Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (4)

Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (4)

Cuarta y última parte. LOS UNICOS CAMINOS VIABLES PASAN POR EL MERCOSUR

Se agudiza la ofensiva del capital

En el marco de esta ofensiva general del capital hay un capítulo muy especial: los ataques contra los países progresistas más radicales que realizan los Estados Unidos, sus países aliados y las burguesías locales. Las políticas desestabilizadoras contra Bolivia, Ecuador y Venezuela se complementan con políticas de cooptación dirigidas a gobiernos progresistas, como Brasil y Uruguay, que inscriben sus proyectos de país en el marco de la institucionalidad capitalista dominante.

Se está produciendo una contraofensiva imperialista que incluye, necesariamente, una radicalización conservadora de las burguesías locales que buscan la desestabilización de los gobiernos progresistas, los que: “En las nuevas condiciones no podrán mantener los niveles de compensación social con que algunos gobiernos han ido administrando la crisis y conservando la base social, a menos que los gobiernos utilicen el poder estatal que poseen para reducir el poder del capital. Esto implica admitir el conflicto de clases como necesidad, hasta para la permanencia de los gobiernos de izquierda mediante elecciones” (1).

En el caso uruguayo, el intento de cooptación se ha enfrentado con la existencia de una disputa al interior del Gobierno y del Frente Amplio, caracterizada en los siguientes términos por uno de los principales dirigentes del movimiento sindical: “En una sociedad capitalista dividida en clases con intereses distintos… todas las herramientas de definición entran en tensión y están en disputa. Y también el gobierno, sin duda” (2).

Hay que tener en cuenta que en Uruguay los intereses del trabajo y el capital coexisten y disputan en forma asimétrica en temas cardinales, en particular en aquellos relacionados con la inserción internacional, la concentración y la extranjerización del sector productivo y, por supuesto, la distribución del valor agregado y las normas laborales entre patrones y asalariados.
Todo ello en el marco de sistemas productivos que se han caracterizado históricamente por su mala calidad y la baja incorporación de valor agregado.

El dominio del capital ha crecido, a pesar de los triunfos políticos del Frente Amplio, y se consolidó el modelo extractivista exportador, con su consecuente proceso de primarización, la profundización de la apertura a la inversión transnacional en nuevas instalaciones, y la extranjerización de la capacidad productiva existente, en particular la tierra y los recursos del subsuelo.

El peso de la clase trabajadora se muestra en la ampliación de los derechos de los asalariados, el consecuente fortalecimiento de los sindicatos y las mejoras salariales. Sin embargo, el rasgo capitalista estructural, la explotación de la fuerza de trabajo, mantiene sus características principales, en particular la existencia de sectores importantes de trabajadores con bajos salarios.

Con el fin del ciclo económico favorable a los países productores de materias primas será muy difícil mantener, tanto los ingresos reales de trabajadores, y pasivos, como las políticas asistenciales para los sectores más desprotegidos. Todo ello exacerbará las contradicciones objetivas entre las clases dominantes y dominadas, lo que podría desestabilizar al gobierno al reducir la disponibilidad de recursos para financiar sus políticas de conciliación de clases como consecuencia de la caída de la demanda de materias primas, en volumen y precios; la recuperación del valor relativo del dólar, con las consiguientes devaluaciones; el aumento de los intereses de la deuda externa y el retraimiento de la entrada de capitales.

A modo de conclusión

Como se ha señalado, los pequeños países como Uruguay tienen grandes dificultades para negociar su inserción internacional, dadas las enormes asimetrías de poder económico, político y militar, con sus eventuales socios. El énfasis en el bajo poder de negociación de los pequeños países no significa desconocer la importancia de otras dimensiones, pero es necesario resaltar ese aspecto, generalmente dejado de lado por la teoría económica.

Los avatares recorridos dentro del Mercosur son una prueba fehaciente de ello, y sería equivocado sostener que la inserción internacional del país se está resolviendo a través de este proceso de integración. No es así, y difícilmente pueda tener una mejora dado que la alianza argentino-brasileña y la discriminación de los países pequeños son prácticamente independientes de las posiciones políticas de los gobiernos. Uruguay, sin lugar a dudas, ha sido discriminado con gobiernos de todos los signos.

