La deuda externa está condicionando el accionar de la conducción económica uruguaya. Contención de salarios en niveles que rozan los más bajos de la historia moderna del país, postergación de gastos en vivienda, salud, educación, continuidad de las líneas estratégicas que condujeron a las peores crisis del Uruguay y promesas de inversores privados que generarán bases para un desarrollo sustentable. El programa de los organismos internacionales no ha cambiado. El riesgo de más de lo mismo está aquí.
La crisis económica de 1999 que culminó con la
devaluación y crisis financiera del 2002, significó fuertes transferencias del
Estado al sistema bancario, y nuevos saltos en la dimensión de la deuda
externa.
Aproximadamente U$S 2.000 millones del FMI y U$S
1.700 millones del Banco Mundial y el BID engrosaron la deuda externa uruguaya
y estuvieron atados a acuerdos que reiteraron los postulados tradicionales de
estos organismos..
En particular los acuerdos del 2002 con el FMI[1]
insistían en “esfuerzos destinados a permitir la participación del sector
privado en actividades anteriormente reservadas al sector público” incluyendo
la introducción de nuevos marcos regulatorios en áreas como electricidad,
telecomunicaciones, agua y saneamientos, vías férreas, etc. Se matizaban las
consecuencias indicando que mientras que se avanzaba en las concesiones al sector privado. el gobierno estaba
determinado a mitigar el impacto adverso del ajuste sobre la pobreza.
Las
propuestas adicionaban el compromiso de mantener constreñidos salarios y
pensiones, y la consolidación del sistema impositivo en cuanto impuestos: IVA,
impuesto sobre el consumo, sobre el ingreso y tarifas al comercio.
Paralelamente
aumentó el riesgo que significa para los acreedores la magnitud que alcanzó la
deuda. Los organismos financieros internacionales
prenden las luces de “atención” cuando la deuda supera el 40% del PBI y Uruguay
rondaba el 100%:. Sus metas fueron claras: cobrar y promover el continuismo de
políticas que favorecen esencialmente a la banca transnacional.
El
fondo y el frente.
La
asunción del nuevo gobierno abrió expectativas de cambio en los lineamientos
estratégicos de la economía uruguaya. En especial respecto a las relaciones y
compromisos con el fondo.
Sin
embargo en un escenario en que los niveles de producción (pese a la
recuperación 2004-2005) apenas retornan a los de 1998, con salarios
insuficientes el gobierno se compromete a cumplir los “compromisos
internacionales” y posterga en consecuencia la inversión productiva y la deuda
social.
Uno
de los fundamentos es de que el Fondo había cambiado, y que los acuerdos fueron
un éxito. La realidad muestra otra cosa, los compromisos reiteran los mismos
postulados de los acuerdos del 2002 signados con el gobierno de Jorge Batlle y
el servicio de la deuda se hace incompatible con las necesidades sociales.
Resurge
incluso el peligro de nuevas privatizaciones como en el caso de ANTEL, el
incumplimiento de la reforma constitucional por el agua, la apertura
irrestricta al ingreso de todo tipo de capitales aún a costa de la contaminación
del aire, agua o de derechos laborales.
El
argumento de que es necesario pagar a los grandes organismo internacionales
para obtener créditos que permitan el crecimiento económico es desmentido entre
otros por J. Stiglitz que fuera vicepresidente del Banco Mundial que señala “ Los
créditos del FMI servirán para pagar las deudas con el FMI no para reactivar la
economía. Supuestamente el crédito del FMI restaurará la confianza en la
economía, pero si es así o no dependerá de las condiciones que sean impuestas.
Si el FMI impone una contracción fiscal (...) la economía se debilitará y esto
llevará a una nueva erosión de conflictos”.
Las
obligaciones para el 2005 y 2006 superan los 2000 millones de dólares por
año Los recursos que se destinan a el
pago de la deuda se quitan a la salud, vivienda, salarios. Se continúa
emitiendo deuda para pagar deuda a tasas de interés superiores a las
internacionales como la reciente emisión de títulos a 9.25% anual en dólares.
