Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (3)

Uruguay en su laberinto: la inserción económica internacional en disputa (3)

Tercera Parte. LA IZQUIERDA DERROTÓ AL TISA Y A SUS PROMOTORES

El (mal) acuerdo de liberalización de servicios
El Tisa fue creado con el objetivo de liberalizar el comercio y la inversión en servicios, y aplicar normas regulatorias favorables al capital en todos los sectores, incluyendo servicios públicos. Con este nuevo acuerdo las empresas transnacionales buscan superar las limitaciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios firmado en 1995.

El acuerdo incluye todos los sectores relacionados con los servicios, las tecnologías de la información y la comunicación, la logística y el transporte, construcción, suministro de energía, distribución del agua, contabilidad, marketing, publicidad, el sector bancario y de seguros, educación, salud y mucho más.

Para entender el énfasis otorgado a los servicios es muy ilustrativo el siguiente texto:
“Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo” (1)

En el Tisa, impulsado por los Estados Unidos y la Unión Europea, se integraron cinco países sudamericanos, tres de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) y dos del Mercosur (Paraguay y Uruguay). Los restantes Estados que participan del acuerdo son Australia,
Canadá, Corea del Sur, Costa Rica, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva
Zelanda, Noruega, México, Panamá, Paquistán, Suiza, Taiwán y Turquía. Debe destacarse que China solicitó participar de las negociaciones en 2013 pero no fue aceptada por los Estados Unidos.

Si bien cualquier miembro de la OMC puede integrar el Tisa, este se negocia al margen, evitando así que se discutan los reclamos históricos de los países más pobres, entre otros, la eliminación de los subsidios agrícolas que utilizan como política proteccionista los países centrales.

Las negociaciones del Tisa son parte del proceso de cambios institucionales impulsados por los países centrales para reducir al mínimo las fronteras económicas, los sistemas de regulación que protegen el desarrollo productivo nacional, los derechos de los trabajadores y la existencia de empresas públicas, todo lo cual facilita la penetración de las empresas transnacionales, principales beneficiarías de los tratados de libre comercio y de protección recíproca de inversiones.

Los principales objetivos de este acuerdo son: a) libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan, tienen varios «blindajes»:
1) El «statu quo», el cual «congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos» (2). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.

2) Las «disposiciones de trinquete», que implican que «cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajustan a las obligaciones del acuerdo, sea dirigido a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos» (3) Esto significa que solo se podrán hacer cambios en la dirección de mayores niveles de liberalización, reduciendo cada vez más la soberanía nacional.

3) Arreglo de diferencias: la Unión Europea y los Estados Unidos proponen que las mismas sean reguladas y arbitradas por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país. Existen múltiples experiencias que demuestran que estos tribunales, tales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (Ciadi), favorecen los intereses de las empresas transnacionales en detrimento de los Estados que reciben las inversiones, eliminan el poder judicial y establecen una privatización de la justicia.

4) El Tisa establece, por definición, que todos los mercados existentes son parte del mismo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una «lista negativa», lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del Tisa. Esto contrasta con el Acuerdo General de Comercio y Servicios, aprobado en 1995, que les permite a los países elegir cuáles servicios quiere liberalizar en lo que se denomina «lista positiva».

5) El Tisa solo excluye de las obligaciones del tratado a los «servicios suministrados en el ejercicio de la autoridad gubernamental» que cumplan el doble requisito de no ser provistos
«en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios»; con lo cual quedan incluidos prácticamente todos los servicios que el gobierno presta a la población, entre otros: educación, salud y seguridad social (por existir proveedores privados); electricidad, agua y telefonía (porque se comercializan).

Este acuerdo, que libera el comercio de servicios, reduce las soberanías nacionales, ya que se pierde control de las economías y se afecta la democracia, en tanto los acuerdos adquieren carácter supraconstitucional, por lo que su aplicación podría impugnarse de inconstitucional. Los inversores extranjeros obtendrán así protección respecto a las reglamentaciones restrictivas del «libre» comercio, aunque estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad pública, estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios. Los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos, también podrán ser puestos en cuestión, generando un deterioro significativo de ellos.

Las razones para salir del (mal) acuerdo
En agosto de 2013 el gobierno uruguayo solicitó el ingreso al Tisa (4) y asistió a las negociaciones el 9 de febrero de 2015, donde toma por primera vez conocimiento del material de base sobre el cual se estaba negociando.

