (que lo funda junto a Venezuela) y Nicaragua. También son miembros Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal, San Vicente y las Granadinas, y Surinam. El desarrollo de este bloque se logra en gran medida gracias a la presencia de Venezuela bolivariana, protagónica en lo político y en lo económico.

Debe recordarse que los tres países sudamericanos que integran el Alba mantienen una relación estrecha con el Mercosur: Venezuela es parte del bloque; Bolivia inició el proceso para su integración total; Ecuador es Estado asociado. Cabe puntualizar que este último país firmó un TLC con la Unión Europea (12/12/2014). Todo lo anterior demuestra que el Alba no ha logrado constituirse aún como un espacio alternativo de integración económica regional.

Los países miembros de los tres bloques –Alianza del Pacífico, Mercosur y Alba-, más allá de las notorias diferencias en sus políticas de inserción internacional, participan en la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en 2008, que tiene como objetivos construir una identidad y ciudadanía suramericanas, al igual que desarrollar un espacio regional integrado aunque, hasta ahora, su accionar está limitado al ámbito político.

El plurilateralismo: nuevo mecanismo de la ofensiva del capital

La crisis en los países centrales no detuvo la ofensiva del capital a través de la penetración de las empresas transnacionales en la mayoría de los mercados del continente americano, porque “la sociedad contemporánea transita un camino de crisis, funcional a un proceso permanente de concentración y centralización del capital como forma de acumulación de los capitalistas […] la crisis supone la salida de escena de algunos actores económicos y el ingreso de otros, en un nuevo escalón de desarrollo tecnológico y de capacidad de la fuerza de trabajo para transformar la naturaleza y al propio ser humano”. (5)

Como consecuencia del fracaso de la Ronda de Doha, la Organización Mundial del Comercio (OMC) dejó de ser el ámbito principal para que los países centrales impulsaran la realización de acuerdos internacionales. Durante más de dos décadas se realizaron acuerdos bilaterales de comercio (TLC) en todo el mundo, y en los últimos cinco años se ingresó en una nueva etapa: los acuerdos son plurilaterales, abarcan múltiples continentes y están hegemonizados por los Estados Unidos.

El resultado de estas negociaciones serán acuerdos que definirán las características institucionales del mercado mundial -lo cual no se podía lograr con la firma de los TLC bilaterales o regionales- y se realizan al margen de la OMC, donde cada Estado, al menos en lo formal, actúa con plena soberanía y en condiciones de igualdad con los demás países.
Las nuevas negociaciones son voluntarias, plurilaterales, dirigidas por bloques hegemónicos que definen las características de los procesos y quiénes pueden integrarse. En estas negociaciones se van a reflejar, fundamentalmente, los intereses y el poder de los bloques que las conducen.

Los Estados Unidos y sus países aliados están impulsando tres grandes negociaciones plurilaterales a nivel mundial, las cuales se vieron fortalecidas cuando el Senado de los Estados Unidos votó (24/06/2015) la ley de Promoción del Comercio, conocida como «vía rápida» (fast track), que permitirá a Washington negociar con más libertad tratados comerciales internacionales.

La vigencia de esta autorización se prolongará hasta 2018 y podrá extenderse hasta 2021. Con esta legislación la Casa Blanca podrá presentar al Congreso acuerdos comerciales internacionales sin que éste pueda enmendar detalles o bloquearlos con minorías. Como consecuencia, adquirió el margen necesario para negociar con más libertad el ambicioso TPP, que incluye, junto a los Estados Unidos, a once países de la cuenca del Pacífico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam (englobaría a cerca del 40 % de la economía mundial.). El acuerdo fue firmado el 4 de febrero de este año y requiere ratificación parlamentaria. Asimismo, se prevé que ofrezca un impulso adicional al Tratado de Comercio e Inversiones con la Unión Europea y al Tisa.

Con estos tratados Estados Unidos busca consolidar su modelo de acumulación y asegurar los mercados de sus principales áreas de influencia, y a la vez intentan frenar el avance de China y Rusia.

(*) Versión adaptada para “Voces” del artículo publicado por el autor en “Revista Casa de las Américas” No. 281 octubre-diciembre/2015 pp. 4-23
(**) Master en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director de INESUR
(1) Elías, Antonio: Las trampas del libre comercio. Como ha funcionado ofensiva del capital en América del Sur, Fundación Rosa Luxemburgo, Punto de Debate N° 2/ noviembre de 2015.
(2) BID 2002: Más allá de las fronteras. El nuevo regionalismo en América Latina (Washington D.C.), p.8.
(3) BID 2000: Un Nuevo Impulso a la Integración de la Infraestructura Regional en América del Sur (Washington D.C.), p.4.
(4) Rodríguez, Miguel: Tratados de Libre Comercio en América del Sur. Tendencias, perspectivas y desafíos, Corporación Andina de Fomento, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva N° 7 / 2012, p. 12.
(5) Gambina, Julio: Crisis del capital (2007/2013). La crisis capitalista contemporánea y el debate sobre las alternativas, Buenos Aires, FISYP, 2013, p. 17.

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Red de Economistas de Izquierda de Uruguay