De la misma forma, parecería un salto al vacío afirmar que una incorporación plena al Alba resolvería los problemas de inserción internacional del país, más allá de la buena voluntad demostrada en múltiples oportunidades por Venezuela y Cuba. El Banco del Sur, una herramienta ideada para resolver los problemas financieros del desarrollo, no se ha logrado concretar.

De todas formas, más allá de las dificultades y debilidades de los procesos latinoamericanos de integración, ninguno de ellos tiene la gravedad de un acuerdo plurilateral con las grandes potencias para que se profundice el dominio del capital transnacional.

En efecto, el Tisa, el TPP, la Alianza de Pacífico sos parte de una nueva estructura institucional mundial cuyo objetivo es garantizar el control total de nuestras economías, haciendo que la estructura democrática republicana sea solamente un mecanismo para elegir administrador, con espacios muy limitados de acción. Constituye un instrumento del imperialismo para acceder a los territorios económicos ocupados actualmente por los Estados, y restringirlos al libre albedrío del mercado. Lo que se pretende es privatizar todo lo comercializable, despojando a las sociedades del libre acceso y control de estos bienes esenciales. La finalidad primera y última es abrir caminos a una mayor acumulación de ganancias para los conglomerados económicos que operan en el mundo entero.

Las sucesivas crisis han restringido de diversas maneras las áreas tradicionales de actividad y han aumentado el número y la competencia entre las empresas. Las ganancias netas de estas entidades merman, por lo que buscan expandir sus operaciones en otros espacios económicos sin respetar límites ni aceptar restricciones. Para eso buscan avanzar con instrumentos de guerra económica contra las naciones que resisten la ofensiva del capital, y someter a los países que participan de sus proyectos estratégicos a una normativa supranacional, de modo tal que lo que se establece en esos ámbitos -tratados, acuerdos o cualquiera sea su nombre o sigla- no podrá ser modificado por la sola voluntad de ningún gobierno integrante del «acuerdo».

Los Estados, por tanto, pierden su capacidad natural de regular y gestionar las actividades económicas y los servicios sociales, renunciando así a potestades hasta ahora inalienables en consonancia con las normas establecidas por las constituciones nacionales. Y para intentar evitar las naturales resistencias que estas negociaciones generan en las sociedades, se establecen restricciones a la información: no se divulga lo que se está negociando y solamente se darán a conocer los términos del acuerdo cuando esté concluido. Porque, entre otras cosas, dicha información pone en cuestión la solvencia y legitimidad de los gobiernos que se integran a este nuevo/viejo modo de inserción internacional subordinado a los intereses del capital.

A posteriori

Los recientes resultados electorales en Argentina (22/11/2015) y Venezuela (6/12/2015) han sido un muy duro traspié para las fuerzas progresistas. La presidencia de Mauricio Macri se inscribirá, sin la menor duda, dentro la ortodoxia del capital si bien estará limitada, en parte, por la falta de mayorías parlamentarias. En el caso de la Venezuela la situación es la contraria, el poder ejecutivo sigue en manos de los herederos de Chávez pero en el parlamento tiene amplísima mayoría la oposición.

En Bolivia (21/02/2016) fue derrotada, por una diferencia mínima, la propuesta de reforma constitucional impulsada por el Movimiento al Socialismo para posibilitar la reelección del Presidente Evo Morales en 2020. No debe olvidarse, sin embargo, que en 2014 el triunfo del actual presidente demostraba que quiénes han realizado transformaciones institucionales profundas a favor de los pueblos originarios y han implementados políticas económicas heterodoxas bien organizadas y sistemáticas lograban triunfos electorales significativos.

Dilma Rousseff que triunfo en las elecciones de 2014 – fue reelecta y el Partido de los Trabajadores obtuvo su cuarta presidencia consecutiva – está muy debilitada por los casos de corrupción y el pedido de juicio político para su destitución. En Brasil la recesión económica y la polarización política generan una situación fuertemente inestable.