El ingreso de Uruguay a las negociaciones del Tisa requiere varias puntualizaciones.
La primera, nada menor, es que para los demás países miembros de dicha negociación el secreto rige en los términos que se negocian, no para ocultar su condición de miembros. En el gobierno uruguayo la «reserva» o el «hermetismo» se llevaron a tales extremos que todo el proceso de incorporación a las negociaciones era desconocido por connotados dirigentes del Frente Amplio e incluso por el actual Presidente de la República.

Pero no todo es responsabilidad del gobierno anterior; el tema fue difundido en la prensa en julio de 2014; el entonces canciller Luis Almagro reconoció la existencia de estas negociaciones y connotados dirigentes frenteamplistas fueron entrevistados al respecto, por lo cual no sería aventurado decir que hay muchos que comparten, al menos por omisión, las responsabilidades del inconsulto ingreso al Tisa. De la misma forma, también fueron omisos en informar al Presidente los integrantes del actual gabinete que conocían y aprobaron el ingreso al Tisa.

La segunda, fue expuesta por el PIT-CNT y Redes en una nota dirigida a Almagro (06/02/2015): “es ilusorio pensar que Uruguay podrá incidir mayormente en las negociaciones del Tisa, menos aun cuando se le exige como condición de ingreso a las negociaciones que acepte (sin siquiera haberlos visto, estudiado y evaluado) los textos ya aprobados por los miembros actuales (como consta en innumerables comunicaciones de la misión permanente de Uruguay ante la OMC, a la cancillería, a lo largo de 2014).”

La tercera, es que la participación en esta negociación implicaba ignorar que Uruguay es básicamente exportador de bienes de origen agropecuario y ha compartido el reclamo de los países del tercer mundo para que se eliminen los subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido una condición sine qua non para negociar la liberalización del mercado de servicios.

En ese marco parece absurdo que Uruguay, cuyas exportaciones de bienes y servicios en
2014 estuvieron compuestas en un 76,4 % por bienes, la mayor parte de origen agrícola, abriese su mercado de servicios a los países centrales. Téngase en cuenta, además, que la mayor parte de los servicios que se exportan como «Transporte» (4,5 %) y «Viajes» (12,9 %) no serían favorecidos por este acuerdo. El sector que hubiera sido eventualmente beneficiado por el ingreso a los mercados de los países miembros del Tisa era «Otros Servicios» (6,3 %), dentro del cual se encuentran las empresas que más defendieron el acuerdo: las ligadas a «Servicios de Informática » (2 %).

Los riesgos de este tipo de acuerdo eran bastante obvios: las empresas nacionales de servicios que producen para el mercado interno iban a tener que competir con empresas con enormes economías de escala y posiciones dominantes a nivel mundial. Esto afectaría principalmente a las empresas públicas que tienen monopolios y/o compiten con marcos regulatorios que las protegen.

Con el Tisa se buscaba ampliar los espacios de acumulación para el capital transnacional desplazando a las empresas del sector público. En ese sentido uno de los objetivos fundamentales en Uruguay eran las telecomunicaciones, en particular, la transmisión de datos y contenidos, que es el sector más dinámico, donde Antel mantiene un monopolio, en base a las autorizaciones y licencias expedidas por el poder ejecutivo, en la transmisión de datos por cable y fibra óptica. Lo cual hubiera comprometido la propia autonomía del país en un sector esencial y estratégico para su soberanía.

En los hechos, el Tisa ponía en cuestión la posibilidad de mantener y ampliar un sistema de empresas públicas que se preservó, en 1992, gracias a los instrumentos de democracia directa que permitieron derogar la ley de privatizaciones. Entran en cuestión, también, los derechos laborales y los ingresos de los trabajadores, activos y pasivos.

En cuarto lugar, la participación en las negociaciones entraba en franca contradicción con las definiciones programáticas del Frente Amplio en lo que tiene que ver con su política de inserción internacional. En el programa 2010 2014 el Frente Amplio define: “Reconociendo al Mercosur como la plataforma regional de la inserción internacional del país, se asume que los acuerdos comerciales con otros países y bloques de naciones deben procurar diversificar el comercio exterior, la integración sur-sur y el fortalecimiento del bloque en el plano internacional. Estos deben procesarse sin afectar los márgenes de maniobra del país en sectores que pueden ser claves para una estrategia de país productivo como las compras gubernamentales, los servicios o los derechos de propiedad intelectual.” (5)