El
salario sigue siendo la variable de ajuste para pagar deuda externa y mantener
la rentabilidad de las empresas. Después de una perdida de poder adquisitivo
que en los últimos años ronda el 25% se pretende prácticamente congelar los
salarios y pasividades en estos niveles, mediante pautas de recuperación
absolutamente insuficientes.
El
combate a la pobreza se torna inviable. Aún atendiendo las situaciones más
extremas el modelo actual es una continua fábrica de nuevos pobres.
La
tablita monetaria.
El
papel que los grandes organismos internacionales le asignan al país en la
región fue expresado en una de sus más claras definiciones en el Acuerdo de
Ajuste estructural de 1989. “las
necesidades de Uruguay son las de un banquero, no las de un comerciante.
También requiere altas tasas de interés para atraer y mantener depósitos de no
residentes, un alto precio a pagar para financiar la formación del capital
necesario para el crecimiento a largo plazo ” [1]
La
contención del valor del dólar y la previsión de su cotización futura se
convirtió en una pieza clave de estas estrategias.
La
vieja tablita de finales de los setenta se reeditó con nuevos ropajes, en los
noventa, ello daría garantía a los inversores que pasaban del dólar al peso y
nuevamente al dólar obteniendo márgenes enormes de ganancia en calesitas
financieras de todo tipo. La invasión de productos importados fue otra
consecuencia.
Desde el 2002, los acuerdos con los organismos
internacionales incluyen un alto grado de flexibilidad cambiaria, con
intervenciones del BCU limitadas al objetivo de “fomentar un mercado cambiario
que permita al sector privado un mejor manejo de su riesgo cambiario”
En
ese entorno la emisión monetaria se ha convertido en el nuevo ancla que intenta
frenar los precios, y la cotización del dólar que efectivamente retrocedió
desde guarismos cercanos a los treinta pesos por dólar a mediados del 2004,
hasta el actual entorno de los 25 pesos. Todo muy parecido a una tercera
versión de la tablita, aunque con nuevo rostro.
El
control de la evolución del tipo de cambio se realiza mediante la contracción
de la emisión de moneda. Cuando no es suficiente se lanzan al mercado títulos
en pesos con rentabilidad atractiva para evitar que esos excedentes se vuelquen
a la compra de dólares y eleven su cotización. Algunos
instrumentos como las letras de corto plazo y depósitos en pesos en el BCU, o
letra de tesorería indexadas al IPC cumplen ese objetivo aunque aumentan los
egresos futuros del gobierno.
Otro
de los costos es la inflación en dólares y la pérdida de capacidad de exportación.
Los indicadores de competitividad con el exterior marcan que se ha perdido casi
un 10% entre febrero del 2004 y abril del 2005.Crecen las importaciones y las
tasas de interés reales siguen en niveles insostenibles.
Posiblemente
se repita la historia de las viejas tablitas. Una primera fase de expansión
sobre la base del comercio importador y el crédito y una segunda de deudas y
contracción de la demanda que culmina en crisis.
El
menú se complementa una vez más con promesas de grandes inversores
internacionales que sustentarán el crecimiento “genuino”. La experiencia
muestra otra cosa. Salvo excepciones
puntuales las empresas que se instalan en el tercer mundo se localizan en las
fronteras de grandes mercados, o en fuentes de materias primas no renovables.
Eventualmente controlan servicios esenciales o se trata de industrias
contaminantes en busca legislaciones permisivas o controles insuficientes..
Como dijo un ex asesor de gobiernos de Estados Unidos, Laurence Summers: “Las
industrias contaminantes deben ser transferidas hacia el sur donde el aire es
más barato”
Está
latente el riesgo de la misma película con otros actores. Para el pueblo, la
peor de las alternativas.
Brecha. Junio 2005.