La situación descripta muestra que existe un cambio significativo en la correlación de fuerzas en nuestro continente. En el marco de un fuerte retroceso político en los países con gobiernos progresistas – con todos sus matices- y en un contexto económico internacional muy negativo para los países periféricos pareces inviables el desarrollo del ALBA y el impulso de un Mercosur que responda a los intereses de nuestros pueblos. No existirían condiciones para avanzar hacia procesos de integración regional, con complementariedad productiva, reconocimiento de asimetrías, eliminación de trabas comerciales arbitrarias y un marco institucional que garantice el cumplimiento de los acuerdos y la resolución de conflictos.

En Uruguay si bien en las últimas elecciones Tabaré Vázquez alcanzó el tercer gobierno para el Frente Amplio con mayoría parlamentaria absoluta, no es menos cierto que existen diferencias internas significativas, en particular en lo que refiere a la inserción económica internacional. Esto se demostró en el proceso de discusiones sobre la participación o no en el TISA, que fue rechazado por el FA. En dicha instancia, al igual que en 2007, el ministro de economía, Danilo Astori fue uno de los principales propulsores del acuerdo de liberalización del comercio de servicios junto con el canciller Rodolfo Nin Novoa.

Actualmente confrontan dos posiciones aperturistas, ambas sostienen que el país necesita hacer acuerdos de libre comercio para ampliar sus mercados y para no perder competitividad respecto a países que venden sus productos con menores costos arancelarios debido a los tratados que tienen firmados. Unos, sostienen que es necesario integrarse a la Alianza del Pacífico (que integran Chile, Colombia, México y Perú), y al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP por sus siglas en inglés) tratado plurilateral impulsado por los Estados Unidos que ya ha concretado la firma de un acuerdo. Otra, afirma que el camino son los acuerdos con los países miembros del BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica).

Ambas opciones, más allá de sus semejanzas conceptuales (hay que abrir la economía y ganar competitividad) y diferencias (cuales son los mejores socios para esa política) son inviables dentro del actual marco institucional del Mercosur que prohíbe hacer acuerdos de libre comercio con terceros países (Protocolo de Ouro Preto, 1994) y, además, inaplicables si se respeta el programa del Frente Amplio: “Las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la agenda externa del Mercosur”.

Tomando en consideración lo anteriormente señalado – la institucionalidad del Mercosur y el programa del FA – adquieren una importancia fundamental las negociaciones que se están realizando para firmar un Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Téngase en cuenta que el triunfo de Mauricio Macri fortalece la posición impulsada por el presidente uruguayo, con el acuerdo de Dilma Rousseff, de avanzar rápidamente hacia la firma de ese TLC. Tratado que – tanto en su contenido como en la velocidad con la que se concrete – dependerá de la posición que al respecto tenga la Unión Europea, la cual en principio estaría priorizando las negociaciones del Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversiones con los Estados Unidos y del TISA.

De todas formas, más allá de lo cerca o lejos que se esté de ese acuerdo, es imprescindible que el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez brinde toda la información disponible sobre las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Es necesario, además, que el gobierno explique con precisión cuales son los beneficios y perjuicios que a su entender generaría ese acuerdo, que identifique cuáles serán los sectores que ganaran y los que no serán favorecidos o perderán con el mismo.

Para que se encuentre una salida del laberinto y se resuelva adecuadamente la disputa por la inserción económica internacional es fundamental la transparencia total de la información, la creación de ámbitos de discusión efectivos (no escenarios para recibir informes) y el máximo respeto por la soberanía popular y las organizaciones sociales y políticas que la representan.

(*) Versión adaptada para “Voces” del artículo publicado por el autor en “Revista Casa de las Américas” No. 281 octubre-diciembre/2015 pp. 4-23
(**) Master en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director de INESUR
(1) Stolowicz, Beatriz: A contracorriente de la hegemonía conservadora. Bogotá, Espacio Crítico Ediciones, 2012, p. 398.
(2) Marcelo Abdala, secretario general del PIT-CNT, Programa Primera Vuelta, en Tevé Ciudad, 13/07/2015

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RedIU 50

Red de Economistas de Izquierda de Uruguay