Es muy explícita, también, la definición del programa del Frente Amplio 2015-2020:
“Las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la agenda externa del Mercosur. Al respecto, se procurará que la misma sea amplia y diversificada en cuanto a países y producción exportable, impulsando Uruguay la profundización de los Acuerdos de Complementación Económica (ACE) con los países de Latinoamérica y el Caribe.” (6)

El TISA fue rechazado al igual que el TLC con Estados Unidos
Uno de los temas centrales de disputa entre el trabajo y el capital es la política de inserción internacional del país. Así sucedió en 2007, cuando un sector importante del Frente Amplio impulsó un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos; y volvió a suceder en 2015, cuando se hizo público el ingreso de Uruguay en las negociaciones del Tisa.

La firma del TLC con los Estados Unidos fue rechazada porque hubo una intensa disputa al interior del gobierno, la fuerza política y la sociedad civil, en la que triunfó la posición sostenida por el movimiento sindical, la Universidad de la República y la mayoría de las organizaciones del Frente Amplio.

Dentro del gobierno fue fundamental la posición contraria asumida, con sólidos fundamentos, por el canciller Reinaldo Gargano, y es de destacar que el rechazo fue decidido en forma directa por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, contrariando así la posición de su ministro de economía, Danilo Astori, quien lideraba las posiciones a favor del TLC, al igual que lo hizo a favor del Tisa.

Se definieron en contra de esta integración subordinada el PIT-CNT, la Universidad de la República y un conjunto muy significativo de intelectuales y dirigentes sociales. A favor de la participación en las negociaciones estuvieron sectores empresariales ligados al comercio de servicios, los grandes medios de comunicación y voceros destacados del liberalismo económico.

En marzo de 2015 se denunció en la prensa que el gobierno uruguayo se había integrado a las negociaciones del Tisa (7). Consultado Tabaré Vázquez, quien había asumido la presidencia el 1 de marzo, declaró a dirigentes del PIT-CNT que no había sido informado de la existencia de estas negociaciones. Posteriormente resolvió trasladar la información disponible a la dirección del Frente Amplio para que tomara posición acerca de si se continuaba o no en las negociaciones. A partir de ese momento se desató una disputa al interior del Frente Amplio y dentro del propio gobierno sobre la conveniencia o no de este tratado. Varios documentos secretos de la negociación del Tisa se difundieron en mayo de 2015 por la Red de Economistas de Izquierda de Uruguay (www.rediu.org) y por la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico (www.sepla21.org).

El Plenario Nacional del Frente Amplio resolvió, el 5 de setiembre, por 117 votos a 22, plantear al Poder Ejecutivo que era inconveniente «seguir participando en las negociaciones del
Tisa». En contra del acuerdo se expresaron, entre otros, el Movimiento de Participación Popular, el Partido Comunista, el grupo de Raúl Sendic, el Partido Socialista y la mayoría de los representantes de los comités de base. Los 22 votos favorables a mantenerse en las negociaciones correspondieron al Frente Líber Seregni (FLS) y sus aliados.

La resolución fue comunicada al Presidente de la República, el cual resolvió el retiro de las negociaciones en el Consejo de Ministros del 7 de septiembre. Con esta medida la izquierda uruguaya ganó una batalla contra la ofensiva del capital transnacional y derrotó, a su vez, una metodología de hacer política basada en el secretismo.

(*) Versión adaptada para “Voces” del artículo publicado por el autor en “Revista Casa de las Américas” No. 281 octubre-diciembre/2015 pp. 4-23
(**) Master en Economía, docente universitario, miembro de la REDIU y Director de INESUR.
(1) Boron, Atilio: América Latina en la geopolítica del imperialismo, Buenos Aires, Editorial Luxemburg, 2012, p. 23.
(2) Sinclair, Scott y Hadrian Mertins-Kirkwood: El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios y la agenda corporativa, Internacional de Servicios Públicos, 2014, p.14.
(3) Idem, p. 14.
(4) Antonio Elías: ¿Por qué Uruguay solicitó integrarse al Tisa?, 10 y 24 de julio 2014, Voces, Montevideo.
(5) www.frenteamplio.org.uy/index.php?Q=download &ID=1044.
(6) www.vertiente.org.uy/webnew/documentos/Bases_FA_2015-2020.pdf.
(7)Antonio Elías:¿Por qué Uruguay se integró al Trade in Services Agreement en secreto?, 26/03/2015, Voces, Montevideo).

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